MALÍ

Malí es una República unitaria, laica y multipartidista. Esta estructura republicana está consagrada en la Constitución del 25 de febrero de 1992. El presidente de la República es el jefe del Estado y es elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años, renovable una sola vez. La Asamblea Nacional es la cámara única del Parlamento. Tras una ruptura constitucional el 18 de agosto de 2020, el nuevo gobierno de transición organizó una Conferencia Nacional de Refundación, una de cuyas principales recomendaciones fue adoptar una nueva Constitución, como parte de las reformas institucionales previstas y teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz resultante del proceso de Argel firmado en 2015. Sin embargo, todas las cuestiones de reforma institucional (incluida la reforma constitucional) están supeditadas a un consenso, tanto interno con todas las fuerzas vivas de la nación como externo con los socios de Malí, en particular la CEDEAO y la Unión Africana.

El compromiso con la descentralización, expresado tras la independencia, quedó consagrado en la Constitución de 1992, con el principio de libre administración de las autoridades locales y regionales. Así pues, la descentralización se consideró un medio para preservar la unidad nacional y la integridad territorial. El marco institucional se consagró entonces en la legislación y se actualizó periódicamente. ElAlto Consejo de las Colectividades Territoriales (Haut conseil des collectivités territoriales), compuesto por consejeros nacionales que representan a las colectividades locales y regionales, fue creado oficialmente en 2002. El gobierno le consulta sobre todas las cuestiones relativas a la política de desarrollo local y regional, la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el seno de las colectividades locales y regionales.

Tras la adopción delAcuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (Accord pour la paix et la réconciliation au Mali) resultante del proceso de Argel en mayo-junio de 2015, se revisaron los principales textos legales sobre descentralización, administración territorial y elecciones. Se trata de la ley que determina las condiciones de la libre administración de las colectividades territoriales, la ley sobre el Código de las colectividades territoriales, la ley sobre el estatuto general de los funcionarios de las colectividades territoriales y la ley sobre el estatuto particular del distrito de Bamako. Las leyes correspondientes se adoptaron el 14 de septiembre de 2017. Existen algunas dificultades para aplicarlas, en particular en lo que respecta a: (i) la aplicación de la tasa de transferencia del 30% desde 2018; (ii) la transferencia de servicios estatales a las autoridades locales y regionales; (iii) la creación de la policía local y regional; y (iv) el ejercicio del control sobre las autoridades locales y regionales.

Estos textos básicos de la descentralización (el Código de los Poderes Locales y Regionales y la Ley por la que se determinan las condiciones de la libre administración de los poderes locales y regionales) deben ser revisados para hacer en relación a las dificultades de su aplicación y adaptarlos a las distintas evoluciones de la descentralización.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
Comunas	Cercles	10 regiones + Distrito de Bamako
Tamaño municipal medio: 27 001 hab.
750	58	11	819

DESCRIPCIÓN GENERAL: Malí cuenta con tres niveles de autoridades locales y regionales descentralizadas: comunas (750), cercles (58), regiones (10) y el Distrito de Bamako. Todos estos territorios son gobiernos subnacionales.

Cada autoridad local y regional está administrada por un consejo compuesto por miembros elegidos (consejeros) según la Ley 2016-048 de 17 de octubre de 2016 sobre la ley electoral en la República de Malí. Los consejeros de las autoridades locales y regionales son elegidos por un mandato de cinco años por representación proporcional a partir de una lista de candidatos, sin recurrir al panachage ni al voto preferencial.

Sobre la base de los resultados definitivos de las elecciones locales (comunas, círculos y regiones), el concejal que encabeza la lista con el mayor número de votos es nombrado presidente del órgano ejecutivo de la autoridad local o regional (alcalde, presidente del consejo del círculo, presidente del consejo regional) (Ley 2017-052 de 2 de octubre de 2017 sobre el Código de las autoridades locales y regionales).

Para las regiones y los círculos, las últimas elecciones se celebraron en 2009. Las últimas elecciones comunales se celebraron en 2016. Sin embargo, debido a la situación de seguridad, varios consejos comunales no pudieron ser reelegidos en ese momento. Los mandatos de todos estos cargos electos se han prorrogado hasta la actualidad a través de diversos textos reglamentarios. La renovación de todos los mandatos de los consejeros comunales, consejeros de distrito y consejeros regionales figura en el orden del día de las reformas institucionales y políticas que deben llevarse a cabo en el marco de la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia Nacional de Refundación celebrada en 2021.

El gobierno de Malí, de acuerdo con el decreto 08-095/P-RM del 21 de febrero de 2008, ha creado comités de orientación, coordinación y seguimiento de las acciones de desarrollo a nivel de región, cercle y arrondissement. Estos comités, compuestos por actores del desarrollo, están presididos por los representantes del Estado a nivel de las divisiones administrativas (región, cercle y arrondissement). Sin embargo, estos órganos de consulta tienen dificultades para desempeñar plenamente su papel.

NIVEL REGIONAL: La región es un gobierno subnacional, que agrupa a varios círculos, con personalidad jurídica y autonomía financiera. Las regiones son una estructura para garantizar la coherencia de las estrategias y acciones de desarrollo de las autoridades locales que la componen y del Estado. Las regiones, como unidades administrativas, están dirigidas por un gobernador regional, nombrado por la administración central. El gobernador es el jefe del ejecutivo regional. Bajo la autoridad del gobernador se encuentran varias direcciones regionales que les asisten en la aplicación de las políticas públicas a nivel regional y supervisan y controlan a las autoridades locales bajo la jurisdicción de la región. Los servicios técnicos desconcentrados prestan a las autoridades regionales un apoyo consultivo en el ejercicio de las competencias que les han sido transferidas.

Tras varias reformas territoriales, el número de regiones de Malí pasó de ocho a 19 mediante la Ley 2012-017 sobre la creación de circunscripciones administrativas en la República de Malí. El proceso de puesta en funcionamiento de las 11 nuevas regiones, previsto para cinco años, va con retraso. Sólo se han realizado las divisiones territoriales de dos regiones (Taoudénit y Ménaka). El número de municipios ha pasado de 703 a 750, el número de círculos de 49 a 58 y el número de regiones operativas de ocho a diez. La continuación del proceso de esta reforma territorial se encontró con una fuerte oposición de la población en 2019 al proyecto de texto sobre la división geográfica de las otras nueve nuevas regiones. Tras la ruptura constitucional de 2020, el gobierno de transición en funciones ha nombrado gobernadores en estas nueve nuevas regiones (Kita, Nioro du Sahel, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Bandiagara y Douentza), lo que supone un paso adelante en la reforma.

En virtud del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí resultante del proceso de Argel firmado en 2015, se establecieron autoridades provisionales (Tombuctú, Gao, Kidal) y juntas transitorias (Ménaka y Taoudénit) en las cinco regiones del norte de Malí a partir de 2017. Estas autoridades provisionales y juntas transitorias gestionarán estas cinco regiones, a la espera de la elección de nuevos consejeros por sufragio universal directo. Su mandato consiste en preparar estas elecciones y facilitar el retorno de los desplazados.

NIVEL INTERMEDIO: Los cercles son autoridades subnacionales compuestas por varias comunas, con personalidad jurídica y autonomía financiera. Los cercles son una estructura para garantizar la coherencia de las estrategias y acciones de desarrollo de las comunas que los componen.

Los cercles, como circunscripciones administrativas, están dirigidos por un prefecto de cercle, nombrado por la administración central. El prefecto es el jefe del ejecutivo a nivel local. Bajo su autoridad se encuentran varios servicios subregionales y locales que le asisten en la aplicación de las políticas públicas en el territorio. Son responsables de la supervisión de las autoridades locales dentro de la jurisdicción de los cercles. Los servicios técnicos desconcentrados asesoran a las autoridades de los cercles en el ejercicio de las competencias que les han sido transferidas.

NIVEL MUNICIPAL: La comuna es un gobierno subnacional con personalidad jurídica y autonomía financiera. Las comunas pueden ser urbanas o rurales. Las comunas urbanas están formadas por barrios y las rurales por pueblos y fracciones.

Uno o varios municipios forman arrondissements, que son circunscripciones administrativas dirigidas por un subprefecto, nombrado por la administración central. El subprefecto es el jefe del ejecutivo a nivel de arrondissement. Los subprefectos tienen bajo su autoridad varios servicios locales que les ayudan a aplicar las políticas públicas a nivel de arrondissement. Los servicios técnicos desconcentrados asesoran a las autoridades comunales en el ejercicio de las competencias que les han sido transferidas.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 2017-052, de 2 de octubre de 2017, por la que se determinan las condiciones de la libre administración de las entidades territoriales, las entidades territoriales podrán cooperar entre sí. Esta cooperación puede adoptar la forma de la creación de estructuras apropiadas para la cooperación en la promoción y coordinación de acciones de desarrollo en zonas específicas bajo el control del Estado.

El decreto 2015-0848/P-RM de 22 de diciembre de 2015 establece las modalidades de cooperación entre las autoridades locales y regionales malienses y entre éstas y sus homólogas de otros países. La creación de la estructura de cooperación es el resultado de una voluntad claramente expresada por los órganos de decisión de las autoridades en cuestión. La entidad de cooperación tiene personalidad jurídica y autonomía financiera.

Una de las áreas de interés del Documento Marco de Política Nacional de Descentralización (DCPND o Document cadre de politique nationale de décentralisation) 2015-2024 es promover y apoyar las iniciativas de cooperación entre las autoridades locales y regionales. Asimismo, el Fondo Nacional de Apoyo a las Colectividades Territoriales (FNACT o Fonds national d'appui aux collectivités territoriales) incluye una subvención para la cooperación entre colectividades (DIC odotation d'inter-collectivités). Hasta la fecha, este mecanismo no se ha puesto en marcha ni se ha financiado.

Según la Ley 2017-051 de 2 de octubre de 2017 sobre el Código de las autoridades locales y regionales, las autoridades locales y regionales tienen responsabilidades generales y exclusivas. Las responsabilidades generales son las mismas para todas las autoridades locales y regionales. Esta ley asigna 20 áreas de responsabilidad a las comunas (art. 22) y 19 a los consejos de cercle (art. 95) y a los consejos regionales (art. 163).

Se ha decidido una transferencia gradual de los servicios técnicos estatales desconcentrados a las autoridades locales y regionales a través de las disposiciones del Decreto 2019-0258/P-RM de 27 de marzo de 2019 por el que se determinan los términos para la transferencia de los servicios estatales desconcentrados a las autoridades locales y regionales en sus áreas de responsabilidad. Hasta la fecha, este proceso no ha avanzado.

Las competencias de las autoridades locales y regionales siguen un modelo clásico de África Occidental, que incluye la responsabilidad general de crear y gestionar los servicios públicos, así como los programas de desarrollo, la gestión de la tierra, la gestión agrícola y la protección del medio ambiente. Las responsabilidades específicas varían según el tipo de autoridad subnacional. Se ha avanzado en la descentralización de las responsabilidades en algunos sectores, como la sanidad y la educación, pero la transferencia de los ingresos correspondientes para igualar la transferencia de responsabilidades ha sido lenta, lo que ha impedido a las autoridades locales y regionales cumplir con sus crecientes responsabilidades de gasto.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Niveles municipal, intermedio y regional
1. Servicios públicos generales (administración)	la ordenación del territorio (compartida); los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural; la creación y gestión de los servicios públicos comunales; la fijación de los tipos de los impuestos comunales dentro de los límites de las bases y los máximos legales; la introducción de tasas; la aceptación y el rechazo de donaciones, subvenciones y legados; los presupuestos y las cuentas administrativas; los contratos de obras y suministros, los arrendamientos y otros acuerdos; los préstamos y las garantías o avales de préstamos; la concesión de subvenciones; las inversiones en capital; los proyectos de hermanamiento y la cooperación con otras autoridades locales y regionales malienses o extranjeras; las disposiciones en materia de personal; el reglamento interno, incluido el funcionamiento de los comités de trabajo.
2. Orden público y seguridad	reglamento administrativo de policía
3. Asuntos económicos/transporte	infraestructuras viarias y de comunicación; transporte público y planes de tráfico; agua y energía; actividades mineras a pequeña escala; organización de actividades agrícolas y sanitarias
4. Protección del medio ambiente	lucha contra la contaminación y las molestias; gestión de los recursos forestales, silvestres y pesqueros
5. Vivienda y servicios comunitarios	planificación del uso del suelo y operaciones de uso del suelo; gestión del suelo; adquisición y enajenación de bienes patrimoniales
6. Salud	higiene pública y saneamiento
7. Cultura y ocio	organización de actividades artesanales y turísticas; juventud, deporte, arte y cultura
8. Educación	educación y aprendizaje preescolar, básico y no formal; formación profesional
9. Protección social	organizar actividades de promoción y protección social

Ámbito de los datos financieros: Comunas, círculos, regiones y el distrito de Bamako

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Baja

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Baja

INTRODUCCIÓN GENERAL: En Malí, la financiación de las autoridades locales y regionales se basa en tres fuentes principales: (i) los ingresos propios (impuestos y tasas locales, tasas por servicios, préstamos, donaciones y legados, instalaciones comerciales, etc.); (ii) las transferencias del presupuesto del Estado (subvenciones y ayudas diversas); y (iii) las ayudas de fuentes externas (bilaterales y/o multilaterales).

El sistema presupuestario de los entes territoriales se basa en la legislación y reglamentación de las finanzas públicas y en un conjunto de textos específicos para los entes territoriales, los más recientes de los cuales son los siguientes: Decreto 20190587/P-RM, de 31 de julio de 2019, relativo al régimen financiero de los entes territoriales; Orden 2020-0323/MEF-MATD-SG, de 13 de febrero de 2020, por la que se establecen los gastos de los entes territoriales antes de su autorización; Orden interministerial 2020-2475/MEF-MATD-SG, de 25 de septiembre de 2020, por la que se establece la nomenclatura presupuestaria de los entes territoriales; Orden 2020-2417/MEF-MATD-SG, de 25 de septiembre de 2020, por la que se establece el plan contable de los entes territoriales.

El ejercicio financiero comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas controlan los ingresos y su utilización. Los presidentes de los órganos deliberantes de las autoridades locales y regionales son los ordenadores del presupuesto. Una exacción obligatoria sobre los ingresos ordinarios del presupuesto se destina a inversiones de capital. Las autoridades locales y regionales pueden elaborar un presupuesto adicional durante el ejercicio presupuestario cuando se conozcan las cuentas del año anterior. El presupuesto adicional se elaborará y votará de la misma forma que el presupuesto inicial. Deberá estar respaldado por la cuenta administrativa del ordenador y la cuenta de ingresos y gastos del agente pagador.

Malí ha emprendido varias iniciativas encaminadas a la elaboración de presupuestos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel de los gobiernos subnacionales. Del mismo modo, desde 2011, el país ha adoptado una Estrategia Nacional de Planificación y Presupuestación Sensible al Género (PBSG o Stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre) para la implementación de prácticas presupuestarias sensibles al género a nivel del gobierno subnacional.

En cuanto a la participación ciudadana, el Código de los Poderes Locales y Regionales establece: "La votación del presupuesto irá precedida de un debate público. Este debate deberá tratar los siguientes puntos: (i) el estado de ejecución del Programa de Desarrollo Económico, Social y Cultural (PDSEC o Programme de développement économique, social et culturel); (ii) la cuenta administrativa del año transcurrido; (iii) el estado de funcionamiento de los organismos y servicios de la entidad local o regional; (iv) el proyecto de presupuesto.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	62	2.6%	10.5%	100.0%
Gastos corrientes	53	2.3%	11.4%	86.9%
Gastos de personal	41	1.7%	27.9%	65.8%
Consumo intermedio	9	0.4%	17.1%	15.1%
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	1	0.1%	1.4%	1.8%
Gastos financieros (incluidos los intereses)	-	-	-	-
Otros gastos corrientes	3	0.1%	4.2%	4.2%
Gastos de capital	8	0.3%	7.1%	13.1%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	8	0.3%	7.1%	13.1%

GASTO: En 2020, el gasto total per cápita de los gobiernos subnacionales fue de 62 USD PPA per cápita, es decir, el 2,6% del PIB y el 10,5% del gasto público total. La tendencia positiva del gasto se debe principalmente al refuerzo del Fondo Nacional de Apoyo a las Autoridades Locales (FNACT), a la creación del Fondo para el Desarrollo Sostenible (FDD o Fonds pour le développement durable) y a las categorías presupuestarias (para gastos corrientes y de capital) identificadas por los departamentos sectoriales y transferidas progresivamente a las autoridades locales y regionales. Los municipios se hacen cargo de casi dos tercios de estos gastos y las regiones de algo más de un tercio.

La gran mayoría de este gasto consiste en gastos corrientes, que representan el 86,9% del gasto de las administraciones subnacionales. Los gastos corrientes están dominados por los gastos de personal y los gastos en consumos intermedios, que representan respectivamente el 65,8% y el 15,1% de los gastos de las administraciones subnacionales. Esto se debe al gran tamaño del funcionariado de las autoridades locales y regionales. El funcionariado de las autoridades locales y regionales, que existe desde 2006, cuenta actualmente con 63.946 empleados, de los que 5.449 trabajan en la administración general, 54.461 en educación, 225 en empleo y formación profesional y 3.811 en sanidad y desarrollo social.

INVERSIÓN DIRECTA: En 2020, las inversiones directas de las autoridades locales y regionales ascendieron a 8 dólares PPA per cápita, lo que representa el 0,3% del PIB, el 7,1% del gasto público y el 13,1% del gasto de las autoridades locales y regionales. Estas inversiones de capital son atribuibles principalmente a las comunas y regiones y consisten exclusivamente en inversiones directas (FBCF).

En general, estas inversiones directas de las autoridades locales y regionales siguen dependiendo de los mecanismos de financiación establecidos por el gobierno central. La Dotación de Inversión de las Colectividades Locales y Regionales (DIN o Dotation d'investissement des collectivités) del Fondo Nacional de Apoyo a las Colectividades Locales y Regionales (FNACT), destinada a financiar las inversiones realizadas por las colectividades locales y regionales, ha pasado de 29.979 millones de francos CFA (~ 141 millones de dólares PPA) en 2018 a 20.075 millones de francos CFA (~ 94 millones de dólares PPA) en 2019, y se estabilizará en 17.660 millones de francos CFA en 2020 (~ 83,5 millones de dólares PPA). Estos ingresos se vieron alimentados por las importantes contribuciones de los distintos socios bi y multilaterales de Malí, que se mantuvieron estables durante el periodo.

Además de este sistema, con el fin de apoyar la financiación de inversiones bajo el control de las autoridades locales y regionales, en 2014 el gobierno maliense instituyó también contratos de planes Estado-región. A partir de 2018, de conformidad con uno de los principios rectores del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí resultante del proceso de Argel, este sistema se ha reforzado con la creación de un Fondo de Desarrollo Sostenible para financiar proyectos y programas para el desarrollo equilibrado de todas las regiones de Malí.

Las autoridades locales y regionales también pueden recurrir a las asociaciones público-privadas para mejorar el nivel de inversión local. Para ello, pueden recibir apoyo técnico a través de la unidad de colaboración público-privada, creada por el gabinete del primer ministro y adscrita a él.

Para garantizar una mejor coordinación de la inversión pública, se han creado varias entidades. Éstas participan en la coordinación y el seguimiento-evaluación de la inversión pública tanto a nivel nacional como de las autoridades locales y regionales. Entre ellas se encuentran: (i) la Dirección Nacional de Planificación del Desarrollo (DNPD o Direction nationale de la planification du développement); (ii) las Agencias de Desarrollo Regional (ADR o Agences de développement régional); y (iii) la Agencia Nacional de Inversión de las Colectividades Territoriales (ANICT o Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales). Asimismo, para mantener este diálogo regular y garantizar que las intervenciones a nivel de las autoridades locales y regionales sean más coherentes con las directrices de la política nacional, también se han introducido varias herramientas e instrumentos de planificación del desarrollo.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

Mali ha transpuesto la Directiva 01/2011/CM/UEMOA de 24 de junio de 2011 sobre el sistema financiero de las autoridades locales y regionales en el seno de la UEMOA mediante la adopción del Decreto 2019-0587/P-RM de 31 de julio de 2019. En este contexto, la clasificación de los gastos por función económica a nivel de las autoridades locales y regionales se está introduciendo gradualmente y se exigirá en los presupuestos a partir de 2022.

Sin embargo, según el análisis de los datos basados en el volumen de las transferencias sectoriales del gobierno central a las autoridades locales y regionales, extraídos de las leyes de finanzas, los sectores de la educación y la sanidad son los principales sectores de gasto funcional de las autoridades locales y regionales. En particular, el gasto en el sector educativo ha aumentado significativamente entre 2018 y 2020 como consecuencia de la presión sindical para que se conceda el estatuto de autonomía al personal docente.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	62	2.7%	12.6%	100.0%
Ingresos fiscales	7	0.3%	2%	11.8%
Donaciones y subvenciones	54	2.3%	-	86.1%
Tarifas y tasas	1	0.1%	-	1.8%
Ingresos provenientes de los activos	0	-	-	0.3%
Otros ingresos	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN GENERAL: En 2020, los ingresos de las autoridades locales y regionales ascendieron a 62 USD PPA per cápita. Las transferencias y subvenciones concedidas a las autoridades locales y regionales por el Gobierno central y/o los socios técnicos y financieros son la principal fuente de ingresos de las autoridades locales y regionales (86,1%). Han aumentado alrededor de un 6% entre 2018 y 2020. Estas transferencias y subvenciones son esencialmente recursos asignados, lo que limita el margen de maniobra de las autoridades locales y regionales. Los ingresos procedentes de la ayuda exterior (bilateral y/o multilateral), regulados por varios textos legislativos y reglamentarios, en particular los decretos que determinan las condiciones de la cooperación descentralizada y de la cooperación entre colectividades locales y regionales en la República de Malí, se incluyen generalmente en las transferencias o subvenciones concedidas a las colectividades locales y regionales.

Los ingresos fiscales son la segunda fuente de financiación de los entes locales y regionales (11,8% de sus recursos totales). Su evolución hacia una verdadera autonomía financiera de los entes locales y regionales es lenta, a pesar de las recomendaciones de varios estudios y acciones para mejorar la eficacia de la fiscalidad local.

Los ingresos no fiscales (tasas por servicios, préstamos, donaciones y legados, facilidades comerciales, etc.) y los ingresos patrimoniales se rigen por la ley sobre el Código de los entes locales y regionales y el decreto sobre el sistema financiero de los entes locales y regionales y sus textos posteriores. Representan algo más del 2% de los ingresos totales de los entes locales.

INGRESOS FISCALES: En 2020, los ingresos fiscales de las autoridades locales y regionales ascendieron a 7 USD PPA per cápita, lo que representa el 0,3% del PIB, el 2% de los ingresos totales del gobierno y el 11,8% de los ingresos de las autoridades locales y regionales. Estos ingresos fiscales proceden principalmente de: (i) los impuestos sobre las ventas, con 5,1 USD PPA per cápita, o el 69,1% de los ingresos de las autoridades locales y regionales; (ii) el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con 1,1 USD PPA per cápita, o el 15,4% de los ingresos de las autoridades locales y regionales; y (iii) los impuestos especiales, con 1 USD PPA per cápita, o el 14,1% de los ingresos de las autoridades locales y regionales.

A pesar de los cambios en los distintos marcos jurídicos y reglamentarios, la fiscalidad local en Malí se enfrenta a importantes disparidades presupuestarias y fiscales. Las colectividades locales y regionales de Malí no tienen todas el mismo potencial fiscal debido a la falta de base imponible en muchas de ellas, sobre todo en los municipios rurales (en particular en el caso de las patentes, las licencias y la contribución territorial). Además, el sistema de igualación entre las autoridades locales y regionales con un potencial fiscal elevado y las que tienen un potencial fiscal bajo es muy débil.

Frente a los retos relacionados con la recaudación de ingresos propios, que es una herramienta importante para la autonomía financiera de las autoridades locales y regionales y para el desarrollo local deseado por el Estado maliense, se han puesto en marcha varias medidas de apoyo y refuerzo de las capacidades de los actores de la cadena fiscal apoyadas por socios técnicos y financieros, como la GIZ, la Cooperación Suiza, Lux-Dev, etc. Sin embargo, estas medidas aún tardan en producir cambios significativos.

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: En 2020, las subvenciones y ayudas a las autoridades locales y regionales ascendieron a 54 dólares per cápita, lo que representa el 2,3% del PIB y el 86,1% de sus ingresos totales. Son la principal fuente de ingresos de las autoridades locales y regionales y demuestran su dependencia del gobierno central en materia de financiación. El 85% de estas subvenciones son subvenciones corrientes y el 15% subvenciones de capital.

Estas ayudas y subvenciones dependen en gran medida de las subvenciones internacionales. Por ejemplo, en 2020, la contribución del presupuesto nacional a las FNACT ascendió a poco más del 3%, y casi el 97% fue aportado por socios técnicos y financieros.

OTROS INGRESOS: En 2020, los ingresos no fiscales (tasas y cánones e ingresos patrimoniales) representaron el 2,1% de los ingresos totales de las administraciones subnacionales.

En Malí, las autoridades locales y regionales (o sus agrupaciones) pueden recaudar tasas y cánones en los siguientes ámbitos: (i) la venta de productos forestales recolectados; (ii) tasas y cánones por el uso de la propiedad (concesiones, tasas y cánones funerarios/de entierro, tasas por aparcamiento y ocupación de la vía pública, tasas por surtidores de gasolina, venta de agua, permisos de ocupación, tasas por alumbrado público); y (iii) la prestación de servicios (tasas por recogida de basuras, tasas y cánones por servicios culturales, tasas y cánones por servicios deportivos, tasas y cánones por servicios sanitarios, tasas y cánones por servicios administrativos, tasas y cánones por servicios sociales, tasas y cánones por servicios extraescolares y educativos, otras tasas y cánones).

En general, los municipios obtienen la mayor parte de sus ingresos de los permisos de ocupación y de la expedición de certificados de estado civil, los círculos de la venta de productos forestales y las regiones del derecho a estar presentes en mercados y ferias.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Deuda financiera	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Dinero legal y depósitos	0	0.0%	0.0%	23.8%	23.8%
Bonos/Títulos de deuda	-	-	-	-	-
Préstamos	0	0.0%	0.0%	76.2%	76.2
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Según el artículo 220 de la Ley 2017-051 de 02 de octubre de 2017 sobre el Código de los Poderes Locales y Regionales, "el principio de equilibrio presupuestario tiene por objeto equilibrar las cuentas de ingresos y gastos. El total de los gastos no debe superar el total de los ingresos".

Las autoridades locales y regionales equilibran sus presupuestos anualmente. De acuerdo con las disposiciones del Decreto 2019-0587/P-RM, de 31 de julio de 2019, que establece el régimen financiero específico de las entidades territoriales, el presupuesto de la entidad territorial debe aprobarse en equilibrio real. Deben cumplirse las siguientes condiciones (i) los ingresos y los gastos deben evaluarse de manera sincera, sin omisiones, aumentos o disminuciones; (ii) el reembolso de la deuda de capital debe cubrirse exclusivamente con los ingresos finalizados; (iii) el equilibrio debe alcanzarse para cada sección: la sección de funcionamiento y la sección de inversión deben estar ambas equilibradas; (iv) los ingresos de funcionamiento deben ser iguales o superiores a los gastos de funcionamiento. El exceso de los ingresos de explotación sobre los gastos de la misma naturaleza permite la autofinanciación de una parte de los gastos de capital; (v) todos los gastos obligatorios, debidamente evaluados, deben incluirse en el presupuesto. Cuando la ejecución del presupuesto del último ejercicio conocido arroje un déficit, el presupuesto sólo se considerará equilibrado si prevé las medidas necesarias para eliminarlo.

DEUDA: En 2020, la deuda viva total de las colectividades locales y regionales ascendía a 4,2 millones de francos CFA (~ 20.000 dólares PPA), compuesta en una cuarta parte por efectivo y depósitos y en tres cuartas partes por préstamos.

En materia de empréstitos, las autoridades locales y regionales gozan de una autonomía relativa. En efecto, los presidentes de los órganos deliberantes de las colectividades locales y regionales pueden recibir autorización de su consejo, total o parcialmente y mientras dure su mandato, para contraer empréstitos y recibir donaciones y legados dentro de los límites fijados por el consejo. Sin embargo, para los empréstitos de más de un año, las deliberaciones sólo se hacen efectivas tras la aprobación del representante del Estado en la autoridad local o regional. El producto de los empréstitos autorizados se utiliza exclusivamente para financiar inversiones.

Los gastos en la sección de inversiones como gastos imprevistos (crédito no superior al 5% de los créditos correspondientes a los gastos reales previstos en la sección) y los gastos de funcionamiento no pueden financiarse mediante empréstitos.

Malí aún no dispone de un sistema de calificación financiera para las autoridades locales y regionales. El gobierno central no proporciona ninguna garantía directa para la deuda de las autoridades locales y regionales.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Para garantizar la correcta gestión de las epidemias (COVID-19 y fiebre hemorrágica de Crimea-Congo), se han creado dos comités de coordinación: la unidad central de coordinación y el comité de crisis para la gestión de las epidemias de COVID-19 y fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

La Unidad Central de Coordinación está presidida por el secretario general del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. El comité de crisis para la gestión de las epidemias de COVID-19 y Crimea Congo está dirigido por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP o Institut national de santé publique). El comité de crisis es multisectorial y se encarga de: (i) actuar como punto de contacto y asesor tanto para las autoridades administrativas como para la población; (ii) celebrar reuniones periódicas para examinar la evolución de la situación; (iii) colaborar con los equipos médicos para poner en cuarentena los casos sospechosos y gestionar los casos positivos; y (iv) garantizar el funcionamiento de la unidad de gestión de la epidemia.

En las regiones y los círculos, los comités de gestión de crisis y epidemias/catástrofes se encargan de coordinar las acciones de preparación y respuesta. Estos comités se crearon en el marco del Plan de Organización de la Respuesta de Emergencia (ORSEC o Plan d'organisation dessecours), adoptado por el Gobierno mediante el Decreto 2015-0889-P-RM de 31 de diciembre de 2015, que es un documento normativo que permite coordinar las acciones de socorro bajo una autoridad única. Las autoridades locales y regionales son miembros de estos diversos comités a nivel local y regional.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: El 18 de marzo de 2020, el gobierno de Mali adoptó una serie de medidas con efecto inmediato para prevenir la pandemia de COVID-19, entre ellas: la suspensión de los vuelos comerciales procedentes de los países afectados, a excepción de los vuelos de carga; el cierre de las escuelas públicas, privadas y confesionales (jardín de infancia, enseñanza primaria, secundaria y superior); la suspensión de todas las reuniones públicas; la prohibición de reuniones sociales, deportivas, culturales y políticas de más de 50 personas; y el cierre de discotecas y bares de baile.

Las medidas adicionales incluyen restricciones en el transporte público mediante la reducción del número de pasajeros en los vehículos; la prohibición por parte de la Dirección General de Aduanas de la exportación y reexportación de productos alimentarios (arroz, mijo, azúcar, leche, pasta, aceite), mascarillas, geles hidroalcohólicos, gas butano y piensos para el ganado; y nuevos horarios de apertura y cierre de mercados y comercios.

Estas medidas de emergencia que se tomaron a nivel nacional fueron retransmitidas por las autoridades administrativas a nivel de las regiones, cercles y arrondissements y puestas en marcha por las autoridades locales y regionales con el apoyo de los servicios sociales y sanitarios. Se complementaron con un plan de acción para la prevención y la respuesta, que incluía la vigilancia epidemiológica, el traslado de pacientes, el refuerzo de las medidas de higiene y la financiación de estas actividades de emergencia.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO SUBNACIONAL: Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han afectado a las hipótesis macroeconómicas en las que se basa el presupuesto estatal inicial para 2020 y han provocado una reducción significativa de las previsiones de crecimiento económico. El impacto del descenso de la actividad económica sobre los ingresos del presupuesto estatal inicial de 2020 se estima en 225.000 millones de francos CFA (~ 1.000 millones de dólares PPA), una contracción de más del 10%, que representa el 2% del PIB.

Gracias a la financiación aportada por los socios técnicos y financieros, que asciende a 394.000 millones de francos CFA (~ 1.800 millones de dólares PPA), de los que el 96% son ayudas presupuestarias generales (BOAD, AFD, FMI, BAD, BM) y el 4% ayudas a proyectos, y a la creación de un fondo destinado a recibir contribuciones voluntarias de personas jurídicas y físicas, el gobierno de Malí pudo mantener sus compromisos de transferencia de fondos a las autoridades locales.

El análisis de las leyes de finanzas de 2020 (corregida) y 2021 (inicial) muestra una tendencia al fortalecimiento de las transferencias del Estado. Entre 2020 y 2021, estas transferencias han aumentado casi un 16%. Además, en plena crisis de 2020, las transferencias del Estado a las autoridades locales y regionales alcanzaron una tasa de ejecución del 95,5%, significativamente superior a la tasa de ejecución de 2018 (78,4%) y 2019 (85,6%).

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Se calcula que los recursos movilizados por el gobierno en el marco de su plan de respuesta a la pandemia ascienden a 515.000 millones de francos CFA (~ 2.400 millones de dólares PPA), de los cuales casi el 50% consiste en medidas de apoyo a la economía, las empresas y los hogares.

En las primeras fases de la crisis, las medidas de apoyo a los hogares incluyeron la creación de un fondo especial para las familias más vulnerables, la distribución gratuita de cereales y piensos para el ganado, exenciones en las importaciones de arroz y leche, exenciones del IVA y prestaciones sociales gratuitas en las facturas de agua y electricidad. En apoyo a las empresas, también se han introducido rebajas fiscales y la reducción de las sanciones derivadas de las auditorías fiscales.

En apoyo de la economía, se reforzó el fondo de garantía del sector privado y se proporcionó ayuda financiera a los sectores de la electricidad (EDM) y el agua (SOMAGEP).