RUANDA

Ruanda es una república democrática encabezada por el presidente, que es el jefe del Estado (artículo 98 de la Constitución) y el comandante en jefe de las fuerzas de defensa. Según la Constitución de la República de Ruanda de 2003 (revisada en 2015), concretamente en su artículo 101, el presidente es elegido por un mandato de cinco años para un máximo de dos mandatos. El país tiene un sistema parlamentario bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados.

La gobernanza local está consagrada en el capítulo 1 de la Constitución de 2003, que establece en su artículo 6 que "los poderes públicos están descentralizados en las entidades administrativas locales de conformidad con las disposiciones de la ley". La principal legislación reguladora es la Ley Orgánica 29 de 2005, que determina las entidades administrativas a nivel municipal y establece el número, los límites y la estructura de los gobiernos subnacionales, a saber, los distritos y la ciudad de Kigali.

Una característica política importante de los 27 distritos con personalidad jurídica y de la ciudad de Kigali son sus consejos y alcaldes electos y la elaboración de sus propios presupuestos. Sin embargo, según la Ley 22/2019, los tres distritos de la ciudad de Kigali (Kicukiro, Gasabo y Nyarugenge) no tienen personalidad jurídica como los demás distritos.

Bajo los distritos se encuentran los sectores, las células y las aldeas. La célula es la unidad político-administrativa más pequeña del país. Su principal responsabilidad es la movilización comunitaria. La ley de administración local estipula que, a nivel de aldea, todos los residentes de la aldea son miembros del consejo de su aldea. Los miembros del consejo de célula son elegidos directamente por sufragio universal de los residentes de la célula. A continuación, de entre los miembros del consejo de célula se eligen indirectamente representantes para el consejo de sector, que a su vez elige indirectamente un representante para el consejo de distrito. Las elecciones al gobierno local comenzaron en 2001, el mandato del consejo elegido por el gobierno local es de cinco años. Las últimas elecciones se celebraron en noviembre de 2021 sobre la base de la Ley 065/2021 de 9 de octubre de 2021 sobre el gobierno local.

El gobierno de Ruanda adoptó un enfoque por fases para aplicar la política nacional de descentralización a partir del año 2001. La primera fase (2001-2004) se centró en institucionalizar la gobernanza descentralizada articulando las políticas y los marcos jurídicos, así como poniendo en marcha las estructuras, los sistemas y los mecanismos administrativos necesarios. La segunda fase (2005-2009) se centró en mejorar la prestación de servicios públicos a través de la descentralización de los servicios públicos del gobierno central a los distritos. En la tercera fase (2011 hasta la fecha), la atención se ha centrado en la descentralización fiscal para promover el desarrollo local, la rendición de cuentas y reforzar la capacidad de las entidades de gobernanza local descentralizadas -distrito, sector, célula y aldea- para aplicar mejor los programas centrados en los ciudadanos. La actual política de descentralización, aprobada en octubre de 2021, tiene como propósito y objetivo "profundizar y sostener la gobernanza centrada en el ciudadano y promover un desarrollo local equitativo para la transformación socioeconómica".

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
27 distritos + la ciudad de Kigali
Tamaño municipal medio: 431 733 hab. (población dividida por 27 distritos + los 3 distritos de la ciudad de Kigali)
28			28

[1] Nombre y número de entidades submunicipales:
416 sectores (imirenge)
2 148 células
(utugari)
14 838 pueblos (imidugudu)

DESCRIPCIÓN GENERAL: A nivel descentralizado, el país está formado por 27 distritos con estatuto autónomo. Los tres distritos de la ciudad de Kigali (Kicukiro, Nyarugenge y Gasabo) no están incluidos en el número total de distritos, ya que no tienen estatuto jurídico como los demás distritos.

La República de Ruanda está dividida en cuatro provincias (Intara), que sirven de órgano coordinador del gobierno central para garantizar la eficiencia y la eficacia en la planificación, la ejecución y la supervisión de los servicios descentralizados del gobierno local. Por lo tanto, las provincias no se identifican como gobiernos locales, sino como administración estatal desconcentrada a nivel regional.

NIVEL MUNICIPAL: La provincia del Sur tiene ocho distritos, las provincias del Este y del Oeste tienen siete cada una y, por último, la provincia del Norte tiene cinco distritos. La ciudad de Kigali comprende tres distritos que no tienen personalidad jurídica. Los jefes ejecutivos de los tres distritos de la ciudad de Kigali son nombrados por el gobierno central. Los ejecutivos locales son responsables de la supervisión general, la orientación, la coordinación y el control de la aplicación de la política nacional, la planificación territorial y del desarrollo, y el desarrollo económico de los distritos que los componen.

Además de la capital de Ruanda, Kigali, existen ciudades satélites y secundarias. Las ocho ciudades secundarias o periféricas son Nyagatare, Musanze, Rubavu, Rusizi, Huye, Karongi, Kirehe,y Kayonza. Situadas en un cinturón exterior cerca de las fronteras, sirven a las periferias del país y desempeñan un papel importante para facilitar el comercio transfronterizo. Se están desarrollando rápidamente como polos de crecimiento exterior de 300.000 a 650.000 habitantes. Tres ciudades (Rwamagana, Muhanga y Nyamata/Bugesera) son ciudades satélite de 800 000 -1 millón de habitantes; tienen potencial para crecer más rápidamente que las ciudades secundarias.

Las responsabilidades de los gobiernos subnacionales están determinadas por la Ley de Administración Local 065/2021 de 9 de octubre de 2021 que regula los distritos. El artículo 3 establece la organización y el funcionamiento de un distrito con personalidad jurídica y sus entidades administrativas descentralizadas.

El artículo 8 define claramente 13 responsabilidades de un distrito, de las cuales las principales son: (i) poner en marcha estrategias de desarrollo; (ii) establecer los departamentos de un distrito, las instrucciones que los rigen y determinar sus responsabilidades; (iii) supervisar la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe del auditor general de las finanzas del Estado; (iv) aprobar el presupuesto de un distrito; (v) determinar las tasas que se cobran en un distrito de acuerdo con la ley; y (vi) aprobar los fondos que se invertirán en empresas o sociedades en las que un distrito pretenda tener participaciones de acuerdo con las leyes pertinentes.

El artículo 21 indica las responsabilidades de la mesa del consejo de distrito: (i) preparar, convocar y presidir la reunión del consejo de distrito; (ii) supervisar la aplicación de las decisiones del consejo de distrito; y (iii) desempeñar las demás funciones que le asigne el consejo de distrito.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Planificación y gestión del desarrollo; Servicios administrativos (matrimonio, nacimiento, etc.); Registro de votantesEdificios e instalaciones públicas
2. Orden público y seguridad	Policía de proximidad; Servicios de bomberos y rescate (conjuntamente con el Ministerio del Interior)
3. Asuntos económicos/transporte	Servicios de empleo e información laboral; Carreteras locales, espacios para parques, transporte urbano, turismo localAmpliación y conexiones de la red eléctrica; Mercados, mataderos, espacio de almacenamiento, almacenes
4. Protección del medio ambiente	Parques y zonas verdes, gestión de residuos y aguas, sistemas de alcantarillado, limpieza viaria, arborización, construcción de presas, reverdecimiento y embellecimiento
5. Vivienda y servicios comunitarios	Construcción/renovación de viviendas públicas; Ordenación territorial, uso del suelo y regulación de la construcción; Distribución de agua potable, alumbrado público
6. Salud	Asistencia sanitaria primaria (centros médicos) y secundaria (hospitales de distrito); asistencia sanitaria preventiva
7. Cultura y ocio	Deportes, bibliotecas, museos locales
8. Educación	Educación preescolar, primaria y secundaria
9. Protección social	Protección social; apoyo a grupos vulnerables (extremadamente pobres e históricamente marginados)Orfanatos, centros para niños de la calle, hogares de asistencia social

Alcance de los datos financieros: 27 distritos y la ciudad de Kigali

Ministerio de Finanzas y Planificación Económica (MINECOFIN)

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: Ruanda ha puesto en marcha una descentralización fiscal progresiva. Como parte de la política revisada de descentralización fiscal y financiera adoptada en 2011, la principal legislación financiera de los gobiernos subnacionales incluye la Orden Presidencial 25/01 de 9 de julio de 2012 por la que se establece la lista de tasas y otros gravámenes recaudados por las entidades descentralizadas y se determinan sus umbrales, la Ley 75/2018 de 7 de septiembre de 2018 por la que se determinan las fuentes de ingresos y la propiedad de las entidades descentralizadas, la orden ministerial 008/19/10/TC de 16 de julio de 2019 que determina los procedimientos fiscales aplicables a la recaudación de impuestos y tasas de las entidades descentralizadas, la orden ministerial 007/19/10/TC de 16 de julio de 2019 que regula la realización de inversiones por parte de una entidad descentralizada, y la orden del primer ministro 004/03 de 16 de febrero de 2021 que determina la institución encargada de la liquidación y recaudación de impuestos y tasas en nombre de las entidades descentralizadas.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2019/20	Dólares PPA / habitante	% PIB	% administraciones públicas (misma categoría de gasto)	% gobierno subnacional
Gasto total	140	6.3%	18.2%	100.0%
Incl. gastos corrientes	78	3.5%	19.3%	55.5%
Remuneración del empleado	51	2.3%	56.5%	36.6%
Consumo intermedio	11	0.5%	18.6%	7.7%
Gastos sociales corriente	4	0.2%	8.2%	3%
Subvenciones y transferencias corrientes	10	0.5%	9.1%	7.1%
Gastos financieros (en. intereses)	0	0%	0.2%	0%
Otros gastos corrientes	2	0.1%	2.4%	1.1%
Incl. gastos de capital	62	2.8%	17%	44.5%
Transferencias de capital	27	1.2%	9.3%	18.9%
Inversión directa (o FBCF)	36	1.6%	44.9%	25.6%

GASTOS: En el ejercicio 2019-2020, los gastos de las administraciones subnacionales representaron el 18,2% de los gastos de las administraciones públicas y el 6,3% del PIB. Los gastos corrientes representaron el 55,5% del total de los gastos de las administraciones subnacionales, destinándose el 36,6% al pago de la remuneración de los asalariados y el 7,7% al consumo intermedio. La cantidad gastada en subvenciones y transferencias corrientes combina los gastos corrientes, sociales y financieros en apoyo de las comunidades.

Los gastos de capital ascendieron al 44,5% de los gastos totales (las transferencias de capital representaron el 18,9% y las inversiones directas el 25,6%).

INVERSIÓN DIRECTA: Los gobiernos locales desempeñan un papel moderado en la inversión directa debido al limitado presupuesto de ingresos propios. El gobierno central desempeña un papel vital en las inversiones de los gobiernos locales mediante la asignación del presupuesto aprobado por los consejos de los gobiernos locales. Los fondos asignados a las inversiones por el gobierno central se canalizan a través de la Agencia de Desarrollo de las Entidades Administrativas Locales (LODA). La LODA es un fondo gubernamental bajo la supervisión del Ministerio de Administración Local (MINALOC). Fue creada por la Ley 62/2013 de 27/08/2013, que determina sus responsabilidades, organización y funcionamiento. Gestiona todas las inversiones de los gobiernos locales y el presupuesto nacional y los socios para el desarrollo aportan sus recursos financieros.

Las principales áreas de inversión de los gobiernos locales incluyen la educación (escuelas), la sanidad (instalaciones sanitarias), los servicios públicos generales (edificios administrativos sectoriales y celulares), así como las instalaciones de agua y carreteras.

Aunque la Ley 75/2018 de 7 de septiembre de 2018 que determina las fuentes de ingresos y bienes para las entidades descentralizadas menciona los préstamos como una de las fuentes de ingresos de los gobiernos locales para la inversión, sólo unos pocos gobiernos locales (los distritos de Rubavu y Nyagatare y la ciudad de Kigali) han obtenido préstamos de instituciones financieras locales para impulsar las inversiones locales.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
2019/20	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	139	6.3%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	26	1.2%	10.4%	19.0%
2. Defensa	1	0.1%	4.7%	1.0%
3. Orden público y seguridad	-	-	-	-
4. Asuntos económicos/transporte	29	1.3%	28.8%	21.0%
5. Protección del medio ambiente	3	0.1%	97.3%	1.9%
6. Vivienda y servicios comunitarios	16	0.7%	94.3%	11.5%
7. Salud	12	0.6%	26.7%	9.0%
8. Ocio, cultura y religión	2	0.1%	38.3%	1.4%
9. Educación	37	1.7%	63.0%	26.6%
10. Protección social	13	0.6%	68.2%	9.3%

Los datos del COFOG están disponibles para las administraciones públicas, pero no para los gobiernos locales. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas publica directrices anuales sobre las transferencias asignadas a las entidades descentralizadas (es decir, los distritos) por programa. Los programas siguen a grandes rasgos la clasificación de la COFOG y permiten reconstruir el gasto de los gobiernos locales por función económica, al menos en lo que respecta a las transferencias asignadas.

Es probable que el cuadro anterior subestime el gasto en servicios públicos generales porque la subvención global recurrente representa la mayor parte de la diferencia entre el gasto total y las transferencias asignadas.

Los resultados muestran que la mayor parte del gasto de los gobiernos subnacionales se destina a educación (26,6%). Asuntos económicos y transporte (21%) y vivienda y servicios comunitarios (11,5%). Los sectores de la protección social y la sanidad reciben una financiación considerable (9,3% y 9%), mientras que la protección del medio ambiente y el ocio, la cultura y la religión se financiaron en una proporción mínima (1,9% y 1,4% respectivamente). Cabe señalar que los programas de protección social se aplican específicamente a nivel de las administraciones locales.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
EJERCICIO 2019-2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% administraciones públicas (misma categoría de ingresos)	% gobierno subnacional
Ingresos totales	138	6.3%	40.3 %	100.0%
Ingresos fiscales	4	0.2%	1.4%	3.1%
Donaciones y subvenciones	123	5.6%	-	88.7%
Tarifas y tasas	8	0.4%	-	5.8%
Ingresos de activos	3	0.2%	-	2.5%
Otros ingresos	0	0.0%	-	0.0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Desde 2001, el gobierno de Ruanda ha puesto en marcha diferentes programas de apoyo a la descentralización fiscal, que incluían la devolución de fondos y funciones del gobierno central al local. En 2016, la Autoridad de Ingresos de Ruanda (RRA) recibió el mandato de recaudar los ingresos locales en nombre de las entidades descentralizadas y firmaron un memorando de entendimiento en un intento de tener una recaudación de ingresos eficaz.

En el ejercicio fiscal 2019-2020, los ingresos totales de los gobiernos locales se estimaron en 138 USD PPA por habitante. La principal fuente de financiación de los gobiernos locales son las subvenciones y los subsidios del gobierno central, en particular las subvenciones asignadas: las subvenciones y los subsidios representan casi el 89% de los ingresos de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos locales tienen la capacidad de recaudar ingresos de fuentes propias. De acuerdo con la Ley 75/2018 de 07/09/2018 por la que se determinan las fuentes de ingresos y patrimonio de las entidades descentralizadas, éstos incluyen una variedad de impuestos locales y tasas por la prestación de servicios administrativos y otros servicios descentralizados, multas, subvenciones gubernamentales, etc.

INGRESOS FISCALES: La recaudación adecuada de los ingresos locales sigue siendo un reto, incluida la mentalidad de los contribuyentes respecto al pago de impuestos. Los tres impuestos principales son el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre licencias comerciales y el impuesto sobre rentas de alquiler.

En el marco de un compromiso nacional de reforma de la fiscalidad local, el Parlamento aprobó en agosto de 2018 una ley que modifica las fuentes de ingresos y bienes de las entidades descentralizadas, procedentes en su mayoría del llamado impuesto sobre bienes inmuebles. Sustituye a la antigua ley 59/2011 promulgada en diciembre de 2011. El cambio clave incluye un aumento del tipo impositivo (que será fijado por el consejo de distrito) para los edificios residenciales con exención fiscal para los edificios utilizados por los propietarios como residencia. La nueva ley también introduce otras medidas para mejorar el impuesto sobre bienes inmuebles:

- Uso eficiente del suelo: La ley establece un tamaño de parcela estándar correspondiente a cada tipo de edificio para orientar la tasa del impuesto sobre el suelo a pagar. Este impuesto aumentará un 50% por cada metro cuadrado adicional que supere la tasa estándar establecida.

- Promoción de los edificios comerciales e industriales: La ley apoyará las políticas de urbanización en vigor proporcionando tipos impositivos preferentes a los edificios comerciales. También promoverá el desarrollo industrial y de las PYME proporcionando tipos impositivos especiales a los edificios industriales para hacerlos competitivos en los mercados regionales e internacionales. Además, las PYME recibirán una exención de la licencia comercial fiscal durante dos años en el momento de su establecimiento.

- Impuesto sobre la renta de alquiler: En virtud de la nueva ley, el umbral de ingresos reservado para el mantenimiento y la conservación de la propiedad alquilada (que no se grava) ha aumentado del 30% al 50%. Para las propiedades alquiladas financiadas mediante préstamos, los intereses reales se restarán al calcular la base imponible.

SUBVENCIONES YAYUDAS En el ejercicio 2019-2020, las donaciones y subvencionesconstituyeron el 88,7% de los ingresos totales, de los cuales las subvenciones de capital representaron el 66,4%, las subvenciones corrientes el 11% y otras subvenciones específicas hasta el 22,6%. Para garantizar una asignación presupuestaria equitativa entre los distritos, un mecanismo de igualación para la asignación presupuestaria a los gobiernos locales tiene en cuenta tres aspectos, a saber, la población del distrito, el tamaño del territorio y los niveles de pobreza. Las subvenciones de capital están asignadas y dejan un espacio muy limitado a los gobiernos locales para decidir sus prioridades.

Las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales se componen de lo siguiente:

- Subvenciones en bloque corrientes - financiación de apoyo al presupuesto administrativo local destinada principalmente a cubrir la brecha fiscal en el presupuesto ordinario de las entidades elegibles. Ayuda a financiar los gastos administrativos, incluidos los salarios, los gastos de funcionamiento y la supervisión de las actividades para garantizar la prestación de servicios. La subvención se basa en una fórmula.

- Transferencias de subvenciones asign adas: se trata de subvenciones vinculadas a proyectos para cada función delegada. Según la Política de Descentralización Fiscal y Financiera revisada (MINECOFIN, 2011), la cantidad exacta para los fondos asignados en cada sector la determina el ministerio competente o el organismo presupuestario encargado del sector específico, en consulta con los gobiernos locales y con la aprobación del ministro de Finanzas. El ministerio delegado regula los mecanismos de transferencia, los requisitos de información y la fórmula de asignación.

- Subvenciones de capital en bloque - destinadas a ayudar a los distritos a emprender proyectos de desarrollo local. Actualmente, esta subvención no se aplica ya que ha sido subsumida por la financiación del fondo común de desarrollo/proyectos de inversión local.

- Fondo común de desarrollo - proporcionado en virtud del artículo 12 de la Ley 62/2013 de 27 de agosto de 2013 a la LODA para su desembolso a los distritos con el fin de ayudarles en sus programas de desarrollo. El fondo comprende al menos el 10% de los ingresos internos del gobierno central y los fondos proporcionados por los socios para el desarrollo. La asignación de fondos a los distritos se basa en una fórmula.

OTROS INGRESOS:La ley determina las tarifas y tasas que pueden establecer la ciudad de Kigali y los distritos. En el ejercicio 2019-2020, podrían derivar tasas de licencia de comercio, limpieza pública, transferencia del título de propiedad de la tierra por venta voluntaria, transporte de materiales de canteras y bosques, tasas de mercado, pago de certificado de propiedad de la tierra, tasas de certificado de nacimiento y defunción, multas, certificado de sustitución del documento nacional de identidad, permiso de construcción y medición de parcela de tierra en aldeas situadas en zonas rurales, tasas sobre el número de identificación de una vaca y otras tasas, cuyo coste de certificado no se ha determinado. Cabe señalar que las actividades imponibles varían de un distrito a otro en función de la naturaleza de sus propias actividades generadoras de ingresos y de los servicios requeridos por la población.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

REGLAS FISCALES: La descentralización fiscal se basa en principios clave que incluyen la adecuación de la financiación a las responsabilidades, la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas, los incentivos y la ejecución. Según la Ley Orgánica 12/2013/OL de 2013 sobre las finanzas y el patrimonio del Estado, cualquier endeudamiento realizado por las instituciones públicas está sujeto a la aprobación previa del ministro de Finanzas. Dicha ley orgánica y las órdenes ministeriales asociadas sientan unas bases claras sobre cómo se gestionan, gastan y comunican los fondos públicos a efectos de rendición de cuentas y transparencia. Además, tanto las instituciones de la Administración central como las locales se rigen por la Ley 62/2018, de 25 de agosto de 2018, sobre contratación pública para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos.

La política de descentralización fiscal revisada de 2021 establece que una vez que el gobierno local recibe una indicación del importe que debe recibir del gobierno central (transferencias de subvenciones asignadas y en bloque), es responsable de ajustar el límite presupuestario del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica (MINECOFIN) a las prioridades, respetando las condiciones impuestas a las transferencias en términos de asignación a áreas de intervención específicas.

Durante la ejecución del presupuesto, los gobiernos locales tienen que respetar todos los procedimientos de gestión financiera especificados por el MINECOFIN y presentar informes periódicos sobre la ejecución del presupuesto y el rendimiento alcanzado, de acuerdo con el marco de seguimiento especificado por los distintos ministerios competentes en colaboración con el MINECOFIN. Cuando las transferencias se efectúan trimestralmente, la presentación de informes adecuados puede ser una condición previa para recibir el siguiente tramo de la subvención.

DEUDA: Los consejos de gobierno local tienen autoridad para pedir préstamos con el fin de financiar proyectos de desarrollo. La reglamentación sobre los bonos de los gobiernos locales aún no está establecida. Sin embargo, sobre la base de la Ley 75/2018 de 7 de septiembre de 2018, la ciudad de Kigali y algunos distritos han comenzado a pedir préstamos a los bancos locales.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 pandemia mundial, el gobierno de Ruanda decidió gestionar la pandemia mediante un enfoque multisectorial. El 9 de marzo de 2020 se creó un Comité Directivo Nacional de la COVID-19, presidido por el primer ministro, justo antes de que Ruanda confirmara su primer caso de COVID-19 el 14 de marzo de 2020. Un par de días después de los primeros casos, se cerraron escuelas e iglesias y se prohibieron las reuniones masivas. El 22 de marzo de 2020, se impuso el cierre total del país, que posteriormente se suavizó el 4 de mayo de 2020. Durante este tiempo, se pusieron en marcha una serie de medidas preventivas, incluida la comunicación sobre el modo de transmisión del COVID-19 y las medidas de precaución que debían tomarse.: Para garantizar una coordinación eficaz de todas las partes interesadas a nivel nacional y subnacional, se establecieron centros de emergencia operativa de salud pública/puestos de mando a nivel nacional, provincial y de distrito. El mecanismo de coordinación general es un grupo de trabajo del gobierno central, que se apoya en gran medida en el liderazgo del Comité Directivo Nacional de COVID-19.

Los socios para el desarrollo (AD) se coordinaron a través de varios mecanismos de coordinación como el grupo de coordinación de los socios para el desarrollo (GCPD), el grupo de trabajo del sector sanitario (GTSS); el jefe de cooperación/grupo de AD y los AD sanitarios. El plan de respuesta COVID-19 revisado que abarca el periodo enero-diciembre de 2021 abordó la laguna existente en el plan anterior de comunicación entre dichos mecanismos de coordinación.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: A nivel de la administración local, los puestos de mando de los distritos se encargaron de contener el COVID-19. Las medidas de emergencia incluyeron la difusión de mensajes de protección a través de altavoces montados en camionetas que circulaban por los barrios. También se movilizó a jóvenes voluntarios para que guiaran a la gente en zonas públicas como mercados y paradas de autobús para que siguieran las directrices del Ministerio de Sanidad.

Los gobiernos locales, en colaboración con algunos actores no estatales, colocaron carteles en lugares públicos, especialmente en la ciudad de Kigali, sobre las medidas contra el COVID-19. Además, los gobiernos subnacionales proporcionaron a las familias necesitadas productos básicos como alimentos y aplicaron sanciones a las empresas y particulares que no respetaron las medidas contra el COVID-19.

Aunque los pagos digitales ya existían antes de COVID-19, la cobertura se limitaba a unos pocos interesados. Los líderes de los gobiernos locales, ayudados por jóvenes voluntarios, sensibilizaron a los comerciantes y compradores de los mercados para que realizaran sus transacciones mediante pagos digitales en lugar de efectuar los pagos con billetes de banco.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: El brote de COVID-19 ha tenido repercusiones de gran alcance en las actividades económicas y empresariales a nivel subnacional, donde se suspendieron casi todas las actividades. Además, los servicios de los gobiernos locales, como los servicios de extensión veterinaria y agrícola y las respectivas cadenas de valor, se vieron gravemente afectados, lo que provocó la interrupción de la producción en muchas zonas. En la mayoría de las zonas urbanas y periurbanas, los trabajadores ocasionales de subsistencia, en particular en el sector informal (descargadores de camiones, albañiles y ayudantes de albañilería, pequeños vendedores, renunciantes, productores de artesanía, buhoneros, ciclistas, operadores de mototaxis, etc.) perdieron sus oportunidades de empleo. Las consecuencias de la ruptura de las actividades económicas han sido una reducción de la recaudación de ingresos locales.

Según el informe del foro técnico para funcionarios del gobierno local y partes interesadas sobre objetivos de recaudación de ingresos y gestión de las finanzas públicas locales, cinco de los 27 distritos no pudieron alcanzar sus objetivos de recaudación de ingresos en el semestre julio-noviembre de 2020. En una reunión técnica celebrada los días 27 y 28 de mayo de 2021 se informó de que un distrito alcanzó su objetivo de recaudación de ingresos, seis distritos superaron sus objetivos de recaudación de ingresos y los veinte distritos restantes no pudieron alcanzar sus objetivos en el ejercicio 2020/2021.

En vista de lo anterior, se pusieron en marcha diferentes reformas orientadas a ampliar la base impositiva y la Autoridad Fiscal de Ruanda (RRA) emprendió un aumento de las estrategias de movilización de ingresos que incluyen el pago de impuestos en línea, la ampliación de los plazos de pago de impuestos, actualizaciones periódicas y recordatorios al público de los plazos y procedimientos de pago de impuestos.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El gobierno de Ruanda formuló un Plan de Recuperación Económica COVID-19, que comprende dos componentes principales: (i) la Respuesta de Recuperación Económica y (ii) la Respuesta de Protección Social y el Plan de Recuperación. El plan tiene cinco áreas prioritarias, a saber: (i) el gasto sanitario para contener la epidemia, (ii) el aumento de la protección social, (iii) la garantía de la autosuficiencia alimentaria, (iv) el apoyo a las empresas y la protección del empleo, y (v) la garantía de una respuesta multisectorial coordinada del gobierno para poner en marcha rápidamente e impulsar la actividad económica.

Tras una asignación inicial de 100.000 millones de RWF (~ 294 millones de PPPUSD) en junio de 2020 para dos años de funcionamiento del Fondo de Recuperación Económica (FER), las autoridades aprobaron 350.000 millones de RWF adicionales (~ 1.000 millones de PPPUSD) en marzo de 2021. El fondo tiene como objetivo apoyar a las empresas, impulsar el empleo y reducir la pobreza. Las empresas destinatarias incluyen el turismo y la hostelería, la industria manufacturera, el transporte y la logística, así como las pequeñas y medianas empresas vinculadas a las cadenas de suministro nacionales y mundiales.

El Plan de Respuesta y Recuperación de la Protección Social COVID-19 (SP-RRP) ayuda a mitigar los efectos negativos sobre la vulnerabilidad de los hogares rurales y urbanos proporcionando un enfoque global que aborda las diferentes necesidades relacionadas con la crisis COVID-19. Los principales componentes de la intervención son (i) respuesta de auxilio inmediato para los hogares más vulnerables y afectados proporcionando medidas clásicas de protección social y suministro de alimentos; (ii) respuesta de auxilio económico proporcionando subvenciones para activos privados, promoviendo proyectos de infraestructuras intensivos en mano de obra, garantizando el acceso a la financiación para los hogares pobres; y (iii) medidas de acompañamiento destinadas a garantizar el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación, el alojamiento para los hogares más afectados.

En el AF 2019/20 se gastó un total de 18.700 millones de RWF (~ 55 millones de USD PPA) en protección social y gastos relacionados con la agricultura. Esta cantidad se incrementó en 70.000 millones de RWF (~ 200 millones de USD PPA) en el AF 2020/21.