ESPAÑA

La Constitución de España, promulgada en 1978, estableció España como una monarquía parlamentaria unitaria. En realidad, España, también conocida como "el Estado de las Autonomías", es una cuasi federación, con un sistema de tres niveles de gobiernos subnacionales que incluye comunidades autónomas, provincias y municipios. El derecho al autogobierno está consagrado en la Constitución (artículo 2), y la autonomía de los gobiernos subnacionales está reconocida en el artículo 137. Las 17 comunidades autónomas (CCAA) gozan de una amplia autonomía, incluida la capacidad exclusiva de decidir sobre la organización de municipios y provincias dentro de su territorio. Sin embargo, cuando se trata de funciones y finanzas municipales y provinciales, éstas se determinan en el marco de la ley nacional y no por la constitución o ley regional, a diferencia de los países federales.

A nivel federal, el Gobierno está dirigido por un Presidente del Gobierno y el Jefe del Estado es el Monarca. El Parlamento español es bicameral y está compuesto por elCongreso de los Diputados y elSenado. 208 de los 266 miembros del Senado son elegidos directamente por la población, mientras que los 58 senadores restantes son designados por las asambleas regionales (cada CCAA designa un senador, y un senador adicional por cada millón de habitantes en sus respectivos territorios). La Cámara Baja puede desautorizar a la Cámara Alta (sobre todo en el proceso presupuestario).

A nivel regional, los órganos deliberantes de las CCAA son lasasambleas regionales. Las asambleas tienen poderes legislativos delegados y sus miembros son elegidos por sufragio universal directo para un mandato de cuatro años. Cada asamblea elige de entre sus miembros a unpresidente, que preside el consejo de gobierno regional durante un mandato de cuatro años.

A nivel local, los gobiernos locales son gobernados conjuntamente por el gobierno central y las regiones. El órgano deliberante de las provincias es ladiputación provincial, que se compone de miembros elegidos por y entre los concejales municipales de la provincia, tras las elecciones municipales. La diputación elige a un presidente (president de la provincia) de entre sus miembros. Las Islas Baleares y Canarias se organizan en "consejos insulares". El órgano deliberante municipal es el pleno, cuyos miembros son elegidos cada cuatro años por sufragio universal directo. El consejo está presidido por unalcalde, el jefe del órgano ejecutivo, que es nombrado de entre los miembros del consejo local.

El primer proceso de descentralización en España tuvo lugar durante la^I República Federal en 1873, pero el proceso se retrasó y paralizó muchas veces debido a varios periodos de dictadura y a la guerra civil. La Constitución de 1978 que siguió al final de la dictadura allanó finalmente el camino para el desarrollo de las CCAA, que posteriormente se crearon mediante complejos procedimientos ("vía rápida" o "vía reducida") entre 1979 y 1983.

En la década de 2000 se produjo un importante proceso de descentralización con la transferencia de la educación (2000) y la sanidad (2002) a las comunidades autónomas. Durante el mismo periodo, las reformas del estatuto de las comunidades autónomas se llevaron a cabo caso por caso. En 2009, la Ley 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas (en vigor desde 2011), que modificó la Ley Orgánica 8/1980, tuvo un gran impacto en la financiación autonómica. Tras la crisis mundial, que afectó gravemente a las administraciones subnacionales españolas, se aprobaron varias leyes para introducir normas fiscales más estrictas a nivel subnacional (Ley Orgánica 2/2012) y mejorar el marco de gobernanza multinivel (Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local - LRSAL). Esta última proporcionó un nuevo marco para la articulación de los gobiernos locales con los autonómicos y centrales y tenía por objeto clarificar el reparto de competencias (bajo el principio "una administración, una competencia"), garantizar el control presupuestario y financiero mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas, y fomentar el crecimiento económico. Recientemente, el federalismo en España ha sido puesto a prueba por las reivindicaciones independentistas de varias comunidades autónomas (Cataluña en 2016).

La coordinación vertical entre el gobierno central y las CCAA se realiza, de forma voluntaria, a través de laConferencia de Presidentes, creada en 2004. Presidida por el Primer Ministro, incluye a los presidentes de las 17 CCAA, de las dos ciudades autónomas y del Gobierno central. Desde su creación, la Conferencia de Presidentes ha celebrado más de veinte reuniones, con una aceleración desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La coordinación vertical también tiene lugar a través de conferencias sectoriales como elConsejo de política fiscal y financiera (CPFF) en asuntos económicos, fiscales y financieros, o a través de discusiones bilaterales. La coordinación vertical entre el Gobierno central y los gobiernos locales tiene lugar a través de laComisión Nacional de Administración Local, creada en 1985. Las comunidades autónomas tienen sus propios foros de coordinación con los gobiernos locales bajo su jurisdicción.

La Agenda Urbana Española (SUA), aprobada en 2019, es un documento estratégico nacional clave que tiene como objetivo lograr una urbanización sostenible. La AUE promueve el desarrollo de políticas, estrategias y planes de acción centrados en el medio urbano en todos los niveles de gobierno y territorios. Cinco regiones (País Vasco, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Valencia) y 120 ciudades y pueblos - han desarrollado o están desarrollando actualmente sus propias agendas urbanas.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
8 131municipios+ 2 ciudades autónomas (ciudades autónomas)	50 provincias (provincias)	17 comunidades autónomas (comunidades autónomas)
Tamaño promedio municipal: 5 824 hab.
8 133	50	17	8 200

DESCRIPCIÓN GENERAL : España tiene un sistema de gobierno subnacional de tres niveles caracterizado por una organización asimétrica. Se compone de 17Comunidades Autónomas (CCAA) a nivel regional, y 50Provincias, 8Municipios y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellila) a nivel local. La estructura de municipios y provincias difiere de una región a otra.

Entre las Comunidades Autónomas, hay dos archipiélagos, Canarias y Baleares, que se componen de otra entidad territorial: las islas. Aunque las islas no se mencionan en las Constituciones, cada isla tiene su propia administración en forma de Cabildo o Consejo Insular, lo que garantiza la autonomía local constitucional. Las Islas Canarias tienen el estatuto de Región Ultraperiférica en virtud del Tratado de la Unión Europea.

También existe una administración territorial estatal desconcentrada, representada a nivel regional a través de delegados generales, y a nivel provincial a través de subdelegados.

NIVEL REGIONAL: El sistema de gobierno de las Comunidades Autónomas es de naturaleza parlamentaria. Sus instituciones básicas son el Parlamento, el presidente de la Comunidad Autónoma y el Gobierno regional. Sin embargo, las Comunidades Autónomas tienen cada una su estatuto específico, lo que permite algunos rasgos distintivos, especialmente desde la década de 2000, cuando se reformaron varios estatutos de forma puntual (Cataluña y Valencia en 2006, Andalucía, Aragón y Baleares en 2007, etc.). En ellos se incluye la regulación institucional básica, la organización y funcionamiento de los órganos parlamentarios y de gobierno, las competencias, aspectos distintivos como la lengua o el derecho civil, y las relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. Las dos comunidades autónomas "forales" del País Vasco y Navarra, en particular, conservan más autonomía fiscal que el resto de las regiones.

Las CCAA son muy diversas en cuanto a superficie, tamaño de la población y situación socioeconómica. Mientras que el tamaño demográfico medio ronda los 2,785 millones de habitantes, la región menos poblada tiene 316 000 habitantes (La Rioja) y la más poblada 8,5 millones (Andalucía). La CCAA de Castilla y León abarca 2.248 municipios, mientras que la región de Murcia sólo 45. La región con mayor PIB per cápita (Madrid) es dos veces más rica que la región con menor PIB per cápita (Andalucía). Sin embargo, en los últimos 20 años, las diferencias entre regiones de España en términos de PIB per cápita se han mantenido estables en niveles relativamente bajos en comparación con los países de la OCDE.

NIVEL INTERMEDIO: Las provincias existen desde 1833. En aquella época, la división se hacía según una serie de criterios "racionales" que incluían la superficie (basada en el modelo de los départements franceses), la población (una provincia debía tener entre 100 000 y 400 000 habitantes) y la coherencia geográfica. Desde 1833, las provincias sólo han sufrido cambios menores, manteniéndose prácticamente iguales hasta hoy. En la actualidad, el tamaño provincial ronda los 947 000 habitantes de media, pero oscila entre los 89 000 habitantes de Soria y los 6,8 millones de la provincia de Madrid. Las provincias han sido impugnadas durante mucho tiempo y adolecen de falta de legitimidad democrática. Sin embargo, la ley 27/2013 reforzó su papel al recentralizar algunas competencias de algunos municipios pequeños (menos de 20 000 habitantes) a nivel provincial.

En el ámbito provincial, existen regímenes especiales de gobierno y administración, como los de las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, los Cabildos del archipiélago canario y los Consejos Insulares de Baleares.

NIVEL MUNICIPAL: El nivel municipal está bastante fragmentado. Mientras que el tamaño medio es de 5 823 habitantes (a la par con la media de la UE de 5 959 habitantes, pero por debajo de la media de la OCDE de 10 254 habitantes), el tamaño medio de los municipios es de los más bajos de los países de la OCDE (518 habitantes). Alrededor del 84% de los municipios tienen menos de 5 000 habitantes, y el 72% menos de 2 000 habitantes. Los municipios de Madrid y Barcelona tienen una organización específica debido a su tamaño poblacional (ley 1/2006 reguladora de la organización especial del municipio de Barcelona, y ley 22/2006 de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid). España también cuenta con un nivel estructurado de 3 719 entidades submunicipales menores que los municipios, que son entidades municipales desconcentradas de los municipios sin personalidad jurídica propia.

Las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África, tienen menos competencias que las CCAA, pero más que los municipios. Cada una de ellas posee un Estatuto de Autonomía individual especial, aprobado en marzo de 1995 mediante Leyes Orgánicas, que las dota de un régimen institucional específico (Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno), de sus competencias y de una estructura económica y financiera propia. Son municipios propiamente dichos, pero su organización y competencias se asemejan a las de una Comunidad Autónoma.

En conjunto, el 45% de la población española vive en un área metropolitana de más de 500 000 habitantes, frente al 55% de media en el área de la OCDE. Las áreas metropolitanas representan en España el 48% del PIB nacional y el 46% del empleo. Con un crecimiento medio anual del PIB per cápita del 1,2%, el área metropolitana de Bilbao tuvo el mayor crecimiento económico de España entre 2000 y 2018, casi el doble que Madrid, el área metropolitana más rica de España. Para mejorar la gobernanza metropolitana, tanto el gobierno central como los regionales han desarrollado iniciativas. Por ejemplo, el Gobierno central español creó una Corporación Metropolitana de Barcelona en 1975, que se convirtió en autoridad metropolitana en 2011 mediante la ley 31/2010 aprobada por el Parlamento de Cataluña. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reúne a 36 municipios para trabajar en cuestiones de planificación, transporte, agua, tratamiento de residuos, cohesión social y desarrollo económico.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La cooperación horizontal se facilita a través de la Conferencia de Gobiernos de las Comunidades Autónomas, que es la institución política más importante en materia de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Facilita la identificación de posiciones compartidas de las CCAA en las negociaciones con el gobierno central, así como a través de la Federación Española de Municipios y Provincias a nivel local.

Para reducir la fragmentación municipal, la ley 27/2013 introdujo incentivos para promover las fusiones municipales de forma voluntaria; sin embargo, esta iniciativa ha tenido poco impacto hasta ahora. No obstante, la cooperación intermunicipal, en forma de Mancomunidades y Comarcas, ha contribuido a reducir el impacto de la fragmentación municipal en España. Las Mancomunidades y Comarcas crean entidades, de carácter voluntario, denominadas "asociaciones de municipios", que llevan a cabo proyectos conjuntos o prestan servicios comunes. Pueden ser utilizadas por los municipios para reflejar mejor sus fronteras históricas e identidades comunes (Tierra de Campos, Manchuela) o con fines económicos. En 2019 había unas 953 entidades de cooperación intermunicipal. La ley 27/2013 también promueve la integración o coordinación de servicios municipales (por ejemplo, educación, servicios sociales, sanidad) a través de incentivos financieros. Los municipios que recurren a la cooperación para reducir costes reciben más transferencias de las autoridades centrales.

La atribución de competencias locales está regulada por laLey reguladora de las bases del régimen local (LBRL) de 1985. Sin embargo, la atribución de competencias a los municipios puede diferir sustancialmente de una Comunidad Autónoma a otra.

Las competencias de las CCAA se definen en su estatuto de autonomía pero, como regla general, 23 materias están recogidas en la Constitución como competencias no atribuidas expresamente al Estado central y, por tanto, transferidas a las CCAA. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) se basa en la distinción entre competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias concurrentes, en las que pueden intervenir tanto el Estado como las Comunidades Autónomas. Las competencias compartidas incluyen la regulación general de la educación, los servicios sociales, las universidades y la supervisión municipal y provincial. Los conflictos sobre el solapamiento de competencias entre el gobierno central y los autonómicos son resueltos por el Tribunal Constitucional.

En el nivel intermedio, las provincias son responsables de garantizar la prestación de los servicios públicos municipales, así como de los proyectos de inversión de carácter supramunicipal. Se encargan de la coordinación general del gobierno local con la CCAA y el Estado, y de garantizar el cumplimiento de los principios de solidaridad y equilibrio presupuestario entre los municipios que las integran. Deben prestar asistencia técnica, jurídica y económica a los pequeños municipios (menos de 5.000 habitantes). La ley 27/2013 de la LRSAL pretendía clarificar las competencias entre municipios y provincias para evitar duplicidades, y fortalecer a las provincias mediante la recentralización (a las provincias) de algunas de las competencias de los municipios de menos de 20 000 habitantes.

A nivel municipal, las responsabilidades municipales varían entre "competencias básicas" obligatorias y tareas opcionales (aclaradas por la ley LRSAL), según su tamaño poblacional. Todos los municipios son responsables de los servicios locales, incluidos los servicios públicos locales, el alumbrado público, el mantenimiento de las carreteras y la policía municipal. Los municipios más grandes (más de 20 000 habitantes) tienen responsabilidades adicionales como las prestaciones de servicios sociales, la protección civil, el transporte público y la protección del medio ambiente.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas Españolas (CORA) se creó en 2012 para mejorar la eficiencia del sector público a todos los niveles. Junto con la LRSAL, dio lugar a una campaña a gran escala para aclarar la asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, reducir la duplicación y el solapamiento entre jurisdicciones y limitar la creación de nuevas entidades u organismos públicos a nivel local. También redujo el número de organismos (Entidades Dependientes del Sector Público ) en la administración regional en un 34% entre 2012 y 2016.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel intermedio	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración )	Supervisión municipal y provincial (compartida con el gobierno central)	Administración interna; Coordinación del gobierno local con la CCAA y el Estado; Asistencia técnica a los municipios	Administración interna
2. Orden público y seguridad	Orden público		Seguridad pública; Policía municipal; Protección civil y extinción de incendios (municipios más grandes)
3. Asuntos económicos/transporte	Desarrollo regional y rural; Pesca, caza, acuicultura, agricultura y silvicultura; Turismo regional; Redes regionales de ferrocarril y carreteras; Transporte regional; Puertos y aeropuertos no dedicados a actividades comerciales	Cooperación en la promoción del desarrollo económico y social y en la ordenación del territorio provincial.	Gestión del tráfico; mantenimiento de carreteras; turismo; transporte público (municipios de más de 50 000 habitantes); mercados.
4. 4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente		Protección del medio ambiente (municipios de más de 50 000 habitantes); Gestión de residuos; Aguas residuales; Parques y jardines
5. Vivienda y servicios comunitarios	Urbanismo; Vivienda		Políticas urbanas; Suministro de agua; Alumbrado público; Cementerios y servicios funerarios
6. Salud	Salud		Participación en la gestión de la primera asistencia sanitaria.
7. Cultura y ocio	Museos; Bibliotecas; Conservatorios de música de interés regional; Patrimonio cultural; Promoción de la cultura y de la lengua regional (cuando proceda)		Instalaciones culturales; Instalaciones deportivas (municipios más grandes)
8. Educación	Educación (compartida); Universidades (compartida)		Participación en el diseño de programas e instalaciones educativas
9. 9. Protección social	Protección social; Servicios sociales (compartidos)		Prestaciones de servicios sociales (municipios más grandes); Fomento de la reinserción social

Ámbito de los datos fiscales: A nivel regional: comunidades autónomas, agencias administrativas regionales, universidades regionales, corporaciones regionales que sean productores no de mercado; a nivel local: entidades locales (municipales, provinciales e insulares), mancomunidades y agrupaciones de municipios, ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y organismos dependientes de las mismas (por ejemplo, organismos públicos, corporaciones y fundaciones).

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: Las disposiciones en materia fiscal sobre los gobiernos subnacionales se detallan en el artículo 135 de la Constitución, en la ley 22/2009 sobre financiación de las CCAA y en la Ley 7/1985 Básica de Régimen Local, revisada en 2013, así como en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria (2001, 2006, 2009 y 2012).

En general, la mayoría de las competencias fiscales subnacionales se concentran en las CCAA, en detrimento de los gobiernos locales. Las Comunidades Autónomas gozan de gran libertad en materia de gestión económica y fiscal. Pueden aprobar sus propios presupuestos anuales y determinar sus propios recursos a través de impuestos, tasas y recargos. El sistema general de financiación de las CCAA, que también incluye los impuestos cedidos por el Estado y la participación en los impuestos nacionales, se fija multilateralmente entre el Estado y las CCAA, garantizando la solidaridad interregional y un umbral mínimo igual en la prestación de los servicios públicos básicos.

Esta descentralización fiscal es asimétrica, con dos regímenes distintos: el régimen común (que afecta a 15 de las Comunidades Autónomas) y el régimen "foral" (el Concierto Económico para el País Vasco y el Convenio para Navarra) que se caracteriza por una autonomía de gasto e ingresos casi completa. Con estos regímenes, estas Comunidades negocian directamente con el Estado (i) su contribución a su sostenimiento y (ii) la armonización de su propio sistema fiscal con el que prevalece en el resto del país. Además, dentro del régimen común, Canarias tiene un sistema económico y fiscal específico debido a razones históricas y geográficas y a su condición de "región ultraperiférica" de la UE. Las particularidades de los territorios "forales" y de las Islas Canarias se mencionan en los artículos 156 a 158 de la Constitución Española, que se refieren al Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. Además, las dos ciudades autónomas están incluidas en el marco de financiación autonómica.

Tras los profundos cambios introducidos por la reforma 22/2009, en vigor desde 2011, en 2021 se ha presentado a CCAA y ciudades autónomas una nueva propuesta de reforma para modificar el sistema de financiación autonómica, basada en criterios poblacionales ajustados para evaluar el coste de la prestación de servicios. La nueva fórmula propone aumentar el peso del gasto sanitario y educativo, así como variables geográficas como la dispersión, la despoblación y la insularidad, y rebajar la importancia de la población empadronada.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gastos totales	9 511	7 066	2 445	24.8%	18.4%	6.4%	47.3%	35.2%	12.2%	100%	100%	100%
Incl. gastos corrientes	8 557	6 366	2 190	22.3%	16.6%	5.7%	46.7%	34.8%	12%	90%	90.1%	89.6%
Gastos de personal	3 827	2 970	857	10%	7.8%	2.2%	79.7%	61.9%	17.9%	40.2%	42.03%	35%
Consumo intermedio	1 909	1 162	447	5%	3%	2%	84.8%	51.6%	33.2%	20%	16.5%	30.1%
Gastos sociales	1 266	1 218	48	3.3%	3.2%	0.1%	14.1%	13.6%	0.5%	13.3%	17.2%	1.9%
Subvenciones y transferencias corrientes	1 398	877	521	3.7%	2.3%	1.3%	99.3%	62.3%	37%	14.7%	12.4%	21.3%
Gastos financieros	142	126	16	0.4%	0.3%	0%	16.5%	14.6%	1.9%	1.5%	1.2%	0.7%
Otros	14	13	2	0.04%	0.03%	0%	48.3%	42.3%	6.1%	0.2%	0.2%	0.1%
Incl. gastos de capital	954	699	255	2.5%	1.8%	0.7%	53.3%	39.1%	14.3%	10%	9.9%	10.4%
Transferencias de capital	272	246	26	0.7%	0.6%	0.1%	35.2%	31.9%	3.3%	3%	3.5%	1.1%
Inversión directa (o FBCF)	683	453	230	1.8%	1.2%	0.6%	67.1%	44.6%	22.6%	7.2%	6.4%	9.4%

GASTOS: Españaha experimentado una profunda descentralización en las últimas décadas, pasando de un sistema muy centralizado antes de 1978 a otro muy descentralizado. Hoy en día, España es uno de los países más descentralizados de la OCDE, siendo los gobiernos subnacionales responsables de casi la mitad del gasto público total en 2020, por encima de la media de la OCDE (17,1% del PIB y 36,6% del gasto público), y en línea con la media de los países federales de la OCDE (20,6% del PIB y 43,5% del gasto público). Se ha producido un ligero aumento de la participación del gasto de las CCAA en el gasto total de los gobiernos subnacionales entre 2016 y 2020, pasando del 72% al 74%, en comparación con los municipios y provincias que representan alrededor del 26% del gasto subnacional en 2020. El gasto de personal de los gobiernos subnacionales representa una media del 40% del gasto de los gobiernos subnacionales (en comparación con el 37% de media entre los países federales de la OCDE) y casi el 80% de todo el gasto de personal público. Las CCAA, en particular, son empleadores públicos clave, debido a su alto grado de implicación en sectores clave (educación, sanidad). Representan el 61,9% del gasto público total en personal, mientras que las autoridades locales sólo representan el 17,9%.

En cuanto a las prácticas presupuestarias lideradas a nivel regional, la comunidad autónoma de Andalucía destaca con su iniciativa "Presupuesto Verde", que supone una nueva forma de implementar políticas fiscales cuyo objetivo es alinear los ingresos y gastos de Andalucía con objetivos medioambientales. Además, incluye un "Fondo Verde" que proporciona financiación a todos los proyectos presentados por los diferentes centros administrativos interesados en llevar a cabo inversiones alineadas con la concienciación climática o acciones relacionadas con la concienciación climática.

INVERSIÓN DIRECTA: Los gobiernos subnacionales españoles, y en particular las CCAA, desempeñan un papel crucial en la inversión en infraestructuras, investigación y desarrollo, y políticas de desarrollo. Este papel se ha visto reforzado desde 2020 por la pandemia. La inversión directa de los gobiernos subnacionales representó el 1,8% del PIB en 2020, y el 7,2% del gasto subnacional total, que es relativamente bajo comparado con la media de los países de la OCDE (11,3% en 2020). Como porcentaje de la inversión pública total, en 2020, la inversión directa del gobierno subnacional representó el 67,1% de la inversión pública total en 2020, por encima de la media de la OCDE (54,6%) y de la media de la OCDE para los países federales (61,5%). Dentro de la inversión de los gobiernos subnacionales, las CCAA representaron el 66%, lo que supone un aumento de 3 puntos entre 2016 y 2020, dejando a los gobiernos locales con una participación del 34%.

Las CCAA son las principales responsables del desarrollo regional, y la mayor parte de la inversión de los gobiernos subnacionales se dedica a asuntos económicos, en particular obras públicas e infraestructuras de interés local/regional, seguidas de servicios públicos generales, vivienda y servicios comunitarios y sanidad. Los gobiernos regionales reciben apoyo del gobierno central para la inversión a través del Fondo de Compensación Interterritorial y el Programa de Incentivos Regionales, que son medidas para financiar proyectos de desarrollo en las regiones menos desarrolladas. La estrategia de recuperación económica post-pandémica hace hincapié en la inversión para la transición ecológica y la digitalización de la economía, todo ello con una perspectiva regional, ya que dicha estrategia para España se desarrolló conjuntamente con las CCAA. Además, la Estrategia Industrial 2030 y la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-27 proporcionan el marco para las estrategias de desarrollo económico a largo plazo para las regiones.

Además, a principios de 2020, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se concedieron 382,7 millones de euros a CCAA y municipios con el objetivo de facilitar inversiones en la transición ecológica y digital. Estos recursos se suman a los 354,8 millones de euros asignados a cinco comunidades autónomas en el marco del tramo 2022 de REACT-UE en diciembre de 2021, para invertir en sectores como la eficiencia energética, la transición hacia una economía digital y la movilidad eléctrica en el transporte público.

Gasto de las administraciones subnacionales, estatales y locales por clasificación funcional
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total por función económica	9 511	7 066	2 445	24.8%	18.4%	6.4%	-	-	-	100%	100%	100%
1. Servicios públicos generales	1 977	1 152	825	5.2%	3.0%	2.2%	88.0%	51.3%	36.7%	20.8%	16.3%	33.7%
2. Defensa	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3. Orden público y seguridad	369	189	179	1.0%	0.5%	0.5%	46.1%	23.6%	22.4%	3.9%	2.7%	7.3%
4. Asuntos económicos/transporte	1 068	653	416	2.8%	1.7%	1.1%	42.5%	25.9%	16.5%	11.2%	9.2%	17.0%
5. 5. Protección del medio ambiente	338	82	257	0.9%	0.2%	0.7%	91.8%	22.1%	69.7%	3.6%	1.2%	10.5%
6. Vivienda y servicios comunitarios	171	67	104	0.5%	0.2%	0.3%	98.9%	38.9%	60.0%	1.8%	1.0%	4.2%
7. Salud	2 739	2 713	26	7.2%	7.1%	0.1%	93.9%	93.0%	0.9%	28.8%	38.4%	1.1%
8. Ocio, cultura y religión	396	107	289	1.1%	0.3%	0.8%	82.3%	22.2%	60.1%	4.2%	1.5%	11.8%
9. Educación	1 714	1 626	88	4.4%	4.2%	0.2%	96.5%	91.5%	5.0%	18.0%	23.0%	3.6%
10. 10. Protección social	738	477	261	1.9%	1.2%	0.7%	8.7%	5.6%	3.1%	7.8%	6.8%	10.7%

En sanidad, educación, protección del medio ambiente y vivienda y servicios comunitarios, los gobiernos subnacionales españoles son responsables de casi todo el gasto público a nivel nacional. La sanidad y la educación son competencias autonómicas de primer orden, sin apenas aportaciones municipales, mientras que en el caso de la protección del medio ambiente y la vivienda y servicios comunitarios, las responsabilidades de financiación se reparten entre las administraciones autonómicas y locales, siendo las administraciones locales las responsables de la mayor parte.

El principal ámbito de gasto regional es, con diferencia, la sanidad (38,4% del gasto regional, que representa el 7,2% del PIB, frente al 2,9% del PIB de media en la OCDE), seguida de la educación (23% del gasto regional, y 4,4% del PIB), los servicios públicos generales (16,3%) y los asuntos económicos y transportes (9,2%). Para hacer en relación a los efectos de la pandemia, en 2020 se creó un fondo específico para apoyar a las CCAA en tres categorías principales de gasto: sanidad, educación y compensación por la disminución de la actividad económica.

La principal categoría de gasto municipal y provincial son los servicios públicos generales (33,7%), seguidos de asuntos económicos y transportes (17%), ocio, cultura y religión (11,8%), protección social (10,7%) y seguridad y orden público (7,3%) y vivienda y servicios comunitarios (4,2%).

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	9 528	6 982	2 545	24.9%	18.2%	6.6%	59.9%	43.9%	16%	100%	100%	100%
Ingresos fiscales	3 577	2 336	1 241	9.3%	6.1%	3.2%	40.8%	26.7%	14.2%	37.5%	33.5%	48.8%
Donaciones y subvenciones	5 249	4 200	1 050	13.7%	11%	2.7%	-	-	-	55.1%	60.2%	41.2%
Tarifas y tasas	650	420	230	1.7%	1.1%	0.6%	-	-	-	6.8%	6%	9%
Ingresos provenientes de los activos	29	14	15	0.1%	0%	0%	-	-	-	0.3%	0.2%	0.6%
Otros ingresos	23	13	10	0.1%	0%	0%	-	-	-	0.2%	0.2%	0.4%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Las anteriores reformas de descentralización fiscal modificaron la estructura de financiación de los gobiernos subnacionales, lo que se tradujo en un aumento significativo de los ingresos tributarios como porcentaje de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales. En particular, la ley 22/2009 sobre la financiación de las CCAA introdujo cambios importantes, incluyendo un aumento de la cuota y la discrecionalidad de las CCAA en los impuestos compartidos, una reforma del sistema de nivelación y un cambio en las transferencias intergubernamentales. La revisión de la ley sobre financiación de municipios y provincias se adoptó en diciembre de 2013. Sin embargo, en 2020, esta tendencia se vio contrarrestada por la pandemia que produjo una caída significativa de los ingresos públicos.

En 2020, los ingresos fiscales representaron el 37,5% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, es decir, casi 2,5 puntos menos que en 2016, por debajo de la media de la OCDE (44,2%) y de la media de la OCDE para los países federales (47,9%). Debido a la respuesta económica a la COVID-19, la proporción de donaciones y subvencionesen los ingresos del gobierno subnacional aumentó en comparación con la situación en 2016 del 51% al 55,1% y siguen siendo bastante altos en comparación con otras federaciones de la OCDE (31,1% en promedio en 2020). En conjunto, los aranceles y tasas, las rentas de la propiedad y otros ingresos representaron menos del 8% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020, una disminución de 1,8 pp en comparación con 2016.

A pesar de las recientes reformas para profundizar en la descentralización de los ingresos, la proporción de los ingresos fiscales en los ingresos de las CCAA es muy inferior a la de las subvenciones (33,5% en relación a 60,2%), mientras que a nivel de las administraciones locales ocurre lo contrario (48,8% en relación a 41,2%). Además, las CCAA tienen una participación limitada en la recaudación de impuestos, lo que socava su capacidad para luchar contra la evasión fiscal y generar ingresos fiscales.

INGRESOS FISCALES: Los tres niveles de gobiernos subnacionales en España tienen ingresos fiscales (tanto propios como compartidos para las CCAA y los municipios, y sólo impuestos compartidos para las provincias). El Consejo Superior de Coordinación Tributaria, establecido por la autoridad tributaria estatal y los gobiernos regionales, coordina la gestión tributaria en régimen común, junto con los Consejos Territoriales de Coordinación y Gestión Tributaria que operan dentro del territorio de cada comunidad autónoma. En conjunto, los ingresos tributarios de las administraciones subnacionales ascendieron al 9,3% del PIB y al 40,8% de los ingresos tributarios públicos en 2020 (frente al 9,3% del PIB y el 44,5% de los ingresos tributarios públicos de media de los países federales de la OCDE). Sin embargo, a pesar de la creación de los Consejos Territoriales de Coordinación y Gestión Tributaria, las comunidades autónomas siguen teniendo una participación marginal en la recaudación de impuestos.

Todas las CCAA, excepto el País Vasco y Navarra, se benefician de ingresos fiscales compartidos con el Gobierno central sobre los que tienen cierto margen de maniobra (límites máximos, exenciones y exoneraciones fiscales, etc.) La Ley 22/2009 aumentó su participación en los impuestos compartidos y otorgó a las regiones una mayor autonomía fiscal. En 2020, las CCAA recibirán el 50% de la recaudación del IRPF (en lugar del 33% anterior a la Ley 22/2009), el 50% de la recaudación del IVA, el 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y la gasolina y el 100% de los ingresos procedentes del impuesto sobre la electricidad y determinados medios de transporte. El resto de los ingresos fiscales se destina directamente al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Básicos. Las CCAA pueden aumentar o disminuir las exenciones fiscales sobre la cuota regional (máx. de un 10% mayor/menor que el nivel del Estado) y tienen discrecionalidad en cuanto al número de tramos impositivos, aunque deben tener una escala de tipos progresiva. Además, tienen autonomía sobre el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el juego, el impuesto especial sobre vehículos y el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. País Vasco y Navarra, en régimen foral especial, gozan de un grado de autonomía fiscal superior al de las demás CCAA. Se benefician de todos los impuestos, excepto los derechos de importación, los impuestos sobre nóminas, el IVA y los impuestos especiales, con la condición de que la presión fiscal efectiva global no sea inferior a la del resto de España.

Los ingresos fiscales municipales comprenden impuestos que son menos sensibles a la fluctuación de los ciclos económicos, y una parte significativa de los ingresos fiscales municipales procede de impuestos de fuente propia. Los tributos propios incluyen el IBI, un impuesto recurrente sobre la propiedad basado en el valor catastral de los bienes inmuebles. Los ayuntamientos se encargan de la recaudación del impuesto y de fijar sus propios tipos de IBI, dentro de una horquilla definida, del 0,4% al 1,1% del valor catastral de la propiedad. Los ingresos procedentes del impuesto sobre bienes inmuebles representaron el 39% de los ingresos fiscales municipales en 2020, es decir, el 1,25% del PIB (frente al 1,0% de media en los países de la OCDE en 2020). Otros impuestos de origen propio incluyen un impuesto sobre vehículos (IVTM), un impuesto local sobre actividades económicas y dos impuestos opcionales: un impuesto sobre transacciones inmobiliarias en zonas urbanas y un impuesto sobre construcción, instalaciones e infraestructuras. Los municipios también pueden recaudar impuestos medioambientales, pero rara vez lo hacen. Los municipios más grandes (más de 75 000 habitantes) también pueden beneficiarse de impuestos compartidos adicionales (PIT, IVA e impuestos especiales). Las provincias están facultadas para recaudar un recargo sobre el impuesto local de actividades económicas y también tienen derecho a algunos ingresos fiscales compartidos (PIT, IVA y CIT).

El Gobierno central está valorando llevar a cabo una reforma fiscal en 2022 o 2023. Un grupo de expertos, convocado por el Gobierno, presentó unLibro Blanco (Libro Blanco del Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario) con una serie de propuestas para reformar el sistema fiscal, con cuatro ejes principales: la fiscalidad medioambiental, la fiscalidad de la economía digital, la adecuación del Impuesto de Sociedades y la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio, cuya gestión varía en cada CCAA. Además, se contempla limitar la capacidad normativa de las comunidades autónomas, con el fin de revertir o reducir su corresponsabilidad fiscal.

AYUDAS Y SUBVENCIONES: España cuenta con un sistema muy desarrollado de transferencias del Gobierno central a las CCAA y las corporaciones locales, que consisten principalmente en subvenciones corrientes no asignadas que se dedican a fines de nivelación.

Las CCAA de régimen ordinario reciben subvenciones generales de nivelación no condicionadas y subvenciones condicionadas. La Ley 22/2009 modificó sustancialmente el sistema de subvenciones y equiparación, con el fin de reforzar la solidaridad interregional. Existen dos fondos principales 1) ElFondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, no asignado, es el principal fondo destinado a garantizar la igualdad de financiación de los servicios públicos básicos (en los sectores de la sanidad, la educación y los servicios sociales). Todas las CCAA aportan hasta el 75% de sus ingresos fiscales a este fondo, además de una contribución adicional del Gobierno central. Se redistribuye a cada CCAA según un "criterio de población ajustada", y se ajusta anualmente. 2) ElFondo de Suficiencia Global se basa en la evaluación del desfase fiscal entre las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de cada CCAA. Además, las regiones reciben subvenciones condicionales destinadas a fomentar el desarrollo regional, como losFondos de Convergencia. Estas subvenciones condicionadas incluyen un Fondo de Competitividad, para las regiones cuya capacidad de financiación/fiscal per cápita es inferior a la media nacional, y un Fondo de Cooperación para ayudar a las regiones menos dinámicas. El País Vasco y Navarra no reciben transferencias del gobierno central; sin embargo, transfieren fondos al gobierno central y participan así en los gastos generales del país. Las ayudas y subvenciones representaron el 60,2% de los ingresos de las CCAA en 2020.

En cuanto a las transferencias del Gobierno central a municipios y provincias, consisten principalmente en la Participación de los Ingresos del Estado en los ingresos municipales y provinciales (PIE), que son transferencias corrientes de nivelación no destinadas a fines específicos para salvar la brecha entre las necesidades de gasto y las capacidades de ingresos de los municipios/provincias. Los gobiernos locales también reciben transferencias de las comunidades autónomas. Por último, también reciben subvenciones con destino específico para proyectos concretos de inversión. En 2020, las transferencias intergubernamentales representaron el 41,2% de los ingresos provinciales y municipales.

OTROS ING RESOS: La proporción de otros ingresos en el total de ingresos de las administraciones subnacionales es inferior a la media de la OCDE (7,3%, frente al 16,5% de media en la OCDE en 2020). Incluyen sobre todo tasas o cánones percibidos por los usuarios, como el canon de saneamiento percibido por los gobiernos regionales, que se transfirió de los municipios a las regiones en la década de 1980, o las tasas por recogida de basuras. Las tasas y cánones representaron, en 2020, el 6,8% de los ingresos de las CCAA, y el 9% en el caso de los gobiernos locales (provincias y municipios). Además, los gobiernos subnacionales recibían una parte muy pequeña de los ingresos procedentes de los activos inmobiliarios (alquileres, ventas), y las últimas reformas fiscales hicieron muy poco por cambiar la situación.

Normas presupuestarias y deuda de las administraciones subnacionales, estatales y locales
2020	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Total deuda pendiente	12 824	11 389	1 435	33.5%	29.7%	3.7%	22.76%	20.1%	2.5%	100%	100%	100%	-	-	-
Deuda financiera	11 390	10 634	757	29.7%	27.7%	2%	21.2%	19.8%	1.4%	88.8%	93.4%	52.7%	100%	100%	100%
Dinero legal y depósitos	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bonos / obligaciones	1 718	1 684	34	-	-	-	-	-	-	13.4%	14.8%	2.4%	15.1%	15.8%	4.5%
Préstamos	9 673	8 950	723	-	-	-	-	-	-	75.43%	78.6%	50.4%	84.9%	84.2%	95.5%
Seguros, pensiones	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
Otras cuentas por pagar	1 434	755	679	-	-	-	-	-	-	11.2%	6.6%	47.3%	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Una reforma constitucional aprobada en 2011 apuntaló los objetivos de consolidación fiscal para todas las administraciones españolas a partir de 2020. Los objetivos a partir de 2020 incluían la restricción de los déficits estructurales de las administraciones central y autonómicas a los límites establecidos por la UE, y presupuestos equilibrados para las administraciones locales. Además, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 introdujo normas fiscales estrictas para las administraciones subnacionales, incluida una norma de equilibrio presupuestario estructural y límites máximos de deuda para todos los niveles de las administraciones (13% del PIB regional para cada región), así como normas de gasto para las administraciones subnacionales (los aumentos del gasto no pueden superar el crecimiento del PIB a medio plazo, calculado en diez años), con posibilidad de sanciones y ajuste automático del gasto regional en caso de incumplimiento).

En noviembre de 2013 se creó por Ley Orgánica una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), encargada de supervisar e informar sobre el cumplimiento de la normativa por parte de todos los niveles de la Administración. Está compuesta por los ministros de Hacienda y Finanzas centrales y regionales.

DEUDA: La Ley Orgánica 2/2012 estableció que las administraciones autonómicas y locales pueden solicitar al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. En este sentido, se establecieron varios mecanismos con el objetivo de proporcionar liquidez a los gobiernos regionales y locales, que desembocaron en la creación en 2014 del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (Real Decreto-Ley 17/2014). El Fondo se divide en tres mecanismos: el Mecanismo de Financiación, en el que pueden participar voluntariamente las CCAA que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria; el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica, para las CCAA que no hayan cumplido dichos objetivos (sustituye al antiguo FLA); y el Fondo Social, para pagar las deudas pendientes de las CCAA con las corporaciones locales emitidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos en materia de gasto social.

La deuda pública subnacional española ha aumentado significativamente tras la crisis financiera mundial de 2008, en particular la deuda autonómica. Esta situación dio lugar a profundas reformas de las normas fiscales y a grandes esfuerzos para reducir el déficit público desde 2012. Esto continuó hasta que los niveles de deuda regional se estabilizaron a partir de 2016. Sin embargo, en 2020 volvió a aumentar hasta alcanzar el 33,5% del PIB (frente al 31,8% en 2016). La deuda pública subnacional se sitúa, a partir de 2020, ligeramente por debajo de la media de la OCDE para los países federales (36,6% del PIB y 26,5% de la deuda pública total en 2020).

Las CCAA poseen el 88% de la deuda de los gobiernos subnacionales en 2020, frente al 12% de los gobiernos provinciales y municipales. La deuda regional, que representaba el 29,7% del PIB en 2020 (+2,6 puntos porcentuales en comparación con 2016), se compone principalmente de préstamos (78,6%, un aumento de 3,1 pp desde 2016) y bonos (14,8%, una disminución de 2,8 pp desde 2016), y el resto se compone de otras cuentas por pagar (6,6%). En general, el 98% de los bonos fueron emitidos por gobiernos regionales, y más de la mitad de la deuda regional estaba en manos del gobierno central. Los ratios de deuda varían mucho de una región a otra. En 2020, los niveles de deuda como porcentaje del PIB regional oscilaban entre el 16% (Madrid) y el 48,5% (Valencia).

La deuda local, por su parte, ha seguido disminuyendo en la última década, representando el 3,7% del PIB en 2020 (frente al 4,5% en 2016). La deuda local incluye la deuda financiera (52,7%), compuesta principalmente por préstamos (95,5%), y otras cuentas a pagar (47,3%).

Los gobiernos subnacionales de todos los niveles han empezado recientemente a acceder a herramientas de financiación verde, como los bonos verdes. Los municipios pueden emitir bonos verdes para financiar su deuda hasta un límite del 2,5%, mientras que las diputaciones y las CCAA pueden llegar hasta el 20%. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona ya han emitido bonos de sostenibilidad, y la Junta de Andalucía incorpora explícitamente los bonos verdes como parte de su Marco de Financiación Sostenible.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Dada la rápida propagación del COVID-19 por todo el país, el Gobierno español decretó el 14 de marzo de 2020 el estado de excepción en todo el territorio nacional, lo que dio lugar al bloqueo de la población y, posteriormente, a la suspensión de todas las actividades no esenciales. El Congreso autorizó sucesivas prórrogas del estado de emergencia, que duró hasta el 9 de mayo de 2021. La gestión de la crisis fue coordinada por el Gobierno central a través del Consejo de Ministros y la Junta Gestora del Estado de Alarma, formada por los Ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes bajo la dirección del Primer Ministro. El Ministerio de Ciencia e Innovación prestó apoyo científico a la Junta Directiva. Algunas regiones españolas tomaron medidas de cierre antes que el Gobierno central para los municipios más afectados y, antes del 14 de marzo, cerraron escuelas, comercios e instituciones culturales (por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Vasco y el Gobierno de La Rioja).

Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó un plan de desescalada en cuatro fases para reducir progresivamente el confinamiento. El paso a cada una de las fases sucesivas se ha realizado de forma asimétrica en cada CCAA y provincia, en función de la situación epidemiológica. La movilidad entre provincias seguirá restringida hasta el final de las cuatro fases. A partir de marzo de 2021, la gran mayoría de las regiones mantuvieron algunas medidas durante el estado de emergencia (como cierres perimetrales y toques de queda), pero en comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria y Cataluña se amplió el aforo y el horario de bares y restaurantes. Otras regiones, como Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, suavizaron los toques de queda antes del fin del estado de excepción.

El gobierno central creó una comisión interterritorial para apoyar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. También se crearon comités regionales de coordinación, presididos por los consejeros regionales de sanidad e integrados por representantes de distintas especialidades médicas, como unidades de urgencias, servicio de ambulancias, medicina interna, medicina intensiva, atención primaria, microbiología, medicina preventiva, salud laboral y geriatría. Aunque normalmente las comunidades autónomas tienen plenas competencias sanitarias, las competencias sanitarias de las CCAA fueron suplantadas y concentradas en el Ministerio de Sanidad a nivel del gobierno central durante el Estado de Emergencia. Esto permitió al Gobierno central garantizar la coordinación de las medidas sanitarias e imponer medidas como la adopción de medidas extraordinarias de salud pública o de gestión de servicios.

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: El Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas extraordinarias urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 incluía una medida de apoyo a la financiación local. Se permitió a los gobiernos locales utilizar su superávit para financiar gastos correspondientes a servicios sociales. A nivel regional, se creó un fondo específico (fondo COVID) para que las CCAA combatieran el COVID-19 y mitigaran los efectos económicos de la emergencia. El fondo se destinó a tres categorías principales de gastos: asistencia sanitaria (9.000 millones de euros), educación (2.000 millones de euros) y compensación por la disminución de la actividad económica (5.000 millones de euros). La financiación se distribuyó en función de diversos criterios, como la incidencia del virus en los territorios, los ingresos en cuidados intensivos y la población. Este fondo COVID-19 no se contabilizó como deuda pública regional, y las Comunidades Autónomas fueron responsables de su asignación dentro de sus territorios.

Paralelamente, las distintas Comunidades Autónomas han desarrollado planes de apoyo para los municipios de su jurisdicción. La Generalitat de Cataluña desarrolló una línea de financiación para cubrir los gastos de las administraciones locales relacionados con COVID-19. Andalucía puso en marcha un Programa de Colaboración Financiera Excepcional, dedicado a las entidades locales con una población igual o inferior a 1 500 habitantes, con el objetivo de reforzar y garantizar la prestación de servicios públicos durante la crisis.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LAS ADMINISTRACIONES SUBNACIONALES: A pesar del grave impacto de la pandemia en la actividad económica (caída del PIB del 10,8%), los ingresos de las administraciones subnacionales aumentaron entre 2019 y en 2020 (+4%), impulsados principalmente por las comunidades autónomas, que vieron crecer sus ingresos un 9%. Por el contrario, los municipios registraron una caída del 6% en sus ingresos. En general, el componente de los ingresos que más aumentó fue el de las subvenciones y ayudas (+12% para el total de ingresos de las administraciones subnacionales). Sin embargo, la distribución de las subvenciones fue muy desigual, lo que se refleja en el aumento de las subvenciones por tipo de gobierno subnacional: Las CCAA experimentaron un aumento de las subvenciones del 15% (véase más arriba "Fondos COVID"), mientras que en el caso de los municipios, las subvenciones aumentaron sólo un 1%. En concreto, las comunidades autónomas recibieron financiación del Fondo COVID-19 y del fondo extraordinario para prestaciones básicas de servicios sociales.

Por otra parte, los municipios registraron el mayor descenso de los ingresos fiscales (-10%), frente al aumento del 1% de los ingresos fiscales de las CCAA. En conjunto, los ingresos fiscales de las administraciones subnacionales cayeron un 3%, impulsados principalmente por los descensos de los impuestos sobre la producción y las importaciones (-20,9%), y del impuesto sobre el capital, que disminuyó un 4,3% en 2020. en 2020. Del mismo modo, las rentas de la propiedad y los aranceles y tasas cayeron tanto a nivel regional (-41% y -7% respectivamente) como municipal (-23% y -17% respectivamente).

Por el lado del gasto, se produjo un aumento generalizado del 3% del gasto de las administraciones subnacionales entre 2019 y 2020, impulsado por las comunidades autónomas, cuyo gasto aumentó un 6%. Los municipios, por el contrario, tuvieron que reducir sus niveles de gasto (-6% en 2020), englobando todos los componentes del gasto. Las comunidades autónomas fueron las que más incrementaron su gasto en inversiones directas (+13%), consumos intermedios (+10%), gasto social (+5%) y salarios (+5%). La mayor parte de este aumento del gasto se produjo en áreas directamente relacionadas con COVID. De hecho, según el Banco de España y el Instituto de Análisis Económico, los gastos no relacionados con COVID registraron en 2020 un nivel de ejecución inferior al observado en años anteriores.

En conjunto, la situación financiera de las comunidades autónomas fue mejor de lo esperado, con un déficit presupuestario equivalente al -0,21% del PIB (0,39 puntos menos de lo previsto). Según el Banco de España, en ausencia de las ayudas del fondo COVID, el déficit habría sido superior en la mayoría de las CCAA (en torno al 1,7% del PIB). De hecho, ocho de las diecisiete CCAA pasaron de una situación presupuestaria de déficit en 2019 a una de superávit en 2020 -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja-. En cuanto a los municipios y provincias, registraron un superávit del 0,26% del PIB (frente a la previsión inicial de equilibrio presupuestario). En conjunto, la deuda de los municipios se redujo entre 2019 y 2020 (-3%), mientras que las CCAA aumentaron sus niveles de endeudamiento un 2%.

PLANES DE ESTIMULO ECONÓMICO Y SOCIAL : El paquete de apoyo al estímulo más importante de COVID-19 en España se diseñó en el marco de la estrategia europea de recuperación económica pospandémica, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR) del Mecanismo de Nueva Generación de la UE. El plan nacional de recuperación y resiliencia de España, presentado en abril de 2021, consta de 112 inversiones y 102 reformas. Contarán con el apoyo de 69.500 millones de euros en subvenciones. El 40% del plan apoya objetivos climáticos, y el 28% del plan se centra en la transición digital. Además, España puede acceder a un máximo de 70.000 millones de euros en préstamos que el FRR pone a su disposición para apoyar las inversiones y reformas necesarias. Actualmente, el Gobierno está trabajando en una adenda al Plan, que incluye la solicitud de préstamos al FRR dentro del ciclo presupuestario 2023. Se están identificando posibles proyectos de inversión, con el objetivo de destinar el 20% de los mismos a la inversión digital y el 37% a la transición ecológica, mientras que otros fondos se destinan a la protección social.

A la hora de diseñar el Plan, el Gobierno español consultó a los interlocutores sociales nacionales y regionales y a las partes interesadas. Según datos de marzo de 2022, las comunidades autónomas han recibido ya más de 11 millones de euros para el desarrollo de los programas del Plan. Los criterios de reparto se fijan en las conferencias sectoriales y se basan principalmente en la demografía. Así, Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan el 42% de los fondos asignados, ya que representan hasta el 48% de la población total nacional.