COSTA RICA

La República de Costa Rica es un país unitario y democrático con un régimen presidencialista y representativo. Según la Constitución de 1949, el poder ejecutivo lo ostenta el Presidente de la República, elegido por sufragio universal por un periodo de cuatro años, sin reelección directa. El poder legislativo está formado por 57 diputados nacionales elegidos en las provincias por un periodo de cuatro años sin reelección continua. El poder judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales.

A nivel subnacional, el territorio está dividido administrativamente en provincias, municipios/cantones y distritos administrativos a nivel submunicipal. Las siete provincias son unidades desconcentradas dirigidas por un gobernador nombrado por las autoridades centrales. Los municipios (o cantones) son el único nivel de autogobierno local del país (art. 170 de la Constitución), responsables de la administración de los intereses y servicios locales. Los gobiernos municipales están dirigidos por un alcalde y un consejo municipal elegidos por sufragio universal cada cuatro años (Código Municipal, Ley nº 7794 de 30 de abril de 1998). Cada municipio está dividido en distritos, que son unidades administrativas con autonomía funcional propia, aunque la administración directa del distrito corresponde al municipio. La Ley de Consejos Municipales de Distrito (Ley nº 8173, de 7 de diciembre de 2001) estipula que cada consejo de distrito está formado por cinco concejales (síndicos) que son elegidos por votación popular para un mandato de cuatro años.

Como resultado de las reformas del capítulo electoral del Código Municipal (en noviembre de 2007 y septiembre de 2009), a partir de 2016 las elecciones municipales a nivel de municipio/cantón y distrito se unifican y se celebran dos años después de las de la Presidencia y Vicepresidencias de la República y de los miembros de la Asamblea Legislativa (art. 14 del Código Municipal).

En 2012 se lanzó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2012-2040), que presenta lineamientos sobre tres principios de desarrollo territorial que buscan fortalecer "el valor del bien común por encima del interés privado". Además del principio sobre Calidad de Vivienda y Protección y Gestión Ambiental, destaca el principio de Competitividad Territorial, basado en el fortalecimiento de las capacidades locales, la promoción de la tecnología en los estratos subnacionales de gobierno y una gestión territorial ágil y moderna. Esta política busca integrar un marco de objetivos comunes entre una serie de actores institucionales y, al mismo tiempo, constituir una guía para la planificación estratégica del territorio costarricense, con una perspectiva de largo plazo.

En 2021, tras un proceso de desarrollo regional dirigido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el apoyo de la Comisión Europea, se adoptó la Ley de Desarrollo Regional (N 22.363), que establece la Política Nacional de Desarrollo Regional. La ley transforma los actuales Consejos de Desarrollo Regional en Agencias de Desarrollo Regional, integradas por representantes del sector empresarial, la sociedad civil, el mundo académico, los municipios, las instituciones públicas y los consejos territoriales. También da lugar a la creación de un Fondo de Desarrollo Regional (FONADER), que se encargará de asignar recursos para promover el desarrollo regional y reducir las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales. Otra novedad que incorpora es la obligación del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que permite analizar la situación económica de cada una de las regiones.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2020)
82 Municipios (Municipios - cantones)
Tamaño municipal medio: 62 123 hab.
82			82

[1] Nombre y número de entidades submunicipales: 484 distritos administrativos

DESCRIPCIÓN GENERAL: De acuerdo con la Constitución Política de 1949 y la ley sobre División Administrativa Territorial del Estado en Costa Rica, el país está dividido en 82 municipalidades o cantones y éstos, a su vez, en 484 distritos administrativos (art.168).

Además, Costa Rica está dividida en siete provincias sólo con fines estadísticos.

NIVEL MUNICIPAL: Los municipios están dirigidos por un alcalde y un consejo municipal, compuesto por concejales (regidores). El número de concejales varía en función de la población del municipio: los municipios menos poblados tienen 5 concejales, y los que suman más del 8% de la población total tienen 13 concejales. Las principales ciudades son San José (347 398), Alajuela (314 209), Desamparados (245 208), San Carlos (200 151), Cartago (164 121) y Pococí (150 664). Los 11 municipios más grandes albergan al 41% de la población. La creación de nuevos municipios debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, por al menos dos tercios de sus miembros.

El consejo municipal puede actuar junto con los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) para facilitar la coordinación y la integración del trabajo realizado por las diferentes partes interesadas y entidades públicas (por ejemplo, empresas públicas) implicadas a nivel municipal. Los CCCI fueron creados por la Ley nº 8801 de 2010, como mecanismo formal de coordinación entre el nivel central y local de gobierno. En los municipios donde existen las ICC, éstas se encargan de coordinar el desarrollo, la aplicación y la supervisión de las políticas públicas locales. Están presididos por el alcalde de cada municipio, y los municipios son responsables de los gastos de funcionamiento de los CCCI.

NIVEL SUBMUNICIPAL: Los municipios se subdividen en distritos. Los distritos son administrados por consejos de distrito encargados de gestionar los asuntos locales lo más cerca posible de la población y de contribuir al trabajo de los consejos municipales a nivel municipal. Hay tantos consejos de distrito como distritos en el municipio correspondiente. Cada distrito está representado en el consejo municipal por un concejal de distrito (síndico titular) con voz consultiva pero sin derecho a voto.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: En 1970, el territorio nacional se dividió en seis regiones de planificación con fines administrativos, a saber, las regiones Central, Chorotega, Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central. Cada región estaba administrada por un consejo de desarrollo regional, formado por representantes del gobierno central, y cuya función era gestionar el desarrollo regional y reducir las brechas de desigualdad. En 2021, con la promulgación de la ley de Desarrollo Regional (N 22.363), estos consejos de desarrollo regional se transformaron en agencias de desarrollo regional, cuya composición abarca una gama más amplia de actores locales, incluidos representantes del sector empresarial, la sociedad civil, las municipalidades y otras instituciones públicas.

Los municipios tienen competencias tanto exclusivas como compartidas. El artículo 170 de la Constitución, la Ley nº 8801 de transferencia de competencias y recursos aprobada en 2010, así como el artículo 74 del Código Municipal establecen que son competencia exclusiva de los gobiernos subnacionales las siguientes áreas: planificación urbana, tratamiento y disposición final adecuada de residuos ordinarios, mantenimiento de parques y áreas verdes, alumbrado público, limpieza de calles, valorización de terrenos, policía municipal, bibliotecas, instalaciones deportivas y recreativas, y nuevos servicios municipales que se establezcan por ley. La Ley de 2010 establece además que la transferencia de los recursos correspondientes a las competencias transferidas "se realizará de forma gradual, a razón del 1,5% de los ingresos ordinarios del presupuesto del Estado según leyes especiales y de forma acumulativa hasta completar al menos el 10%". En 2015, la Ley Especial nº 9329 transfirió a los municipios "la responsabilidad plena y exclusiva de la red viaria cantonal", la primera de las nuevas competencias y recursos correspondientes que se transferirán hasta alcanzar el 10% del presupuesto del Estado.

Los gobiernos subnacionales también tienen competencias compartidas, que incluyen la participación en los programas nacionales de salud, la protección del medio ambiente, la gestión de las subvenciones sociales, el orden público y el desarrollo económico local.

Por otro lado, las responsabilidades del sector educativo y sanitario están centralizadas. Por ejemplo, la educación es responsabilidad del Ministerio de Educación, que aplica las decisiones a través de las Direcciones Regionales de Educación (28 a partir de 2021).

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Edificios e instalaciones públicas
2. Orden público y seguridad	Seguridad, vigilancia y seguimiento, a través de la policía municipal
3. Asuntos económicos/transporte	Mantenimiento de las carreteras cantonales; Construcción y mantenimiento de parques públicos; Plan regulador para organizar el desarrollo del cantón; Turismo local
4. Protección del medio ambiente	Mantenimiento de zonas forestales municipales, parques y espacios verdes; Gestión y eliminación de residuos; Limpieza de vías públicas
5. Vivienda y servicios comunitarios	Acueductos municipales (agua potable); Alumbrado público; Planificación urbana y del uso del suelo
6. Salud	Participación en el Programa Nacional de Salud
7. Cultura y ocio	Comités cantonales de deportes y ocio; Centro cultural; Bibliotecas municipales
8. Educación
9. Protección social	Protección social para niños y jóvenes; Servicios de apoyo familiar

Alcance de los datos financieros: Municipios

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: El sistema de financiación municipal se rige por las siguientes leyes y disposiciones financieras: Ley General No 6627 de Administración Pública; Ley No 8131 de Administración Pública y Financiera de la República y Presupuesto Público; Ley No 7494 de Contratación Administrativa; Ley No 7755 de Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional; Ley General No 8292 de Control Interno; Ley Orgánica No 6815 de la Procuraduría General de la República; y Ley Orgánica No 7428 de la Contraloría General de la República.

Los municipios de Costa Rica, a diferencia de los gobiernos locales de la mayoría de los países de la región, se financian principalmente con ingresos de origen propio, tanto tributarios como no tributarios. Entre los mecanismos de recaudación local más importantes se encuentran el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto especial sobre el combustible, de los que los municipios no pueden fijar tasas; sin embargo, pueden proponer exenciones fiscales a la Asamblea Legislativa y fijar tasas y tarifas para los servicios municipales.

En cuanto a las transferencias del gobierno central, éste transfiere el 10% de sus ingresos ordinarios a los gobiernos locales, los cuales son asignados a rubros específicos de gasto, en particular proyectos de inversión o programas de interés social, de acuerdo a la Ley Nº 7755. Adicionalmente, los gobiernos municipales tienen acceso a mecanismos de financiamiento externo como el endeudamiento interno y externo y la emisión de bonos municipales bajo los parámetros establecidos por ley, financiamiento del sector privado (APP) y fondos de Cooperación Internacional.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	378	1.8%	3.9%	100%
Incl. gastos corrientes	262	1.2%	3.0%	69.2%
Gastos de personal	137	0.7%	4.6%	36.2%
Consumo intermedio	87	0.4%	11.3%	23.0%
Gastos sociales	5	0.0%	0.4%	1.3%
Subvenciones y transferencias corrientes	29	0.1%	1.0%	7.6%
Gastos financieros	3	0.0%	0.3%	0.9%
Otros	1	0.0%	2.8%	0.2%
Incl. gastos de capital	117	0.6%	12.3%	30.8%
Transferencias de capital	2	0.0%	0.6%	0.6%
Inversión directa (o FBCF)	115	0.5%	21.8%	30.2%

GASTOS: En general, los gastos subnacionales siguen siendo bajos en comparación con otros países de la OCDE: en relación con el PIB, el gasto público subnacional total representa sólo el 1,8% del PIB, muy por debajo de la media de los países de la OCDE en 2020 (12,7%). Los gastos corrientes representan la mayor parte de los gastos de las administraciones subnacionales (69%) en 2020. Los sueldos y salarios representan la mayor parte del gasto municipal corriente (36%), seguidos del gasto en bienes y servicios (consumo intermedio).

El gasto de los gobiernos subnacionales en subsidios y transferencias corrientes es especialmente significativo, con elevadas aportaciones municipales a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Banco Popular y Municipal de Desarrollo (BPDC) y, en menor medida, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y al Instituto Nacional de Capacitación (INA).

INVERSIÓN DIRECTA: En 2020, la inversión de los gobiernos subnacionales representó el 21,8% de la inversión pública total y el 0,5% del PIB, lo que está muy por debajo de la media de la OCDE (respectivamente, 54,6% y 1,9%). No obstante, la inversión es una función clave de los gobiernos subnacionales, representando el 30,2% del gasto total de los gobiernos subnacionales en 2020, por encima de la media de la OCDE (11,3%). La participación de los gobiernos subnacionales en la inversión pública total ha aumentado significativamente en los últimos años, desde el 11,5% en 2016 hasta el 26,4% en 2019, aunque disminuyó en 2020 debido a la crisis COVID-19.

A pesar de tener acceso a la financiación privada a través de las APP, recientemente no se ha llevado a cabo ningún proyecto de inversión subnacional utilizando este mecanismo. El último se remonta a la construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Moin en 2015.

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Los gastos municipales se destinan a los siguientes sectores, asignados por ley a los municipios: mejora de acueductos y alcantarillados, mantenimiento de carreteras cantonales, recogida de residuos y transferencias a otras entidades administrativas, como comités deportivos y juntas educativas, entre otros. Según el Informe de Presupuestos Públicos 2020, en 2020 los municipios destinarán el 36,2% de sus gastos totales a servicios públicos generales (municipales), el 23,8% a vivienda y servicios comunitarios (en particular, recogida de residuos), el 10% a protección social y el 8,5% a seguridad y orden público.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	376	1.8%	4.5%	100%
Ingresos fiscales	149	0.7%	4.2%	39.5%
Donaciones y subvenciones	90	0.4%	-	24.0%
Tarifas y tasas	123	0.6%	-	32.6%
Ingresos provenientes de los activos	10	0.1%	-	2.6%
Otros ingresos	5	0.0%	-	1.3%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Costa Rica tiene uno de los porcentajes más bajos de subvenciones en el total de ingresos de los gobiernos subnacionales de Centroamérica. La mayoría de las subvenciones son subvenciones de capital, dedicadas a proyectos de inversión. Paralelamente, el país tiene uno de los porcentajes más altos de ingresos propios (incluidos ingresos fiscales y aranceles y tasas) en el total de ingresos de los gobiernos subnacionales.

Los ingresos fiscales, los aranceles, las tasas y las rentas de la propiedad percibidas por los municipios se mantuvieron estables como porcentaje del PIB entre 2016 y 2020 (teniendo en cuenta que el PIB cayó un 4,1% en 2020). Sin embargo, la parte de los ingresos fiscales en el total del gobierno subnacional ha caído 13,8 puntos porcentuales entre 2016 y 2020.

INGRESOS FISCALES: Los impuestos municipales incluyen el impuesto recurrente sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre consumos específicos, que representan cada uno alrededor de la mitad de los ingresos fiscales municipales. Los ingresos municipales procedentes del impuesto sobre bienes inmuebles representan el 19% de los ingresos municipales totales en 2020, y el 0,3% del PIB (por debajo de la media de la OCDE del 1,0% del PIB en 2020). Los municipios se encargan de recaudar el impuesto sobre bienes inmuebles desde 1995. El impuesto anual sobre bienes inmuebles que se aplica en todo el territorio costarricense corresponde al 0,25% del valor de tasación, registrado en el municipio respectivo donde se origina la obligación tributaria. Los tipos impositivos son fijados por las autoridades centrales. Las municipalidades pueden proponer nuevos tipos impositivos a la Asamblea Legislativa. Los municipios también reciben ingresos de un impuesto sobre el consumo que representa el 15% de los ingresos municipales totales, y el 0,3% del PIB.

Según la Contraloría General de la República (CGR), la recaudación tributaria experimentó una caída de 5,1% en 2020 respecto a 2019. En 2020, los 10 municipios que presentaron mayor impacto en la recaudación fueron: Guatuso, Naranjo, Corredores, Jiménez, Zarcero, Flores, Turrubares, Bagaces, Quepos y León Cortés.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Según la Constitución (art.170), el gobierno central debe transferir el 10% de sus ingresos a los gobiernos subnacionales. Las transferencias del gobierno central a los municipios se rigen por varias leyes. La Ley nº 7755 de 1998 sobre el Control de Partidas Específicas regula la asignación, distribución y uso de los fondos asignados cada año para cubrir las necesidades públicas locales, comunales o regionales. La financiación de partidas específicas, como proyectos de inversión o programas de interés social, se concede en función de tres criterios: el número de habitantes (25%), la zona geográfica (25%) y el índice de pobreza (50%). Además, la Ley nº 8801 de 2010 sobre la Transferencia de Competencias del Gobierno Central a los Municipios determina los recursos que deben transferirse a los municipios en función de las competencias que les han sido transferidas. Los criterios para la distribución de los fondos se han establecido de la siguiente manera: 30% distribuido con cantidades iguales a cada municipio; 20% distribuido en función del número de habitantes; 40% en función de la superficie municipal; y 10% en función del índice de pobreza municipal. Por último, la ley nº 9329 sobre las transferencias de competencias para el mantenimiento de la red viaria cantonal, adoptada en 2015, transfirió a los municipios la responsabilidad plena y exclusiva, así como la financiación relativa a la gestión de las redes viarias cantonales. La subvención específica para este servicio se financia con los ingresos de un impuesto del gobierno central sobre los carburantes (22,25% del total de los ingresos públicos) (ley nº 8114).

La mayor parte de las transferencias a los gobiernos subnacionales son subvenciones de capital: representan casi el 60% del total de donaciones y subvencionesde los gobiernos subnacionales, y el 14% de los ingresos de los gobiernos subnacionales. Las subvenciones de capital disminuyeron un 19,3% en 2020 en comparación con 2019, según la CGR. Esta situación se explica por el hecho de que los gobiernos locales recibieron menos subvenciones de capital para proyectos de infraestructura, ya que estas subvenciones se financian con el impuesto sobre los combustibles, que se vio afectado por el deterioro de las condiciones económicas del país tras la crisis de COVID-19.

OTROS INGRESOS: Los otros ingresos incluyen principalmente las tasas por el uso de servicios municipales, como el alumbrado público, la limpieza de la vía pública, la recogida de basuras, el transporte, el mantenimiento de parques y zonas verdes, el servicio de policía municipal, etc. El artículo 74 del Código Municipal otorga a los municipios la capacidad de cobrar tasas y tarifas por servicios considerando su coste más un 10% de beneficio. Los municipios también pueden obtener ingresos de las rentas de la propiedad (alquileres de puestos de mercado) y de los sellos municipales.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: Cada municipalidad debe nombrar un contador o auditor responsable de supervisar la ejecución de los servicios u obras del gobierno local y los presupuestos, así como los trabajos que les asigne el concejo municipal. La Contraloría General de la República tiene el deber y la facultad de examinar, aprobar o desaprobar los presupuestos municipales.

En mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se aprobó una ley temporal de finanzas públicas municipales que exime a los municipios del cumplimiento de la regla fiscal y de la herramienta establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para frenar el crecimiento del gasto de las instituciones estatales.

DEUDA: Los municipios sólo pueden endeudarse para financiar proyectos de inversión ("regla de oro"). Pueden contraer deuda a través del sistema bancario nacional y del Instituto de Fomento y Asistencia Municipal (IFAM). El IFAM es un organismo público creado en 1970 para apoyar el desarrollo municipal, proporcionando, entre otras actividades, préstamos a los municipios a tipos preferenciales. Además, según el Código Municipal de 1998, el servicio de la deuda está limitado al 19% de los ingresos municipales corrientes cuando está originado por proyectos que no generan fondos suficientes para financiarlos. Los empréstitos municipales necesitan la aprobación de la legislatura nacional.

El endeudamiento municipal ha ganado importancia en los últimos años. Durante el periodo 2015-2019, según la CGR, el endeudamiento municipal se ha incrementado en 91,7%, pasando de 0,15% del PIB en 2015 a 0,24% en 2019, año en el que el 83% de los gobiernos locales (67 de 81 municipios) incorporaron recursos crediticios de entidades financieras por un monto de CRC 86.888 millones (USD PPP 135 millones). De este monto, aproximadamente el 70% fue otorgado por Instituciones Financieras Públicas y el 30% por Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre ellas el IFAM. Según el informe de la CGR, en un año determinado la deuda representa entre el 1% y el 10% de las fuentes de financiación municipal, y en algunos casos supera el 20%.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En respuesta a la pandemia de COVID-19, el país puso en marcha una estrategia denominada "Costa Rica trabaja y se cuida ". En lugar de cierres estrictos, el gobierno central restringió la movilidad de los vehículos y limitó el horario y la capacidad de los negocios. La estrategia incluía un Modelo de Gestión de Responsabilidad Compartida entre el gobierno nacional y los municipios, con el objetivo de reactivar la economía aplicando medidas innovadoras para evitar la propagación del COVID-19.

Este modelo supuso la aplicación de un Plan Cantonal de Prevención para COVID-19, a través del cual se crearon los Comités Municipales de Emergencia (CME). Los CME se encargaban de desarrollar acciones que abarcaban un territorio subdividido en Áreas Rectoras de Salud (ARS). Para realizar el análisis de la información epidemiológica de sus territorios, cada CME debía consolidar la información recibida de las ARS. Por ejemplo, el CME del Cantón Central de San José abarca cinco Áreas Rectoras de Salud (ARS): Uruca-Carmen-Merced, Hatillo, Mata Redonda-Hospital, Pavas y Metropolitana Sureste. El gestor de información de la municipalidad integró la información de los diferentes distritos y realizó cartografías temáticas sobre la población vulnerable.

La coordinación entre los municipios y el estado se aseguró mediante la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). En la primera fase, cada CME evaluó el grado de implementación de las acciones preventivas de salud en su territorio y reforzó el área que aún no estaba lista para su implementación. Los planes de acción se revisaron cada dos semanas para ajustar los procesos. En total, 71 EMC realizaron una autoevaluación de las condiciones de su gobierno local. Los gobiernos municipales que cumplieron el plan local, así como la autoevaluación, pudieron reabrir equipamientos públicos como gimnasios, teatros, playas y parques públicos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Inicialmente, en marzo de 2020, el gobierno aplicó una serie de medidas económicas, entre ellas: (i) una moratoria de tres meses en el pago de los impuestos sobre el valor añadido, el impuesto de sociedades y los derechos de aduana, (ii) una reducción significativa de la tasa de política monetaria para abaratar los préstamos, y (iii) un seguro para que el sector turístico pudiera hacer en relación a las cuarentenas impuestas por la COVID-19. Además, también se destinaron recursos nacionales para apoyar a los más vulnerables, a través del programa "Bono Proteger " que proporcionó subsidios temporales a unas 700.000 personas afectadas económicamente por la crisis.

En septiembre de 2020, el gobierno anunció el "Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia", una propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una financiación de 1.750 millones de dólares. Las propuestas más importantes incluían una reducción temporal de las cargas sociales para las empresas con el fin de fomentar el empleo y la devolución del IVA sobre la cesta básica de alimentos para el 20% más pobre de la población. Además, se establecieron nueve medidas fiscales temporales y excepcionales, entre ellas un recargo extraordinario sobre la renta y el impuesto sobre las transacciones electrónicas y los cheques. A ello se sumó el compromiso de reducir el gasto público.

A nivel local, los CME tuvieron que adecuar los centros de contención para apoyar a la población vulnerable, es decir, aquella que por sus condiciones socioeconómicas no tiene la capacidad de mantener el aislamiento o no tiene la capacidad de protegerse contra una posible infección por COVID-19. Un ejemplo de ello fueron los albergues habilitados por el CME de Turrialba para la población indígena.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: Según la CGR, la crisis tuvo un impacto directo en el presupuesto aprobado para los municipios para 2021, que se redujo en un 27,7% en comparación con el presupuesto final para el periodo 2020. La disminución de los ingresos se debió principalmente a que 61 gobiernos locales (74% del total) sufrieron un impacto negativo en su recaudación durante el periodo 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional. Los ingresos fiscales se vieron ligeramente afectados entre 2019 y 2020 (-1%), mientras que los ingresos patrimoniales cayeron un 6% y los aranceles y tasas un 3%. La compensación vino por el lado de las subvenciones y subsidios, que aumentaron un 8% como consecuencia del incremento de las transferencias corrientes del Gobierno central.

Por el lado del gasto, la pandemia animó fuertemente a los gobiernos locales a reducir su nivel de gasto, que cayó un 5% en 2020. Las partidas de gasto más afectadas son los consumos intermedios (-6%), las subvenciones y transferencias directas (-5%) y la inversión directa (-11%).

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: En junio de 2020, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 300 millones de USD, en el marco del programa "Préstamo para políticas de desarrollo fiscal y de gestión de la descarbonización", para apoyar el programa de Costa Rica destinado a proteger los ingresos y el empleo de la población del impacto del COVID-19, beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), reforzar la sostenibilidad fiscal tras esta crisis sanitaria y sentar las bases de una sólida recuperación tras la pandemia mediante la promoción del crecimiento ecológico y el desarrollo con bajas emisiones de carbono. El programa tiene tres pilares que se refuerzan mutuamente: (i) apoyar la respuesta a la crisis de la COVID-19; (ii) ayudar a la implementación de la reforma fiscal al tiempo que se nutre la economía con medidas de mejora fiscal y reducción del gasto, junto con la mejora de la masa salarial y la gestión de la deuda; y (iii) fomentar la recuperación de una trayectoria de crecimiento estable tras la COVID-19, reforzando las bases del país para un crecimiento verde y un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Las medidas que forman parte de este último componente incluyen la aceleración del despliegue de tecnologías con bajas emisiones de carbono y la ampliación de la resiliencia del sistema energético nacional.