MOZAMBIQUE

Mozambique es una república democrática con un parlamento unicameral (la asamblea de la República). El jefe de Estado y de gobierno es el presidente, elegido directamente por sufragio universal. El presidente puede ejercer un máximo de dos mandatos consecutivos de cinco años. Nombra al primer ministro y a un consejo de ministros. La asamblea de la República tiene 250 miembros, elegidos por sufragio universal para un mandato de cinco años. Según la Constitución vigente, adoptada en 2004 y revisada en 2007 y 2018, Mozambique es un país unitario guiado por los principios de subsidiariedad y descentralización (Art. 8). Se han establecido tres niveles de entidades descentralizadas: el nivel provincial (OGDPs por Órgãos de Governação Descentralizada Distrital), formado por el gobernador, el consejo provincial y la asamblea provincial; el nivel de distrito (OGDDs por Órgãos de Governação Descentralizada Distrital), formado por el administrador de distrito, el consejo de distrito y la asamblea de distrito; y el nivel municipal (gobiernos o autoridades locales), formado por el alcalde, el consejo municipal y la asamblea municipal.

La descentralización se contempló inicialmente en la primera Constitución de Mozambique de 1975, promulgada por el Frente de Liberación (FRELIMO). Preveía la creación de gobiernos locales, que incluirían órganos representativos de ciudadanos elegidos junto a los órganos ejecutivos designados por la legislación. Estos órganos representativos "organizarían la participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas de sus comunidades y en la promoción del desarrollo local". En la Constitución de 1990 se crearon nuevos municipios y se incluyó el Estado de derecho democrático basado en el pluralismo político y la separación de poderes. También preveía elecciones municipales y una transformación de las relaciones entre los niveles de gobierno (Art. 185). Los gobiernos locales fueron reconocidos además por la Ley Constitucional nº 9/96, que introdujo, por primera vez, principios y disposiciones sobre los gobiernos locales. El establecimiento de las autoridades locales está respaldado por el marco legislativo denominado Pacote Autárquico (paquete de las autoridades locales), compuesto por la Ley nº 2/97 (revisada por la Ley nº 6/2018 y la Ley nº 13/2018) y las Leyes nº 7 a 11 de 1997, que establecen la tutela administrativa del gobierno central sobre las autoridades locales, fijan el marco legal de las finanzas y el patrimonio de las autoridades locales y definen las normas especiales que rigen el municipio de Maputo. Esto dio lugar a las primeras elecciones locales en 1998, en las que participaron 33 municipios. Las nuevas disposiciones constitucionales adoptadas en 2018 y la legislación aprobada posteriormente (Leyes^nº 3-7/2019, Ley^nº 16/2019 y Decreto^nº 2/2020) pretenden reforzar el proceso de descentralización en relación con la arquitectura de la administración pública desconcentrada y dotaron a la ciudad de Maputo de un estatuto especial. El Estado está representado en entidades descentralizadas para el ejercicio de funciones soberanas exclusivas, en los términos definidos por la ley (Art. 268). La actual Constitución de Mozambique reconoce la autonomía política de las provincias en relación con los órganos administrativos del gobierno nacional que actúan en su territorio, aunque "la gobernanza descentralizada debe respetar la política gubernamental trazada a nivel central, dentro de la política unitaria del Estado" (^nº 1 y 2 del Art. 276). En este contexto, el consejo de ministros aprobó la ley que establece el marco para la representación del Estado (Ley^nº 7/2019) y el reglamento respectivo (Decreto^nº 63/2020).

Desde la revisión constitucional de 2018, los alcaldes, los gobernadores provinciales y los administradores de distrito deben ser elegidos. Las elecciones municipales se celebraron el 10 de octubre de 2018 y las primeras elecciones de las asambleas provinciales y los gobernadores (a excepción de la ciudad de Maputo) se celebraron el 15 de octubre de 2019, coincidiendo con las elecciones generales del país. El gobierno ha fijado el 11 de octubre de 2023 como fecha para las próximas elecciones locales. La ley 7/2019 de 31 de mayo establece que hasta que se celebren elecciones de distrito en 2024, el gobierno central será responsable de definir la organización y la estructura de los gobiernos de distrito y de crear los servicios de distrito en función de las necesidades de cada zona.

El Ministerio de Administración Estatal y Función Pública (MAEFP) es responsable de supervisar la aplicación de las leyes que rigen los gobiernos locales. Junto con el MAEFP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es responsable de supervisar los procedimientos financieros y fiscales de los gobiernos locales. La ley 7/97 establece el régimen jurídico de la supervisión administrativa del Estado sobre las autoridades locales.

La Asociación Nacional de Gobiernos Locales de Mozambique (ANAMM oAssociação Nacional dos Municípios de Moçambique) se creó en 2004 y representa a todos los municipios de Mozambique. Sus objetivos generales son promover la cooperación y la solidaridad entre las autoridades locales, dignificar y representar a los gobiernos locales y defender los intereses y derechos de sus miembros ante el gobierno central, los socios de desarrollo y otros. La ANNAM mantiene una relación privilegiada con el gobierno de Mozambique y con los ministerios que supervisan los servicios y proyectos ejecutados dentro de los límites de los territorios municipales.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
53 municipios (municípios)		10 provincias + la capital Maputo (províncias)
Tamaño municipal medio: 589 725 hab.
53		11	64

DESCRIPCIÓN GENERAL: Mozambique es un país unitario dividido en 10 provincias y la capital, Maputo, 154 distritos y 53 municipios (autarquías). La Constitución establece en su artículo 272 que "los órganos provinciales, distritales y locales de gobierno descentralizado están sujetos a la supervisión administrativa del Estado". Las unidades municipales se clasifican como ciudades o pueblos y sus límites no abarcan todo el territorio. A efectos administrativos y electorales, los distritos desconcentrados en provincias se dividen en puestos administrativos, localidades y aldeas (povoações), los municipios se dividen en puestos administrativos municipales y barrios (bairros) y en el caso de Maputo, la capital, se divide en distritos urbanos.

La Ley de Órganos Locales del Estado de 2003, que forma parte del marco legislativo, especifica los papeles y funciones de los órganos de gobierno desconcentrados en los distintos niveles territoriales y sus relaciones con los gobiernos locales. Asigna funciones a los órganos de gobierno desconcentrados que a veces se solapan con las de los órganos de gobierno descentralizados.

Los distritos corresponden a entidades administrativas desconcentradas. En las elecciones legislativas de 2024, el cabeza de lista del partido, grupo o coalición que obtenga la mayoría de votos en las elecciones a la asamblea de distrito se convertirá en el primer administrador de distrito elegido (Art. 283). Hasta entonces, un ministro encargado de la administración local en el MAEFP, en consulta con el gobernador de la provincia, nombra al secretario permanente, al director de los servicios del distrito, al jefe del puesto administrativo, al jefe de localidad y al jefe de aldea. La asamblea de distrito es el "órgano democráticamente representativo elegido por sufragio universal, directo, igual, secreto, personal y periódico y cuyo mandato es de cinco años según el principio de representación proporcional". También aprueba el programa del consejo ejecutivo de distrito y supervisa su aplicación (Art. 282, Ley^nº 1/2018). Los consejos ejecutivos de distrito están compuestos por miembros del gobierno de distrito (el administrador de distrito, el secretario permanente y los directores de servicio), junto con los presidentes de los consejos municipales, las autoridades comunitarias y los representantes de las organizaciones económicas, sociales y culturales del distrito.

NIVEL REGIONAL: El nivel provincial comprende 10 provincias y la capital, Maputo. Las provincias están dirigidas por un gobernador, elegido éste por el partido vencedor en las elecciones legislativas desde 2019, y el gobierno central está representado por el secretario de Estado y otros servicios específicos. Las competencias del gobernador y del consejo ejecutivo provincial están recogidas en la Ley nº 4/2019 de 31 de mayo de 2019, que establece el marco jurídico de los órganos ejecutivos de la gobernanza provincial descentralizada (Art. 45), junto con su reglamento, el Decreto nº 2/2020 de 8 de enero. Las asambleas provinciales son elegidas (Ley nº^5/2007 y Ley nº 1/2018) pero tienen poca o ninguna autoridad real sobre el funcionamiento (o la financiación) de los órganos del gobierno central (secretaría de Estado y consejo de los servicios provinciales) dentro de su provincia. La provincia es la mayor unidad territorial de la organización política, económica y social del país y está formada por distritos, puestos administrativos, localidades y pueblos. Los territorios de las provincias también integran la zona gobernada por las autoridades locales.

Las provincias de Nampula y Zambezia presentan el 20,6 y el 18,5% de la población del país respectivamente. La provincia de Niassa tiene la mayor extensión territorial con una superficie de 129 056 ^km2, seguida de las provincias de Zambezia y Tete con 105 008 y 100 724 ^km2 respectivamente (INE, 2019).

NIVEL MUNICIPAL: Los municipios corresponden a la jurisdicción territorial de las ciudades y pueblos, y las aldeas a la jurisdicción territorial de los puestos administrativos. El país cuenta con 53 municipios, tras dos reformas en las elecciones municipales de 2008 y 2013, en cada una de las cuales se añadieron 10 municipios. Basándose en el decreto 51/2004; la Resolución nº 7/87 del 25 de abril de 1987 y el Acta n 3/2008, existen cuatro categorías municipales entre las ciudades, cada una con sus propias unidades administrativas y subdivididas en barrios municipales. Los municipios de la categoría A están divididos por barrios municipales. La ciudad de Maputo se compone de siete distritos municipales. Las categorías B (Matola, Nampula y Beira) y C (Chimoio, Nacala, Quelimane, Inhambane, Lichinga, Pemba, Tete, Xai-xai, Ilha de Moçambique) cuentan con puestos administrativos municipales mientras que la categoría D (Angoche, Cuamba, Chibuto, Chókwè, Dondo, Gureé, Maxixe, Mocuba, Montepuez, etc.) abarca pueblos que tienen localidades municipales como unidades administrativas. La estructura administrativa definida para los municipios también es asimétrica: en los municipios de categoría A, las direcciones de servicios municipales se estructuran en departamentos municipales; en las categorías B y C, los departamentos municipales se estructuran en servicios municipales; y, por último, en la categoría D, los servicios municipales se estructuran en secciones municipales.

Las seis ciudades más grandes de Mozambique son Maputo, Matola, Nampula, Beira, Quelimane y Chimoio. Debido a la situación geográfica del país en la costa del sur de África (bañada por el océano Índico excepto Chimoio), la actividad económica de estos municipios se basa fundamentalmente en la agricultura, el turismo, la ganadería, la pesca, el comercio y la industria. El municipio de Maputo muestra una densidad de población de unas 3.245 ^hab/km2 según datos del INE (censo de 2020) para una población total de unos 1,12 millones de habitantes. La segunda ciudad de Mozambique, Matola, tiene una población total de 1,03 millones, la ciudad de Nampula cuenta con 760 214 habitantes, el municipio de Beira cuenta con 592 090 habitantes y el municipio de la ciudad de Chimoio tiene una población de 363 336 habitantes, que ha aumentado a unos 456 775 habitantes según los datos del INE de 2021.

La asamblea municipal, dotada de poderes deliberativos, se compone de miembros elegidos por sufragio universal, directo, igual, secreto, personal y periódico de los electores residentes en el territorio de la entidad local para un mandato de cinco años, según un sistema de representación proporcional (Art. 30 de la Ley n 13/2018 de 17 de diciembre). El cabeza de lista que obtiene la mayoría de votos en las elecciones a la asamblea municipal se convierte en presidente del consejo municipal (Art. 289 de la Constitución). A continuación, este presidente nombra a los miembros del consejo municipal. El presidente puede ser destituido por la asamblea regional respectiva y por el órgano de control del gobierno central (Art. 289 de la Constitución). Desde las elecciones generales de 2019, el alcalde, jefe ejecutivo único del municipio, es elegido indirectamente de entre los concejales municipales. Las competencias de la asamblea municipal, del consejo municipal y de su presidente están recogidas en la Ley nº 2/97 de 18 de febrero, que fue modificada por la Ley nº 6/2018 de 3 de agosto y publicada de nuevo mediante la Ley nº 13/2018 de 17 de diciembre junto con la última revisión constitucional.

Los municipios ejercen sus responsabilidades bajo la supervisión de los órganos locales del gobierno central (a nivel provincial o de distrito según la Ley 8/2003). Las autoridades locales tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las tareas y programas económicos, sociales y culturales de interés local y nacional (Art. 8, Ley nº 2/97). Las funciones generales de los municipios incluyen (i) el mantenimiento de la paz, el orden y el buen gobierno, (ii) el bienestar social y económico, (iii) el desarrollo social y económico de acuerdo con las políticas nacionales, (iv) la regulación y la mejora de la agricultura, el comercio y la industria, (v) el fomento y la mejora de la salud, la educación y la vida social, cultural y recreativa de la población, y (vi) el alivio de la pobreza y el desamparo. Además, existen organismos administrativos y financieramente autónomos gestionados de forma empresarial para hacer en relación a determinadas necesidades colectivas (por ejemplo, el Fondo de Inversión y Patrimonio del Abastecimiento de Agua, o FIPAG por Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água).

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración y funcionamiento de los servicios generales	Jardines y viveros; cementerios y crematorios; instalaciones de servicios; mercados y ferias; energía (distribución de energía eléctrica y alumbrado público, urbano y rural)
2. Orden público y seguridad	Protección contra incendios y protección civil (compartida con el gobierno nacional)	Semáforos; bomberos; policía municipal
3. Asuntos económicos/transporte	Turismo, folclore, artesanía y ferias locales (compartidos con los municipios); comercio e industria (compartidos); carreteras y puentes que correspondan al interés local, comarcal y provincial; agricultura, pesca, silvicultura, ganadería, seguridad alimentaria y nutricional; servicios de electricidad y gas.	Desarrollo económico local; comercio e industria locales (compartidos); turismo (compartido con las provincias); transporte público, red de carreteras urbanas y rurales; gestión de carreteras, incluidas las aceras
4. Protección del medio ambiente	Gestión y protección de la tierra y el medio ambiente; bosques, fauna y zonas de conservación	Gestión medioambiental (protección o restauración del medio ambiente; forestación, plantación y conservación de árboles; establecimiento de reservas municipales
5. Vivienda y servicios comunitarios	Planificación y organización regional y urbana	Vivienda asequible; gestión y construcción de viviendas; suministro de agua; alumbrado público
6. Salud	Atención primaria y mantenimiento de hospitales (compartido con el gobierno nacional)
7. Cultura y ocio	Promoción de actividades culturales (teatro y conciertos); mantenimiento de museos y bibliotecas; promoción del deporte	Casas de cultura, bibliotecas y museos; patrimonio cultural, paisajístico y urbano; campings; instalaciones y equipamiento para deportes y ocio
8. Educación	Enseñanza primaria, enseñanza general y formación profesional, técnica y de adultos (compartida con el gobierno nacional)	Centros de educación preescolar;escuelas de educación primaria; transporte escolar; equipamiento para la educación básica de adultos; otras actividades complementarias a la acción educativa (en los ámbitos social, escolar y de ocio).
9. Protección social	WASH (compartido con el gobierno central y local); prevención y lucha contra las catástrofes naturales	Sistemas municipales de abastecimiento de agua; sistemas de alcantarillado; sistemas de recogida y tratamiento de basuras y limpieza pública; actividad de apoyo a grupos de población - viviendas vulnerables y sociales

Alcance de los datos financieros: provincias y municipios

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Baja

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Ley nº 16/2019 de 24 de septiembre aprobada por el Estado mozambiqueño define el régimen financiero y patrimonial de los órganos de gobernanza descentralizada provincial junto a su reglamento Decreto nº 95/2020 de 2 de noviembre. A pesar de que el nivel provincial se ha beneficiado de una ampliación de su base fiscal, los ingresos del sector público en Mozambique siguen estando muy centralizados. Los objetivos del gobierno en materia de descentralización fiscal se derivan del documento político sobre la reforma del gobierno local de 1997 y de la Ley nº 8/2003, que pretenden mejorar la gestión eficaz de los recursos financieros generados a nivel local y de los desembolsados a nivel central. La ley nº 1/08 de 16 de enero de 2008, que derogó la ley original nº 11/97 de 31 de mayo, redefinió los regímenes financieros y presupuestarios de los municipios.

La Ley nº 9/2002 de 12 de febrero que creó el Sistema de Administración Financiera del Estado (SISTAFE por Sistema de Administração Financeira do Estado) fue revisada por la Ley nº 14/2020 de 23 de diciembre como consecuencia de las reformas en curso en el país. El reglamento respectivo (Decreto nº 23/2004 de 20 de agosto) fue derogado por el Decreto nº 26/2021 de 3 de mayo. Estos instrumentos se aplican a todos los organismos e instituciones gubernamentales, incluidas las autoridades locales. El"e-SISTAFE Autárquico", un componente del sistema de gestión municipal o SGA (acrónimo de Sistema de Gestão Autárquica), comenzó en febrero de 2019 como un proyecto conjunto entre el MdF y el MAEFP, la ANAMM y el Centro para el Desarrollo de Sistemas de Información para las Finanzas (CEDSIF), con el objetivo de desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión municipal.

Según las cuentas financieras de las administraciones públicas para 2020 ( CGE por Conta Geral do Estado), "las condiciones necesarias para la integración de la Fase II de e-SISTAFE Autárquico se han cumplido en cinco gobiernos locales y la ampliación de las actividades se ha finalizado en 13 más. Estos municipios han introducido sus presupuestos en el sistema y comenzarán a aplicarlo en 2021". El documento menciona que se están realizando el mantenimiento y las mejoras necesarias para el pleno funcionamiento del sistema y la preparación de los presupuestos de los municipios piloto para 2021 (que incluyen Maputo, Matola y Boane). En el último trimestre de 2020 también se puso en marcha un proceso simplificado para el pago de salarios a través de la requisición de pago colectivo (RPC por Requisição de Pagamento Colectivo) vía e-SISTAFE Autárquico .

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	60	4.6%	12.8%	100.0%
Incl. gastos corrientes	47	3.6%	15.5%	77.4%
Gastos de personal	28	2.2%	17.2%	47.3%
Consumo intermedio	7	0.6%	14.1%	12.2%
Gastos sociales	10	0.8%	24.2%	17.3%
Subvenciones y transferencias corrientes	-	-	-	-
Gastos financieros	0.1	0.0%	0.2%	0.1%
Otros	0.3	0.02%	50.7%	0.5%
Incl. gastos de capital	14	1.1%	13.0%	22.6%
Transferencias de capital	14	1.1%	23.1%	22.6%
Inversión directa (o FBCF)	-	-	-	-

GASTOS: El gasto subnacional en Mozambique, que engloba los niveles provinciales y municipales, se sitúa en 47 USD PPA/inh., el 4,6% del PIB y el 12,8% del gasto público en 2020. De esa cantidad total, el 77,4% se destina a gastos recurrentes y el 22,6% a gastos de capital. Los gastos de personal se benefician de la mayor parte del presupuesto con el 47,3% de la ejecución total, lo que representa el 2,2% del PIB. Los municipios representan el 10,7% del gasto subnacional, mientras que las provincias acaparan la mayor parte del gasto anual realizado por los gobiernos descentralizados.

INVERSIÓN DIRECTA: Los programas de inversión a nivel subnacional se financian mediante transferencias del gobierno central. El nivel provincial asume el 70% y el municipal el 30% de la inversión subnacional, que en conjunto representa el 13% de la inversión pública. Las asignaciones del gobierno central para los programas de inversión subnacional a menudo se reorientan indebidamente y son utilizadas por los municipios para pagar salarios (gastos recurrentes).

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	19	1.4%	5.9%	100.0%
Ingresos fiscales	6	0.5%	2.1%	33.1%
Donaciones y subvenciones	6	0.5%	11.8%	34.7%
Tarifas y tasas	1	0.1%	0.9%	3.8%
Ingresos provenientes de los activos	5	0.4%	5.7%	25.5%
Otros ingresos	1	0.04%	1.7%	3.0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Tal y como establece la Ley 8/2003 de Órganos Locales del Estado, la financiación de una gran mayoría del gasto a nivel provincial y de distrito se basa en (1) transferencias presupuestarias procedentes de fondos centrales para financiar gastos corrientes y de capital, (2) partes de los ingresos fiscales centrales asignadas a los niveles provincial y de distrito, y (3) donaciones de ONG privadas y de la cooperación internacional bilateral o multilateral. La reforma fiscal de 2008 reestructuró las subvenciones condicionadas que financian la mayor parte del gasto subnacional reduciendo la condicionalidad (es decir, con la introducción de "subvenciones en bloque"). También redujo las transferencias del gobierno central a los municipios (a través del fondo de compensación municipal) del 3 al 1,5% de los ingresos públicos totales. A cambio, ha concedido a los municipios fuentes de ingresos fiscales (concesión de derechos de uso del suelo, capacidad para recaudar el impuesto sobre bienes inmuebles y vehículos) y no fiscales (actividades económicas y de mercado y tasas a los usuarios).

Existen asimetrías de ingresos entre los municipios debido a varios factores determinados por la Ley 20/18 de 1 de enero (Ley de Finanzas Autárquicas). Por ejemplo, en lo que respecta a las transferencias del gobierno central - el fondo de compensación municipal ( FCA por Fundo de Compensação Autárquica) se calcula en función del número total de habitantes del municipio.

En 2020, los ingresos de los gobiernos subnacionales fueron de 19 USD PPA/habitantes, el 1,4% del PIB y el 5,9% de los ingresos públicos, de los que los municipios representaron el 78,2% y las provincias el 21,8%.

INGRESOS FISCALES: Según la reforma fiscal de 2008 (Capítulo IV, Ley 1/ 2008 de Finanzas Municipales y Decreto 63/2008, Código Fiscal Municipal), los impuestos locales incluyen el impuesto sobre transacciones de bienes inmuebles (SISA), el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos y el impuesto personal municipal (IPA). El IPA (Imposto Pessoal Autárquico) se calcula teniendo en cuenta las categorías de municipios: A (4%), B (3%), C (2%) y D (1%). Sin embargo, los municipios tienen una capacidad limitada para recaudar los ingresos fiscales presupuestados. Para el año 2020, los impuestos recaudados por los gobiernos subnacionales fueron del 2,1% del total de impuestos recaudados en el país. Fueron la segunda fuente de ingresos a nivel subnacional, correspondiendo al 33,1% de los ingresos totales, lo que equivale al 0,5% del PIB.

Por ley, los municipios y las provincias (estas últimas desde 2020) reciben una parte de los impuestos nacionales. Éstos incluyen el impuesto turístico, que recaudan las empresas locales, los impuestos sobre los vehículos y algunos impuestos sobre la renta de las personas que trabajan en la localidad. Según el Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth, los importes del impuesto turístico y del impuesto sobre vehículos transferidos a los municipios representan respectivamente el 30% y el 75% de los ingresos fiscales correspondientes de las administraciones públicas.

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: En Mozambique, el principio de "la financiación sigue a la función" está consagrado en el marco legislativo de las finanzas municipales (Capítulo III, Ley nª1/2008). Las transferencias directas del gobierno central a los municipios proceden de (i) el fondo de compensación municipal (FCA); (ii) los fondos sectoriales y (iii) el fondo de inversión de iniciativa local (FIIL por Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica). Las transferencias del FCA y del FIIL se establecen en el presupuesto anual del gobierno nacional y adoptan la forma de subvenciones recurrentes y de capital basadas en una fórmula. La fórmula se publica en el presupuesto anual y tiene en cuenta (i) la superficie del gobierno local, (ii) la población, (iii) el nivel de desarrollo y (iv) el rendimiento en la recaudación de impuestos. Las capitales de provincia también reciben el fondo de reducción de la pobreza urbana (PERPU). En algunos casos, los municipios también reciben fondos a través de la cooperación al desarrollo. Teniendo en cuenta que todas las subvenciones se transfieren del gobierno central al nivel municipal, es importante señalar que para este nivel más bajo de gobierno, las subvenciones representan el 44,4% de los ingresos, siendo ésta su principal fuente de ingresos (seguida de cerca por los ingresos fiscales con un 41,9%).

OTROS INGRESOS: En 2020, los ingresos patrimoniales correspondieron al 25,5% del total de los ingresos subnacionales recaudados, lo que equivale al 0,4% del PIB.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

NORMAS PRESUPUESTARIAS: El Sistema de Gestión Financiera del Estado (SISTAFE) fue establecido en 2002 por la Ley 9/2002 y aprobado en 2004 por el Decreto nº 23/2004, como un conjunto integrado de principios y normas presupuestarias con el objetivo de establecer y armonizar los procedimientos de programación, gestión, ejecución y control de la hacienda pública. Este conjunto de normas se divide en cinco subsistemas, a saber, presupuesto del Estado, contabilidad pública, tesoro público, patrimonio del Estado y control interno. En el marco de las reformas llevadas a cabo por el MdF en el subsistema de planificación y presupuesto (SPO), la ley nº 14/2020 de 23 de diciembre modificó el SISTAFE. Esta ley establece los seis subsistemas siguientes: planificación y presupuestación; contabilidad pública; hacienda pública; patrimonio del Estado; seguimiento y evaluación y auditoría interna. En esta revisión, el anterior subsistema del presupuesto del Estado fue sustituido por el subsistema de planificación y presupuestación, el control interno fue sustituido por el subsistema de auditoría interna y el seguimiento y evaluación se añadió como nuevo subsistema.

La reforma en curso del subsistema de planificación y presupuesto (SPO) tiene como objetivo (i) integrar el plan económico y social (PES) y el presupuesto del Estado (OE) en un único instrumento orientado a resultados denominado plan económico social y presupuesto del Estado (PESOE); (ii) organizar los planes nacionales (centrales y locales) en programas; (iii) garantizar la gestión por resultados y una mayor pertinencia, eficiencia y eficacia en el gasto público; (iv) mejorar el rendimiento en la gestión de la administración pública, definiendo la responsabilidad a diferentes niveles; y (v) proporcionar información oportuna para que tengan lugar las acciones de control interno y externo. La ley de revisión del SISTAFE introdujo delitos financieros, fraude y sanciones, así como un sistema de rendición de cuentas y medidas sancionadoras para los empleados y agentes públicos que incumplan las normas y procedimientos. La legislación establece penas de prisión efectiva para la práctica de fraudes relacionados con el e-SISTAFE. Todas estas normas y procedimientos se aplican a los órganos e instituciones de la administración central y se extienden a las entidades descentralizadas, entre las que se incluyen los órganos de gobierno provinciales y las autoridades locales (municipios).

ENDEUDAMIENTO: Los municipios pueden endeudarse con la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda, aunque el endeudamiento sí se considera un supuesto "extraordinario" (Art. 18, Ley nº 1/2008), que sólo se aplica en tres casos: a) inversiones reproductivas (los municipios pueden contraer préstamos crediticios con clara intención de generar riqueza y bienestar de sus ciudadanos mediante préstamos a particulares) e inversiones de carácter social o cultural, b) cobertura de gastos extraordinarios necesarios para compensar las pérdidas sufridas en caso de catástrofe pública, y c) cobertura de las necesidades de las autoridades locales para su recuperación financiera, tras la ejecución de un acuerdo de reequilibrio financiero previamente concluido.

Los préstamos a corto plazo (Art. 19) de las instituciones financieras nacionales están autorizados para hacer en relación a dificultades ocasionales de tesorería. Sin embargo, el recurso al crédito bancario debe cumplir dos criterios: el importe no debe superar la cuarta parte de las transferencias recibidas del FCA (fondo de compensación municipal) y la deuda se cancelará al final del ejercicio fiscal correspondiente. Los préstamos también pueden ser contraídos por instituciones autónomas (por ejemplo, empresas públicas). Las empresas públicas locales pueden recurrir al crédito en los términos de un reglamento especial que se establecerá por decreto gubernamental.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Con el estallido de la pandemia de COVID-19 y la aparición del primer caso en Mozambique el 22 de marzo de 2020, el gobierno adoptó varias medidas mediante decretos para mitigar los efectos de la enfermedad. Estos decretos presidenciales se aplicaron en todo el país a nivel provincial, de distrito y municipal. Tuvieron un impacto directo en todos los sectores, con especial atención a la educación, la sanidad, el bienestar social y el sector económico (MdF, 2022, p. 3). Las medidas implicaron restricciones de movimiento interno en el territorio nacional, distanciamiento social, cierre parcial de fronteras, cierre de escuelas, adecuación de la infraestructura sanitaria para los pacientes infectados, limitación de los horarios comerciales y laborales, entre otras. El 5 de febrero de 2021, el área metropolitana del Gran Maputo (las ciudades de Maputo y Matola y las localidades de Marracuene y Boane) y todos los municipios capitales de provincia quedaron en toque de queda por un periodo prorrogable de un mes debido a su alto nivel de habitantes infectados. La relajación de las restricciones en Mozambique fue anunciada por el presidente en septiembre de 2021.

La gestión de la pandemia se realiza con interacciones entre los gobiernos central y descentralizado. Este enfoque coordinado y conjunto permite sensibilizar a los ciudadanos a nivel local para facilitar la adopción de medidas de prevención contra el COVID-19, como el uso de mascarillas en lugares públicos y aglomeraciones. El enfoque integrado entre las instituciones públicas en la gestión del COVID-19 es notable entre los distintos ministerios, así como en la cooperación con los gobiernos locales, especialmente los municipios, que han desempeñado un papel decisivo en este proceso. Los decretos presidenciales mencionados prevén la colaboración de las entidades locales en la vigilancia del cumplimiento de las medidas dentro de sus ámbitos de actuación, como el uso obligatorio de mascarillas o viseras en lugares públicos y aglomeraciones, incluidos los mercados. El apartado 3 del artículo 23 del Decreto 79/2020 de 4 de septiembre establece que "las entidades locales deberán reorganizar los mercados, creando las condiciones para el cumplimiento de las medidas de prevención y lucha contra la pandemia del COVID-19". La recalificación de los mercados municipales y la supervisión del comercio informal son un claro ejemplo de los esfuerzos de los municipios por contener la propagación de la pandemia de COVID-19. Los municipios también desempeñaron un papel importante en la aplicación de medidas relacionadas con la supervisión del transporte público dentro de su territorio.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: Para reducir el impacto de la pandemia a nivel central y subnacional, el gobierno mozambiqueño puso en marcha un plan de respuesta de protección social y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la Pandemia COVID-19 que abarca la sanidad, la educación, las obras públicas, el acceso al agua, la energía y la agricultura. Los programas básicos de asistencia social se ajustaron para mitigar los impactos socioeconómicos negativos sobre la población vulnerable.

El Banco Nacional de Inversiones (BNI) destinó 1.000 millones de MZN a garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. En julio de 2020, el BNI procedió al lanzamiento de una línea de crédito "Gov. COVID-19". Otra línea de crédito de 600 millones de MZN denominada "BNI COVID-19" fue financiada con fondos del INAS (Instituto Nacional de Acción Social). Así, el valor total de las líneas de crédito fue de 1.600 millones de MZN y el BNI recibió 1.058 propuestas de proyectos, de las que 224 fueron aprobadas.

Con el brote y la propagación del COVID-19, los principales objetivos de política económica del gobierno se revisaron del 2,2 al 0,8% para el crecimiento del PIB y del 6,6 al 4,0% para la inflación media anual. En este contexto, el comité de política monetaria del Banco Central de Mozambique, decidió reducir el tipo de interés MIMO (Mozambique Interbank Market Rate) en 250 puntos básicos entre abril y junio de 2020, lo que se reflejó en la caída del tipo de interés preferencial y la consiguiente desaceleración del coste de financiación. Además de esta medida, el Banco Central redujo los coeficientes de reservas obligatorias en moneda nacional y extranjera, así como los coeficientes de reservas obligatorias en moneda nacional y extranjera, lo que permitió la liberación de 4.500 millones de MZN, a disposición de los bancos para financiar la economía.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SUBNACIONALES: El PGE 2020 aprobado el 22 de abril se elaboró en un momento en el que la evaluación de los efectos del COVID-19 era muy preliminar. Con el fin de salvaguardar la sostenibilidad presupuestaria y corregir los desequilibrios fiscales, los Presupuestos Generales del Estado fueron revisados por la Ley nº 11/2020 de 24 de noviembre de la siguiente manera: (1) reducción de los ingresos de las administraciones públicas debido al cambio de las hipótesis macroeconómicas y a las medidas fiscales y aduaneras aprobadas para mitigar el impacto de la pandemia; (2) ajuste al alza de la financiación exterior debido a los compromisos adquiridos por los socios de cooperación para apoyar la prevención y la lucha contra el COVID-19; (3) ajuste al alza de las subvenciones a las empresas y de las transferencias corrientes a las familias; y (4) refuerzo de los sectores de la educación, la sanidad, el agua, la energía, la agricultura, el transporte, la protección social y la defensa y la seguridad.

Para poner en marcha estos planes y las medidas de respuesta al COVID-19, el gobierno movilizó recursos de sus socios de cooperación, a saber, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el gobierno estadounidense y el Fondo Mundial, con unas necesidades estimadas en unos 700 millones de dólares. Según el MdF, los socios desembolsaron 23.756 millones de MZN en 2020 a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y 20.667 millones de MZN fueron transferidos a los sectores y ejecutados.

La ley nº 11/2020 de 24 de noviembre llevó al gobierno a destinar 433 millones de MZN al fondo de compensación municipal (FCA) de 19 municipios, para hacer en relación a la caída de los ingresos fiscales. La limitada base impositiva a nivel local y la pandemia reforzaron la dependencia de los municipios de las transferencias del gobierno central, en concreto del FCA, el fondo de inversión de iniciativa local (FIIL) y el fondo de carreteras (FE por Fundo de Estrada) y dificultaron la aplicación de los planes de gobernanza local y la mejora de la prestación de servicios públicos. En este contexto, los gobiernos locales recurren a asociaciones con agentes privados e instituciones financieras para contrarrestar la pandemia, como el Banco Alemán de Desarrollo (KfW). Las actividades realizadas en varios municipios han sido financiadas por este importante socio estratégico de la cooperación bilateral a través del programa de desarrollo integrado para los municipios y las zonas rurales circundantes (PRODIA). El objetivo de este proyecto es permitir que los municipios proporcionen servicios urbanos sostenibles a las poblaciones urbanas, periurbanas y rurales, con el fin de reducir la pobreza.

PLANES DE ESTÍMULOECONÓMICO Y SOCIAL: No se dispone de información sobre los planes nacionales de estímulo económico y social ni sobre la participación de los gobiernos locales en ellos.