BÉLGICA

La Constitución de 1831 estableció Bélgica como una monarquía parlamentaria unitaria. Sin embargo, en la década de 1970 se inició un proceso de federalización para tener más en cuenta las diferencias lingüísticas, culturales y socioeconómicas, en particular entre las regiones de Flandes y Valonia. Entre 1970, 2001 (Ley Especial de Revisión de la Constitución y Acuerdo de Lambermont) y 2011 tuvieron lugar seis reformas constitucionales, esta última en vigor desde 2012-2014.

La estructura federal de gobierno del país ha evolucionado gradual pero significativamente en las últimas décadas hacia una mayor devolución del poder de decisión a las seis entidades federadas, compuestas por tres regiones (la Región Flamenca, la Región Valona y la Región de Bruselas-Capital) y tres comunidades (la Comunidad Flamenca, la Comunidad Francesa y la Comunidad Germanófona). La característica determinante de una región es su zona geográfica, mientras que la de una comunidad es su cultura y su lengua.

A nivel federal, el poder legislativo lo ejerce el Parlamento Federal, compuesto por dos asambleas: la Cámara de los Representantes y el Senado. Tras la 6ª Reforma del Estado, los miembros del Senado (cámara alta que sirve de cámara de las comunidades y regiones) son designados por las entidades federadas (50/60) o cooptados (10/60), y ya no elegidos (Art. 67 de la Constitución). Los senadores no tienen poder de veto sobre la legislación federal.

A nivel regional, existen cinco legislaturas principales, elegidas para un mandato de cinco años, y cinco gobiernos, elegidos por el Parlamento, que a su vez elige a un presidente: (i) el Parlamento y el Gobierno flamencos (que representan tanto a la región de Flandes como a la comunidad flamenca), (ii) el Parlamento y el Gobierno valones, (iii) el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad francesa, (iv) el Parlamento y el Gobierno de la Región de Bruselas-Capital y (v) el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad germanófona. Además de las cinco asambleas legislativas, existen la Comisión de la Comunidad Francesa (Cocof) y la Comisión de la Comunidad Común (COCOM) con poder legislativo.

A nivel local, las provincias y los municipios se rigen por la legislación regional desde la federalización del país. La Constitución de 1831 otorga el principio de autonomía local y provincial pero no enumeraba las competencias provinciales. La ley de 1836 (la Provinciewet) y sus revisiones posteriores consagraron competencias en asuntos económicos, educación secundaria, cultura, carreteras y protección social a las provincias (véase la sección siguiente). También son responsables de la aplicación de las leyes nacionales y de los decretos comunales y regionales en su territorio. Los decretos regionales (regiones flamenca y valona) y las ordenanzas de la región de Bruselas-Capital (para los municipios) determinan y crean diferencias regionales en la organización, las responsabilidades y la financiación de las provincias y los municipios.

El federalismo belga se diferencia de la mayoría de los demás países federales en que se basa en el principio de no jerarquía entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales. Esto significa que ninguna autoridad tiene precedencia sobre otra y que ninguna autoridad puede imponer requisitos (incluidos los reglamentarios) a otra. Los textos legislativos emitidos por cada autoridad se encuentran así en pie de igualdad. La Enmienda Constitucional de 1993 también incluye el principio de "in foro interno, in foro externo" (art. 167), lo que significa que todos los gobiernos tienen control sobre los asuntos internos, así como sobre los asuntos exteriores en las áreas que son de su competencia interna (por ejemplo, economía, medio ambiente, cultura, política sanitaria). Los gobiernos subnacionales tienen el derecho constitucional de concluir tratados internacionalmente vinculantes en estas áreas y pueden nombrar representantes diplomáticos en el extranjero.

La distribución de responsabilidades entre las regiones y comunidades y el nivel federal está sujeta al control judicial, ejercido por el Tribunal Constitucional de Bélgica, que puede anular los actos legislativos que contravengan la división de poderes, y por el Consejo de Estado, que tiene la misma competencia respecto a los actos administrativos que contravengan la división de poderes. La 6ª reforma del Estado transfirió competencias adicionales a las regiones y comunidades.

Existen varios mecanismos de coordinación intergubernamental. Un Comité de Concertación, que incluye a representantes del gobierno federal y de las entidades federadas, desempeña un papel clave en la concertación, la cooperación y la coordinación entre el gobierno federal, las regiones y las comunidades para alcanzar objetivos comunes o individuales con respecto a sus propias competencias. Los gobiernos locales (municipios, provincias) están representados por sus asociaciones en su región respectiva (también existe una asociación nacional "unida") y participan en los comités a nivel federal, aunque no existe ningún mecanismo formal de consulta.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL ESTATAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
581 municipios (communes, gemeenten)	10 provincias (provincias, provincies)	3 regiones (regions, gewesten) y 3 comunidades (communautés, gemeenschappen)
Tamaño promedio municipal 19 890 habitantes
581	10	6	597

DESCRIPCIÓN GENERAL: Bélgica tiene tres niveles de gobiernos subnacionales: seis entidades federadas (que incluyen tres regiones y tres comunidades), 10 provincias y 581 municipios.

NIVEL ESTATAL: El nivel federado está compuesto por las tres regiones y las tres comunidades. La Región Flamenca (Vlaams Gewest) representa el 44% del territorio belga y el 57,7% de su población, mientras que laRegión Valona (Région Wallonne) cuenta con el 55% de la superficie y el 31,8% de la población. La región de Bruselas capital (Région de Bruxelles-Capitale) representaba el 0,53% del territorio belga pero el 10,6% de la población total en 2020. Las tres comunidades son transversales a las regiones. En concreto, la Comunidad Flamenca comprende a todos los habitantes de Flandes y a los flamencos establecidos en Bruselas (es decir, unos 6,6 millones de habitantes). La Comunidad Francesa comprende a todos los habitantes de Valonia y a los francófonos establecidos en Bruselas (unos 4,5 millones de habitantes). La Comunidad germanófona comprende a todos los habitantes de los nueve municipios germanófonos del este de Bélgica (es decir, unos 77 800 habitantes).

NIVEL INTERMEDIO: El nivel intermedio de gobierno incluye 10 provincias, con cinco provincias en la región flamenca y otras cinco en la región valona. Las regiones son muy diversas en términos de tamaño de población y masa territorial. Las provincias existen desde hace mucho tiempo en sus límites actuales, excepto la provincia de Limburgo, la provincia de Brabante y la región de Bruselas-Capital. La Región de Bruselas-Capital ejerce directamente competencias provinciales. El gobierno provincial consta de tres instituciones principales: (i) el consejo provincial, que es el órgano deliberante elegido cada seis años por sufragio universal directo y presidido por un presidente (elegido entre sus miembros); (ii) la diputación permanente (en Flandes) o el colegio provincial (en Valonia), que es el órgano ejecutivo (sus representantes son nombrados por el consejo provincial entre sus propios miembros); y (iii) el gobernador, que es nombrado por el gobierno regional. Las provincias están a su vez subdivididas en distritos administrativos.

El papel de las provincias es objeto de numerosos debates. En diciembre de 2018, el Gobierno valón acordó transferir una serie de competencias de las provincias a la región "para mejorar la legibilidad institucional, hacer más eficaz el ejercicio de las competencias regionales y reforzar el apoyo a los municipios". En Flandes, las provincias se centrarán más en las "competencias relacionadas con el territorio", perdiendo las "competencias basadas en la persona", así como parte de sus recursos (impuestos y subvenciones).

NIVEL MUNICIPAL: El nivel municipal de gobierno comprende 581 municipios, que se rigen por la legislación regional desde 1988. El órgano deliberante es el consejo municipal cuyos representantes son elegidos cada seis años por sufragio universal directo. El órgano ejecutivo es el colegio de burgomaestres y concejales (conocido como colegio comunal en la región valona). Los concejales son elegidos por el consejo municipal, mientras que el burgomaestre es nombrado según normas diferentes en función de la región.

El número de municipios se ha mantenido estable durante unos 45 años, tras un proceso de fusiones obligatorias entre 1975 y 1983. En concreto, el real decreto de 1975 redujo el número de municipios de 2.359 a 596. En 2020, la región flamenca contaba con 300 municipios (de 308 tras las fusiones de 2019), mientras que la región valona tiene 262 y Bruselas-capital 19. En su declaración de política regional de 2017, el nuevo gobierno valón anunció su voluntad de fomentar las fusiones municipales de forma voluntaria, tanto mediante incentivos financieros y reglamentarios, como con apoyo administrativo y técnico. El gobierno flamenco también apoya las fusiones voluntarias a través del Acuerdo de Coalición Flamenco 2019-2024. La región apoya a los ayuntamientos que toman la decisión de fusionarse y les orienta en su puesta en práctica. El tamaño municipal medio en Bélgica es casi el doble del tamaño municipal medio de la OCDE (alrededor de 10.250 habitantes). Hay muy pocos municipios pequeños (1% de menos de 2.000 habitantes) ya que la mayoría (72%) tienen menos de 20.000 habitantes.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: Las regiones flamenca y valona fomentan actualmente los "supramunicipios". En Flandes, existen cinco formas jurídicas de cooperación intermunicipal: "asociación interlocal", "asociación de proyecto", "asociación de prestación de servicios", "asociación con una asignación clara" y "asociación con una asignación clara y participación del sector privado". La primera forma consiste en un contrato básico, mientras que las otras cuatro dan lugar al establecimiento de una entidad jurídica independiente. La cooperación intermunicipal está muy extendida y tiene lugar en diversos sectores, como el suministro de agua potable, la gestión de aguas residuales, la gestión de residuos, la gestión de crematorios, la distribución de gas y electricidad, la comunicación (internet, televisión), el desarrollo económico, etc.

Una forma común de cooperación intermunicipal son las empresas intermunicipales (intercomunales), que son entidades de derecho público sujetas tanto al derecho privado como al público. Las intercomunales pueden ser sociedades limitadas, sociedades cooperativas de responsabilidad limitada (SC o CV) o asociaciones sin ánimo de lucro (ASBL). Si sólo tienen municipios como accionistas, son sociedades intermunicipales "puras". Si reúnen accionistas públicos y privados, son sociedades intermunicipales "mixtas". En 2015 había 323 intermunicipales en Bélgica, que representaban unos 38.000 puestos de trabajo.

El gobierno de Flandes también pretende dotar de mayor coherencia a estas estructuras intermedias mediante la subregionalización. Las subregiones de referencia son, por un lado, un modelo de concertación en el que se pueden establecer acuerdos sobre política subregional y, por otro, la referencia para el abanico operativo de formas de cooperación inter y supramunicipal. No son una nueva capa de gobierno: no tienen competencias propias, ni órganos propios, ni financiación propia. A partir de febrero de 2022, Flandes se divide en 15 subregiones de referencia. Las autoridades locales ajustarán el ámbito de funcionamiento de sus formas de cooperación a estas subregiones de referencia. El gobierno de Flandes podrá conceder en casos excepcionales un aplazamiento temporal o una derogación permanente.

Las competencias exclusivas se asignan a las regiones y comunidades y las restantes al gobierno federal: asuntos exteriores, defensa nacional, las partes principales de la justicia y la seguridad nacional, ciudadanía e inmigración, política fiscal y monetaria, seguridad social, partes de la sanidad nacional y asuntos domésticos. El principio in foro interno, in foro externo también prescribe que los gobiernos subnacionales pueden llevar a cabo una política exterior para aquellas cuestiones políticas que entren dentro de sus competencias. Pueden participar de forma proactiva en la política exterior a múltiples niveles: el europeo, el bilateral (en relación con estados individuales o estados federados) y el multilateral.

Las regiones y las comunidades son responsables del marco jurídico de los municipios, incluida su estructura política y administrativa, las políticas de policía local, extinción de incendios y protección social siguen siendo competencias federales. Las regiones también son responsables de los asuntos territoriales (asuntos económicos, transportes, protección del medio ambiente, ordenación del territorio, vivienda, etc.) y del empleo, mientras que las comunidades son responsables de los asuntos relacionados con las personas (cultura, política sanitaria, protección social, educación, etc.). La 6ª Reforma del Estado transfirió competencias adicionales a las regiones en materia de políticas del mercado laboral y movilidad (pero siguen siendo competencias compartidas) y a las comunidades (subsidio familiar, cuidados de larga duración).

Las responsabilidades provinciales y municipales no están claramente definidas en la legislación y a menudo se solapan. También difieren de una región a otra. Las provincias suelen ser responsables de los asuntos provinciales generales, el mantenimiento de las infraestructuras, la planificación urbana y las iniciativas en materia de deporte, educación, cultura y política social. Las responsabilidades provinciales se están reduciendo. En la región flamenca, las provincias sólo ejercen competencias no personales desde 2014. En enero de 2018, la lista de sus tareas se redujo aún más y todas las competencias relacionadas con las personas, que seguían siendo ejercidas por las provincias, se transfirieron a la Comunidad flamenca o a los municipios. En la región valona, algunas competencias provinciales se transfirieron al nivel regional (por ejemplo, las políticas provinciales de carreteras, vivienda y energía). Las responsabilidades municipales son muy amplias. Sus tareas comprenden las atribuidas por los niveles superiores de gobierno y las de "interés municipal".

Es importante señalar que las responsabilidades de la siguiente tabla se presentan para los gobiernos subnacionales a nivel regional, intermedio y municipal de forma general, pero pueden surgir diferencias entre los distintos gobiernos subnacionales dadas sus diferencias de tamaño, opciones políticas, etc.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	A nivel estatal	Nivel intermedio	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Regiones: supervisión de la legislación provincial y municipal y de las empresas locales de servicios públicos; Investigación, desarrollo e innovación	Administración provincial; Aplicación de la normativa federal y regional	Asuntos generales municipales; Funciones administrativas delegadas por la región/provincia, por ejemplo, la oficina de registro público (delegada por el estado federal).
2. Orden público y seguridad	Comunidades; hogares de justicia		Orden público (delegado); Políticas locales; Participación a las Zonas de los Servicios de Incendios y Rescate
3. Asuntos económicos/transporte	Regiones: transporte (excepto política ferroviaria y de aviación); Infraestructuras de carreteras, puertos y vías navegables; Aeropuertos regionales; Infraestructuras de combustibles alternativos; Transporte público (excepto ferrocarril); Política marítima y de carreteras (compartida con el gobierno federal); Comercio exterior; Energía (excepto instalaciones nacionales y energía nuclear); Agricultura y pesca; Política económica (incluidas ayudas directas, garantías, centros empresariales y política de agrupaciones); Empleo; Reestructuración industrial.	Obras públicas	Desarrollo económico local; infraestructuras viarias municipales; Turismo
4. Protección del medio ambiente	Regiones: política medioambiental; Conservación de la naturaleza	Intervenciones en algunas zonas	Zonas verdes
5. Vivienda y servicios comunitarios	Regiones: política urbana y ordenación del territorio; desarrollo rural; obras públicas e infraestructuras; vivienda pública; subvenciones a la vivienda social; política del agua	Urbanismo	Urbanismo y permisos de construcción; Distribución de agua; Alcantarillado; Gestión de residuos
6. Salud	Comunidades: educación sanitaria; medicina preventiva	Prevención médica
7. Cultura y ocio	Comunidades: museos y arte; teatros; bibliotecas; medios audiovisuales; uso de las lenguas; turismo	Algunas intervenciones en el sector cultural y recreativo	Deportes; Cultura
8. Educación	Comunidades: educación y formación (de preescolar a superior y educación de adultos); Investigación científica	Algunas intervenciones en la enseñanza secundaria y superior	Enseñanza preescolar; Enseñanza primaria; Enseñanza secundaria y superior para las grandes ciudades
9. Protección social	Regiones: aspectos menores de la seguridad social (como la reducción de las cotizaciones a la seguridad social para grupos específicos). Comunidades: asistencia social (excluida la seguridad social); hospitales; ayuda a las familias; protección de la juventud; servicios de ayuda a los inmigrantes.	Algunas intervenciones en el ámbito de la política social	Asistencia social a través de los centros públicos de asistencia social (CPAS en la Región Valona, OCMW en la Región Flamenca y CPAS/OCMW en la Región de Bruselas Capital)

Ámbito de los datos financieros: nivel de gobierno estatal: seis regiones y comunidades y entidades relacionadas; nivel de gobierno local: provincias, municipios, zonas de policía local, zonas de rescate local y centros públicos de asistencia social (OCMW/CPAS), Bruselas metropolitana, juntas de agua, departamentos de bomberos y otras entidades públicas locales (sindicatos municipales).

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Ley de Financiación Especial de 1989 (modificada por última vez en enero de 2014) ha sido crucial para la descentralización fiscal en Bélgica, ya que contempla la refinanciación de las comunidades y la ampliación de las competencias fiscales de las regiones. La mencionada 6ª Reforma del Estado también reforzó la autonomía financiera de las entidades federadas, al aumentar sus ingresos fiscales de origen propio. Debido al complejo marco político e institucional de los gobiernos subnacionales en Bélgica, las reformas fiscales y estructurales son difíciles de realizar. Las entidades federadas deciden las modalidades de financiación de los municipios y provincias de sus respectivos territorios, lo que da lugar a diferentes sistemas de financiación local según la región.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total	15 275	11 403	3 872	29.0%	21.7%	7.4%	49.0%	36.6%	12.4%	100.0%	100.0%	100.0%
Incl. gastos corrientes	13 766	10 328	3 438	26.2%	19.6%	6.5%	47.1%	35.3%	11.8%	90.1%	90.6%	88.8%
Gastos de personal	5 538	3 304	2 233	10.5%	6.3%	4.2%	79.7%	47.5%	32.1%	36.3%	29.0%	57.7%
Consumo intermedio	1 645	1 038	607	3.1%	2.0%	1.2%	72.2%	45.5%	26.6%	10.8%	9.1%	15.7%
Gastos sociales	3 192	2 775	417	6.1%	5.3%	0.8%	21.6%	18.7%	2.8%	20.9%	24.3%	10.8%
Subvenciones y transferencias corrientes	3 251	3 079	172	6.2%	5.9%	0.3%	77.8%	73.7%	4.1%	21.3%	27.0%	4.4%
Gastos financieros	135	131	4	0.3%	0.3%	0.0%	13.2%	12.8%	0.4%	0.9%	1.2%	0.1%
Otros	6	1	5	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1.5%	98.5%	0.0%	0.0%	0.1%
Incl. gastos de capital	1509	1 075	433	2.9%	2.0%	0.8%	79.5%	56.7%	22.8%	9.9%	9.4%	11.2%
Transferencias de capital	361	339	22	0.7%	0.6%	0.0%	83.3%	78.3%	5.0%	2.4%	3.0%	0.6%
Inversión directa (o FBCF)	1 148	736	412	2.2%	1.4%	0.8%	78.4%	50.3%	28.1%	7.5%	6.5%	10.6%

GASTO: Los gobiernos subnacionales belgas desempeñan un papel importante en el gasto público, ya que son responsables de casi la mitad del gasto público a nivel nacional en 2020, lo que corresponde al 29% del PIB. Esto refleja un aumento significativo de 9 puntos porcentuales desde 2013, en parte debido a la aplicación de la 6ª Reforma del Estado. Como resultado de este aumento, la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto público y en el PIB está por encima de la media de la OCDE de los nueve países federales (43,5% y 20,6% respectivamente en 2020). Los gobiernos subnacionales son empleadores públicos clave, ya que representan el 79,7% de todo el gasto en personal público (frente al 76,5% en los países federales de la OCDE).

Las regiones y las comunidades representan la mayor parte del gasto de las administraciones subnacionales, con un 74,7% del gasto de las administraciones subnacionales y un 36,6% del gasto público total, respectivamente. Por el contrario, el gasto del gobierno local representa una parte relativamente pequeña del gasto del gobierno subnacional (25,3%) y del gasto público total (12,4%). Los municipios y las provincias también son grandes empleadores. Destinan más de la mitad de su presupuesto total a gastos de personal y representan el 40,3% de los gastos de personal de los gobiernos subnacionales. El peso del gasto de personal también está vinculado al aumento del coste de financiación de las pensiones de sus funcionarios estatutarios, que representan un reto financiero.

INVERSIÓN DIRECTA: En Bélgica, la inversión pública corre a cargo principalmente de los gobiernos subnacionales (79,5%), aunque la proporción ha disminuido en los últimos años (88,7% en 2016). La parte de la inversión de los gobiernos subnacionales en el PIB también está por encima de la media de los países federales de la OCDE en 2020 (2,0%). El papel de las regiones y comunidades es especialmente significativo, ya que representaron el 50,3% del total de la inversión directa de los gobiernos subnacionales en 2020, frente al 28,1% de los gobiernos locales. Los gobiernos subnacionales invierten principalmente en servicios públicos generales (32,3% de la inversión de los gobiernos subnacionales en 2019) y en asuntos económicos/transporte (32,0%), seguidos de la educación y el ocio, la cultura y la religión.

Las autoridades regionales y federales han tomado medidas para aumentar la inversión en infraestructuras de transporte limpias a través de planes de inversión plurianuales. La región de Valonia estableció un Plan de Inversión en 2018, como parte del Pacto Nacional de Inversión Estratégica, para aumentar el gasto de inversión en 5.000 millones de euros entre 2019 y 2024 con el fin de satisfacer las necesidades regionales de infraestructura en los ámbitos de la movilidad, la energía, la digitalización, la investigación y la innovación. La región de Bruselas-Capital ha establecido un Plan Plurianual de Transporte Público 2015-2025, que incluye más de 6.000 millones de euros para mejoras en metro, tranvía y autobús. Del mismo modo, la región flamenca adoptó un programa integrado de inversiones de 2.230 millones de euros en 2022 para movilidad y obras públicas.

El país recurre cada vez más a las APP para financiar la inversión en infraestructuras, con un número significativo de APP contratadas a todos los niveles de gobierno. El Estado federal y la región flamenca fueron pioneros. Bélgica estableció procedimientos estandarizados, orientaciones detalladas y documentaciones sobre los contratos de APP para reducir los costes de licitación en 2016. A nivel regional, Flandes y Valonia crearon unidades especiales de APP para fomentar su uso en la inversión (el Centro Flamenco de Conocimientos sobre APP y la Unidad Valona de APP, respectivamente). El Centro Flamenco de Conocimientos sobre la CPP se disolvió en 2019, dado que la CPP es ya un método bien conocido y se ha acumulado una gran experiencia desde entonces. Las regiones también pusieron en marcha regímenes de permisos integrados para reducir los plazos y simplificar los procedimientos de APP en proyectos complejos. Además, la región flamenca adoptó un decreto que establece un marco para los grandes proyectos de inversión en 2019, que introdujo un límite máximo de salvaguardia para los pagos por disponibilidad relacionados con las APP.

Gasto de las administraciones subnacionales, estatales y locales por clasificación funcional
	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total por función económica	14 468	10 690	3 789	26.4%	19.5%	7.2%	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%
1. Servicios públicos generales	2 455	1 739	718	4.5%	3.2%	1.4%	20.0%	14.2%	5.8%	17.0%	16.3%	18.9%
2. Defensa	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3. Orden público y seguridad	497	30	469	0.9%	0.1%	0.9%	45.6%	2.7%	42.9%	3.4%	0.3%	12.4%
4. Asuntos económicos/transporte	2 328	1 951	378	4.2%	3.6%	0.7%	62.0%	51.9%	10.0%	16.1%	18.3%	10.0%
5. Protección del medio ambiente	617	398	220	1.1%	0.7%	0.4%	86.8%	56.0%	30.8%	4.3%	3.7%	5.8%
6. Vivienda y servicios comunitarios	199	95	105	0.4%	0.2%	0.2%	100.0%	47.6%	52.4%	1.4%	0.9%	2.8%
7. Salud	537	521	15	1.0%	1.0%	0.0%	12.9%	12.6%	0.4%	3.7%	4.9%	0.4%
8. Ocio, cultura y religión	667	291	377	1.2%	0.5%	0.7%	94.5%	41.3%	53.3%	4.6%	2.7%	10.0%
9. Educación	3 811	3 060	753	6.9%	5.6%	1.4%	100.0%	80.3%	19.7%	26.3%	28.6%	19.9%
10. Protección social	3 359	2 605	756	6.1%	4.7%	1.4%	25.0%	19.4%	5.6%	23.2%	24.4%	20.0%

En consonancia con el amplio abanico de sus responsabilidades, las principales categorías de gasto de los gobiernos subnacionales incluyen la educación (26,3% del gasto de los gobiernos subnacionales en 2019), la protección social, los servicios públicos generales y los asuntos económicos. El aumento de la proporción del gasto total de los gobiernos subnacionales en sanidad y asistencia social es el resultado de la devolución de responsabilidades adicionales a las regiones y comunidades con la 6ª Reforma del Estado. A nivel local, las áreas prioritarias son la protección social (20,0%) y la educación (19,9%). La seguridad y el orden público representan el 12,4% del gasto local, con la existencia de 195 "zonas de policía local". La creciente utilización de los subsidios de integración y el aumento del coste de los servicios sociales plantean retos financieros a los gobiernos locales.

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	14 156	10 225	3 931	26.9%	19.4%	7.5%	53.5%	38.7%	14.9%	100.0%	100.0%	100.0%
Ingresos fiscales	3 861	2 699	1 163	7.3%	5.1%	2.2%	24.8%	17.3%	7.5%	27.3%	26.4%	29.6%
Donaciones y subvenciones	7 984	5 920	2 064	15.2%	11.3%	3.9%	-	-	-	56.4%	57.9%	52.5%
Tarifas y tasas	1 148	743	405	2.2%	1.4%	0.8%	-	-	-	8.1%	7.3%	10.3%
Ingresos provenientes de los activos	220	111	109	0.4%	0.2%	0.2%	-	-	-	1.6%	1.1%	2.8%
Otros ingresos	943	752	191	1.8%	1.4%	0.4%	-	-	-	6.7%	7.4%	4.9%

DESCRIPCIÓN GENERAL: La participación de los ingresos de los gobiernos subnacionales en los ingresos públicos totales en 2020 aumentó 10 puntos porcentuales desde 2013, pasando del 43,8% al 53,5%, como resultado de la 6ª Reforma del Estado. La Reforma, a través de la ley especial de 6 de enero de 2014 sobre la Financiación de las Comunidades y Regiones, condujo al fortalecimiento de la autonomía financiera regional y reforzó los ingresos de origen propio de las regiones y comunidades para compensar la eliminación de las subvenciones del Gobierno federal.

Casi tres cuartas partes de los ingresos de los gobiernos subnacionales se atribuyen a las regiones y comunidades, frente al 27,8% de los gobiernos locales. La capacidad de financiar los gastos mediante ingresos de origen propio sigue siendo, sin embargo, limitada para las regiones, y casi inexistente para las comunidades, cuyas competencias no tienen una base territorial clara. En 2020, la mayor parte de los ingresos combinados de los gobiernos subnacionales siguen siendo las subvenciones y los subsidios (56,4%), mientras que los impuestos representaron el 27,3% de los ingresos de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos locales dependen algo menos de esas subvenciones.

INGRESOSFISCALES: A pesar de la 6ª Reforma del Estado, los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales sólo representaron el 27,3% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales en 2020, muy por debajo de la media de los países federales de la OCDE (45,8%). Los porcentajes de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales en el PIB y en los ingresos fiscales públicos son también muy inferiores a los de las federaciones de la OCDE (9,3% del PIB y 45,8% de los ingresos fiscales públicos de media).

A nivel regional, existen grandes disparidades entre las regiones y las comunidades en materia de impuestos, dado que las comunidades disfrutan de pocos ingresos fiscales. Los impuestos regionales comprenden tanto los impuestos compartidos como los impuestos de origen propio. Las regiones reciben una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) recaudado en su territorio. Desde 2014, las regiones también pueden recaudar una sobretasa regional sobre el IRPF con un componente de nivelación y disponen de competencias ampliadas en materia de bases imponibles, bonificaciones y exoneraciones. Además, las regiones perciben unos 12 impuestos de fuente propia, entre los que se incluyen los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre vehículos, la retención sobre bienes inmuebles (impuesto sobre bienes inmuebles que grava los terrenos en propiedad, los edificios y el equipamiento industrial en función del valor de alquiler de la propiedad), los impuestos sobre bienes y servicios, los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y los refrescos, etc. En 2021, la Región Valona se hizo cargo de los servicios de recaudación de la retención sobre bienes inmuebles con fines de simplificación administrativa. La región está reformando varios impuestos sobre bienes inmuebles con el objetivo de modernizarlos. Varios impuestos sobre el medio ambiente también han sido transferidos del nivel federal a las regiones. Desde 2020, éstas son responsables, en particular, de la gestión del impuesto de circulación, así como del impuesto de matriculación de vehículos, con el fin de reducir la congestión automovilística y mejorar la calidad del aire en su territorio. Por el contrario, las tres comunidades no disponen de ingresos fiscales propios. Se financian principalmente mediante mecanismos fiscales compartidos procedentes del IPE recaudado en su zona y del impuesto sobre el IVA, para el que no tienen poder de fijación de tipos.

A nivel local, el sistema impositivo local belga difiere del de otros países federales, ya que los municipios pueden crear nuevos impuestos locales y disponen de un amplio margen de maniobra tanto sobre los tipos impositivos como sobre las bases. Los principales impuestos locales propios son los recargos sobre el IBI, sobre el impuesto de vehículos, sobre la retención regional sobre bienes inmuebles y sobre otros impuestos locales (por ejemplo, los impuestos sobre residuos y ocio). Las provincias también recaudan impuestos en forma de sobretasas sobre el impuesto de retención sobre bienes inmuebles y otros impuestos (por ejemplo, el impuesto turístico, el impuesto sobre las segundas residencias, el impuesto sobre las bicicletas, los impuestos sobre la protección de las aguas superficiales y la recogida de agua, las licencias de caza y pesca). En Flandes, en el marco de la reforma provincial, las sobretasas adicionales aplicadas al impuesto sobre bienes inmuebles se han limitado desde 2018 y las provincias han perdido la mayor parte de su poder tributario.

En conjunto, el IPE recaudado a nivel subnacional como impuesto compartido o de fuente propia representó el 43,4% de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales en 2020 (el 46,5% a nivel estatal y el 36,2% a nivel local) y el 11,8% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales. Los impuestos recurrentes sobre la propiedad, recaudados tanto por las regiones como por los gobiernos locales, representaron el 1,3% del PIB en 2020 (cerca de la media de la OCDE del 1,0% en 2019), el 17,9% de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales (el 1,7% para las regiones y el 55,6% para el nivel local) y casi el 5% de los ingresos de los gobiernos subnacionales (y el 16,4% de los ingresos de los gobiernos locales).

DONACIONES Y SUBVENCIONES: El sistema de descentralización belga se ha caracterizado por fuertes desequilibrios fiscales, con un alto nivel de gastos descentralizados en relación a una distribución más centralizada de los ingresos. Este desequilibrio se mantiene a pesar de la^6ª Reforma del Estado. Las ayudas y subvenciones representaron el 55,7% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020 (el 57,7% a nivel estatal y el 50,5% a nivel local). El mecanismo de igualación del gobierno federal a las entidades federadas se denomina "Intervención de Solidaridad Nacional" (neerlandés: Nationale Solidariteitsbijdrage (NSB); francés: Intervention de solidarité nationale (ISN)). En el marco de este régimen, la equiparación se realiza a nivel de las regiones en función de la recaudación del IPE y del desempleo. La región de Bruselas capital también recibe subvenciones adicionales del Estado para cubrir los gastos que la región soporta en comparación con otras relacionadas con el bilingüismo, el transporte, la formación y la seguridad.

Los gobiernos locales reciben fondos y asignaciones específicas de su gobierno regional, tanto subvenciones asignadas como generales, que en 2020 ascendieron a la mitad de sus ingresos totales. Los fondos municipales y provinciales, gestionados por las regiones desde 1989, son las subvenciones más importantes. Cada región (y la comunidad germanófona desde 2005) aplica su propia tasa de crecimiento a su Fondo Municipal y distribuye sus recursos entre los municipios según sus propias normas. Estas transferencias de uso general incluyen mecanismos de igualación financiera. En cada región, los fondos se asignan en proporción inversa a la capacidad fiscal de los residentes del municipio en términos de la sobretasa sobre el IBI y el impuesto sobre bienes inmuebles. Los fondos asignados incluyen subvenciones para cubrir responsabilidades específicas de gastos corrientes y de capital.

OTROS INGRESOS: Los gobiernos subnacionales pueden generar ingresos propios a partir de tarifas y tasas a los usuarios (8,1% de los ingresos de los gobiernos subnacionales; 7,3% para las regiones y comunidades y 10,3% para los municipios y provincias). Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios incluyen las tasas pagadas por diversos servicios prestados por los CPAS/OCMW (comidas, cuidado de niños o atención domiciliaria), tarifas de aparcamiento, bolsas o contenedores de recogida de residuos. En 2016, los gobiernos regionales introdujeron un nuevo peaje para los camiones pesados. La tasa se aplica a los usuarios de las autopistas, así como en una serie de carreteras regionales y municipales.

Los gobiernos subnacionales también obtienen ingresos menores de los activos financieros y físicos (alquileres, dividendos, intereses, etc.), que representaron el 1,6% de sus ingresos en 2020. En las dos últimas décadas, los ingresos procedentes de activos han disminuido fuertemente por dos razones principales: la venta por parte de las autoridades locales de importantes participaciones, sobre todo en el sector energético, lo que provocó la desaparición de los dividendos; y, el bajo tipo de interés que deprimió los ingresos procedentes de activos.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales, estatales y locales
	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública general			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Deuda pendiente total	13 651	10 577	3 074	25.9%	20.1%	5.8%	18.4%	14.3%	4.2%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-
Deuda financiera	11 931	9 240	2 691	22.7%	17.6%	5.1%	16.6%	12.9%	3.8%	87.4%	87.4%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%
Dinero legal y depósitos	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bonos/Títulos de deuda	5 025	4850	175	-	-	-	-	-	-	36.8%	45.9%	5.7%	42.1%	52.5%	6.5%
Préstamos	6 906	4390	2516	-	-	-	-	-	-	50.6%	41.5%	81.9%	57.9%	47.5%	93.5%
Seguros, pensiones	16	16	0	-	-	-	-	-	-	0.1%	0.2%	0.0%	-	-	-
Otras cuentas por pagar	1 704	1321	383	-	-	-	-	-	-	12.5%	12.5%	12.5%	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: En 2013 se celebró un Acuerdo de Cooperación sobre coordinación fiscal entre el gobierno federal y los gobiernos regionales y comunitarios. Introdujo una norma de equilibrio presupuestario público estructural a nivel de las administraciones públicas. Además, formalizó la práctica de coordinación establecida oficializando el papel del "Comité de Consulta" intergubernamental en el proceso de toma de decisiones y reforzando el papel asesor y de supervisión del Alto Consejo de Finanzas (HCF; sección de Endeudamiento Público). El HCF, creado en 1936, es una institución fiscal independiente cuyos miembros son nombrados por los niveles federal, comunitario y regional. Recomienda objetivos fiscales y proporciona evaluaciones de política normativa. Su nueva Sección de Necesidades de Empréstitos del Sector Público (PSBR) promulga competencias específicas para la coordinación fiscal intergubernamental.

A nivel local, el principio de equilibrio se introdujo para las finanzas municipales en la década de 1990, eliminando los déficits locales. Desde el proceso de federalización, las regiones han asumido la responsabilidad de la supervisión presupuestaria de los gobiernos locales y han realizado una serie de adiciones y revisiones, que han reforzado el marco presupuestario, dando como resultado unas finanzas saneadas a nivel de gobierno local.

ENDEUDAMIENTO: Las regiones y las comunidades pueden endeudarse para cubrir los gastos corrientes y de capital. Están autorizadas a emitir deuda en los mercados financieros, aunque necesitan la autorización del ministro federal de Finanzas. La reforma fiscal de 2001 alivió esta norma autorizando a las regiones y comunidades a endeudarse a corto plazo siempre que se haya notificado al ministro de Finanzas. Los municipios y las provincias son libres de endeudarse sin autorización previa de las instancias superiores de gobierno, pero sólo para financiar proyectos de inversión ("regla de oro"). La región de Bruselas-Capital creó en 2014 una Agencia de la Deuda, encargada de optimizar la gestión directa e indirecta de la deuda de la región. Del mismo modo, el gobierno flamenco desarrolló una norma de deuda para mantener la deuda bajo control, que incluye la obligación de invertir el excedente de fondos disponibles en el gobierno flamenco.

En 2020, la deuda de los gobiernos subnacionales ascendía al 18,4% de la deuda de las administraciones públicas y representaba el 25,9% del PIB (un aumento de 6 puntos porcentuales desde 2013), ligeramente por debajo de la media de la OCDE (27,9%). La deuda regional representaba el 77,5% del total de la deuda de las administraciones subnacionales en 2020, frente al 22,5% de las administraciones locales. La emisión de bonos por parte de las regiones ha aumentado, pasando del 25% de la deuda de los gobiernos subnacionales en 2016 al 45,9% en 2020 para financiar la pandemia. Su deuda también se compone de préstamos (41,5%) y otras cuentas a pagar (12,5%). Por el contrario, la deuda local se compone principalmente de préstamos (81,9% de la deuda local pendiente) y, recientemente, de cierta proporción de obligaciones (5,7%).

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Al contrario que en la mayoría de los países federales, en Bélgica la sanidad y la seguridad social se gestionan a nivel federal. Las regiones son responsables de aspectos menores de la seguridad social y las comunidades de la medicina preventiva, la asistencia social (excluida la seguridad social), la ayuda a las familias y la protección de la juventud. La estructura de gobierno del país dio lugar a complejos procesos de toma de decisiones durante la crisis de COVID-19 y a algunos solapamientos. Ocho ministerios, a nivel federal y regional, se encargan de diferentes aspectos de la sanidad pública, sin una distinción clara entre responsabilidades.

En marzo de 2020, la Cámara de Representantes concedió al gobierno federal "poderes especiales" para poder limitar la tasa de infección por COVID-19 y sus consecuencias económicas mediante reales decretos. El gobierno los utilizó para aplicar medidas de apoyo a empresas y hogares. También creó en 2020 el Grupo de Gestión de Riesgos Económicos (ERMG, por sus siglas en inglés), un organismo federal de salud pública presidido por el gobernador del banco nacional y compuesto por diversas partes interesadas (representantes de empresarios y trabajadores, entidades públicas, etc.). El objetivo del grupo era supervisar el impacto de la pandemia en las empresas y los sectores vulnerables de la economía, así como promover la coordinación de las medidas económicas y sociales entre las autoridades públicas.

A pesar de la gestión centralizada de la pandemia en Bélgica, el gobierno central se coordinó con las regiones y comunidades para garantizar una distribución optimizada del material sanitario para el personal médico. Esto se produjo a través de diálogos regulares entre los diferentes niveles de gobierno. También se reforzó la coordinación vertical mediante la creación de un comité de coordinación, compuesto por representantes de la agencia sanitaria regional, y de órganos especiales de coordinación para garantizar una aplicación armonizada de las medidas socioeconómicas en el país. El Consejo de Seguridad Nacional, que es la principal autoridad nacional de toma de decisiones durante las crisis, también se amplió para incluir a representantes regionales. Además, se crearon varios grupos de trabajo entre entidades públicas federales y regionales para coordinar su comunicación de crisis y la aplicación de medidas de apoyo.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Los gobiernos regionales adoptaron varias medidas para apoyar a las empresas, los hogares vulnerables y las autoridades locales durante la pandemia. Proporcionaron subvenciones a fondo perdido a las empresas que se vieron obligadas a cerrar durante los cierres patronales, garantizaron préstamos bancarios para apoyar la liquidez de las empresas e implementaron aplazamientos fiscales para empresas y particulares. Las regiones también crearon varios fondos para apoyar a los gobiernos locales y a los sectores vulnerables.

Las comunidades también participaron en el apoyo a su población durante la crisis del COVID-19. Un decreto adoptado en marzo de 2020 otorgó al gobierno de la Comunidad francesa poderes especiales y le permitió crear un Fondo de Emergencia de 50 millones de euros para garantizar el pago de los operadores en los ámbitos de la cultura, la educación y los hospitales universitarios. Del mismo modo, la Comunidad germanófona adoptó medidas de ayuda directa a instituciones y asociaciones.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOSSUBNACIONALES: La crisis de COVID-19 afectó a las finanzas subnacionales con grandes disparidades entre los niveles de gobierno. Los ingresos subnacionales disminuyeron un 2,9% en 2020 en comparación con 2019 en términos reales. Esta disminución fue impulsada principalmente por las regiones, mientras que los municipios registraron un ligero aumento de los ingresos en 2020. Los ingresos fiscales regionales y municipales disminuyeron ligeramente en 2020, mientras que el descenso de los aranceles y tasas fue fuerte, especialmente para los municipios (-10,7%). Para compensar su pérdida de ingresos, los municipios recibieron mayores transferencias de los niveles superiores de gobierno (+6,5%), mientras que disminuyeron para las regiones.

El gasto subnacional aumentó un 3,8% en 2020 en comparación con 2019. El aumento se vio respaldado principalmente por el gasto regional (+5,1%), ya que las transferencias regionales aumentaron durante este periodo (+17,6%) para apoyar a las economías locales y a los municipios. Como resultado, la deuda subnacional aumentó un 15,5% en 2020, especialmente impulsada por las regiones (+21,6% frente al -1,4% de los municipios). La nueva deuda se financió principalmente mediante la emisión de bonos para las regiones (el importe total de los bonos regionales aumentó un 64,7%).

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: La inversión pública es un componente clave del paquete de recuperación belga. El plan de recuperación belga será financiado principalmente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que aporta 5.900 millones de euros. Aproximadamente la mitad del plan nacional de recuperación se destinará a la acción por el clima y el 27% a la digitalización. El plan se aplicará y supervisará a través del Estado federal, las regiones y las comunidades, todos ellos inversores clave.

Las regiones también han elaborado cada una sus propios planes. El plan de recuperación de Valonia asciende a 7.600 millones de euros y dura hasta 2024. Mutualiza tres planes regionales estratégicos: (i) la Declaración de Política Regional, que define las prioridades de la región para 2019-2024; (ii) el plan de recuperación Get-Up Wallonia, que utiliza una amplia consulta pública iniciada en abril de 2020 para identificar las oportunidades de recuperación; y (iii) el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE. La región flamenca puso en marcha un plan de recuperación de 4.300 millones de euros (Vlaams Veerkracht) con un énfasis clave en la inversión, sobre todo para los sistemas sanitario y de bienestar. También se tomarán medidas para mejorar la eficacia de la administración con el fin de lograr una mejor coordinación y reducir la burocracia administrativa. La región de Bruselas-Capital también ha puesto en marcha medidas de recuperación y proyectos de inversión clave en respuesta a la pandemia. La región invertirá en gran medida en movilidad, vivienda social, empleo y medio ambiente. También se fijó el objetivo de volver a un presupuesto equilibrado en 2024, lo que excluye las inversiones estratégicas, racionalizar el gasto público mediante la aplicación de planes plurianuales y revisiones del gasto.

A pesar de la caída de ingresos debida a la crisis, el gobierno de la Comunidad francesa decidió mantener su reforma educativa, iniciada en 2017, el "Pacto de Excelencia", que será clave para el crecimiento a largo plazo. El gobierno también pretende aumentar en 50 millones de euros los gastos de inversión en infraestructuras y transición digital, como parte del Plan nacional de recuperación y resiliencia. Del mismo modo, el gobierno de la Comunidad Alemana lanzó un programa de inversión de 600 millones de euros, centrado en el clima, la sanidad y la digitalización.