HAITÍ

Según la Constitución de 1987 (enmendada en 2012), Haití es un país unitario con un sistema presidencial. El presidente, que también es jefe de Estado, es elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años. La Constitución establece que el presidente nombrará al primer ministro y que ambos decidirán conjuntamente el gabinete. El poder ejecutivo está formado por el presidente y el gobierno, encabezado por el primer ministro. El poder legislativo está compuesto por un parlamento bicameral con 119 escaños en la Cámara de Diputados y 30 escaños en el Senado.

La Constitución de 1987, adoptada tras la dictadura de Duvalier (1957-1986), inició la descentralización de la gobernanza pública estableciendo tres niveles de autoridades locales y regionales: el departamento, la comuna y, a nivel subcomunal, la sección comunal, de los cuales la comuna es el nivel descentralizado realmente existente, con una autonomía financiera y administrativa constitucionalmente reconocida. En 1996, el gobierno aprobó dos leyes para crear un fondo de apoyo a las colectividades territoriales: el Fondo de Gestión y Desarrollo de las Colectividades Territoriales (FGDCT o Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales). En 2006 se adoptaron otros cinco decretos para aclarar la organización y el funcionamiento de las autoridades locales y regionales (sobre descentralización, departamentos, municipios, secciones comunales y la función pública local y regional). La sección comunal es el nivel básico de descentralización, pero la Constitución no le concede plena autonomía. Los presupuestos de las secciones comunales deben ser ratificados por los consejos municipales de sus respectivas comunas y sus responsabilidades se limitan a menudo a respaldar las competencias comunales. Cada autoridad descentralizada debe tener una estructura deliberativa (la asamblea) y una estructura ejecutiva (el consejo), cuyos miembros son elegidos (directa o indirectamente).

Según los textos legales, los departamentos también deberían ser una entidad autónoma. Debido a la falta de organización y de elecciones, el nivel departamental con su consejo interdepartamental no es funcional tal y como prevé la Constitución. Los 10 departamentos, subdivididos en 42 distritos (arrondissements), son actualmente una desconcentración administrativa de ciertos servicios del Estado. Algunos ministerios desarrollan sus actividades a este nivel. En cada departamento y arrondissement, el gobierno nombra a un delegado y a un vicedelegado para supervisar a las autoridades locales y regionales.

Desde 2010, el gobierno haitiano ha emprendido amplias reformas destinadas a reforzar la descentralización. Entre ellas destacan el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (2012) y el Programa de Modernización del Estado (2018), que contienen elementos importantes sobre la gobernanza territorial y las finanzas locales. Para colmar las lagunas en la coordinación a nivel regional, el gobierno inició en 2017 la creación de una autoridad regional de planificación en cuatro regiones (agrupaciones de departamentos) y en la comunidad urbana de Puerto Príncipe. Su función es coordinar la realización de los planes de desarrollo regional y los planes anuales de ejecución que se derivan de ellos. Se desconocen los avances en la puesta en marcha de estas autoridades regionales.

A pesar de las reformas emprendidas, el estado de las autoridades locales y regionales en Haití revela que carecen de los recursos y capacidades necesarios para cumplir con sus responsabilidades. La insuficiencia de recursos financieros unida a la falta de claridad del marco legislativo sobre la descentralización son los principales problemas que les impiden llevar a cabo la descentralización consagrada en la Constitución.

El 28 de octubre de 2020, el gobierno creó el Comité Asesor Independiente con el mandato de redactar y proponer una nueva constitución. Ésta debía introducir, entre otras cosas, cambios en el marco del gobierno subnacional para hacer en relación a la incapacidad de las autoridades locales y regionales para desempeñar su papel en el desarrollo local. El proceso de adopción de esta nueva constitución, que incluye una fase de consulta y un referéndum previsto para 2021, ha sido impugnado y se encuentra actualmente retrasado.

A diferencia de la descentralización prevista en la Constitución, el gobierno ejerce un importante control sobre los municipios, principalmente a través del Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales (MICT o Ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales). Además, el Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior (MPCE o Ministère de la Planification et de la Coopération Extérieure) supervisa la planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF o Ministère de l'Economie et des Finances) y el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo (CSCCA o Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) supervisa las finanzas de los municipios.

Existen tres federaciones nacionales que defienden los intereses de las autoridades locales y regionales: la Federación de Alcaldes de Municipios (FENAMH o Fédération des maires des communes), que es actualmente la más activa, la Federación de Consejos de Administración de Secciones Comunales (FENACAH o Fédération des conseils d'administration des sections communales) y la Federación de Asambleas de Secciones Comunales (FENASEC o Fédération des assemblées des sections communales).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
146 municipios
Tamaño promedio municipal 78 100
146			146

Nombre y número de entidades subcomunales:

571 secciones comunales

DESCRIPCIÓN GENERAL: Desde el último cambio en la organización municipal en 2015, cuando el gobierno creó cinco nuevos municipios, Haití cuenta con 146 municipios. En 2021, cinco de ellas aún no estaban organizadas ni funcionaban de forma efectiva. Según la Constitución, el gobierno determina por ley el número, los límites, la organización y el funcionamiento de las comunas y las secciones comunales. Las secciones comunales son un nivel administrativo subcomunal dentro de los territorios de las comunas y desempeñan un papel limitado.

NIVEL MUNICIPAL: Según un censo realizado en 2015 por el Instituto Haitiano de Estadística e Informática, la población de las secciones comunales y las comunas varía enormemente, oscilando entre menos de 100 y más de 520.000 habitantes en el caso de las secciones comunales, y entre algo menos de 6.000 y casi un millón de habitantes en el caso de las comunas. En ese momento, la sección comunal de Turgeau, en Puerto Príncipe, tenía más población que algunos departamentos. Esta asimetría demográfica es especialmente visible en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que cuenta con una población de más de dos millones y medio de habitantes. Esta zona metropolitana está compuesta por la capital, Puerto Príncipe, y los municipios de Delmas, Cité Soleil, Tabarre, Carrefour y Pétion-Ville. La aglomeración no tiene ningún estatus especial, aparte del deseo del gobierno de coordinar la planificación y el desarrollo a través de la autoridad regional de planificación. Aparte de la capital, los municipios más poblados tienen entre 200.000 y 400.000 habitantes.

Según el Banco Mundial, la población urbana de Haití ha pasado de tres a seis millones de habitantes en 15 años (de 2000 a 2015). Combinado con las limitadas capacidades de las autoridades locales y regionales, este fenómeno de fuerte y rápida urbanización ha intensificado los problemas y la falta de infraestructuras y servicios locales, lo que ha obstaculizado el desarrollo económico.

A nivel de la comuna, cada cuatro años se elige el mismo número de representantes para formar parte del consejo (ejecutivo) y las asambleas de las secciones comunales deben designar cada una a un representante para formar parte del órgano deliberante de la comuna, la asamblea municipal. En las últimas elecciones de 2016, las asambleas municipales no fueron designadas. Al no celebrarse las siguientes elecciones, el gobierno transformó los consejos municipales de 141 municipios en comisiones municipales con las mismas responsabilidades mediante una orden ministerial de julio de 2020. Todos los miembros de estas comisiones (tres funcionarios por municipio) han sido nombrados por el gobierno y están en funciones hasta las próximas elecciones municipales (sin fecha fijada).

El dispositivo jurídico, administrativo y financiero actual lleva a considerar que las 571 secciones comunales son un nivel administrativo subcomunal con muy poca autonomía financiera y organizativa. Cada cuatro años se celebran elecciones por sufragio universal a nivel de la sección comunal para elegir a los miembros del órgano deliberante, la asamblea comunal (que tiene de cinco a nueve representantes según la población de la sección), a tres representantes para el consejo (ejecutivo) y a los delegados de la ciudad que formarán parte de la asamblea comunal. Las últimas elecciones tuvieron lugar en 2017 y las próximas, previstas para 2021, han sido aplazadas.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: En virtud del decreto marco de descentralización de 2006, los municipios pueden agruparse para gestionar uno o varios servicios. La Comunidad de Municipios de la Región de las Palmeras (CMRP o Communauté des Municipalités de la Région des Palmes) es una experiencia conocida de agrupación de cuatro municipios en 2011. La CMRP creó un equipo técnico para apoyar a los municipios en la gestión de proyectos, la planificación y el desarrollo del uso del suelo y la movilización fiscal. A pesar de los éxitos logrados y del reconocimiento de su importancia (por parte de la FENHAM entre otros), el CMRP carece de financiación. El Programa de Modernización del Estado de 2018 propuso promover la cooperación intercomunal para reforzar la descentralización.

La descentralización pretende garantizar que los servicios públicos locales sean prestados por las autoridades locales y regionales de acuerdo con las normas y estándares establecidos por el gobierno central. La legislación otorga muchas responsabilidades a las comunas. En realidad, muy pocas comunas tienen la capacidad financiera y organizativa para llevarlas a cabo, ni siquiera parcialmente. El gobierno reconoce este hecho en la Constitución, los decretos y las leyes al afirmar que cualquier servicio que no pueda ser prestado por una autoridad local o regional será asumido automáticamente por la autoridad superior o el gobierno central. Las responsabilidades reales asumidas a nivel local varían considerablemente entre municipios y no es fácil distinguir entre responsabilidades compartidas y exclusivas. El Programa de Modernización del Estado de 2018 propuso medidas para revisar y normalizar el marco legal y reglamentario.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Gestión de cementerios; gestión de terrenos y edificios comunales (compartidos)
2. Orden público y seguridad	Normas de tráfico; ayuda en caso de catástrofe; lucha contra incendios; control funerario; justicia de paz y policía de proximidad (compartida)
3. Asuntos económicos/transporte	Construcción y mantenimiento de carreteras; construcción y mantenimiento de plazas públicas, estaciones de ferrocarril, aparcamientos; construcción y regulación de mercados, mataderos y zonas de sacrificio; organización de ferias comunales (compartidas)
4. Protección del medio ambiente	Construcción y mantenimiento de infraestructuras de saneamiento del agua; protección de los bosques y control de la tala de árboles; protección de los cursos de agua; protección de las aguas subterráneas; eliminación de residuos; gestión de los riesgos naturales y prevención (compartida)
5. Vivienda y servicios comunitarios	Plan de desarrollo; zonificación y permisos; direccionamiento; alumbrado público; producción y distribución de agua potable (pozos, fuentes, perforaciones) (compartida)
6. Salud	Construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones de primer nivel; policía sanitaria; inspección de alimentos y medicamentos; control de la calidad del agua; control sanitario (compartido)
7. Cultura y ocio	Construcción y mantenimiento de zonas de ocio comunales, instalaciones deportivas, parques, museos y bibliotecas (compartidos)
8. Educación	Construir y participar en la gestión de centros públicos de enseñanza secundaria (compartida)
9. Protección social	Gestión de la ayuda a los grupos vulnerables; gestión de los refugios comunales; gestión de los orfanatos y centros de rehabilitación (compartidos)

Alcancede los datos financieros: No hay datos disponibles.

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Baja

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Baja

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Constitución y los cinco decretos sobre la organización y el funcionamiento de las autoridades locales y regionales pretenden dotar a las autoridades locales y regionales de autonomía financiera. Como tales, las comunas reciben sus propios ingresos procedentes de impuestos y aranceles, que son muy bajos y están desigualmente distribuidos por el territorio. Para compensar en parte la falta de fuentes de ingresos, los gobiernos subnacionales (las propias comunas y las secciones comunales a través de las comunas) reciben transferencias y subvenciones del gobierno. Las comunas también pueden recibir ayuda financiera directa de organismos externos (ONG, cooperación internacional). Al estar bajo control administrativo, las comunas deben elaborar y gestionar un presupuesto de acuerdo con las normas establecidas por el Estado.

A pesar de la voluntad expresada históricamente por el gobierno, las comunas no disponen de los ingresos necesarios para ejercer sus competencias. La falta general de recursos a la que se enfrentan las comunas significa, por extensión, que tienen una capacidad limitada para transferir recursos financieros a las secciones comunales. En 2020, además del impacto de la pandemia, las finanzas y el funcionamiento del país y de sus autoridades locales y regionales se vieron gravemente afectados por la agitación social, la delincuencia y la inestabilidad política. Según el anexo del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF o Ministère de l'Economie et des Finances), se estima que la actividad económica para el ejercicio 2019-2020 habrá disminuido un 3,6%, con una inflación del 22,6%.

A través del Ministerio del Interior y de las Administraciones Locales y Regionales (MICT) y del Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo (CSCCA), el Estado fiscaliza los presupuestos comunales, sin embargo, no divulga públicamente ningún dato sobre las finanzas de las administraciones locales y regionales.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

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DESCRIPCIÓN GENERAL: Los municipios de Haití tienen sus propias fuentes de ingresos. La legislación define la naturaleza y las normas de aplicación de los ingresos y las transferencias.

No existen datos recientes sobre los ingresos de los gobiernos subnacionales, salvo para el ejercicio 2012-2013, del que el Banco Mundial (BM) ha obtenido estadísticas. El presupuesto del Estado para el mismo ejercicio permite identificar las transferencias realizadas a través del Fondo para la Gestión y el Desarrollo de los Poderes Locales y Regionales (FGDCT). Los ingresos comunales, incluidos los ingresos de fuentes propias y las transferencias del FGDCT, ascendieron a unos 258 HTG per cápita (equivalentes a 12,33 USD PPA 2013). Paralelamente al FGDCT, los ministerios concedieron otras ayudas financieras a determinadas comunas.

Los datos del BM de 2012-2013 indican que las autoridades locales y regionales haitianas dependen en gran medida de las transferencias financieras intergubernamentales. Las transferencias del FGDCT ascendieron a 1 943,3 millones de HTG (92,8 millones de USD PPA 2013), lo que supuso casi tres veces los ingresos propios de las comunas, de 744,9 millones de HTG (35,6 millones de USD PPA 2013).

Existen desigualdades considerables entre las autoridades locales y regionales, y los ingresos se concentran en la zona de la capital, Puerto Príncipe. Las profundas desigualdades económicas del territorio explican en parte las diferencias en la recaudación de ingresos propios.

INGRESOS FISCALES: Las autoridades locales y regionales no pueden fijar los impuestos locales por sí mismas, ya que el Estado es responsable de ello según lo definido por las leyes y decretos. El gobierno puede otorgar a las autoridades locales y regionales la facultad de fijar los tipos o los importes de los impuestos. En cuanto a la recaudación, la Dirección General de Impuestos (DGI o Direction Générale des Impôts) del MEF recauda los impuestos en nombre de la comuna y los paga en su totalidad.

En Haití se aplica desde hace mucho tiempo un impuesto predial sobre el valor de los alquileres, principalmente en las zonas urbanas de las comunas. En 1979, el gobierno modernizó este sistema impositivo, que se convirtió en el Impuesto Territorial sobre las Propiedades Urbanizadas (CFPB o Contribution foncière des propriétés bâties), que sigue vigente a pesar de varias enmiendas. El impuesto se aplica sobre el valor de alquiler declarado de los inmuebles y los tipos impositivos son uniformes en todo el país. Es la fuente de ingresos propios más importante de la que disponen los municipios. Según el informe del BM sobre el ejercicio 2012-2013, el CFPB recaudado ascendió a 492,9 millones HTG (equivalentes a 23,5 millones USD PPA 2013), lo que equivale a 47 HTG per cápita (2,26 USD PPA 2013). Se observaron grandes disparidades en los importes recaudados en todo el país: para el departamento de Ouest, que incluye el área metropolitana de Puerto Príncipe, el importe de la CFPB fue de 425,6 millones de HTG, es decir, el 86% del total nacional, mientras que su población sólo representaba el 37% de la población total del país. Sobre una base per cápita, los ingresos procedentes de este impuesto sobre la propiedad fueron de 111 HTG en el departamento de Ouest (5,30 USD PPA 2013) en relación a 10 HTG (0,49 USD PPA 2013) en todos los demás departamentos (con una población conjunta de 6,5 millones, es decir, el 63% del total). La gran mayoría de las comunas tienen dificultades para recaudar siquiera una pequeña parte de la CFPB adeudada.

Según el decreto marco de descentralización de 2006, las secciones comunales deben recibir el 25% del CFPB recaudado en su territorio. Esta práctica no puede verificarse porque todos los importes pagados a nivel subnacional se transfieren a las cuentas de las comunas a través de la Dirección General de Impuestos (DGI).

El impuesto sobre actividades económicas (patente) es la segunda fuente de ingresos propios más importante de los municipios. Se trata de un impuesto que grava todas las actividades lucrativas (comercio, industria, negocios). Este impuesto comprende una parte fija (en función del sector de actividad y de la clase del municipio) y una parte variable (en función del volumen de negocios). El 80% del importe recaudado por la DGI corresponde al municipio. En el ejercicio 2012-2013, el impuesto sobre actividades económicas representó el 32% de los ingresos propios de las comunas, es decir, 234,6 millones de HTG (11,2 millones de UDS PPA 2013), lo que equivale a 23 HTG por habitante (1,08 USD PPA 2013). La discrepancia era aún más pronunciada que en el caso del CFPB: los ingresos de las comunas del departamento de Ouest representaban el 96% de la cantidad recaudada por el impuesto sobre actividades económicas en todo el país.

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: La principal transferencia del gobierno central a los municipios se realiza a través del Fondo para la Gestión y el Desarrollo de los Poderes Locales y Regionales (FGDCT). Las contribuciones al FGDCT proceden de los impuestos sobre los cigarrillos, los seguros, las matrículas, las llamadas telefónicas, los billetes de avión, la lotería y varios otros conceptos. Los ingresos del fondo se destinan exclusivamente a financiar las actividades de las autoridades locales y regionales (comunas y secciones comunales). La ley establece que este fondo debe ser distribuido por el Consejo Interdepartamental, pero si este consejo no se constituye, el MICT asumirá esta responsabilidad. El FGDCT está destinado principalmente a cubrir los gastos de funcionamiento de las autoridades locales y regionales, principalmente los salarios del personal y las dietas de los representantes electos. La estimación de las cantidades que deben transferirse se basa, entre otras cosas, en los ingresos registrados por la comuna en el ejercicio anterior. No existe información pública disponible sobre los cálculos y fórmulas que determinan esta asignación.

El importe total de las transferencias del fondo a las autoridades locales y regionales se confirma cada año cuando se aprueba el proyecto de ley de presupuestos del Estado. En 2020, el anexo al presupuesto del Estado fijó el importe máximo del fondo en 3.163,6 millones de HTG (76,9 millones de USD PPP 2020), el 87% del cual se destinó al funcionamiento de los ayuntamientos, los consejos de sección comunal y las asambleas de sección comunal. El resto del fondo se gastó en proyectos no especificados en estos gobiernos locales. Para 2019-2020, el FGDCT representó el 1,6% del gasto público, o 277 HTG (6,75 USD PPA 2020) per cápita, cerca del nivel de 2012-2013 (1,5% del presupuesto), cuando el FGDCT se fijó en 187 HTG per cápita (8,92 USD PPA 2013).

Además, según la Federación Nacional de Alcaldes de Haití (FENAMH), los importes del FGDCT presupuestados para 2019-2020 aún no habían sido abonados a las comunas del país a 5 de marzo de 2021.

Los importes del FGDCT son los únicos datos sobre las autoridades locales y regionales que pueden identificarse claramente en el presupuesto anual del Estado haitiano. Otras entidades, como el Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior (MPCE), el Ministerio de Cultura y Comunicaciones (MCC) o la oficina del primer ministro, contribuyen directamente a las finanzas de las autoridades locales y regionales para operaciones o proyectos de inversión. A nivel nacional, no se contabilizan estas intervenciones esporádicas. Los municipios están obligados a consignar estas contribuciones nacionales en sus presupuestos.

Por último, muchas comunas reciben subvenciones o donaciones directas que no proceden del gobierno. Esta ayuda financiera puede proceder directamente de otros países a través de la cooperación internacional o a través de ONG y donaciones diversas. No se dispone de cuentas nacionales sobre estos ingresos.

OTROS INGRESOS: Los municipios pueden cobrar tarifas, tasas o cánones por los servicios prestados o aplicar multas por infracciones. Se trata principalmente de: permisos de construcción (derecho de paso), tasas por la gestión de cementerios, tasas en mercados, tasas por el uso de vías públicas, tasas por la numeración de edificios, etc. Estas diferentes fuentes de ingresos potenciales están reguladas por numerosos documentos legales dispersos (algunos datan de 1918). Las cantidades aportadas por el gobierno son a veces insignificantes (11 HTG por edificio para la numeración, 0,05 HTG por metro cuadrado para el uso de las vías públicas, etc.). Según el informe del Banco Mundial, estos otros ingresos sólo representaron el 2,3% del total de los ingresos propios de los municipios en 2013, es decir, 17,5 millones de HTG (0,84 millones de UDS PPA 2013) o una media de 2 HTG por habitante (0,08 USD PPA 2013). En algunos departamentos estos otros ingresos fueron más significativos (13,5% en el departamento de Centro en 2013).

Los municipios pueden recibir ingresos por la venta de bienes comunales (edificios, terrenos) o de equipamiento. No se dispone de datos para evaluar el alcance de estas transacciones.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: En 2005 se promulgaron dos documentos legales que rigen la elaboración y ejecución del presupuesto de todos los organismos gubernamentales, incluidas las comunas. En ellos se prohíbe votar un presupuesto deficitario y se exige un presupuesto equilibrado. La comuna autoriza los gastos y prevé los ingresos mediante el presupuesto de cada año fiscal, que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente. En el presupuesto, todos los ingresos cubren todos los gastos y no se prevén asignaciones específicas, salvo excepción expresa.

El presupuesto se presenta a diversos organismos gubernamentales para su aprobación. El MICT verifica la legalidad y la oportunidad del gasto, mientras que la CSCCA comprueba trimestralmente el estado de las cuentas de los gobiernos subnacionales. La CSCCA también puede investigar la gestión de las finanzas locales. Por último, el MEF ejerce un control financiero sobre las autoridades locales y regionales mediante, entre otras cosas, el nombramiento de contables públicos.

DEUDA: Según el decreto marco sobre la descentralización, un municipio puede pedir un préstamo para un proyecto de inversión en infraestructuras o para cualquier otro fin de su competencia, pero el gobierno central y los habitantes deben estar de acuerdo. La aprobación de la población debe buscarse a través de un referéndum. El servicio de la deuda comunal debe incluirse en el presupuesto de la comuna. Como no existe una recopilación de los presupuestos comunales, es imposible conocer el alcance de esta práctica.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: El 15 de marzo de 2020, el gobierno haitiano anunció una primera serie de medidas para combatir la pandemia de COVID-19, entre ellas el cierre de la frontera con la República Dominicana, seguido el 19 de marzo por el estado de emergencia sanitaria. Al principio de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP o Ministère de la santé publique et de la population) elaboró un plan de preparación y respuesta al COVID-19. Este ministerio es el principal responsable de la gestión de la crisis. El plan incluye el apoyo a la organización y el funcionamiento de las divisiones departamentales y los servicios de atención en el territorio.

Para reforzar la coordinación, el gobierno haitiano creó la Comisión Multisectorial para la Gestión de la Pandemia de COVID-19 (CMGP o Commission multisectorielle pour la gestion de la pandémie de COVID-19) el 6 de abril de 2020. Esta comisión contó con el apoyo, entre otros, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que revisó su plan de respuesta humanitaria en el país. El objetivo de la CMGP es comunicar en todo el país y ofrecer a la población servicios básicos en un contexto difícil. Según el Plan de Respuesta Post-COVID-19 (PREPOC o Plan de Réponse Post-COVID), en 2021 en Haití, la mitad de la población vivía en zonas rurales a las que a veces era difícil acceder, sólo el 42% de las instituciones sanitarias ofrecían servicios básicos (el 22% de las secciones comunales no tenían ningún servicio) y el 35% de la población de las zonas rurales tenía que desplazarse más de 15 km para obtener servicios sanitarios. La parte del presupuesto nacional asignada a los servicios sanitarios sólo cubría el 12% del gasto sanitario de la población.

Haití está gestionando la pandemia en un entorno económico, social y político difícil (OCHA, 2020; Consejo de Seguridad de la ONU, 19 de junio de 2020). En 2018 estallaron importantes disturbios sociales (peyi-lòk) que se prolongaron hasta 2020, provocando una recesión económica (-1,7% de crecimiento del PIB registrado en 2019) y el cierre de escuelas. La situación en materia de seguridad, economía e inseguridad alimentaria siguió deteriorándose en 2020 y, sobre todo, en 2021, tras el asesinato del presidente y la devastación de una región del sur del país por un terremoto. Todos estos factores dificultaron la respuesta a la pandemia.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: Tanto en el MSPP como en el plan original del CMGP, las autoridades locales y regionales no tienen un papel específico que desempeñar. El gobierno confía en las asociaciones locales (de mujeres, empresariales), los líderes comunitarios, los líderes religiosos y los curanderos tradicionales para llegar a la población. Durante la pandemia se formó a trabajadores sanitarios comunitarios para que comunicaran información a nivel local. Según el plan de respuesta humanitaria de la OCHA, los planes prevén que los servicios sanitarios del gobierno adopten un enfoque diferenciado para las 63 comunas que se enfrentan a graves desafíos multidimensionales.

Según el plan nacional de gestión de riesgos 2019-2030, adoptado un año antes de la pandemia, cada municipio y sección comunal debía crear un comité local de gestión de riesgos y, en una situación de emergencia, un centro de operaciones de urgencia (COU o centre d'opération d'urgence). A falta de recursos específicos para las autoridades locales y regionales, este plan se basó en la participación de voluntarios. En la actualidad, no se dispone de información sobre la participación de las autoridades locales y regionales en los esfuerzos del Estado durante la crisis del COVID-19 y no se recurrió a este plan nacional durante la pandemia. En junio de 2020, el Estado llevó a cabo una intervención puntual en los 17 municipios fronterizos con la República Dominicana para concienciar sobre la gestión de la pandemia y garantizar el acceso continuado a los servicios municipales.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO SUBNACIONAL: El contexto social y político de Haití, combinado con la pandemia internacional, ha provocado que los ingresos totales presupuestados por el gobierno para el año fiscal 2019-2020 hayan caído un tercio en comparación con la media de los dos años anteriores. Aunque no hay datos sobre las finanzas locales, esta disminución de los ingresos del Estado ha tenido sin duda algún impacto a nivel local.

Según una encuesta realizada en el verano de 2020 por la OCHA de la ONU, el 69% de los hogares habrían visto disminuir sus ingresos en los primeros meses de la pandemia (la mitad de los cuales estimaron la disminución en más del 60%). A esto hay que añadir un contexto de mayor inseguridad alimentaria, importantes disturbios sociales y actos delictivos registrados (cierre de carreteras, secuestros, asesinatos) que deben haber perturbado las operaciones de recaudación de impuestos en las comunas. Según la FENHAM, en 2020 las finanzas públicas locales alcanzaron el nivel más crítico desde 1996. La federación afirma que algunos ayuntamientos tienen atrasos salariales de sus empleados de hasta 13 meses.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El 11 de enero de 2021, el gobierno presentó el Plan de Respuesta Post-COVID-19, o PREPOC, cuyo objetivo es estabilizar la situación macroeconómica de Haití, reforzar la respuesta a las necesidades sociales y crear las condiciones para un crecimiento económico renovado, en particular apoyando el bienestar de la población y creando empleos decentes. A lo largo de su periodo de aplicación, de 2020 a 2023, el PREPOC prevé invertir 157.900 millones de HTG (3.800 millones de USD PPA 2020). Se prevé que casi el 90% de esta cantidad sea financiada por socios técnicos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Mundial.

El plan incluye algunas acciones prioritarias para la descentralización, como el refuerzo del personal comunal (al menos seis profesionales por comuna), la mejora de los servicios a nivel de las secciones comunales, el desarrollo económico de las comunas fronterizas o turísticas, la adopción de un plan integrado de resistencia a las catástrofes en al menos 20 comunas y la construcción de equipamientos públicos (40 ayuntamientos, 40 mercados, 60 plazas).