SUDÁFRICA

Sudáfrica es un Estado casi federal que está dividido en tres esferas y no en niveles de gobierno (Sección 41 de la Constitución de 1996). Esta distinción constituye la base de las relaciones intergubernamentales entre el gobierno nacional, el provincial y el local. En 2009, se creó el Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales (COGTA) para coordinar el sistema de gobernanza cooperativa. El Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales apoya a los gobiernos estatales o "provincias" y a los gobiernos locales o "municipios" en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. El poder legislativo nacional tiene 400 escaños en la Asamblea Nacional y 90 en el Consejo Nacional de Provincias (NCOP). El jefe de Estado y de gobierno es el presidente, elegido indirectamente por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años. Los escaños de la Asamblea Nacional se asignan mediante un sistema de representación proporcional con listas cerradas. Los miembros del NCOP son elegidos indirectamente por las asambleas legislativas provinciales.

El estatuto cuasi federal del país le confiere a la vez características federales y unitarias, y actúa como cimiento del sistema de gobernanza cooperativa. Las características del marco de gobernanza multinivel están consagradas en la Constitución del país, que fue adoptada tras la era del apartheid, en mayo de 1996. La Constitución está respaldada por diversas leyes.

El gobierno local está consagrado en el capítulo siete de la Constitución sudafricana. Antes de la Constitución de 1996, los gobiernos locales carecían de respaldo legal o constitucional. Las leyes nacionales y provinciales tenían autoridad para establecer o abolir municipios. El apartado 3 del artículo 151 otorga a los gobiernos locales el derecho a gobernar y gestionar los asuntos de sus propias comunidades, con sujeción a la legislación nacional y provincial. Las funciones de los municipios se establecen en la parte B del anexo 4 y en la parte B del anexo 5 de la Constitución. Los principales marcos legislativos y normativos de la administración local son la Ley de Estructuras Municipales de 1998, la Ley de Sistemas Municipales de 2000, la Ley de Gestión de las Finanzas Municipales de 2003 y la Ley de Tasas de Propiedad Municipal de 2004.

En la mayor parte del país existe un sistema de gobierno local de dos niveles, denominados municipios de distrito y municipios locales. La Ley de Estructuras Municipales de 1998 esbozó las funciones de los municipios de distrito para que fueran proveedores de servicios regionales, sobre todo en relación con la prestación de los servicios de agua y saneamiento. La mayoría de los municipios locales pertenecen a los municipios de distrito, aunque las grandes ciudades del país tienen un único nivel de gobierno local, denominado municipios metropolitanos.

La Ley de Estructuras Municipales de 1998 estableció los distritos como municipios que prestarían servicios regionales. Sin embargo, se trataba de instituciones nuevas con poca o ninguna experiencia en la prestación de servicios en comparación con los municipios locales. Además, la falta de un papel regional claro para los municipios de distrito que los defina como separados de los locales crea conflictos entre las dos categorías de municipios. La concurrencia de funciones compartidas entre las diferentes autoridades locales también tiende a crear ambigüedad sobre qué responsabilidades corresponden a cada autoridad local. La introducción de los distritos dio lugar a un cambio, ya que algunas funciones que antes desempeñaban los municipios locales ahora las desempeñan los distritos (por ejemplo, el agua y el saneamiento). La Ley de 1998 se modificó en 2011 para considerar las cualificaciones profesionales y la experiencia como criterio para el nombramiento de altos cargos directivos en la administración local.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
8 municipios metropolitanos, 205 municipios locales, 44 municipios de distrito		9 provincias
Tamaño promedio municipal 234 019 habitantes
257		9	266

[1] Nombre y número de entidades submunicipales:
4 468 distritos

DESCRIPCIÓN GENERAL: Sudáfrica es un Estado cuasi federal que está dividido en tres esferas de gobierno (Sección 41 de la Constitución). La primera esfera de gobierno subnacional consta de nueve provincias que cubren todo el país. Dentro de cada provincia hay gobiernos locales - 257 en total, que también cubren todo el país. En algunas zonas del país hay dos niveles de gobierno local (municipios de distrito y municipios locales), mientras que en otras zonas del país hay un único nivel de gobierno local, conocido como municipios metropolitanos.

NIVEL REGIONAL: El artículo 125 de la Constitución confiere el poder ejecutivo de la provincia al primer ministro de la misma. Las elecciones provinciales se celebran mediante un sistema de listas de representación proporcional. El primer ministro comparte esta autoridad con el consejo ejecutivo en el cumplimiento de las responsabilidades del gobierno provincial. El primer ministro es elegido en la primera sesión tras las elecciones entre los miembros de la asamblea legislativa provincial, que debe estar presidida por el presidente del Tribunal Supremo. El mandato del primer ministro comienza cuando éste toma posesión de su cargo y termina cuando el siguiente primer ministro es elegido para asumirlo. La Constitución limita cada primer ministro a dos mandatos. Dependiendo de la población de la provincia, las asambleas legislativas provinciales suelen tener entre 30 y 80 miembros. El consejo ejecutivo está formado por entre cinco y diez miembros nombrados por el primer ministro de entre los miembros de la asamblea legislativa provincial.

NIVEL MUNICIPAL: La estructura del gobierno local sudafricano se divide en tres categorías: la categoría A para los municipios metropolitanos, la categoría B para los municipios locales y la categoría C para los municipios de distrito. Los municipios metropolitanos se encuentran en las grandes áreas metropolitanas y en las grandes ciudades y funcionan como un único nivel de gobierno local (aunque siguen estando dentro de los límites del gobierno provincial). Las zonas no metropolitanas, que son pueblos y zonas rurales, se rigen por un sistema de dos niveles formado por municipios de distrito y municipios locales. Cada distrito (categoría C) se compone de varios municipios locales (categoría B). Esta categorización otorga a los municipios metropolitanos la autoridad ejecutiva y legislativa municipal exclusiva dentro de sus áreas, mientras que los distritos y los consejos locales comparten la jurisdicción.

En total hay 257 municipios en Sudáfrica. Todos los gobiernos locales de Sudáfrica están gobernados por consejos municipales, constituidos mediante un sistema de representación proporcional. Los municipios metropolitanos y locales se dividen en distritos, y cada distrito elige a un concejal para el consejo municipal. A nivel municipal, el consejo municipal gestiona y supervisa la administración de los municipios. Hay un total de 4 468 distritos electorales. El consejo municipal responsabiliza al ejecutivo y éste tiene autoridad para crear comités que se ocupen de diferentes asuntos. El número de concejales municipales viene determinado por el número de votantes censados en ese municipio. En los municipios locales y de distrito no puede haber menos de tres ni más de 90 concejales, mientras que en los municipios metropolitanos no puede haber más de 270 concejales. Los concejales son elegidos para un mandato de cinco años.

Sudáfrica cuenta con una cuota de candidatos legislada a nivel subnacional de gobierno. El anexo 1 (11) (3) de la Ley de Estructuras Municipales exige a los partidos que "traten de garantizar" que el 50% de sus candidatos en la lista del partido sean mujeres durante las elecciones de los consejos locales, y para la distribución equitativa de hombres y mujeres candidatos en la lista en todo el país.

Sudáfrica cuenta con una legislación que proporciona una plataforma para participar en la planificación, la elaboración de presupuestos, la prestación de servicios y la evaluación de los municipios. Existen tres herramientas legales para garantizar la participación ciudadana en el nivel local de gobierno. La sección 152 de la Constitución obliga a los gobiernos locales a fomentar la participación de la comunidad en los asuntos que le conciernen. La sección 73 de la Ley de Estructuras Municipales crea además disposiciones para el establecimiento de comités de barrio con el fin de mejorar la democracia participativa en los gobiernos locales. Por último, la Ley de Sistemas Municipales de 2000 fomenta la participación de la comunidad local y la consulta a la comunidad sobre la calidad y el impacto de los servicios municipales.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA) se creó en 1996 y es una red de gobiernos municipales y provinciales. Su reconocimiento oficial por parte del gobierno central mediante la adopción de la Ley de Gobierno Local Organizado de 1997 ha dado paso a que la SALGA desempeñe un papel importante en la gobernanza multinivel y las relaciones intergubernamentales. La Ley Marco de Relaciones Intergubernamentales de 2005 reforzó aún más su papel como órgano de representación de los gobiernos subnacionales. Entre sus principales objetivos se encuentran: (i) representar a los gobiernos locales en los procesos de elaboración de leyes y de toma de decisiones a nivel nacional y (ii) reforzar las capacidades de administración de los gobiernos locales.

La Constitución delimita las funciones públicas en dos categorías: las que son concurrentes (compartidas entre distintas esferas) y las que son exclusivas (desempeñadas por una sola esfera). El gobierno nacional es responsable en exclusiva de la defensa nacional, la política fiscal nacional, los asuntos exteriores, el sistema de justicia penal, la educación superior y ciertas funciones administrativas. Los gobiernos nacional, provincial y municipal comparten responsabilidades en materia de atención primaria de salud, protección de la salud, vivienda, transporte público, protección del medio ambiente, desarrollo económico local y turismo.

Las provincias son responsables principalmente de la prestación de servicios básicos como la educación, la sanidad y el desarrollo económico social, las funciones económicas (agricultura y carreteras), los asentamientos humanos y la gestión del gobierno y la administración provincial. Las provincias tienen competencia legislativa exclusiva sobre las carreteras provinciales, los servicios de ambulancia y la planificación provincial.

Hay muy pocas funciones exclusivas de los gobiernos locales. La parte B del anexo cuarto y la parte B del anexo quinto de la Constitución describen las competencias y funciones de los gobiernos locales. Todos los municipios metropolitanos y algunos de distrito y locales tienen todas las funciones, mientras que algunas funciones (sobre todo el suministro de agua y el servicio de saneamiento) se atribuyen a los municipios locales o de distrito. El artículo 84 de la Ley de Estructuras Municipales divide las competencias y funciones entre distritos y municipios locales. Algunas funciones concurrentes han dado lugar a una ambigüedad en la división de poderes y funciones entre los municipios de distrito y los municipios locales.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración y funcionamiento de los servicios generales (no asignados a funciones específicas)	Administración y funcionamiento de los servicios generales (no asignados a funciones específicas)
2. Orden público y seguridad	Protección civil	Policía (servicio discrecional); Extinción de incendios; Protección civil y servicios de emergencia
3. Asuntos económicos/transporte	Redes e instalaciones viarias (regionales); Transporte público (compartido); Apoyo a las empresas locales y al espíritu empresarial; Turismo	Redes e instalaciones viarias (vías urbanas); Transporte público (compartido); Aeropuertos (compartidos); Apoyo a las empresas locales y al espíritu empresarial; Manufactura y construcción; Turismo; Comercio, Distribución de energía (compartida) (electricidad, gas, etc.)
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente	Parques y zonas verdes; Preservación de la naturaleza; Reducción del ruido y las vibraciones; Contaminación del aire; Protección del suelo y las aguas subterráneas; Protección del clima; Gestión de residuos (recogida, tratamiento y eliminación de residuos); Alcantarillado (gestión de aguas residuales); Limpieza viaria
5. Vivienda y servicios comunitarios	Vivienda (responsabilidad compartida en algunos municipios); Planificación regional	Vivienda (responsabilidad única en algunos municipios, responsabilidad compartida en otros); Planificación urbana y del uso del suelo; Urbanismo
6. Salud	Atención primaria (compartida); Servicios hospitalarios (generales y especializados); Atención sanitaria preventiva	Atención sanitaria primaria (compartida); Atención sanitaria preventiva; Servicios de salud pública
7. Cultura y ocio	Deportes y ocio (función compartida); Bibliotecas; Museos; Actividades culturales (teatros, salas de exposiciones, zoológicos, jardines botánicos, etc. Función compartida)	Deportes y ocio (función compartida); Bibliotecas y museos (servicio discrecional); Actividades culturales (jardines botánicos, parques y espacios abiertos, etc. Función compartida)
8. Educación	Educación preescolar (compartida); Educación primaria; Educación secundaria	Educación preescolar (compartida)
9. Protección social

Alcance de los datos financieros: Provincias y los tres tipos diferentes de gobiernos locales, combinados

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: Las disposiciones fiscales se establecen en el capítulo 13 de la Constitución y se apoyan en un avanzado conjunto de leyes nacionales. Las finanzas de los gobiernos nacionales y provinciales se rigen y regulan por la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, y las de los gobiernos locales por la Ley de Gestión de las Finanzas Municipales de los Gobiernos Locales (MFMA). La MFMA también se utiliza para establecer normas y estándares del Tesoro Nacional para la gestión de las finanzas de los gobiernos locales.

La Ley de Sistemas Municipales garantiza que los municipios dispongan de tarifas de servicios y políticas de control del crédito para la prestación de servicios. La MFMA permite la gestión segura y sostenible de los asuntos financieros de los municipios y otras instituciones de la administración local y establece normas y estándares de tesorería para el ámbito de la administración local. Por último, la Ley de Poderes y Funciones Fiscales Municipales regula el poder que tienen los municipios para imponer recargos sobre las tarifas de los servicios prestados en virtud del artículo 229 de la Constitución.

La Ley de Relaciones Fiscales Intergubernamentales promueve la cooperación entre las tres esferas de gobierno en materia fiscal, presupuestaria y financiera. Esta ley prescribe un proceso para determinar un reparto y una asignación equitativos de los ingresos recaudados a nivel nacional y prevé asuntos relacionados con las relaciones fiscales intergubernamentales. La Ley de División de los Ingresos establece la división equitativa de los ingresos recaudados a nivel nacional entre las esferas de gobierno nacional, provincial y local para el ejercicio financiero.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total	2 521	1518	1003	18.9%	11.4%	7.5%	52.9%	31.8%	21.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Incl. gastos corrientes	2 312	1445	867	17.3%	10.8%	6.5%	32.3%	32.4%	19.4%	91.7%	95.2%	86.5%
Gastos de personal	1 219	930	289	9.1%	7.0%	2.2%	67.6%	51.6%	16.0%	48.4%	61.3%	28.8%
Consumo intermedio	-	352	-	-	2.6%	-	-	39.6%	-	-	23.2%	-
Gastos sociales	-	6	-	-	0.0%	-	-	0.9%	-	-	0.4%	-
Subvenciones y transferencias corrientes	-	61	-	-	0.5%	-	-	30.7%	-	-	4.0%	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	96	-	-	0.7%	-	-	23.2%	-	-	6.3%	-
Incl. gastos de capital	209	73	136	1.6%	0.6%	1.0%	68.9%	24.1%	44.9%	8.3%	4.8%	13.6%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	209	73	136	1.6%	0.6%	1.0%	69.5%	24.3%	45.2%	8.3%	4.8%	13.6%

GASTOS: Sudáfrica cuenta con un sistema de gobierno subnacional bien desarrollado, con altos niveles de delegación de funciones en un conjunto casi federalizado de provincias. La distribución constitucional de poderes y funciones al gobierno subnacional tiene un impacto directo en el marco fiscal de los gobiernos provinciales y locales. Los gobiernos subnacionales (en particular, las provincias) son responsables de funciones intensivas en mano de obra como la sanidad, el desarrollo social y la educación, por lo que existe una proporción relativamente alta de gasto en empleados. Los gobiernos subnacionales gastan 2.521 dólares PPA por habitante, lo que representa un gasto total equivalente al 18,,9% del PIB del país. Los gastos corrientes superan con creces a los gastos de capital, y los gastos de personal representarán casi el 50% de los gastos de los gobiernos subnacionales en 2020.

INVERSIÓN DIRECTA: La inversión directa de los gobiernos subnacionales representa el 69,5% de la inversión directa de las administraciones públicas y el 1,6% del PIB sudafricano. Los gobiernos estatales (provinciales) tienen niveles relativamente bajos de inversión de capital, debido a la asignación de funciones que suelen requerir mucho personal. Los gobiernos locales incurren en niveles proporcionalmente más altos de gastos de capital que los gobiernos estatales, debido a la devolución de los servicios de agua, saneamiento, distribución de electricidad y gestión de residuos sólidos, que requieren mucho capital. Generalmente, esta inversión directa se financia mediante subvenciones condicionadas. A nivel municipal, las transferencias de subvenciones del gobierno central suelen destinarse a inversiones directas en infraestructuras, mejora de los sistemas municipales, programa nacional integrado de electrificación, sistemas de gestión de activos de carreteras rurales, infraestructuras de servicios de agua e infraestructuras regionales a granel. Estas subvenciones suelen ser inversiones que proporcionarían infraestructuras sociales o económicas a los hogares pobres. Se espera que los municipios financien las infraestructuras para las empresas y los hogares con ingresos elevados a través de medios distintos de las subvenciones.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

La mayor parte del gasto del gobierno local se destina a servicios públicos generales (28,9%), asuntos económicos/transporte (que incluye la distribución de electricidad, 36,6%) y vivienda y servicios comunitarios (que incluye el suministro de agua, 17,8%).

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	2 564	1 536	1 028	19.2%	11.5%	7.7%	63.0%	37.8%	25.3%	100.0%	100.0%	100.0%
Ingresos fiscales	214	36	178	1.6%	0.3%	1.3%	6.5%	1.1%	5.4%	8.3%	2.3%	17.2%
Donaciones y subvenciones	1 778	1 485	294	13.3%	11.1%	2.2%	-	-	-	69.3%	96.6%	28.6%
Tarifas y tasas	465	9	457	3.5%	0.1%	3.4%	-	-	-	18.1%	0.6%	44.4%
Ingresos provenientes de los activos	8	7	0	0.1%	0.1%	0.0%	-	-	-	0.3%	0.5%	0.0%
Otros ingresos	99	0	99	0.7%	0.0%	0.7%	-	-	-	3.9%	0.0%	9.7%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Los gobiernos subnacionales de Sudáfrica se financian principalmente mediante donaciones y subvencionesdel gobierno central, que representan el 69,3% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020. Sin embargo, en el caso de las provincias, este valor es muy superior, del 96,6%, lo que demuestra que la capacidad de recaudación de ingresos de las provincias está muy limitada. Así pues, la capacidad recaudatoria del gobierno central es un factor importante que contribuye a la cantidad de recursos que pueden destinarse a la sanidad, la educación y el desarrollo social. Los gobiernos locales tienen menos limitaciones de ingresos, ya que las subvenciones y los subsidios representan el 28,6% de sus ingresos y el 44,4% de los mismos proceden de las tarifas y los cánones cobrados por los servicios prestados, en particular la electricidad, el agua y la prestación de servicios de saneamiento. Los niveles de las tarifas son determinados y aprobados por los consejos municipales y deben reflejar los costes. Sin embargo, dentro de los gobiernos locales, los municipios predominantemente rurales dependen en gran medida de las transferencias del gobierno central, ya que su capacidad de recaudación de ingresos se ve limitada por el perfil socioeconómico de su población.

INGRESOS FISCALES: Los impuestos representan el 8,3% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, el 83% de los cuales son recaudados por los gobiernos locales. Las provincias están autorizadas a recaudar determinados impuestos, gravámenes y derechos, pero su capacidad para hacerlo es muy limitada. La mayor parte de sus ingresos fiscales procede de las licencias de vehículos de motor y de los impuestos sobre los casinos. El único impuesto que recaudan los gobiernos locales son los impuestos sobre la propiedad. La base imponible sobre la que se recaudan estos impuestos sobre la propiedad varía significativamente de un municipio a otro. El impuesto se reformó en 2014 con la Ley de Ordenación del Territorio y Gestión del Uso de la Tierra. Los municipios locales son en gran medida autónomos en cuanto a los tipos que pueden fijar, aunque existe un nivel de exención muy bajo establecido por el gobierno federal. La sección 229 (2) (a) de la Constitución, junto con la sección 16 de la Ley 29 de 2014 de Tasas Municipales sobre la Propiedad, impone limitaciones a la hora de imponer tasas. Esto regula el poder y la autonomía de los municipios para recaudar tasas con el fin de garantizar que las tasas de propiedad no perjudiquen materialmente y de forma irrazonable la actividad económica o las políticas económicas nacionales. Las tasas son aprobadas por los consejos de los municipios locales elegidos democráticamente.

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: La principal subvención de nivelación del gobierno central es la subvención por cuota equitativa. Se trata de una subvención basada en una fórmula que tiene en cuenta los factores demográficos y de desarrollo de las zonas geográficas. La subvención de la parte equitativa del gobierno local se introdujo para abordar la falta de base de ingresos en algunos municipios y para contabilizar los gastos realizados para proporcionar servicios básicos mínimos a los residentes municipales pobres o indigentes. El Marco Nacional para las Políticas Municipales de Indigencia proporciona a los municipios la base y las directrices para desarrollar sus políticas de indigencia con el fin de garantizar que cumplen con sus responsabilidades de proporcionar servicios municipales básicos para todos, tal y como exige la Constitución. La política de indigentes y la ordenanza garantizan además que los hogares que cumplen los requisitos para recibir servicios básicos gratuitos tengan acceso a ellos. El sistema de transferencia de la parte equitativa es, por tanto, una fuente previsible de ingresos para ayudar a los municipios, sobre todo en las zonas rurales, que tienen dificultades para recaudar ingresos suficientes para financiar sus obligaciones constitucionales y sus gastos generales de funcionamiento. Los gobiernos provinciales también reciben una contribución de la parte equitativa.

También hay subvenciones condicionales que están diseñadas para cumplir objetivos de desarrollo específicos y suelen asignarse a un sector concreto y sólo se reciben si la provincia o el municipio cumplen los criterios. La mayor subvención condicional para los municipios es la subvención para infraestructuras municipales (MIG), que se introdujo en 2004. La MIG tiene como objetivo ayudar a los municipios a mejorar y construir infraestructuras. Antes de la introducción de la MIG, las subvenciones para infraestructuras eran gestionadas por diferentes departamentos nacionales, pero esto se consolidó en una única subvención en consonancia con los principios de descentralización de la toma de decisiones. Casi el 80% de las subvenciones condicionadas municipales se destinan a inversiones de capital en infraestructuras y desarrollo urbano, y el resto a sistemas y apoyo a la capacidad, sobre todo en zonas desfavorecidas anteriores. Las subvenciones condicionadas provinciales se centran en el desarrollo de los asentamientos humanos, las funciones relacionadas con la sanidad, las carreteras y la educación. Las transferencias del gobierno central se describen y cuantifican en la Ley de División de Ingresos.

OTROS INGRESOS:Los otros ingresos de la administración local consisten principalmente en multas, licencias y permisos, que representan casi el 10% de los ingresos de la administración local en 2020.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales, estatales y locales
2020	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública general			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG
Deuda pendiente total	501	-	501	3.8%	-	3.8%	5.2%	-	5.2%	100.0%	.	100.0%	-
Deuda financiera	72	-	72	0.5%	-	0.5%	0.8%	-	0.8%	14.1%	-	100.0%	-
Dinero legal y depósitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos/ títulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	429	-	429	-	-	-	-	-	-	85.6%	-	85.6%	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Sudáfrica cuenta con una serie de instituciones estatales que apoyan la democracia constitucional y ejercen un control independiente, como el fiscal y el auditor general. El fiscal está facultado para investigar la conducta de la administración pública en cualquier esfera del gobierno y adoptar medidas correctoras. El auditor general debe auditar e informar sobre las cuentas y la gestión financiera de todas las autoridades locales. Las leyes de responsabilidad fiscal están recogidas en la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas y en la Ley de Gestión Financiera Municipal, así como en diferentes secciones de la Constitución. Los gobiernos locales están obligados a promulgar presupuestos equilibrados. En caso de que una provincia (o un municipio) incumpla estos mandatos, el gobierno nacional (o una provincia) puede intervenir a través de las secciones 100 y 154 de la Constitución. Es responsabilidad de los departamentos nacionales aplicar medidas de "emergencia" para equilibrar los gastos e ingresos de los gobiernos locales.

DEUDA: El gobierno nacional sigue trabajando para lograr la sostenibilidad fiscal, medida como la estabilización de la deuda en relación con el PIB, y reducir el déficit presupuestario. Esto requiere recortes significativos del gasto y subidas moderadas de impuestos en el próximo marco presupuestario a medio plazo.

Las provincias no están autorizadas a endeudarse, a menos que se trate de pequeñas cantidades. El artículo 230 de la Constitución faculta a los municipios para contraer préstamos, mientras que la Ley de Gestión de las Finanzas Municipales de 2003 regula dichas competencias. En Sudáfrica, sólo cuatro municipios metropolitanos (Ciudad de Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Ekurhuleni y Tshwane) emiten y participan actualmente en el mercado de bonos del Estado que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo. Los bonos se utilizan principalmente para recaudar capital para la expansión de las infraestructuras. Algunos de los bonos recaudados han sido etiquetados como bonos "verdes" y vinculados a proyectos específicos de mitigación del cambio climático. Los bonos sólo representan una parte muy pequeña del total de la deuda municipal. Los municipios pueden obtener préstamos de bancos comerciales registrados o de otras instituciones financieras aprobadas únicamente para financiar gastos de capital. El gobierno central no garantiza la deuda a nivel subnacional, debido a la independencia de las esferas de gobierno. Se tiende a financiar las infraestructuras con fines económicos con deuda y las infraestructuras para los pobres con transferencias del gobierno federal. Aunque el gobierno central no puede vetar la intención de un municipio de endeudarse, puede hacer comentarios al respecto. El gobierno central recomienda que la relación entre la deuda de la administración local (total de empréstitos) y el total de ingresos de explotación no supere el 45%, aunque esto no es exigible.

COORDINACIÓN FISCAL: La Ley de Gobiernos Locales Organizados estableció dos foros: el Consejo Presupuestario (formado por el ministro de finanzas y los miembros del consejo ejecutivo responsable de las finanzas en cada una de las provincias) y el foro presupuestario (compuesto por el consejo presupuestario y los representantes de la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales), en el que se debaten los asuntos de los gobiernos locales como parte del proceso presupuestario nacional. Según la Ley de Administración Local Organizada, el ministro de finanzas tiene la obligación legal de convocar el consejo presupuestario dos veces al año y el foro presupuestario una vez al año.

La Comisión Financiera y Fiscal (CFF) es una institución constitucional independiente. Formula recomendaciones al parlamento, a las legislaturas provinciales, a los gobiernos locales organizados y a otros órganos del Estado sobre cuestiones financieras y fiscales previstas en la Constitución y en otras leyes nacionales, en particular sobre el reparto de los ingresos recaudados a nivel nacional.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) identificó por primera vez un caso de COVID-19 en Sudáfrica el 5 de marzo de 2020. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró el estado de catástrofe nacional el 15 de marzo de 2020, lo que obligaba al gobierno central a prestar socorro, proteger los bienes, combatir los trastornos, hacer en relación a los efectos destructivos y de otro tipo de la catástrofe y proteger a la población, sólo en la medida en que "sea necesario para tal fin". El 26 de marzo de 2020 se declaró un bloqueo nacional de 21 días para alcanzar estos objetivos. Esencialmente, el propósito del bloqueo era reducir drásticamente el movimiento de personas para prevenir la propagación del COVID-19 y permitir al gobierno planificar y prepararse eficazmente para el impacto de la pandemia. El presidente también estableció un Consejo de Mando del Coronavirus que adoptó una estrategia ajustada al riesgo que incluye un sistema de alerta con diferentes niveles de restricciones, siendo el nivel 5 el de mayores restricciones y el nivel 1 el de menores restricciones. El Departamento de Gobierno Corporativo se encargó de redactar la normativa y de coordinar las actividades de las distintas esferas de gobierno. La respuesta del país a la pandemia de COVID-19 se centralizó en torno al Consejo de Mando del Coronavirus, que formulaba recomendaciones sobre las que deliberaba el Gabinete, que las ponía en práctica si procedía.

Las medidas de cierre se impusieron en su mayor parte por igual en todo el país, con pequeñas diferencias en varios momentos a lo largo de la pandemia (por ejemplo, cierres aislados en Gauteng y en el municipio del distrito de la Ruta Jardín). El primer nivel de gobierno subnacional de Sudáfrica, las provincias, son responsables de la función sanitaria, por lo que desempeñaron un papel importante en la respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Los municipios metropolitanos tienen responsabilidades funcionales de atención sanitaria primaria, saneamiento e higiene y, por lo tanto, desempeñaron un papel importante a la hora de garantizar la existencia de medidas preventivas. Todos los municipios locales tienen la responsabilidad de la seguridad de la comunidad y, bajo la instrucción del gobierno central, se encargaron de garantizar que la población se adhiriera a las medidas de emergencia (como el uso de mascarillas y el distanciamiento social).

La asignación de la función sanitaria a los gobiernos estatales (provincias) en Sudáfrica ha supuesto un enfoque descentralizado de la gestión de la respuesta sanitaria del país, aunque hubo aspectos que se volvieron a centralizar durante el estado de catástrofe. Por ejemplo, para garantizar un acceso equitativo a los equipos de protección personal (EPP), el gobierno central asumió la responsabilidad de la compra de EPP, que antes se asignaba a las provincias. Este no era el caso antes de la pandemia. En muchos lugares, los gobiernos locales han trabajado con el gobierno provincialS para garantizar una respuesta coordinada a la pandemia.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS: Antes de la pandemia de COVID-19, la economía sudafricana estaba relativamente estancada, pero el estado nacional de restricciones por catástrofe y las normas de bloqueo debilitaron aún más la economía, lo que provocó la quiebra de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y un crecimiento económico negativo. El gobierno de Sudáfrica anunció un paquete de medidas de apoyo fiscal en materia de ingresos y gastos, así como garantías de préstamos, con el objetivo de estimular un crecimiento equitativo e integrador. Además, en julio de 2020, se proporcionaron garantías de préstamo por valor de 500.000 millones de rands (~ 72.000 millones de dólares PPA o alrededor del 9% del PIB) para apoyar la recuperación de hogares y empresas. Las empresas del sector privado y los particulares acaudalados contribuyeron con más de 4.500 millones de rands (~ 650 millones de dólares PPA) a una combinación de subvenciones y préstamos en condiciones favorables a particulares y empresas necesitados como parte de un plan de recuperación para resucitar la economía y aliviar la carga de las pérdidas sufridas tanto por los hogares como por los particulares y las empresas. Durante la pandemia, se pagó un "Subsidio de Alivio Social de la Angustia" especial COVID-19 de 350 R (~ 50 USD PPA) al mes a los desempleados que no recibían ninguna otra forma de subsidio social. 10 millones de personas accedieron al Subsidio de Alivio Social de la Angustia, y se espera que finalice en marzo de 2023. Se concedieron desgravaciones fiscales en forma de moratorias de pago a las empresas para permitirles aplazar los pagos del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido.

Los municipios locales fueron los responsables de promulgar los reglamentos, ya que están a la vanguardia de la prestación de servicios. Los municipios tenían que seguir las directrices para los gobiernos locales emitidas por el Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales (CoGTA). Algunas de las medidas incluían: la identificación de lugares de aislamiento y cuarentena, la identificación y puesta a disposición de instalaciones para albergar a las personas sin hogar, el control y la aplicación de la ley, la descontaminación y el saneamiento de las instalaciones de transporte público, la limpieza y el saneamiento de las instalaciones de los espacios públicos, la puesta a disposición de instalaciones para su uso para el pago de subsidios sociales, la educación sanitaria y la expedición de permisos a los comerciantes informales de alimentos.

El Tesoro Nacional dio su aprobación para que los fondos transferidos a los municipios (no comprometidos contractualmente) pudieran reasignarse para responder a la pandemia COVID-19. La reasignación incluyó 2.400 millones de rands adicionales en subvenciones para el desarrollo de asentamientos urbanos destinadas a los municipios metropolitanos. Estos fondos se utilizaron para el suministro de agua y saneamiento, principalmente en asentamientos informales insuficientemente atendidos. También se asignaron 1.500 millones de rands adicionales en asignaciones de subvenciones para infraestructuras municipales para el suministro de agua y saneamiento en municipios no metropolitanos, lo que incluía abordar el mantenimiento urgente necesario para restablecer la funcionalidad de las infraestructuras hídricas. En 2019/20, se reasignaron 306 millones de rands de la subvención indirecta para infraestructuras regionales a granel y se transfirieron a Rand Water, entidad responsable del suministro de agua potable a granel a gran parte de la provincia más poblada de Sudáfrica, Gauteng. Se encargó de financiar un despliegue de depósitos de agua para abastecer a las comunidades sin acceso fiable a los servicios de agua. También se asignaron a los gobiernos locales subvenciones relacionadas con el COVID-19 para ayudar a la adquisición de EPI. Los gobiernos locales tenían discreción para responder a la pandemia como considerasen oportuno, dentro de sus competencias y funciones delegadas. Algunos ayuntamientos proporcionaron desgravaciones en las tasas de propiedad a las empresas y hogares afectados, proporcionaron paquetes de alimentos a los necesitados, así como infraestructuras de higiene.

Un ejemplo de respuesta provincial a la pandemia es la adopción por parte del gobierno de Cabo Occidental de una "estrategia de puntos calientes" para prestar asistencia en zonas específicas de la provincia. Cada hotspot contaba con un equipo, dirigido por un miembro del comité ejecutivo provincial, para garantizar que la comunidad de esa zona recibiera una gestión adecuada, se le proporcionara la ayuda humanitaria apropiada, se transportara a los casos positivos al hospital y a las instalaciones de cuarentena, y se cumpliera civilmente la legislación vigente. Los gobiernos provinciales colaboraron con los gobiernos locales para proporcionar instalaciones sanitarias adicionales en los centros comunitarios que son propiedad de los gobiernos locales y están gestionados por ellos.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: Durante la pandemia, los niveles de recaudación de ingresos se deterioraron en todos los gobiernos subnacionales. El impacto de la COVID-19 en los hogares afectó a su voluntad y capacidad de pago por los servicios municipales, por lo que se redujo el efectivo real percibido por los servicios de agua, electricidad y tasas de propiedad, a pesar de que la demanda de los servicios seguía siendo alta. Los gobiernos locales también experimentaron una reducción general del gasto nominal de aproximadamente un 7%, ya que se retrasaron los gastos en grandes proyectos de capital o en proyectos no esenciales.

Las provincias y los municipios de distrito se vieron menos afectados por el impacto de la pandemia en los hogares, ya que dependen menos de éstos para obtener ingresos por los servicios prestados. Es probable que el nivel de transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales aumente un 2% en los próximos tres años debido a las limitaciones de la capacidad de recaudación de ingresos del gobierno central. Los gobiernos provinciales recibieron un aumento de las transferencias del gobierno central debido a su papel en la respuesta sanitaria a la pandemia.

PLANES DE ESTÍMULO ECONÓMICO Y SOCIAL : El 5 de octubre de 2020, el presidente Cyril Ramaphosa presentó el Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica ante la sesión mixta conjunta del Parlamento. El Plan de Reconstrucción y Recuperación Económicas forma parte de las medidas extraordinarias que el Gobierno está adoptando -tras una amplia consulta con los sectores empresarial, laboral y comunitario como interlocutores sociales- para devolver a la economía el crecimiento integrador, tras la devastación causada por la pandemia del COVID-19. Este Plan responde directamente al impacto económico inmediato de la COVID-19 impulsando la creación de empleo y ampliando el apoyo a los hogares vulnerables. El gobierno pretende hacerlo principalmente a través de un importante programa de infraestructuras y un estímulo del empleo a gran escala, junto con una intensa campaña de localización y expansión industrial. El plan se centra en cuatro prioridades principales: infraestructuras, generación de energía, empleo y reindustrialización de la economía. El Gobierno ha comprometido 100.000 millones de rands durante el periodo 2020-2023 para crear puestos de trabajo a través del empleo público y social a medida que se recupera el mercado laboral.