ITALIA

Italia es una democracia parlamentaria. Según su Constitución, ratificada en 1947 y modificada varias veces desde entonces, el poder legislativo corresponde al Parlamento bicameral. El Parlamento italiano está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, ambos elegidos por sufragio universal directo cada cinco años. Los senadores se eligen por regiones y se asignan a cada región proporcionalmente en función de su población. El Jefe del Estado es el Presidente de la República, elegido para un mandato de siete años por un colegio electoral compuesto por las dos cámaras del Parlamento. El Jefe del Gobierno es el Primer Ministro (Presidente del consiglio dei ministri), nombrado por el presidente con la confianza del Parlamento.

Italia es un país unitario, uno e indivisible, que reconoce y promueve la autonomía local en su Constitución y adapta los principios y métodos de su legislación a las exigencias de la autonomía y la descentralización. En los artículos 114 a 133, la Constitución establece los elementos fundamentales del autogobierno local y regional, contabilizando cuatro estratos administrativos de gobierno a nivel subnacional: regiones, provincias, ciudades metropolitanas y municipios.

El proceso de descentralización comenzó en la década de 1990, con la ley 142/1990 sobre la "Regulación de las Autonomías Locales", y después con la reforma Bassanini de 1997, que aplicó el principio de subsidiariedad a través de diferentes leyes, denominadas de "federalismo administrativo". Esta reforma modificó significativamente el marco fiscal, administrativo y político a nivel subnacional. La ley 59/1997, en particular, otorgó competencias administrativas a las regiones. El texto legislativo más importante sobre las autoridades locales esel "Testo Unico" ("Leyes unificadas sobre las autoridades locales"), promulgado por el Decreto Legislativo nº 267 en 2000. En 2001, la reforma constitucional consagró las regiones, provincias y municipios en la constitución, situándolos al mismo nivel que el gobierno central. En 2009, una nueva ley marco inició la transformación del país hacia un mayor federalismo y como un "país regionalizado". En 2014, la Ley 56/2014 ("Ley Delrio") introdujo varios cambios profundos relativos a las provincias y las ciudades metropolitanas. En diciembre de 2016, un referéndum nacional rechazó la reforma constitucional, que pretendía aclarar el reparto de responsabilidades entre el Gobierno central y las regiones, suprimir las competencias concurrentes y recentralizar varias responsabilidades (por ejemplo, transporte, empleo, finanzas públicas y fiscalidad).

A pesar de las tendencias recentralizadoras, la autonomíadiferenciadaestá reconocida en el artículo 116 de la Constitución (apartado 3), lo que llevó a las regiones de Emilia Romaña, Lombardía y Véneto a firmar tres preacuerdos con el gobierno central en febrero de 2018 para obtener más autonomía ("autonomia differenziata"). Otras seis regiones han solicitado después otras formas de autonomía, sin haber firmado preacuerdos con el gobierno (Piamonte, Liguria, Toscana, Umbría, Las Marcas y Campania). A finales de 2019, el gobierno puso en marcha dos comisiones parlamentarias para examinar la aplicación del regionalismo diferenciado: la comisión parlamentaria de asuntos regionales y la comisión parlamentaria de federalismo fiscal (para la autonomía financiera).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
7 904 municipios (comuni)		20 regiones (regioni)
Tamaño municipal medio: 7 535 hab.
7 904		20	7 924

DESCRIPCIÓN GENERAL: Italia cuenta con un sistema de dos niveles de SNG, compuesto por 20 regiones y 7.904 municipios, desde la reforma territorial de 2014 (ley nº 56/2014), que suprimió el nivel intermedio de 107 provincias. La reforma dispuso que las provincias perdieran su condición de órganos electivos y se convirtieran en órganos de cooperación intermunicipal (Ente Territoriali di Area Vasta).

NIVEL REGIONAL: Las regiones están compuestas por un consejo regional (Consiglio regionale) y un presidente regional (Presidente). Ambos son elegidos para un mandato de cinco años por sufragio universal directo. El presidente regional preside el comité ejecutivo regional (Giunta regionale), que es el órgano ejecutivo de la región.

La regionalización es asimétrica. De las 20 regiones, 15 tienen estatuto ordinario (regioni a statuto ordinario - RSO, creadas a principios de los años setenta) y cinco tienen estatuto especial (regionai a statuto special - RSS, creadas en 1948). Estas cinco regiones gozan de una mayor autonomía legislativa y financiera debido a sus especificidades culturales y sociogeográficas (Valle de Aosta, Friul-Venecia Julia, Cerdeña, Sicilia y Trentino-Alto Adigio/Südtirol). La región Trentino-Alto Adigio/Südtirol se divide además en dos provincias de estatuto especial ("provincias autónomas"), Bolzano y Trento, con las mismas competencias legislativas que las regiones.

La organización regional de Italia está marcada por antiguas disparidades regionales entre las regiones del noreste y las del sur. El tamaño medio de las regiones es de 2,7 millones de habitantes, siendo Lombardía (cerca de 10 millones de habitantes) 80 veces más poblada que Vall d'Aosta (unos 124.000 habitantes). Las ya grandes disparidades económicas regionales de Italia han aumentado ligeramente en los últimos 16 años. En Bolzano-Bozen, el nivel del PIB per cápita era 2,7 veces superior al de Calabria en 2020.

NIVEL MUNICIPAL: Los municipios están gobernados por consejos municipales (Consiglio) y alcaldes (Sindaco) elegidos por sufragio universal directo por un periodo de cinco años. La junta municipal (Giunta comunale) está compuesta por tenientes de alcalde nombrados por el alcalde. En 2009, Roma recibió un estatus jurídico especial a través del artículo 24 de la ley 42/2009 ("Roma capitale"). La capitalidad tiene más competencias que una ciudad normal, disposiciones específicas en materia fiscal y presupuestaria, y una mayor autonomía administrativa y organizativa. Roma está dividida en 10 municipios. Cada uno de ellos se considera una autoridad local (es decir, un municipio) por sí mismo.

El número de municipios se ha mantenido estable desde la Ley 142/1990, que impuso un umbral mínimo para la creación de un municipio (10.000 habitantes). Sin embargo, el nivel municipal está fragmentado. Mientras que el tamaño medio de los municipios rondaba los 7.500 habitantes en 2021 (por debajo de la media de la OCDE de 10.250 y de la media de la UE de 5.960), el tamaño medio se acercaba a los 2.410 habitantes. Alrededor del 70% de los municipios italianos tenían menos de 5.000 habitantes y el 45% menos de 2.000 habitantes en 2021. Para reducir la fragmentación, la Ley nº 56/2014 fomenta las fusiones municipales mediante incentivos financieros del Gobierno central y de las regiones.

A nivel inframunicipal, los grandes municipios, con una población de al menos 250.000 habitantes, pueden establecer consejos de distrito (Circoscrizione di decentramento comunale). Estos organismos, reconocidos formalmente en 1976, cuentan a veces con un comité elegido y un presidente. Las competencias de los distritos varían de una ciudad a otra. Entre sus tareas pueden figurar las escuelas, los servicios sociales y la recogida de basuras.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La cooperación intermunicipal se ha fomentado con la aplicación de la Ley 142/1990, en particular mediante la creación de uniones municipales (Unione dei Comuni) y comunidades de montaña, y con la Ley 56/2014, que reforzó las uniones municipales y estableció incentivos financieros para los municipios. La cooperación intermunicipal es obligatoria para los municipios de menos de 5.000 habitantes. En 2021 había 562 uniones. Estas estructuras no tienen ingresos propios. Reciben ingresos de sus municipios miembros, que proceden de los impuestos, las tarifas y las contribuciones que se adeudan por los servicios realizados.

Las ciudades metropolitanas se introdujeron con la Ley 142/1990, que ofrecía la posibilidad a las diez principales ciudades de Italia de establecerse como "ciudades metropolitanas" (città metropolitana). Sin embargo, varias iniciativas locales no prosperaron (por ejemplo, Bolonia en los noventa, Roma y Turín en los 2000). La Ley 56/2014 puso fin a dos décadas de bloqueo de la reforma de la gobernanza metropolitana y creó la estructura jurídica para la introducción de la gobernanza diferenciada en diez grandes áreas metropolitanas (Bari, Bolonia, Florencia, Génova, Milán, Nápoles, Reggio Calabria, Roma, Turín y Venecia) y otras cuatro ciudades de regiones especiales (Catania, Mesina y Palermo en Sicilia, así como Cagliari en Cerdeña). Las provincias se suprimieron como unidades de autogobierno en 2015 y se transformaron en organismos de cooperación intermunicipal (CIM), que también se convirtieron en "ciudades metropolitanas" en cada una de las 14 áreas metropolitanas designadas por la ley. Las ciudades metropolitanas y los CIM provinciales están dirigidos por alcaldes, presidentes y concejales. El estado central nombra a un prefecto (prefetto) en cada CIM provincial como representante de las unidades administrativas desconcentradas.

Las regiones y las dos provincias autónomas tienen importantes competencias legislativas y administrativas desde la reforma constitucional de 2001, que les otorgó poder legislativo exclusivo respecto a cualquier asunto no reservado expresamente al Estado.El gobierno central se encarga exclusivamente de la política exterior, la defensa y la protección social, la legislación electoral, el gobierno local y los principios fundamentales. Las regiones se encargan de la sanidad, el transporte, los servicios sociales y la vivienda, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente, etc. También comparten algunas responsabilidades con el gobierno central, lo que da lugar a un importante solapamiento (responsabilidades concurrentes). Las RSS tienen obligaciones adicionales en materia de sanidad, sistemas escolares e infraestructuras públicas. Las regiones pueden atribuir competencias "no fundamentales" a sus propias autoridades locales a través de la legislación regional. Sin embargo, las autoridades locales no se rigen por la legislación regional, excepto en las cinco regiones con estatuto especial.

A raíz de la Ley 56/2014, las tareas provinciales (transportes, carreteras, protección del medio ambiente, entre otras) se transfirieron a las regiones, a los municipios o a nuevos organismos intermunicipales, según la región. A las ciudades metropolitanas también se les devolvieron algunas de las antiguas responsabilidades de las provincias, como la planificación territorial, la coordinación y la supervisión de las funciones de los municipios que forman parte del área metropolitana.

Las responsabilidades de las asociaciones municipales e intermunicipales implican principalmente la prestación de servicios públicos y competencias en gestión urbana (urbanismo, medio ambiente), redes viarias locales, cultura y ocio, y bienestar social. También son responsables de las competencias administrativas desconcentradas relacionadas con los registros, las elecciones, el servicio militar y las estadísticas.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración regional; Relaciones con los CIM provinciales, las ciudades metropolitanas y los municipios; Gestión de los fondos de la UE	Administración interna; Registro de la propiedad; Permisos de construcción y comerciales; Servicios administrativos delegados
2. Orden público y seguridad		Policía local
3. Asuntos económicos/transporte	Relaciones internacionales y con la UE; Investigación e innovación; Transporte regional; Puertos y aeropuertos civiles; Redes de transporte y navegación a gran escala; Comunicaciones; Energía; Territorio regional; Agricultura;Turismo; Agencias de empleo	Transporte local; Carreteras locales; Desarrollo económico local; Planificación, programación y regulación de actividades comerciales y de zonas industriales y comerciales
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente; Gestión de residuos; Aguas residuales
5. Vivienda y servicios comunitarios	Vivienda	Urbanismo; Vivienda social; Suministro de agua
6. Salud	Sanidad, a través de los organismos públicos de asistencia sanitaria (construcción y mantenimiento de hospitales, equipos médicos, medicamentos, gestión del personal médico, etc.
7. Cultura y ocio	Deportes; Actividades culturales	Deportes; Actividades culturales
8. Educación	Educación	Educación preescolar y primaria; Servicios relacionados con la escuela
9. Protección social	Protección social complementario	Servicios sociales y asistencia comunitaria (políticas de reducción de la pobreza)

Ámbito de los datos financieros: regiones y provincias autónomas, CIM provinciales, uniones de municipios, ayuntamientos, organismos de desarrollo de montaña y cámaras de comercio. El sector también incluye otras organizaciones locales como los organismos de turismo, las autoridades portuarias, las agencias regionales de salud, los organismos de desarrollo regional, los hospitales públicos de investigación, las universidades y las autoridades reguladoras de los servicios de agua.

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: Los artículos 117 y 119 de la Constitución establecen el marco para el sistema de financiación de las SNG y la coordinación de las finanzas públicas, concediendo a las SNG autonomía fiscal en materia de ingresos y gastos. El artículo 119 fue modificado en 2009 por la Ley marco sobre federalismo financiero (nº 42/2009). Los procesos de descentralización fiscal y federalismo municipal se vieron ralentizados por la crisis económica y de las finanzas públicas de 2008 y los cambios políticos posteriores. A pesar de las reformas iniciadas en los años 1900 para aumentar la capacidad de ingresos del SNG y su autonomía financiera, los gastos del SNG, en particular los gastos de inversión, son limitados. Sin embargo, a partir de 2022, una reforma fiscal reducirá los ingresos fiscales regionales para apoyar a los hogares y a las empresas en respuesta a la pandemia.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	6 508	15.5%	27.2%	100.0%
Incl. gastos corrientes	5 706	13.6%	26.3%	87.7%
Gastos de personal	1 715	4.1%	39.0%	26.4%
Consumo intermedio	2 001	4.8%	75.8%	30.8%
Gastos sociales	1 234	3.0%	10.9%	19.0%
Subvenciones y transferencias corrientes	584	1.4%	36.7%	9.0%
Gastos financieros	46	0.1%	3.2%	0.7%
Otros	126	0.3%	42.2%	1.9%
Incl. gastos de capital	802	1.9%	35.7%	12.3%
Transferencias de capital	175	0.4%	15.5%	2.7%
Inversión directa (o FBCF)	628	1.5%	56.0%	9.7%

GASTOS: El proceso de descentralización, gradual pero profundo, provocó un fuerte aumento del gasto de las SNG. En 2020, el gasto de los SNG italianos representaba el 15,5% del PIB y el 27,2% del gasto público. Sin embargo, estas cifras siguen estando por debajo de la media de la OCDE (17,1% y 36,6% respectivamente) y de la media de la UE27 (18,3% del PIB y 34,3% del gasto público). Las regiones representaron cerca del 68% del gasto en SNG, mientras que los municipios representaron el 30% del gasto total en SNG y los IMC provinciales y las ciudades metropolitanas el resto. El gasto en personal de las SNG representó el 39,0% del gasto público en personal en 2020, por debajo de la media de la OCDE y de la UE27 (61,2% y 53,6%, respectivamente).

INVERSIÓN DIRECTA: Las GNS desempeñan un papel esencial en la inversión pública. La inversión directa de las SNG representó el 56,0% de la inversión pública en 2020, por encima de las medias de la OCDE (54,6% en 2020) y de la UE27 (54,4%). La mayor parte de la inversión directa la realizan las regiones. Desde la crisis, las medidas de consolidación y el endurecimiento de las restricciones en el marco del Pacto de Estabilidad Interior provocaron un fuerte descenso de la inversión en SNG, que aún no se ha recuperado del todo. La inversión directa en SNG representó sólo el 1,5% del PIB en 2020, por debajo de las medias de la OCDE y de la UE-27 (1,9% y 1,8% del PIB).

Para mantener la inversión local, la ley presupuestaria de 2020 refuerza aún más las medidas de inversión para los gobiernos locales. Así, los municipios recibirán hasta 500 millones de euros anuales durante el periodo 2020-2024 para financiar pequeñas obras relacionadas con la eficiencia energética y el desarrollo territorial sostenible. El Estado también proporcionará a los municipios aportaciones para la ejecución de proyectos de regeneración urbana, inversiones en ciclismo, construcción y renovación de guarderías, planificación ejecutiva e infraestructuras sociales en algunos municipios (hasta 2034). Los IMC provinciales y las ciudades metropolitanas recibirán subvenciones para el mantenimiento extraordinario de carreteras y escuelas. En el marco de su Programa de Estabilidad 2020, el gobierno central también creó un fondo de inversión territorial, que ascenderá a 400 millones de euros anuales entre 2025 y 2034.

Las asociaciones público-privadas (APP) se utilizan habitualmente en Italia para financiar proyectos de infraestructuras, sobre todo por parte de las regiones para financiar la construcción de nuevos hospitales. Las APP contractuales se utilizan principalmente para proyectos de infraestructuras, mientras que las institucionales suelen emplearse para gestionar servicios públicos a nivel local. El Ministerio de Infraestructuras y Transportes apoya a las autoridades regionales y locales con asistencia técnica y administrativa para la planificación y aprobación de proyectos de infraestructuras. El Ministerio también supervisa la construcción de infraestructuras con la cooperación de las regiones. Además, el Consejo Supremo de Obras Públicas puede emitir, previa solicitud, un dictamen sobre los proyectos o las autoridades regionales y locales.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	6 219	13.8%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	1 073	2.4%	25.1%	17.3%
2. Defensa	0	0.0%	0.0%	0.0%
3. Orden público y seguridad	96	0.2%	11.7%	1.6%
4. Asuntos económicos/transporte	695	1.6%	29.1%	11.2%
5. Protección del medio ambiente	361	0.8%	90.9%	5.8%
6. Vivienda y servicios comunitarios	163	0.4%	56.0%	2.6%
7. Salud	3009	6.7%	57.2%	48.4%
8. Ocio, cultura y religión	120	0.3%	32.3%	1.9%
9. Educación	385	0.9%	20.7%	6.2%
10. Protección social	317	0.7%	2.6%	5.1%

La sanidad es, con mucho, el principal ámbito de gasto del SNG, representando casi la mitad del gasto del SNG (48,4%) y el 6,7% del PIB en 2019 (frente al 18,0% del gasto público y el 2,9% del PIB de media en la OCDE). Se espera que este porcentaje aumente en los próximos años, como consecuencia de la pandemia pero también del envejecimiento de la población (se prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad alcance el 67% en 2050, frente al 39% en 2020). La sanidad representa más del 80% del gasto regional, lo que limita su flexibilidad presupuestaria ya que una gran parte de su gasto se destina a transferencias sanitarias. El gasto regional en sanidad está sujeto a las normas del Pacto por la Sanidad, un acuerdo con un horizonte de tres años entre el Estado, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano. En consecuencia, las regiones están obligadas a garantizar un presupuesto equilibrado en el sector sanitario financiando cualquier déficit. En caso de desviación del equilibrio, se aplican medidas correctoras automáticas (por ejemplo, un impuesto regional adicional sobre la renta individual).

A la sanidad le siguen los servicios públicos generales (17,3% del gasto del SNG en 2019) y los asuntos económicos/transporte (11,2%). La parte de la protección social (5,1%) y la educación (6,2%) es inferior a la media de la OCDE (14,% y 24,3% respectivamente), ya que estos dos sectores siguen siendo funciones primordiales del gobierno central, en particular en lo que respecta a la gestión del personal. Los SNG son también responsables de la gran mayoría del gasto público global en los ámbitos de la protección del medio ambiente (90,9% del gasto público en 2019) y de la vivienda y los equipamientos colectivos (56,0%).

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	6 419	15.3%	32.2%	100.0%
Ingresos fiscales	1 718	4.1%	14.1%	26.8%
Donaciones y subvenciones	3 905	9.3%	-	60.8%
Tarifas y tasas	677	1.6%	-	10.6%
Ingresos de activos	87	0.2%	-	1.4%
Otros ingresos	33	0.1%	-	0.5%

DESCRIPCIÓN GENERAL: La reforma constitucional de 2001 y la ley de federalismo fiscal nº 42 de 2009 marcaron un hito para Italia en su avance gradual hacia la descentralización fiscal. El objetivo de la reforma era aumentar la autonomía fiscal, la eficiencia y la responsabilidad del SNG y garantizar un nivel adecuado de servicios subnacionales en todo el país. Conllevó un aumento tanto de los recursos propios como de los impuestos compartidos con el objetivo de cubrir las obligaciones de gasto. También condujo a la sustitución de una parte de las subvenciones del gobierno central por pagos de compensación de ingresos fiscales. En el marco del plan nacional de recuperación y resiliencia, el gobierno central introdujo una nueva reforma fiscal para sostener las economías regionales y mejorar los mecanismos de recaudación fiscal (véase más abajo). Esto aumentará la dependencia regional de las transferencias centrales a pesar de los continuos esfuerzos por promover la autonomía fiscal regional.

En 2020, las transferencias intergubernamentales siguieron siendo la principal fuente de ingresos de los SNG. La parte de las transferencias aumentó bruscamente del 47% en 2016 al 60,8% en 2020 (frente al 41,2% de media en los países de la OCDE en 2020), ya que el gobierno central apoyó en gran medida a los gobiernos subnacionales mediante transferencias durante la pandemia, sobre todo para cubrir el gasto sanitario regional. En consecuencia, la contribución de los ingresos fiscales a los ingresos del SNG se situó muy por debajo de la media de la OCDE en 2020 (42,4% respectivamente), mientras que otras fuentes de ingresos (aranceles y tasas; 10,6%) se acercan a la media de la UE27 (10,3%) y son ligeramente inferiores a la media de la OCDE (13,3%). En 2020, los municipios representarán el 30% de los ingresos totales del SNG, los IMC provinciales y las ciudades metropolitanas un ínfimo 3% y las regiones el 67%.

INGRESOS FISCALES: En 2020, los ingresos fiscales representaron el 4,1% del PIB (frente al 7,2% en la OCDE) y el 14,1% de los ingresos fiscales públicos (frente al 32,3% en la OCDE). Los ingresos fiscales del SNG comprenden tanto los impuestos compartidos como los de fuente propia.

En cuanto a los impuestos compartidos, los municipios reciben una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas (compartecipazione - IRE), pero no tienen control sobre él. El gobierno central también comparte varios impuestos nacionales con las regiones (RSS), sobre todo el IRE, el impuesto de sociedades (CIT), los impuestos especiales y el impuesto de timbre.

Las regiones italianas tienen varios impuestos de fuente propia. El más importante es un impuesto regional sobre la producción (imposta regionale sulle attività produttive - IRAP). El IRAP es un impuesto sobre las actividades económicas, cuyo tipo básico es del 3,9% desde 2015. Las regiones tienen la capacidad de aumentar o reducir el tipo del IRAP y de establecer exenciones. Otros impuestos regionales incluyen un impuesto regional sobre los vehículos, un impuesto regional sobre los vertederos y las plantas incineradoras de residuos, así como una sobretasa regional sobre el IRPF (addizionali regionali all - IRPEF), que varía del 0,7% al 3,33% según la región. A partir de 2022, una reforma fiscal reducirá el IRPF, revisará los tipos del recargo regional y municipal sobre el IRPF y añadirá exenciones al IRAP para algunas categorías de empleo (sobre todo para los autónomos). El gobierno central compensará parcialmente a las regiones con 8.000 millones de euros en transferencias para sus servicios sanitarios, ya que el IRAP representa la principal fuente de financiación del sector sanitario. Una transferencia suplementaria de 76 millones de euros compensará además a las regiones que aplicaron un tipo IRAP más elevado. A pesar de la reforma, los ingresos fiscales deberían seguir representando la mayor parte de los ingresos regionales.

La principal fuente de ingresos fiscales municipales es el impuesto recurrente sobre la propiedad (25,8% de los ingresos fiscales del SNG en 2020). Fue reformado en 2013 con la creación de un impuesto municipal único (Imposta unica comunale - IUC), que incorpora tres impuestos: 1) el IMU (imposta municipale propria), que es un impuesto sobre bienes inmuebles que pagan únicamente los propietarios de residencias secundarias; 2) el TASI o "impuesto por servicios indivisibles", que es un impuesto complementario sobre bienes inmuebles, destinado a sufragar los gastos de suministro de alumbrado, limpieza viaria, zonas verdes y servicios que los municipios prestan equitativamente a todos los ciudadanos; y 3) y el TARI (impuesto sobre residuos), que debe cubrir el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Tanto el IMU como el TASI se derogaron sobre las viviendas principales (excepto las de lujo) en 2014 y 2015. Se sigue debatiendo una reforma de los valores catastrales para aumentar la base del impuesto sobre bienes inmuebles y explotar plenamente el potencial del impuesto. En 2020, el impuesto recurrente sobre la propiedad representaba el 1,1% del PIB, cerca de la media de la OCDE (1,0% del PIB). Los impuestos municipales de fuente propia también incluyen una sobretasa sobre el IPE (imposta addizionale comunale), con cierto margen de maniobra municipal sobre el tipo, un impuesto sobre la publicidad y un impuesto turístico.El umbral de los tipos de la sobretasa sobre el IPE se revisará como parte de la reforma fiscal.

AYUDAS Y SUBVENCIONES: Existen dos sistemas distintos de subvenciones, uno para las regiones (RSO) y otro para los municipios. La reforma constitucional de 2001 y la Ley de Federalismo Fiscal de 2009 establecen los principios de ambos sistemas. La Ley de 2009 obliga a los funcionarios a utilizar tanto las necesidades de gasto estándar como la capacidad fiscal a la hora de calcular la asignación de las transferencias de nivelación. Este nuevo sistema de igualación se basa en cubrir los costes de los servicios públicos esenciales e igualar las capacidades de recaudación fiscal.

A nivel regional, el fondo de nivelación garantiza la cobertura de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, asistencia social) en las regiones con bajos ingresos fiscales. El Fondo Regional de Salud es el componente más importante. Se asigna sobre una base per cápita ligeramente modificada, previo acuerdo alcanzado entre las regiones y el gobierno central en el seno de la Conferencia de Gobiernos Estatales y Regionales. El gobierno central aumentó el Fondo de 114.000 millones de euros en 2019 a 118.000 millones en 2020 y a unos 121.500 millones en 2021 para apoyar las finanzas de las regiones durante la pandemia.

A nivel municipal, el Fondo de Solidaridad Municipal (Fondo di Solidarieta' Comunale - FSC), creado por la ley nº 228/2012, es la herramienta de igualación más importante. Gestionado por el Ministerio del Interior, está dotado por una parte del impuesto local sobre bienes inmuebles, así como por contribuciones del gobierno central. Las subvenciones consisten exclusivamente en subvenciones de nivelación para fines generales, asignadas según una fórmula compleja que tiene en cuenta tanto la capacidad fiscal como las necesidades de gasto para garantizar la prestación de las "funciones fundamentales" de los municipios. El resto del FSC sigue distribuyéndose en función del nivel histórico de transferencias a los municipios individuales. Desde el Pacto de Estabilidad de 2014, una parte del FSC se utiliza como incentivo a favor de la fusión de municipios. Los municipios fusionados pueden recibir subvenciones hasta cinco veces superiores a las de los municipios regulares, durante un periodo máximo de cinco años. En 2020 se anticipó el primer desembolso del FSC para proporcionar a los municipios un margen de maniobra durante la pandemia. El Fondo se incrementa anualmente. Los municipios italianos también pueden recibir transferencias ad hoc destinadas a necesidades específicas, incluso para proyectos de inversión.

OTROS INGRESOS: Los municipios italianos pueden recaudar diversas tasas y cánones sobre la instalación de publicidad (CIMP), la ocupación de espacios públicos por actividades económicas (TOSAP y COSAP) y para sufragar el coste de algunas obras públicas del municipio (ISCOP) o el cobro de multas de tráfico y aparcamiento. Las regiones también tienen derecho a recaudar tasas y cánones (por ejemplo, sobre las concesiones hechas en bienes de dominio público regional, sobre el derecho a estudiar en la universidad, sobre las actividades fitosanitarias, etc.). La parte de los aranceles y tasas en los ingresos de las RNG es inferior a la media de la OCDE (10,6% frente al 13,3% en 2020).

La SNG también puede recaudar ingresos de las empresas, las actividades comerciales y los ingresos procedentes de la propiedad de bienes (venta de bienes muebles e inmuebles), intereses y dividendos de las empresas estatales. Se han adoptado algunos decretos, en particular sobre la atribución a los municipios de una parte de los bienes del Estado ("federalismo de los bienes públicos").

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	4 708	11.2%	6.1%	100.0%	-
Deuda financiera	3 132	7.5%	4.2%	66.5%	100.0%
Dinero legal y depósitos	0	-	-	0.0%	0.0%
Bonos/Títulos de deuda	308	-	-	6.5%	9.8%
Préstamos	2 825	-	-	60.0%	90.2%
Seguros, pensiones	0	-	-	0.0%	-
Otras cuentas por pagar	1 575	-	-	33.5%	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: En 1999, Italia introdujo un Pacto de Estabilidad Interna (Patto di Stabilità Interno - ISP) para garantizar que la situación financiera de los gobiernos central y regionales fuera coherente con las obligaciones de Italia en virtud de las normas fiscales de la Unión Europea. El ISP se ha ido modificando progresivamente y, desde 2001, los municipios también están sujetos al ISP. Actualizado y aprobado anualmente, establece objetivos para sus equilibrios fiscales, límites al crecimiento del gasto, así como límites de endeudamiento. Desde 2003, se ha establecido un sistema de sanciones para los municipios incumplidores, en forma de recortes en las transferencias y congelación de la contratación de personal local. La Ley Constitucional nº 1/2012 introdujo el principio de equilibrio presupuestario en términos estructurales y prohíbe el uso de deuda para financiar el déficit. La ley proporcionó a las regiones un margen de maniobra para compensar los desequilibrios temporales entre los municipios situados en sus territorios. La Oficina Parlamentaria de Presupuestos (Ufficio parlamentare di bilancio - UPB), cuya autonomía se menciona en la Ley Constitucional de 2012, tiene el mandato de analizar y supervisar la evolución de las finanzas públicas, incluso a nivel subnacional, y evaluar el cumplimiento de las normas presupuestarias.

Desde 2019, las Normas Constitucionales nº 247/2017 y nº 101/2018 simplificaron las normas de las finanzas públicas, estableciendo que las regiones, las provincias autónomas de Trento y Bolzano, las ciudades metropolitanas y los municipios deben contribuir al objetivo de endeudamiento neto a nivel nacional, en línea con el PSI. En consecuencia, a partir de 2019, todos los SNG deberán cumplir las normas de equilibrio presupuestario a nivel de institución individual (es decir, cuenta final y cuenta corriente no negativas y saldo final de caja no negativo) y a nivel sectorial. En el caso de los OSR, las normas se aplazaron hasta 2021 tras el acuerdo de la Conferencia de Gobiernos Estatales y Regionales de octubre de 2018.

DEUDA: El uso regional y local de la deuda se limita a la financiación de los gastos de inversión ("regla de oro"). Los empréstitos SNG deben ir acompañados de planes de amortización que no superen la vida útil de la inversión. Existen normas cautelares adicionales sobre los nuevos empréstitos (servicio de la deuda), que se incluyen en las disposiciones de la ley anual de finanzas, como el respeto de un presupuesto equilibrado para todas las entidades de la región en su conjunto. Los municipios y las regiones pueden emitir obligaciones de acuerdo con normas prudenciales específicas (por debajo del 20% de los ingresos de explotación netos de fondos sanitarios para las regiones; e intereses por debajo del 10% de los ingresos de explotación para los gobiernos locales).

La deuda pendiente del SNG como porcentaje del PIB y de la deuda pública es inferior a la media de la OCDE (27,9% del PIB y 20,2% de la deuda pública), así como a la media de la UE27 (13,9% del PIB y 15,4% de la deuda pública). La mayor parte de la deuda financiera del SNG adopta la forma de préstamos bancarios emitidos en gran parte a instituciones financieras nacionales, en particular el banco público italiano Cassa Depositi e Prestiti. La parte de los préstamos intergubernamentales ha aumentado en los últimos años debido a los tipos de interés favorables y a los largos plazos de vencimiento, mientras que el uso de bonos ha disminuido de alrededor del 30% en 2006 al 6,5% de la deuda del SNG en 2020. En 2020, sin embargo, las SNG italianas seguirán siendo un grupo importante de emisores entre las regiones y municipios europeos, después de Alemania, España y Francia.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Italia fue uno de los primeros países afectados por la crisis del COVID-19 en Europa y el primero en aplicar un bloqueo nacional estricto entre los países de la OCDE. La pandemia puso de manifiesto las debilidades estructurales del sistema sanitario, con un número insuficiente de camas para cuidados intensivos y un número cada vez menor de médicos. Esta escasez de capacidad se produce tras años de recortes en el gasto sanitario en Italia, lo que explica la pronta reacción del gobierno para evitar una sobrecarga del sistema sanitario.

Aunque las decisiones se tomaban principalmente a nivel central, los gobiernos subnacionales participaban en la aplicación de las medidas. Las regiones y los municipios seguían beneficiándose de un cierto grado de flexibilidad para aplicar medidas de restricción más tempranas o más estrictas, en función de la situación sanitaria local. De acuerdo con la Constitución (art. 172 y 120), el gobierno central tiene competencias exclusivas y puede sustituir los poderes de las regiones en caso de pandemia global, como ocurrió con la crisis del Covid-19 . Sin embargo, el poder legislativo sigue estando en manos del Estado y de las regiones (principio de colaboración leal), lo que crea competencias contrapuestas entre el Estado y las regiones, tal y como se recoge en el artículo 117. Esta falta de competencias claras provocó solapamientos en la toma de decisiones, así como litigios constitucionales. Muchas regiones adoptaron decisiones a través de órdenes que se sobrepusieron a las decisiones del gobierno central para hacer en relación a la crisis de Covid-19.

A pesar del mandato del Departamento de Protección Civil, creado en 1992 para garantizar la coordinación de las actividades de protección civil en situaciones de emergencia con las regiones, la pandemia puso de manifiesto la falta de coordinación vertical. Por el contrario, la coordinación horizontal se reforzó a nivel central con la creación de un Comisario extraordinario Covid-19 en marzo de 2020 y del Consejo de Ministros para coordinar las decisiones interministeriales. También se ha creado un comité de coordinación a nivel regional entre los representantes de las agencias sanitarias regionales y los prácticos médicos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: Los gobiernos subnacionales aplicaron algunas medidas de apoyo durante la pandemia. Las regiones italianas adoptaron medidas por valor de unos 7.000 millones de euros, de los que el 70% se destinaron a las empresas y las PYME y el 30% a la asistencia social y los hogares. Las medidas se dirigieron sobre todo a apoyar la liquidez de las empresas y a proteger a los hogares vulnerables.

El gobierno central adoptó varias medidas para ayudar a las SNG a hacer en relación a la crisis, ya que es el único nivel de gobierno capaz de endeudarse. Entre estas medidas, en mayo de 2020 se creó un fondo específico de 3.500 millones de euros (incrementado en 1.670 millones en agosto de 2020) para paliar la pérdida de ingresos locales. Del mismo modo, se asignó un fondo de 1.500 millones de euros (incrementado en 2.800 millones en agosto de 2020) a las regiones y provincias autónomas para compensar su pérdida de ingresos fiscales y aumentar el gasto en sanidad, servicios sociales y educación. El gobierno central también adoptó medidas para paliar los déficits subnacionales. Estableció un Fondo de 12.000 millones de euros, incluidas las Unidades Territoriales Sanitarias Locales, para pagar la deuda de las SNG. Se renegociaron o aplazaron hipotecas y préstamos de regiones y municipios.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: La crisis del COVID-19 impactó fuertemente en las economías territoriales y en el empleo, con grandes disparidades entre las regiones industrializadas del Norte y las regiones ruirales más pobres del Sur. El impacto de la pandemia en las finanzas de los SNG también varió en gran medida.

Los ingresos subnacionales se mantuvieron estables en 2020, ya que el aumento de las transferencias del gobierno (+9,9%) compensó parcialmente la caída de los ingresos fiscales (-11,2%) y de los aranceles y tasas (-14,3%). Esta cifra varió según los niveles de gobierno. La caída de los ingresos municipales se debió sobre todo a la disminución de las tarifas y tasas derivada de las medidas de contención. La pérdida de PIT fue menos significativa, ya que quedó cubierta por las transferencias del gobierno central. Los municipios del sur se vieron menos afectados ya que su estructura de ingresos depende más de las transferencias. A nivel regional, el descenso de los ingresos fue menor. La caída se debió principalmente al impuesto regional sobre las actividades de producción, ya que los pagos de las empresas se aplazaron hasta 2021.

Por el lado de los gastos, las SNG aumentaron ligeramente sus gastos en 2020 en comparación con 2019 (+1,7%), con grandes disparidades entre los niveles de gobierno. A nivel municipal, el aumento del gasto en instalaciones escolares se vio parcialmente compensado por los ahorros relacionados con el cierre de instalaciones (por ejemplo, reducción de gastos de personal, servicios de gas y agua). Por el contrario, el gasto de las regiones aumentó en gran medida debido a sus responsabilidades sobre el sector sanitario (por ejemplo, la compra de equipos médicos). Las regiones también apoyaron a las empresas y los hogares durante la pandemia, lo que incrementó sus gastos en unos 7.300 millones de euros en 2020, de los que 4.500 millones procedían de los Fondos Europeos y 2.900 millones de sus propios recursos.

La deuda financiera subnacional disminuyó ligeramente en 2020 (-2,1%), lo que se tradujo en un descenso de la emisión de bonos (-9,3%), mientras que la deuda de las administraciones públicas aumentó un 8,4% como consecuencia del paquete de ayudas y el aumento de las transferencias durante la crisis.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) italiano se basa en 191.500 millones de euros de subvenciones y préstamos del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la UE. Esto se combinará con los recursos del Fondo Complementario nacional, dotado con 30.600 millones de euros adicionales. Alrededor del 70% de los fondos se dedicarán a proyectos de inversión, con especial atención al medio ambiente, la investigación, la formación, el bienestar y la salud. Las prioridades transversales sustentan las inversiones, reformas y proyectos del Plan y tienen el objetivo declarado de reducir las disparidades entre regiones, generaciones y géneros en Italia. Los gobiernos subnacionales deberían gestionar alrededor del 35% de los fondos, lo que aumentaría en gran medida su gasto anual en inversiones. El gobierno central tiene previsto reforzar el seguimiento central y el apoyo técnico a la aplicación de las inversiones y las reformas, simplificar los procedimientos y acelerar el ritmo de desembolso.