RUMANÍA

Rumanía es una república parlamentaria con un régimen semipresidencialista. Las funciones ejecutivas se reparten entre el Presidente, jefe de Estado elegido directamente para un mandato de cinco años, y el Gobierno, dirigido por un Primer Ministro, nombrado por el Presidente previa consulta con el Parlamento. El Parlamento bicameral está compuesto por laCámara de Diputados (Camera Deputatilor), integrada por 329 diputados, y por el Senado (Senatul), compuesto por 136 senadores. Los diputados son elegidos para mandatos de cuatro años por sufragio universal directo, según el sistema de representación proporcional. Rumanía ingresó en el Consejo de Europa en 1993 y es miembro de la Unión Europea desde 2007.

Rumanía es un Estado unitario con dos niveles de gobierno subnacional. El proceso de descentralización comenzó con la primera Constitución posterior a la independencia, en 1991, que estableció los principios de la autonomía local y la descentralización de los servicios públicos. La Ley nº 189/1998 y la Ley nº 215/2001 añadieron competencias financieras a la autonomía local. En 2006, se dio un nuevo paso hacia la descentralización con la adopción de la Ley marco de descentralización nº 195/2006, que transfería nuevas competencias a los gobiernos subnacionales, junto con la Ley nº 273/2006 sobre finanzas públicas locales y la Ley nº 51/2006 de Servicios Públicos. Actualmente, la organización y el funcionamiento de las autoridades e instituciones de la administración pública, el estatuto de su personal, la responsabilidad administrativa, los servicios públicos, así como algunas normas específicas relativas a los bienes públicos y privados del Estado y de las unidades administrativo-territoriales están regulados por el EOG nº 57/2019 relativo al Código Administrativo.

Los gobiernos subnacionales cuentan con órganos de autogobierno, a saber, los consejos comarcales (ConsiliulJudeţean) y los consejos locales (Consiliul Local). Según la Ley nº 67/2004 (enmendada en 2008), los consejeros comarcales son elegidos directamente en elecciones locales para mandatos de cuatro años y eran responsables de elegir al presidente del consejo comarcal. Actualmente, según la Ley nº 115/2015 (enmendada en 2019), los consejeros comarcales son elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto por lista de partido y el presidente del consejo comarcal es elegido por sufragio uninominal universal, igual, directo y secreto. Los municipios, pueblos y ciudades tienen cada uno su propio consejo local (autoridad deliberante), también elegido directamente, y un alcalde (autoridad ejecutiva), elegido para un mandato de cuatro años por sufragio universal, igual, directo y secreto uninominal. En la ciudad de Bucarest, existe un Consejo General de la ciudad de Bucarest, así como un Alcalde General de la capital, y cada sector (unidad administrativa) de la ciudad tiene su propio consejo local y su propio alcalde.

El gobierno nacional sigue ejerciendo una fuerte supervisión sobre los gobiernos subnacionales, a través del derecho a emitir actos jurídicos obligatorios para las autoridades locales y el nombramiento de un prefecto en cada condado, como representante del gobierno central a nivel subnacional, con el mandato de controlar la legalidad de los actos emitidos por las autoridades locales.

La descentralización es una prioridad del gobierno para mejorar la calidad de los servicios públicos y estimular el desarrollo local. En 2017, el gobierno desarrolló un plan de acción "Estrategia General de Descentralización" (la Decisión del Gobierno nº 229/ 2017 relativa a la aprobación de la Estrategia General de Descentralización), bajo la supervisión de un Comité Técnico Interministerial para la Descentralización (CTID). La transferencia de responsabilidades, la capacidad de los gobiernos subnacionales para gestionarlas, el nivel de recursos presupuestarios adecuados necesarios y el aumento de la autonomía financiera local se evaluaron mediante un proceso consultivo. Debido a la pandemia de COVID-19, se han pospuesto los plazos para completar las medidas de descentralización establecidas en la Estrategia.

El gobierno pretende establecer un marco jurídico unitario para la administración central y local. Por ello, aparte del Código Administrativo, se elaborará un Código de Procedimiento Administrativo destinado a sistematizar, concentrar y racionalizar la legislación relativa a las principales formas de realización de las competencias/atribuciones establecidas por la ley para las autoridades e instituciones públicas de la administración central y local. Un borrador de esta ley se elaboró a través del proyecto "Sistematización de la legislación, control y herramientas de evaluación en la administración pública" (SIPOCA 59). El proyecto de ley será sometido a consulta con las diferentes partes interesadas en el próximo periodo.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
102 ciudades (municipii) 216 pueblos (orase) 2 862 comunas ( comune)		41 condados (judete) + la ciudad de Bucarest
Tamaño promedio municipal 6 944 habitantes
3 180		42	3 222

Nota: la ciudad de Bucarest se cuenta como un condado en la tabla.

DESCRIPCIÓN GENERAL: Según el Art. 3 de la Constitución, el territorio de Rumanía se divide en condados a nivel regional y ciudades, pueblos y comunas a nivel administrativo local, sin relación de subordinación. Algunos pueblos son declarados ciudades, según las disposiciones legales.

NIVEL REGIONAL: A nivel regional, el territorio rumano está organizado en 42 condados (incluida la ciudad de Bucarest). Los condados (judete) representan unidades territoriales administrativas tradicionales en Rumanía, en función de las condiciones geográficas, económicas y sociopolíticas. Los condados tienen una media de 457.200 habitantes, que van desde los 189.700 habitantes de Tulcea hasta los 1.823.500 habitantes de la ciudad de Bucarest. La ciudad de Bucarest tiene un estatus dual especial (a la vez municipio y condado) y está organizada en seis subdivisiones administrativas, denominadas sectores.

También hay ocho regiones de desarrollo, creadas con fines estadísticos, para la elaboración y supervisión de políticas de desarrollo regional y para la gestión de los fondos de la UE. Sus consejos regionales están compuestos por los presidentes de los consejos comarcales y por un representante de cada categoría de consejos locales (ciudad, pueblo y comunal) de cada condado de la región. La Ley de Desarrollo Regional de Rumanía (nº 315/2004) establece el marco institucional de la política de desarrollo regional en Rumanía. En cada región de desarrollo existe también una agencia de desarrollo regional, que es un organismo de utilidad pública, con personalidad jurídica, que opera en el ámbito del desarrollo regional, con el papel de autoridad de gestión previsto por la ley.

NIVEL MUNICIPAL: El nivel municipal está formado por 103 ciudades (municipii), 216 pueblos (orase) y 2 862comunas (comune). Las ciudades desempeñan un importante papel económico, social, político y cultural y tienen funciones administrativas. Las comunas están establecidas en zonas rurales y comprenden uno o varios pueblos. Hay más de 12.000 pueblos a nivel submunicipal.

Los gobiernos locales son pequeños. Su tamaño medio ronda los 6 900 habitantes, por encima de la media de la UE27 (5 960) pero por debajo de la media de la OCDE (10 250). El tamaño medio es de unos 3.000 habitantes. Alrededor del 75% de los gobiernos locales tienen menos de 5.000 habitantes y el 25% menos de 2.000 habitantes.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL ESTATAL: El gobierno central estableció 42 prefecturas, incluida Bucarest, que supervisan los servicios públicos desconcentrados de la administración pública central en cada condado.

El^{4 de} julio de 2019, las disposiciones de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno no. 57/2019 relativas al Código Administrativo entraron en vigor, derogándose así la Ley marco de descentralización nº 195/2006. El Código Administrativo también estipula que las responsabilidades subnacionales pueden dividirse en tres categorías: exclusivas, compartidas y delegadas por el gobierno central. El gobierno central puede decidir descentralizar ciertos servicios en función de criterios geográficos. El^{30 de} junio de 2022 también entraron en vigor las disposiciones de la Decisión Gubernamental nº 800/202 para la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Comité Técnico Interministerial para la descentralización y los grupos de trabajo para la descentralización de competencias.

Los gobiernos locales son generalmente responsables de la financiación de la prestación de servicios públicos, vivienda y servicios comunitarios, transportes locales, bienestar social y la mayoría de los costes relacionados con la educación preescolar, primaria y secundaria. Desde 2010, se han transferido nuevas responsabilidades a las autoridades locales, concretamente en los ámbitos de la educación, la sanidad y la policía local. Cada vez más, los consejos comarcales se encargan también de la coordinación general de los esfuerzos y acciones de los ayuntamientos.

Algunos servicios públicos son prestados por empresas estatales, que constituyen la mayoría de las empresas nacionales de Rumanía, especialmente en los sectores de la energía y el transporte. A finales de 2018, 225 empresas eran propiedad del gobierno central y 1 231 de gobiernos subnacionales. La mayoría de estas empresas están muy endeudadas, tienen una rentabilidad baja y puntúan bajo en transparencia. Las empresas que generan grandes beneficios pertenecen al sector energético, mientras que las que generan grandes pérdidas pertenecen al sector del transporte. Estas últimas reciben una gran parte de las subvenciones de los gobiernos central y local, pero siguen mostrando un rendimiento limitado.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Gestión financiera de los fondos de la UE	Gestión del dominio estatal; Registros de población (compartidos)
2. Orden público y seguridad	Agencias de ejecución del condado	Seguridad pública (compartida)
3. Asuntos económicos/transporte	Gestión de los aeropuertos locales; carreteras comarcales; red de infraestructuras del país (compartida)	Transporte público local de pasajeros; Carreteras locales
4. Protección del medio ambiente	Agencias de protección del medio ambiente	Gestión de residuos; Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y pluviales
5. Vivienda y servicios comunitarios		Planificación urbana y urbanismo; Suministro de agua; Alumbrado público; Saneamiento; Construcción de viviendas sociales (compartidas)
6. Salud	Unidades de salud pública (atención sanitaria primaria y secundaria)	Unidades locales de salud pública
7. Cultura y ocio	Instituciones culturales	Instituciones culturales locales
8. Educación	Educación especial (compartida)	Educación preescolar y primaria; Educación secundaria y de adultos
9. Protección social	Subsidios por hijos y discapacidad; Servicios sociales y especializados para víctimas de la violencia doméstica; Personas mayores y para discapacitados (compartidos); Asistencia médica y social (compartidos)	Servicios sociales y especializados para las víctimas de la violencia doméstica; Protección de la infancia; Personas mayores; Asistencia médica y social (compartida)

Ámbito de los datos financieros: condados, ciudades, ayuntamientos y comunas, así como empresas públicas locales no comerciales y organizaciones locales (escuelas, guarderías, comedores, hospitales y baños termales).

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Ordenanza Gubernamental (GO) nº 15/1992 y la ley nº 27/1994 introdujeron el concepto de impuestos locales y aclararon el sistema de financiación de los gobiernos subnacionales. La "Ley de Finanzas Públicas Locales", promulgada en 2006, definió con mayor precisión el sistema de transferencias intergubernamentales y, en particular, las subvenciones de nivelación, el sistema de tributación compartida y las emisiones de deuda local. Aumentó el control de los gobiernos locales sobre sus propios ingresos y permitió a los ayuntamientos administrar sus propios impuestos. Además, los consejos reciben recursos financieros de inversión del gobierno nacional y son responsables de distribuir estos recursos a las regiones, ciudades, pueblos y comunas.

Se está elaborando un marco para garantizar la estabilidad y previsibilidad de las fuentes de ingresos de los gobiernos subnacionales, que incluye normas de control para los servicios que se descentralizarán. Un nuevo Código para las Finanzas Públicas Locales, redactado en 2018, está siendo sometido a un nuevo proceso de consulta entre los gobiernos subnacionales, ya que la pandemia retrasó su adopción. El Código pretende sistematizar, concentrar y racionalizar la legislación sobre finanzas públicas.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	3 040	9.5%	22.6%	100.0%
Incl. gastos corrientes	2 214	6.9%	19.1%	72.8%
Gastos de personal	1 144	3.6%	29.4%	37.6%
Consumo intermedio	810	2.5%	41.9%	26.7%
Gastos sociales	133	0.4%	3.1%	4.4%
Subvenciones y transferencias corrientes	109	0.3%	10.9%	3.6%
Gastos financieros	16	0.1%	3.5%	0.5%
Otros	2	0.0%	9.6%	0.1%
Incl. gastos de capital	826	2.6%	44.2%	27.2%
Transferencias de capital	35	0.1%	9.5%	1.2%
Inversión directa (o FBCF)	791	2.5%	52.7%	26.0%

GASTOS: El nivel de gasto del gobierno subnacional rumano es bajo como porcentaje del PIB y como parte del gasto público general en comparación con la media de la OCDE (17,1% y 36,6% en 2020) y de la UE27 (18,3% del PIB y 34,3% del gasto público). Las autoridades locales actúan a menudo como agentes de gasto en nombre del gobierno central. La proporción del gasto en personal de los gobiernos subnacionales en el gasto subnacional total está ligeramente por encima de las medias de la OCDE y de la UE27 (34,4% y 32,1% respectivamente), debido a que los gobiernos subnacionales se encargan de pagar los salarios de enfermeras y médicos. Esta proporción, sin embargo, ha disminuido en los últimos años, ya que los gobiernos subnacionales no son responsables de los salarios de los profesores desde 2018.

INVERSIÓN DIRECTA: En 2020, la inversión de los gobiernos subnacionales representará más de la mitad de la inversión pública total y el 2,5% del PIB, en línea con las medias de los países de la OCDE (54,6% y 1,9% respectivamente) y de los países de la UE27 (54,4% y 1,8%). La inversión es una función clave de los gobiernos subnacionales en Rumanía, ya que representa el 26,0% de su gasto (frente al 11,3% en los países de la OCDE y el 9,9% en la UE27 en 2029). Esta proporción aumentó 6 puntos porcentuales entre 2016 y 2020. La inversión de los gobiernos subnacionales se dedica principalmente a las infraestructuras de transporte y carreteras (45,6% de la inversión de los gobiernos subnacionales en 2020), seguida de la vivienda y los servicios comunitarios (18,0%) y la educación (9,7%).

A pesar de tener uno de los índices de inversión más altos de la UE, la calidad de la inversión en Rumanía sigue siendo deficiente. Como consecuencia, el elevado gasto público no se refleja en las infraestructuras del país. Para aumentar la calidad de los proyectos de inversión en infraestructuras, el gobierno central mejoró su marco legislativo en 2019. El marco pretende garantizar un seguimiento más estrecho de la calidad de las obras de construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias y la provisión de fondos para compensar las expropiaciones por motivos de utilidad pública. La Ley nº 255/2010 sobre expropiación por causa de utilidad pública, necesaria para la realización de obras de interés nacional, comarcal y local, se actualizó en 2020.

El gobierno central enumera anualmente en un Memorándum los proyectos de inversión prioritarios. También estableció en 2018 el Programa Nacional de Desarrollo Local (PNDL), dotado con 86,9 millones de euros, cuyo objetivo es promover la cohesión social y económica a nivel nacional y subnacional. En el marco de este programa, se han fijado costes estándar para diversos tipos de obras de construcción con el fin de ayudar a los gobiernos subnacionales a evaluar los costes de sus proyectos de inversión. En diciembre de 2021, se habían completado 6.627 proyectos de inversión en el marco del PNDL.

Los gobiernos subnacionales también tienen la posibilidad de financiar proyectos de inversión a través de asociaciones público-privadas (APP), reguladas por la Ordenanza de Emergencia Gubernamental nº 39/2018. Si un proyecto es considerado estratégico por el gobierno central, la APP será contratada por la Comisión Nacional de Estrategia y Pronóstico. Las APP se utilizan sobre todo para financiar proyectos de infraestructuras públicas en los ámbitos del transporte, la energía y las infraestructuras sociales.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	2 718	8.4%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	338	1.1%	20.7%	12.4%
2. Defensa	0	0.0%	0.0%	0.0%
3. Orden público y seguridad	44	0.1%	6.1%	1.6%
4. Asuntos económicos/transporte	532	1.7%	19.1%	19.6%
5. Protección del medio ambiente	154	0.5%	65.6%	5.7%
6. Vivienda y servicios comunitarios	271	0.8%	48.8%	10.0%
7. Salud	621	1.9%	25.9%	22.8%
8. Ocio, cultura y religión	223	0.7%	67.0%	8.2%
9. Educación	179	0.6%	15.1%	6.6%
10. Protección social	357	1.1%	9.3%	13.1%

La principal área de gasto de los gobiernos subnacionales es la sanidad (22,8%), que se ha convertido en una importante competencia subnacional desde la descentralización de esta responsabilidad en 2010. Le siguen los asuntos económicos y el transporte (19,6%), especialmente en carreteras e infraestructuras, la protección social (13,1%) y los servicios públicos generales (12,4%). La parte correspondiente a la educación se redujo drásticamente en los últimos años, pasando del 23,8% en 2016 al 6,6% en 2020, ya que los gobiernos subnacionales no son responsables de los salarios de los profesores desde 2018. El gasto en educación se compone ahora del funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones escolares. En 2020, los gobiernos subnacionales también eran responsables del 67,0% del gasto en ocio y cultura, del 65,6% del gasto en protección medioambiental y de casi la mitad del gasto en vivienda y servicios comunitarios (en particular el suministro de agua).

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	2 947	9.2%	28.1%	100.0%
Ingresos fiscales	256	0.8%	5.3%	8.7%
Donaciones y subvenciones	2 499	7.8%	-	84.8%
Tarifas y tasas	154	0.5%	-	5.2%
Ingresos provenientes de los activos	38	0.1%	-	1.3%
Otros ingresos	0	0.0%	-	0.0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: La Ley 273/2006 de Finanzas Públicas Locales y el Título IX del Código Fiscal rumano (Ley 571/2003 y enmiendas) determinan la asignación de ingresos a los gobiernos locales. Las finanzas de los gobiernos subnacionales dependen en gran medida de las transferencias del gobierno central, que constituyen la mayor parte de sus ingresos, mientras que los ingresos propios, compuestos por impuestos y tasas, siguen siendo limitados. Las comunas, pueblos y ciudades tienen más poder fiscal y autonomía que los condados.

La recaudación de impuestos a nivel local es aún incipiente, representando el 8,7% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, uno de los valores más bajos entre los países de la UE y muy por debajo de la media de la UE27 (40,1% de los ingresos de los gobiernos subnacionales) en 2020. Es importante señalar que los impuestos compartidos (PIT, IVA), que antes se consideraban impuestos de los gobiernos subnacionales, se han reclasificado a la categoría de "transferencias" con la nueva metodología del SCN 2008 aplicada en 2014.

INGRESOS FISCALES: Los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales representaron sólo el 0,8% del PIB y el 5,3% de los ingresos fiscales públicos en 2020. Estos porcentajes también se encontraban entre los más bajos de los países de la UE, y muy por debajo de la media de la UE-27 en 2020 (7,2% del PIB y 27,1% de los ingresos fiscales públicos). Los impuestos son recaudados y recaudan tanto por los gobiernos de los condados como por los gobiernos locales, aunque estos últimos tienen más poderes tributarios.

Los principales impuestos locales son el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre la tierra, que los gobiernos locales cobran tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas. Aumentó del 37% de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales y del 3,8% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2016 al 63,4% y al 5,5% respectivamente en 2020, debido a la mejora de la evaluación de la propiedad y de los índices de recaudación por parte de los condados en los últimos años. El impuesto sobre bienes inmuebles se calcula en función de la ubicación de la propiedad, el tipo de edificio (residencial o no residencial) y su valor, con el mínimo y el máximo del valor bruto de la propiedad fijados por el código fiscal. El valor exacto lo establecen los consejos comarcales y locales donde está situada la propiedad. El impuesto sobre el terreno se calcula en función de la superficie del terreno, su ubicación y su categoría según lo establecido por los consejos comarcales y locales. Los tipos de referencia están fijados por ley, pero a partir de 2016 cada consejo local o de condado puede adoptar un tipo hasta un 50% superior o inferior a los tipos de referencia (en lugar del 20% anterior a 2016). Sin embargo, ambos impuestos sólo ascendieron al 0,5% del PIB en 2020, la mitad de la media de la OCDE (1,0% del PIB), lo que refleja la necesidad de optimizar la recaudación de estos impuestos. El gobierno central intenta mejorar la recaudación del impuesto y la calidad de su sistema catastral, sobre todo en las zonas rurales, completando el registro sistemático en el Sistema Integrado de Catastro y Libro de Tierras (SICCF). En marzo de 2020, alrededor del 37,6% de las unidades inmobiliarias estimadas a nivel nacional estaban registradas en el SICCF. En 2020, estaban operativos los servicios de pago en línea para que particulares y empresas obtuvieran el libro catastral y los servicios de localización en tiempo real.

Otros impuestos locales son la tasa de transporte (cercana al 8%) y diversos impuestos sobre sellos, transacciones y emisión de certificados y licencias.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: El sistema de transferencias intergubernamentales en Rumanía se compone de subvenciones de nivelación (dentro de los condados y entre ellos) y de subvenciones condicionadas y asignadas. Persigue varios objetivos: la igualación vertical y horizontal para compensar a los gobiernos subnacionales más pobres por su menor capacidad para recaudar ingresos; la financiación de las competencias delegadas; y las contribuciones a la inversión local. Las subvenciones corrientes representaron el 82,5% del total de subvenciones y ayudas en 2020, mientras que las subvenciones de capital supusieron el 17,6%.

Los dos sistemas, vertical y horizontal, se basan principalmente en el reparto del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). La igualación vertical funciona a través del reparto de los ingresos del PIT (tal y como se define en la ley de descentralización, modificada en 2011), de los que la mayor parte se redistribuye a municipios, ciudades y, en menor medida, a condados, excepto en la zona de Bucarest, donde el reparto es mayor. Se complementa con una subvención sectorial en bloque procedente del presupuesto estatal, en particular para los servicios sociales. Los gobiernos subnacionales no reciben subvenciones para el pago de los salarios de los profesores, ya que no son responsables de ello desde 2018. La asignación individual de las subvenciones a los gobiernos locales se determina a nivel de condado (subvenciones sectoriales en bloque) y a nivel central (subvenciones), en función de criterios cuantitativos (población, etc.). Una pequeña parte del impuesto de sociedades (CIT) también se comparte con los gobiernos de los condados.

La igualación horizontal se lleva a cabo a nivel de condado y consiste en el 18,5% del IPE recaudado en un condado determinado. Además, existe una subvención de igualación horizontal financiada con cargo al presupuesto del Estado (en particular con los ingresos del IVA), que se reparte entre el consejo del condado y los gobiernos locales según una fórmula específica. El gobierno determina el importe de la asignación anual de igualación a través del proceso presupuestario y tiene control sobre la tasa.

OTROS INGRESOS: Los otros ingresos de los gobiernos subnacionales incluyen las tasas y cánones locales (por ejemplo, cánones de construcción y de transporte público, etc.). Con la descentralización de los hospitales en 2010, las tasas hospitalarias de la Casa Nacional del Seguro de Enfermedad y del Ministerio de Sanidad se convirtieron en una importante fuente de ingresos propios, destinados a gastos relacionados con la atención hospitalaria. Sin embargo, las tasas y tarifas de los usuarios sólo representaron el 5,2% de los ingresos subnacionales en 2020, muy por debajo de la media de la UE27 (10,3%). Los ingresos procedentes de activos (alquiler de viviendas y terrenos, venta de activos) representan un pequeño porcentaje de los ingresos de los gobiernos subnacionales (1,3%), ligeramente superior a la media de la UE27 (1,0%) en 2020. Los gobiernos subnacionales reciben dividendos de las empresas públicas de las que son accionistas mayoritarios. Desde 2019, las SOEs deben pagar dividendos del 35% de la cantidad asignada a otras reservas, así como de las cantidades dedicadas a inversiones que no hayan sido utilizadas.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	1 054	3.3%	5.6%	100.0%	-
Deuda financiera	561	1.8%	3.4%	53.3%	100.0%
Dinero legal y depósitos	0	-	-	0.0%	0.0%
Bonos/Títulos de deuda	65	-	-	6.1%	11.5%
Préstamos	497	-	-	47.1%	88.5%
Seguros, pensiones	0	-	-	0.0%	-
Otras cuentas por pagar	493	-	-	46.7%	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: La Ley 273 de Finanzas Públicas Locales de 2006, revisada posteriormente, incluye disposiciones relativas a la planificación, aprobación, ejecución e información de las finanzas públicas locales. La Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada en marzo de 2010 para reforzar la disciplina fiscal, introdujo ocho nuevas reglas fiscales aplicables al sector de las administraciones públicas y que cubren el déficit presupuestario, el déficit primario, el gasto total excluyendo la ayuda financiera de la UE y otros donantes y el gasto de personal. Estas normas complementan las normas de equilibrio presupuestario y de deuda, que se aplicaban al nivel de las administraciones locales en el pasado. Desde 2013, los presupuestos de los gobiernos subnacionales, excluidos los préstamos para financiar inversiones y la refinanciación de la deuda, deben estar equilibrados. La Ley de Responsabilidad Fiscal también creó un Consejo Fiscal como autoridad independiente, para apoyar al Gobierno y al Parlamento en el diseño y la aplicación de la política fiscal y promover la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

DEUDA: Los gobiernos locales pueden endeudarse contrayendo préstamos o emitiendo bonos, previa aprobación de un comité designado por el gobierno central. La deuda de los gobiernos subnacionales no debe superar el 30% de los ingresos medios del gobierno subnacional de los últimos tres años. El Ministerio de Finanzas supervisa todas las actividades de endeudamiento de los gobiernos subnacionales a través de una comisión interministerial que debe autorizar cada operación.

La deuda de los gobiernos subnacionales rumanos se mantuvo baja en 2020, en el 3,3% del PIB. La deuda financiera representaba el 53,3% de la deuda local en 2020. La deuda del gobierno subnacional se divide entre préstamos (47,1%), bonos (6,1%), habiéndose emitido el primer bono local en 2001. El 46,7% restante de la deuda viva de los gobiernos subnacionales estaba formado por deudas comerciales y atrasos. La deuda local empezó a aumentar después de 2004, en paralelo al incremento del gasto propio de las autoridades locales. El marco jurídico relativamente flexible animó a las autoridades locales a endeudarse o garantizar préstamos locales para hacer en relación a las necesidades subnacionales.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: La sanidad se basa en un sistema de seguro social de enfermedad obligatorio, gestionado principalmente a nivel central. El Ministerio de Sanidad es responsable de la gobernanza del sistema de seguro social de enfermedad, mientras que la Casa Nacional del Seguro de Enfermedad administra y regula el Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad (NHIF). Tanto el Ministerio como la Cámara Nacional del Seguro de Enfermedad están representados a nivel subnacional por 42 autoridades sanitarias públicas de condado y fondos de seguro de enfermedad de condado. Estas últimas compran servicios a los proveedores de asistencia sanitaria (por ejemplo, médicos) a nivel subnacional. Todos estos diferentes niveles participaron en la gestión de la pandemia.

Al principio de la crisis del COVID-19, el país adoptó un enfoque centralizado para gestionar la pandemia, en el que el gobierno central tenía un papel decisorio y los representantes a nivel de condado un papel ejecutor para aplicar las medidas a nivel local. El Primer Ministro estableció varios órganos especiales de gestión de crisis, entre ellos el Comité Nacional para Situaciones Especiales de Emergencia, que creó un grupo científico de expertos para diseñar un plan de acción de emergencia en respuesta a la pandemia. Al cabo de tres meses, la gestión de la crisis se descentralizó a las autoridades regionales y comarcales. Sin embargo, un problema importante de la gestión fue la falta de coordinación entre los niveles de gobierno.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Tanto el gobierno central como los gobiernos locales apoyaron a las empresas y a los hogares vulnerables durante la crisis. El gobierno central concedió subsidios a los autónomos y prestaciones a los empleados desempleados temporales, mientras que los gobiernos subnacionales permitieron varios aplazamientos de impuestos locales en 2020 (por ejemplo, el impuesto de construcción, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre el transporte). También se establecieron bonificaciones en los impuestos compartidos, como en el CIT (al 5% para los grandes contribuyentes y al 10% para el resto) y en el PIT para las microempresas.

Los gobiernos subnacionales recibieron diferentes paquetes de apoyo financiero para cubrir sus gastos sanitarios durante la pandemia, que comprendían unos 140 millones de euros de su propio presupuesto, 86 millones de euros del Fondo Nacional de Salud, 52 millones de euros del gobierno central y otros procedentes de donaciones y patrocinadores privados. Además, el gobierno central proporcionó a los condados unos 175 millones de euros del Fondo de Reserva Presupuestaria a finales de 2020 para cubrir sus gastos, incluidos los servicios sociales para discapacitados y niños.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: La crisis tuvo un gran impacto en las economías locales. Los condados más pobres se vieron más afectados por la pandemia (por ejemplo, el condado de Vaslui), mientras que los condados más ricos se mostraron más sólidos en términos de tasa de desempleo (por ejemplo, el condado de Ilfov y Bucarest).

Los ingresos subnacionales parecieron resistir a la crisis en 2020 debido a su gran dependencia de las transferencias del gobierno central. La caída de los ingresos fiscales (-5,5% entre 2019 y 2020) y de las tasas (-4,5%) se vio compensada por un aumento de las transferencias estatales (+9,8%) para cubrir la pérdida de ingresos subnacionales y los gastos extraordinarios vinculados a la crisis. Además, parte de la disminución de los ingresos fiscales y de las tasas en 2020 se explica por el aplazamiento de sus pagos durante el estado de emergencia (por ejemplo, en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre construcciones y el impuesto sobre el transporte), que fue una de las medidas de apoyo.

Por el lado de los gastos, el gasto subnacional aumentó un 8,4% en 2020 en comparación con 2019, impulsado principalmente por los elevados gastos en sanidad para la compra de equipos médicos en los hospitales. Los mayores compromisos de gasto en sanidad se estimaron en Bucarest, seguida de los condados de Iași, Bihor y Timiș. Como resultado, la deuda subnacional aumentó un 7,5% entre 2019 y 2020, pero partía de un nivel bajo.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Rumanía desarrolló su plan nacional de Recuperación y Resiliencia centrándose en proyectos ecológicos y de digitalización, en línea con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la UE. El RRF es un instrumento clave de la NextGenerationEU. En consecuencia, el país recibirá 14.200 millones de euros en subvenciones y 14.900 millones en préstamos entre 2021 y 2026 para apoyar proyectos de inversión y reformas estructurales, que implican a todos los niveles de gobierno. El plan nacional de Recuperación y Resiliencia se estructura en torno a cuatro pilares: (i) transición ecológica, (ii) transformación digital, (iii) crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y (iv) cohesión social y territorial. El último pilar incluye la creación de un fondo local para la transición verde y digital. Para fomentar aún más la inversión local, también se está debatiendo un plan de inversión de 10.000 millones de euros financiado por el gobierno central y dirigido a los gobiernos subnacionales, así como un sistema de información para coordinar los proyectos financiados por la UE y evitar el fraude.

En julio de 2022 también se adoptó un Acuerdo de Asociación entre la Comisión Europea y Rumanía. El Acuerdo de 31.500 millones de euros de la Política de Cohesión para el periodo 2021-2027 tendrá como objetivo promover la cohesión económica, social y territorial de las regiones, así como su transición ecológica y digital.