CÔTE D'IVOIRE

La República de Costa de Marfil es un Estado unitario con un régimen presidencial y un sistema político multipartidista. La Ley Constitucional 2020-348, de 19 de marzo de 2020, que modifica la de 8 de noviembre de 2016, establece la actual Constitución de la República de Costa de Marfil.

El presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por cinco años y está asistido por un vicepresidente elegido al mismo tiempo. El presidente nombra al primer ministro y a los miembros del gobierno. El poder legislativo lo ejerce el Parlamento, basado en un sistema bicameral compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea Nacional está compuesta por 255 miembros elegidos por cinco años mediante un sistema de mayoría simple. Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar el 6 de marzo de 2021. El Senado representa a los gobiernos subnacionales y a los ciudadanos de Costa de Marfil que viven fuera del país. Está compuesto por 99 senadores, dos tercios de los cuales son elegidos indirectamente por los miembros de los consejos municipales, regionales y de distrito y la Asamblea Nacional, y el tercio restante es nombrado por el presidente de la República. Los senadores son reelegidos cada cinco años. Las últimas elecciones al Senado tuvieron lugar el 24 de marzo de 2018. Las leyes relativas al gobierno subnacional se presentan primero ante el Senado y luego se votan. En caso de desacuerdo entre el Senado y la Asamblea sobre los textos, el presidente de la República puede convocar la reunión de una comisión parlamentaria mixta para alcanzar un texto definitivo (artículos 109 y 110 de la Constitución).

El proceso de descentralización marfileño se desarrolló en varias fases. En 1960, se restableció la organización administrativa territorial descentralizada de la época colonial con sus tres municipios de plenas funciones (Abiyán, Bouaké y Grand-Bassam) y catorce municipios de funciones medias. En 1978 se adoptó la Ley 78-07 de 9 de enero sobre la creación de municipios de plenas funciones en Côte d'Ivoire. La descentralización comenzó efectivamente en 1980 con la adopción de la ley 80-1180 de 17 de octubre de 1980 sobre la organización municipal, que sometía a los municipios a un régimen común, y se adoptó la ley 80-1182 de 17 de octubre de 1980 sobre el estatuto de la ciudad de Abiyán. A partir de 2001, entró en vigor una nueva organización con la Ley 2001-476 de 9 de agosto de 2001 sobre la organización general del gobierno local y regional: a las antiguas entidades (comuna, ciudad y región) se añadieron el departamento y el distrito. En 2011, con la adopción de la ordenanza 2011-262 de 28 de septiembre de 2011 sobre la orientación de la organización general de la administración nacional del Estado, cuyas disposiciones fueron confirmadas por la ley 2014-451 sobre la orientación de la organización general de la administración local y regional, se redujo de nuevo el número de entidades territoriales: se mantuvieron dos tipos de entidades territoriales, la región y el municipio (artículo 170 de la Constitución marfileña de 2016).

Desde entonces, la organización general del gobierno subnacional ha sido establecida por la Ley 2014-451 de 5 de agosto de 2014. Esta ley define con precisión los contornos de la desconcentración, la descentralización y la entidad local particular que constituye la circunscripción autónoma. No existe ninguna relación jerárquica o de control entre los órganos de la región y los de las comunas. La ley determina los principios fundamentales de la administración autónoma de los entes locales y regionales, sus responsabilidades y sus ingresos. Reciben ingresos que pueden utilizar libremente en las condiciones establecidas por la ley (artículos 172 y 173).

La Dirección General de Descentralización y Desarrollo Local (DGDDL o Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local) del Ministerio del Interior y Seguridad (MIS o Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité) es responsable de la aplicación y el seguimiento de la política nacional de descentralización. Como tal, se encarga de organizar el funcionamiento de las autoridades descentralizadas y de ejercer las competencias de control del Estado, supervisar y evaluar la transferencia de competencias del Estado a las autoridades descentralizadas, organizar la cooperación internacional, prestar apoyo y asesoramiento en los ámbitos del desarrollo local, la cooperación descentralizada y los asuntos económicos y financieros, y reforzar las capacidades de las autoridades locales y regionales.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2020)
Municipios (comunas)		Regiones (régions)
Tamaño promedio municipal 67 810 habitantes
201		31	232

DESCRIPCIÓN GENERAL: La organización general de las administraciones locales y regionales se establece en la Ley 2012-1128 de 13 de diciembre de 2012. La ley 2014-451 de 5 de agosto de 2014 sobre la organización general de la administración local y regional distingue entre la administración desconcentrada, la administración descentralizada y la entidad subnacional particular que constituye la circunscripción autónoma (artículo 1).

La administración desconcentrada (artículos 2 a 31) se garantiza mediante jurisdicciones administrativas jerarquizadas: regiones, departamentos, subprefecturas y aldeas. Se crean, modifican o suprimen para acercar la administración a los ciudadanos, estructurarla para una división uniforme y corregir las disparidades regionales.

El gobierno descentralizado (artículos 32 a 37) se lleva a cabo a través de las autoridades locales y regionales (regiones y comunas). Éstas tienen las siguientes funciones, dentro de los límites de sus competencias: organizar la vida comunitaria en la entidad local o regional, implicar a la población en la gestión de los asuntos locales, promover y llevar a cabo el desarrollo local, modernizar las zonas rurales, mejorar el entorno vital y gestionar la tierra y el medio ambiente. Se establecen como regiones o comunas por decreto del Consejo de Ministros, que indica el nombre y determina los límites. Tienen personalidad jurídica y autonomía financiera. Las últimas elecciones regionales y municipales combinadas tuvieron lugar en octubre de 2018.

El distrito autónomo (artículos 47 y 48) es un tipo particular de autoridad subnacional que se rige por las normas de desconcentración y descentralización. Agrupa un conjunto de regiones o un conjunto de departamentos, comunas y subprefecturas. La forma en que se crea el distrito autónomo, sus atribuciones, organización y funcionamiento están fijados por la Ley 2014-452 de 5 de agosto de 2014. El distrito autónomo está dirigido por un gobernador nombrado por decreto del presidente de la República. Este gobernador tiene rango de ministro. El 18 de junio de 2021 se crearon por decreto 12 nuevos distritos autónomos, además de Yamusukro y Abiyán, con lo que el número total asciende a 14.

NIVEL REGIONAL: Hasta la fecha, el país cuenta con 31 regiones creadas por el Decreto 2013-294 de 2 de mayo de 2013. Están gobernadas por consejos regionales electos, compuestos de 25 a 60 miembros en función del número de habitantes de la región. El cabeza de lista del partido vencedor en las elecciones es por derecho presidente del consejo regional. Las regiones están unidas en la Asociación de Regiones y Distritos de Costa de Marfil (ARDCI o Associations des Régions et Districts de Côte d'Ivoire). Las regiones están formadas por al menos dos departamentos. La creación y organización de las regiones no debe atentar contra la unidad de la nación, la laicidad del Estado y la integridad del territorio nacional. Cualquier fusión o división de regiones conllevará automáticamente la disolución de los consejos regionales correspondientes.

NIVEL MUNICIPAL: Las comunas son agrupaciones de barrios y/o pueblos. El país ha pasado de 197 comunas en 2013 a 201 comunas desde mayo de 2018 con la creación de las capitales departamentales de Attiegouakro y Gbélégban, y las capitales subprefecturales de Assinie Mafia y N'Douci (Sur). Las comunas están gobernadas por un consejo municipal de 25 a 50 miembros, según el número de habitantes de la comuna, dirigido por un alcalde. El alcalde y sus adjuntos son elegidos por el consejo municipal. Las comunas marfileñas están agrupadas en una organización paraguas: la Unión de Ciudades y Comunas de Costa de Marfil (UVICOCI o Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire). Los consejeros regionales y municipales son elegidos por cinco años por sufragio universal directo según un sistema que combina la representación proporcional con el voto mayoritario en listas completas sin voto preferencial ni panachage. La lista del partido más votada obtiene la mitad de los escaños. La otra mitad de los escaños se distribuye entre todos los partidos, incluido el mayoritario, de forma proporcional con los mayores restos.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: Según la Ley 2014-451, las autoridades locales y regionales pueden celebrar acuerdos de cooperación descentralizada con otras autoridades locales y regionales, organizaciones públicas o privadas, extranjeras o internacionales, dentro de un marco general definido por el Estado sin contravenir los principios de unidad y laicidad del Estado (artículo 45). Esta cooperación puede adoptar diversas formas: i) la creación de una agrupación o de varias colectividades locales, o de cualquier otra estructura apropiada para la promoción y la coordinación de acciones de desarrollo en zonas específicas; y ii) el apoyo de una colectividad local menos próspera por otra más próspera, para llevar a cabo un proyecto de desarrollo específico, previa aprobación del órgano deliberante de la colectividad local que presta el apoyo (artículo 46). Sobre estas bases, se han creado algunas instancias intermunicipales en el marco de proyectos o programas específicos como la Plataforma de Servicios (PFS o Plate-Forme de Services) en 10 instancias intermunicipales que agrupan a 10 departamentos y 36 comunas desde 2011, o el Proyecto de Empleo Juvenil y Desarrollo de Competencias (PEJEDEC o Projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences), cofinanciado por el Banco Mundial, del que se benefician 12 comunas, nueve regiones y el Distrito Autónomo de Yamusukro desde 2017.

La ley 2003-208, de 7 de julio de 2003, sobre la transferencia y el reparto de competencias del Estado a las colectividades territoriales, especifica 16 funciones de las que el Estado las ha hecho responsables: ordenación del territorio; planificación del desarrollo; urbanismo y vivienda; comunicaciones y redes diversas; transportes; salud, higiene pública y calidad; protección del medio ambiente y gestión de los recursos naturales; seguridad y protección civil; educación, investigación científica y formación profesional y técnica; promoción social, cultural y humana; deporte y ocio; promoción del desarrollo económico y del empleo; promoción del turismo; comunicación; hidráulica, saneamiento y electrificación; promoción de la familia, de la juventud, de la mujer, de la infancia, de los discapacitados y de las personas mayores.

Esta ley refuerza los deberes clásicos de los municipios (estado civil, recaudación de impuestos, orden público, etc.). Se ha iniciado un proceso de revisión de esta ley, pero aún no ha dado lugar a nuevas disposiciones.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Servicios Generales del Gobierno y Servicios Generales de Planificación y Estadística (compartidos)	Servicios Generales del Gobierno y Servicios Generales de Planificación y Estadística (compartidos)
2. Orden público y seguridad	Seguridad y protección civil (compartidas)	Seguridad y protección civil (compartidas)
3. Asuntos económicos/transporte	Agricultura, Transporte por carretera, Pesca, Manufactura, Distribución, almacenes y tiendas, Investigación y desarrollo en agricultura, silvicultura, pesca y caza, Turismo, Hoteles y restaurantes (compartidos)	Agricultura, Transporte por carretera, Pesca, Manufactura, Distribución, almacenes y tiendas, Investigación y desarrollo en agricultura, silvicultura, pesca y caza, Turismo, Hoteles y restaurantes (compartidos)
4. Protección del medio ambiente	Investigación y desarrollo en protección medioambiental, gestión de residuos y aguas residuales (compartidos)	Gestión de residuos y aguas residuales, Preservación de la diversidad biológica y protección de la naturaleza (compartida)
5. Vivienda y servicios comunitarios	Vivienda, Instalaciones comunitarias, Suministro de agua, Alumbrado público (compartido)	Vivienda, Instalaciones comunitarias, Suministro de agua, Alumbrado público (compartido)
6. Salud	Higiene y seguridad públicas (compartidas)	Higiene y seguridad públicas (compartidas)
7. Cultura y ocio	Deporte, ocio, cultura y religión (compartidos)	Deporte, ocio, cultura y religión (compartidos)
8. Educación	Educación (preliminar, primaria, secundaria), Investigación científica y Formación profesional y técnica (compartida)	Educación (preliminar, primaria, secundaria), Investigación científica y Formación profesional y técnica (compartida)
9. Protección social	Acción social, lucha contra el desempleo, protección de las familias, los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos y los jóvenes, (compartida)	Acción social, lucha contra el desempleo, protección de las familias, los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos y los jóvenes, (compartida)

Alcance de los datos financieros: Regiones y municipios

Sistema de Información Presupuestaria Estatal (SIB) y Sistema Integrado de Operaciones Presupuestarias Estatales (SIGOBE)

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: Los entes descentralizados se financian mediante ayudas externas (donaciones o préstamos), transferencias y subvenciones e ingresos propios. La ley 2020-885 del 21 de octubre de 2020 sobre el régimen financiero de los entes territoriales autónomos y de los distritos establece las normas y principios fundamentales que rigen su marco financiero y contable. Su autoridad de control (DGDDL) forma parte del Comité Nacional de Seguimiento de la Aplicación del Plan Director de la Reforma de las Finanzas Públicas (CONAFIP o Comité national de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques).

Diversas herramientas proporcionan datos financieros fiables: el Sistema de Información y Gestión de las Colectividades Territoriales (SIGCOT o Système d'Information et de Gestion des Collectivités territoriales); el Sistema Integrado de Gestión de las Colectividades Descentralizadas (SIGESCOD o Système Intégré de Gestion des Collectivités Décentralisées); la Cuenta Única del Tesoro (CUT o Compte Unique du Trésor) y su aplicación de gestión (SyGACUT o Système Intégré de Gestion du Collectivités Décentralisées); el sistema electrónico de cobro de deudas "Net Collect Services"; el Sistema Integrado de Gestión de las Operaciones Presupuestarias del Estado (SIGOBE o Système Intégré de Gestion des Opérations Budgétaires de l'Etat); y los sistemas anteriores (SIB y SIGFiP).

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% de gasto público	% gobierno subnacional
Gasto total	33	0.6%	2.4%	100.0%
Gastos corrientes	23	0.5%	2.3%	70.3%
Gastos de personal	7	0.1%	2.4%	21.5%
Consumo intermedio	13	0.2%	5.6%	40.8%
Gastos sociales	0.04	0%	0.2%	0.1%
Subvenciones y transferencias corrientes	-	-	-	-
Gastos financieros (incluidos los intereses)	-	-	-	-
Otros gastos corrientes	3	0.1%	2.2%	8%
Gastos de capital	10	0.2%	2.4%	29.8%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	10	0.2%	2.44%	29.8%

GASTOS: En 2020, los ingresos de las autoridades locales y regionales ascendieron a 33 dólares PPA per cápita. Representan el 0,6% del PIB y el 2,4% de los ingresos públicos totales. Estos ingresos están dominados por los gastos corrientes (70,3% a 23 USD PPA per cápita) alimentados por los gastos de consumo intermedio (40,8% a 14 USD PPA per cápita). Con 7 USD PPA per cápita, los gastos de personal representan el 21,5% de su gasto total. Los gastos de capital representan algo menos de un tercio del gasto global de los gobiernos subnacionales, con 10 USD PPA per cápita.

INVERSIÓN DIRECTA: La inversión directa de capital es el único componente del gasto de capital. Representa el 29,8% de los gastos de los gobiernos subnacionales con una PPA de 10 USD per cápita. En comparación con años anteriores, las inversiones directas de capital han aumentado debido al paso de Costa de Marfil a un sistema presupuestario basado en programas y a la transferencia de varios proyectos gestionados anteriormente por otros ministerios a la DGDDL en beneficio de las autoridades descentralizadas. Estas inversiones de capital se realizan en función de los 16 ámbitos de competencias identificados por la ley 2003-208 de 7 de julio de 2003 sobre la transferencia y distribución de competencias del Estado a las colectividades territoriales, de las que el Estado las ha hecho responsables.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	39	0.7%	3.4%	100.0%
Ingresos fiscales	15	0.3%	2.2%	38.4%
Donaciones y subvenciones	8	0.2%	-	21.6%
Tarifas y tasas	-	-	-	-
Ingresos provenientes de los activos	-	-	-	-
Otros ingresos	16	0.3%	-	40.0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: En 2020, los ingresos de las autoridades locales y regionales ascendieron a 39 USD PPA per cápita. Se componen de ingresos fiscales (38,4% a 15 USD PPA per cápita), donaciones y subvenciones(21,8% a 8 USD PPA per cápita) y otros ingresos (40% a 16 USD PPA per cápita). Los ingresos fiscales representan una parte muy pequeña del PIB (0,3%).

El sistema fiscal de las autoridades descentralizadas incluye: Impuestos estatales, impuestos locales recaudados por tasaciones e impuestos locales recaudados sobre los ingresos de las empresas.

De conformidad con la ley 2003-489 de 26 de diciembre de 2003 sobre el régimen financiero, fiscal y patrimonial de los entes territoriales, el Estado contribuye a los presupuestos de los entes territoriales concediéndoles una parte del producto de determinados impuestos (ingresos afectados) y asignaciones presupuestarias anuales para su funcionamiento y sus inversiones. Este apoyo estatal es un complemento de sus ingresos propios. Todos estos ingresos alimentan el presupuesto elaborado por cada una de estas entidades y aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad antes de su ejecución.

INGRESOS FISCALES: Los ingresos fiscales incluyen los impuestos compartidos entre el Estado y las autoridades locales y regionales de acuerdo con la ley. Incluyen el impuesto sobre actividades económicas (patente), el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto compuesto y la viñeta. Antes de 2014, la ley definía una clave de reparto en función de la cual cada ente local y regional recibía directamente su parte. Desde 2014, las cuotas de todos los entes territoriales se han fusionado, en el marco del sistema de caja única, y la cuota de cada ente territorial se le devuelve según los procedimientos definidos por orden interministerial del mismo año. Desde 2016, esta parte se incluye en la Ley de Finanzas como ingresos asignados.

Según los artículos 149 a 166 del Código General de Impuestos (CGI o Code Général des Impôts), el impuesto sobre bienes inmuebles se desglosa del siguiente modo:

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: En 2020, las subvenciones y ayudas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado representaron el 21,6% de los ingresos de las colectividades descentralizadas por un importe de 8 dólares PPA per cápita.Casi un tercio de estas subvenciones y ayudas son transferencias corrientes (transferencias para la compra de bienes y servicios) y algo más de dos tercios son transferencias de capital. Estos ingresos se asignan a todas las autoridades locales y regionales con la excepción de las diez comunas del distrito de Abiyán. Esta exclusión está vinculada a su capacidad para movilizar ingresos propios y a la importancia de la parte de los impuestos compartidos que reciben.

OTROS INGRESOS: Los otros ingresos se componen de los ingresos propios recaudados por las autoridades locales y regionales (excluidos los ingresos fiscales) y una serie de otros productos que incluyen: i) retiradas de fondos de inversión, ii) fondos asignados a proyectos en curso, iii) retiradas de fondos de reserva ordinarios, iv) ayuda exterior, etc. En 2020, la parte de los ingresos de origen propio es del 9,4% por un importe de 3,7 dólares PPA per cápita. Con el fin de aumentar esta cuota, se instituyó un sistema de recaudación electrónica "Net Collect Services" mediante el decreto 2019-918 del 6 de noviembre de 2019 que establece las modalidades de recaudación de los ingresos propios de las colectividades descentralizadas. Se está implantando progresivamente. En 2020, cubría 56 de las 232 comunas y regiones del país.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total (consolidada)	10.7	0.2%	3.5%	100.0%	-
Deuda financiera	10.7	0.2%	3.6%	100.0%	100.0%
Dinero legal y depósitos	-	-	-	-	-
Bonos/Títulos de deuda	-	-	-	-	-
Préstamos	10.7	-	-	100.0%	100.0%
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Los ingresos y gastos de los entes descentralizados se gestionan de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Orgánica 2014-337, de 5 de junio de 2014, sobre el Código de Transparencia en la Gestión de las Finanzas Públicas. Según la Ley 2020-885 de 21 de octubre de 2020 sobre el régimen financiero de los entes territoriales y de las circunscripciones autónomas, las operaciones financieras y contables derivadas de la ejecución de su presupuesto son competencia de los ordenadores de pagos, interventores y contables públicos, al igual que las demás administraciones públicas.

Los principios presupuestarios aplicables a estas entidades son: anualidad, unidad, universalidad, anterioridad, sinceridad, equilibrio, legalidad de la imposición y especialidad del crédito. Los principios de derecho contable que les son aplicables son: la separación de las funciones de ordenador y contable público, el principio de caja única, el principio de cuenta de tesorería única, el principio de devengo, la intangibilidad del balance de apertura, el principio de coherencia de los métodos contables, el principio de transparencia, el principio de prudencia, el principio de independencia de los ejercicios y el principio de costes históricos.

El ministro de Economía y Finanzas nombra contables públicos de la administración del Tesoro para cada autoridad local y regional. A nivel local, estos contables son responsables de la recaudación de los ingresos y de los gastos de estas autoridades (pagador regional, pagador de distrito autónomo y tesorero municipal para la comuna). A nivel central, las operaciones de transferencia son efectuadas por el ordenador delegado de gastos (el DGDDL) y sometidas a continuación a la aprobación del interventor del ministerio de tutela. Una vez aprobadas, estas operaciones se remiten al Pagador General del Sector Parapúblico (PGSP o Payeur Général du Secteur Parapublic), que las acepta y abona. Una vez recibidos por los beneficiarios, estos fondos están sujetos a las normas definidas a nivel local.

ENDEUDAMIENTO: Las autoridades descentralizadas pueden recurrir al endeudamiento (fondos de ayuda, préstamos, donaciones y legados, etc.) dentro de los límites y condiciones fijados por decreto adoptado en Consejo de Ministros, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la ley que organiza a las autoridades implicadas. Sin embargo, para preservar la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, el gobierno central aplica una política nacional de endeudamiento que limita la capacidad de las autoridades locales y regionales para movilizar estos fondos. En 2020, el importe de la deuda contraída por las autoridades descentralizadas (regiones y comunas) ascendía a 10,7 USD PPA per cápita, lo que corresponde a algo menos del 4% de la deuda pública total, siendo el 37% de esta deuda contraída por las regiones y el 64% por las comunas.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En cuanto se confirmaron los primeros casos de COVID-19, el gobierno marfileño creó un Comité de Vigilancia de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19). Las recomendaciones del Comité se pusieron en práctica a través de una serie de medidas adoptadas a nivel nacional, como la distribución de camas hospitalarias y de cuidados intensivos y de kits sanitarios en las regiones.

A nivel local, por regla general, las autoridades locales y regionales establecieron comités de respuesta locales (comunales), la mayoría de las veces por ley. Las principales funciones de estos comités eran coordinar y supervisar la aplicación de las medidas del gobierno central, movilizar al sector privado para que proporcionara kits de protección y los distribuyera en colaboración con los Comités de Gestión de los Barrios (NMC o Comités de Gestion des Quartiers), y concienciar sobre la inmunización desde que se dispuso de esta opción.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: Además de las medidas gubernamentales, los ERS han desarrollado diferentes tipos de medidas, entre ellas: regular el funcionamiento de los mercados y votar presupuestos especiales para llevar a cabo su desinfección diaria; distribuir kits de protección en los espacios públicos y en los transportes colectivos; proporcionar a los sastres telas para confeccionar y compartir gratuitamente silenciadores lavables; instalar kits para lavarse las manos en los grandes lugares de reunión, etc. También han cancelado muchas reuniones u otras ceremonias abiertas al público en general en las horas punta. Por último, han dado a los contribuyentes una mayor flexibilidad en la recaudación de los impuestos locales y han introducido el pago escalonado de ciertos impuestos.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: En 2020, la economía marfileña sufrió las consecuencias negativas de la pandemia. Esto se ha traducido en una reducción de los ingresos globales del Estado y ha provocado una disminución estimada del 20% de las transferencias y subvenciones a las autoridades descentralizadas.

Además, las medidas de contención adoptadas a partir de mediados de marzo de 2020 han tenido un impacto negativo en los ingresos de origen propio recaudados por las autoridades locales y regionales. La ralentización de la actividad económica, evidenciada por el cierre (permanente o temporal) de muchas empresas sujetas a impuestos locales, ha provocado una reducción de la recaudación de impuestos locales, lo que ha dado lugar a una disminución de los ingresos de origen propio estimada en un 30%.

PLANES DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Para limitar el impacto negativo de la pandemia, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Respuesta Sanitaria (PRS o Plan de Riposte Sanitaire) y un Plan de Apoyo Económico, Social y Humanitario (PSESH o Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire). Estos dos planes incluyen medidas sociales y disposiciones de apoyo a la economía que permiten a las empresas debilitadas por la crisis sanitaria beneficiarse de reducciones fiscales y moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

En 2020 se crearon cuatro fondos de apoyo a la estructura socioeconómica, por un importe total de 158.000 millones de francos CFA (~ 645 millones de dólares PPA): i) el Fondo de Apoyo a las Grandes Empresas (FSGE o Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises), ii) el Fondo de Apoyo a las PYME (FSPME o Fonds de Soutien aux PME), iii) el Fondo de Apoyo al Sector Informal (FASI o Fonds d'Appui au Secteur Informel), y iv) el Fondo de Solidaridad y Apoyo de Urgencia Humanitaria (FSSUH o Fonds de Solidarité et de Soutien d'Urgence Humanitaire). También se ha establecido un Programa de Urgencia Agrícola (PURGA o Programme d'Urgence Agricole) de 95.000 millones de francos CFA (~ 388 millones de dólares PPA) para apoyar a los sectores agrícolas afectados por la pandemia.