ARGENTINA

Argentina es una república representativa federal, dividida en 23 provincias y la capital federal de Buenos Aires. Según la Constitución de 1853 (revisada por última vez en 1994), el Presidente es a la vez el jefe del Estado y del gobierno y es elegido para un mandato de 4 años por sufragio universal y directo. El poder legislativo recae en unCongreso (Congreso Nacional) compuesto por dos c‡maras: laC‡mara de Diputados de la Naci-n y el Senado (Senado de la Naci-n). La C‡mara de Diputados est- compuesta por representantes elegidos directamente para un mandato de 4 a-os por un sistema de representaci-n proporcional. El Senado está compuesto por tres senadores de cada provincia y tres de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, elegidos por seis años. El Senado está presidido por el Vicepresidente de la República, elegido al mismo tiempo que el Presidente para un mandato de 4 años.

El nivel subnacional de gobierno de Argentina tiene dos niveles, divididos entre provincias y gobiernos locales. La Constitución federal establece la base jurídica de la autonomía de los gobiernos locales para las provincias y los municipios. Además, la autonomía municipal está reconocida a nivel provincial en cada constitución provincial. La constitución federal también reconoce a la Ciudad de Buenos Aires el derecho a un gobierno autónomo.

A nivel provincial, la mayor parte de las provincias son anteriores a la Revoluci-n de Mayo de 1810 y a la fundaci-n de la naci-n, y sus l'mites fueron definidos a travŽs de acuerdos interprovinciales firmados antes de la Constituci-n de 1853. Ese a-o, trece provincias (Catamarca, C-rdoba, Corrientes, Entre R'os, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucum‡n) se reunieron en un congreso en la ciudad de Santa Fe para constituir la Repœblica Argentina. Históricamente, han gozado de una importante autonomía. Los gobiernos provinciales tienen cada uno sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo est‡ dirigido por el gobernador, elegido segœn el sistema electoral de cada provincia (representativo, proporcional o mayoritario). El poder legislativo recae en un congreso provincial bicameral en ocho provincias, compuesto por una cámara alta y una cámara baja, y un congreso unicameral en las 15 provincias restantes y en la capital, Buenos Aires. Cada provincia promulga su propia constitución, tal y como establece el artículo 5 de la Constitución Federal de 1853. Las relaciones interjurisdiccionales entre el gobierno federal y los provinciales se facilitan a través de Consejos Federales en varios sectores (Consejo Federal de Inversiones, Consejo Federal de Impuestos, Consejos Federales de Educación, etc.).

El alcance de la autonomía de los gobiernos locales se determina en gran medida a nivel provincial. Cada constitución provincial establece atribuciones y estructuras organizativas diferenciadas para los gobiernos locales, así como disposiciones financieras, mediante la promulgación de Leyes Orgánicas de Municipios. El poder ejecutivo a nivel local lo ejerce generalmente un intendente, elegido por sufragio directo para dos o cuatro años, y el poder legislativo recae en un consejo cuyo número de miembros se fija según las prescripciones legales en función de la provincia. Sin embargo, en algunas provincias, los pequeños gobiernos locales están gobernados por un único órgano, que ejerce a la vez las funciones ejecutivas y legislativas. Los municipios de mayor tama-o est‡n autorizados a promulgar su propiaCarta Org‡nica Municipal sujeta a criterios adicionales, como la existencia de zonas urbanas y un umbral de poblaci-n de hasta 30.000 habitantes. En 2020, aproximadamente 190 municipios contaban con sus propias Cartas Org‡nicas, establecidas de acuerdo con las directrices fijadas en la constituci-n de la provincia correspondiente.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL PROVINCIAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
2 311Gobiernos locales		23Provincias + 1 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Tamaño promedio municipal 19 058 habitantes
2 311		24	2 335

DESCRIPCIÓN GENERAL: Argentina es una república federal con 23 provincias (Provincias) más laCiudad Autónoma de Buenos Aires (Ciudad Aut-noma de Buenos Aires). Las provincias se subdividen en 2.311 gobiernos locales autónomos.

A efectos estadísticos, Argentina también se divide en seis áreas regionales: Metropolitana, Cuyana, Noroeste, Noreste, Pampeana y Patag-nica.

NIVEL PROVINCIAL: El nivel provincial de gobierno está compuesto por 23provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia más extensa es la Provincia de Buenos Aires (307 571 ^km2), mientras que la más pequeña es Tucumán, que se extiende sólo sobre 29 801 ^km2.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene un sistema de gobierno similar al de las provincias, con poderes propios de legislación y jurisdicción, y un alcalde elegido directamente. Sin embargo, a diferencia de las provincias, que promulgan y estructuran legalmente los municipios que las componen, la ley federal ha restringido el poder de Buenos Aires sobre sus jurisdicciones y limita su participación en una serie de sectores, como la seguridad y la policía, el transporte urbano y la prestación de servicios.

NIVEL MUNICIPAL: A nivel local, la forma de gobierno local varía según cada provincia. En 2021, incluía 1 179municipios (municipalidades) y 1 132 otros tipos de gobiernos locales, comocomunas (comunas),comisiones de fomento (comisiones de fomento),comisiones municipales (comisiones municipales),comunas rurales (comunas rurales),juntas vecinales (juntas vecinales) yjuntas de gobierno autónomas (juntas de gobierno autónomas). Cada categoría difiere en su grado de autonomía. Además, los municipios se dividen en municipios con cartas orgánicas y municipios sin cartas orgánicas.

Las provincias pueden estar compuestas por una combinación de estos seis tipos de gobierno local, sin una relación jerárquica. La forma de gobierno local se basa en el tamaño de la población, pero también puede estar relacionada con el número de votantes registrados, con la existencia de un centro urbano, etc. El número medio de gobiernos locales por provincia en Argentina es de 91. En la mayoría de las provincias, el umbral mínimo para establecer un municipio es de 500 habitantes, pero este límite puede variar y llegar hasta los 10.000 habitantes (por ejemplo, Santa Fe). Otras formas de gobierno local no tienen un umbral mínimo sino umbrales máximos, que pueden llegar hasta los 10.000 habitantes. En consecuencia, el nivel de gobierno local puede estar muy fragmentado.

También existe un nivel de gobierno submunicipal, formado por comunas rurales en las provincias de Chubut y Tucumán. En Chubut, cada comuna rural cuenta con una junta vecinal presidida por el presidente electo de la comuna rural, que se encarga de su gobierno y administración. En Tucumán, las comunas rurales designan a las comunidades con al menos 500 habitantes, pero que no pertenecen a la categoría de municipio. La CABA también tiene un nivel submunicipal, compuesto por 15comunas (comunas) subdivididas en 48barrios (barrios).

La organización territorial de Argentina dista mucho de ser homogénea, con notables disparidades de tamaño y actividades económicas dentro de las provincias y los gobiernos locales y entre ellos. El nivel de fragmentación a nivel municipal sigue siendo menor que en la mayoría de las federaciones y cuasifederaciones de la OCDE, si se tiene en cuenta el número medio de habitantes por municipio (10.180 habitantes de media en los países federales y cuasifederales de la OCDE). Aproximadamente el 80% de los gobiernos locales tienen menos de 10.000 habitantes, mientras que sólo dos municipios (Buenos Aires y Córdoba) tienen poblaciones superiores al millón.

COOPERACIÓN HOR IZONTAL: Los acuerdos de cooperación intermunicipal dependen en gran medida de la constitución de cada provincia, que incluye diversos grados de incentivos para la coordinación horizontal. En algunos casos, la prestación de servicios públicos (principalmente electricidad, gas y agua) se gestiona a través de cooperativas de servicios (cooperativas), que ofrecen una respuesta comunitaria en zonas remotas escasamente pobladas. Por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) llega a 500.000 usuarios de servicios de electricidad y 150.000 de agua. Por otro lado, también se pueden promover los ÒconveniosurbanísticosÓ para apoyar la cooperación intermunicipal en la prestación de servicios a lo largo de los corredores urbanos cercanos a las áreas metropolitanas.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL ESTATAL: También existen unidades desconcentradas del gobierno federal a nivel territorial, denominadas ÒdepartamentosÓ. Los departamentos comparten el mismo estatus que los gobiernos locales. Del total de 529 departamentos, hay 135 ÒpartidosÓque conforman la Provincia de Buenos Aires, 15 comunas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 379 departamentos que se distribuyen entre las distintas provincias del país. En cuatro provincias (Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y San Juan, así como en CABA), los departamentos tienen el mismo estatus que los gobiernos locales, con sus propias autoridades ejecutivas o asambleas.

Los gobiernos locales pueden extenderse más allá de los límites de los departamentos y, en 13 provincias, algunas zonas del territorio no están cubiertas por gobiernos locales. En cambio, los departamentos abarcan todo el territorio y se excluyen mutuamente.

Corresponden a las provincias todas las competencias no delegadas al Gobierno Federal por la Constitución Nacional, así como aquellas competencias que les hayan sido expresamente reservadas por pactos especiales en el momento de su constitución. Las provincias tienen tanto competencias exclusivas como compartidas con el Estado federal. Las provincias tienen la facultad de crear regiones para el desarrollo socioeconómico u organismos específicos para ejercer las competencias provinciales y pueden, previa aprobación del Congreso Nacional, ratificar acuerdos internacionales, siempre que éstos no entren en conflicto con la política exterior argentina. Los gobiernos provinciales también poseen y gestionan los recursos naturales de su jurisdicción. En general, sin embargo, faltan orientaciones formales sobre las responsabilidades en materia de desarrollo territorial, y el marco federal no exige a los gobiernos subnacionales que diseñen o apliquen estrategias formales de desarrollo territorial.

Los gobiernos provinciales tienen competencias exclusivas que abarcan la electricidad, la educación primaria, secundaria y la formación profesional, y las carreteras interprovinciales. También tienen competencias compartidas, que incluyen algunos de los aspectos restantes de la educación, la justicia, la policía y los servicios penitenciarios, la sanidad y la asistencia social, la promoción económica y el transporte público, la vivienda, la energía y los asuntos medioambientales. Por lo general, estas competencias se reparten entre los tres niveles de gobierno, y pueden compartirse también con el sector privado (por ejemplo, transporte público, servicios de Internet, hospitales). Por ejemplo, la educación pasó del gobierno federal a las provincias y a la CABA en 1993 (excepto la educación terciaria), bajo la coordinación del Consejo Federal de Educación creado por ley en 2006, que trabaja conjuntamente con los Consejos Provinciales de Política Educativa. La ley sobre Financiación de la Educación (Ley n.º 26075 de 2010) supuso un esfuerzo adicional para consolidar la prestación de servicios educativos entre los distintos niveles de gobierno.

Las competencias asignadas a los gobiernos locales varían de una provincia a otra y dependen de cada constitución provincial. Desde la crisis financiera argentina de 2001, las funciones municipales se han ampliado y existe un esfuerzo creciente de coordinación con los niveles superiores de gobierno en la prestación de servicios. Las competencias municipales varían mucho en función del tamaño del municipio, y a los municipios con una alta densidad de población se les puede asignar una importante responsabilidad presupuestaria y financiera en la prestación de servicios públicos (por ejemplo, el mantenimiento de las escuelas y los servicios sanitarios). Las autoridades municipales comparten responsabilidades tanto con los gobiernos provinciales (por ejemplo, educación primaria, atención sanitaria primaria, agua y saneamiento, construcción y mantenimiento de carreteras regionales) como con el gobierno federal (por ejemplo, desarrollo económico, turismo y prevención sanitaria). Sin embargo, a pesar del amplio abanico de responsabilidades transferidas, los gobiernos municipales de las regiones no ricas en recursos suelen carecer de la capacidad necesaria para aplicar la responsabilidad que les asignan las autoridades provinciales y federales debido a la falta de recursos humanos adecuados.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel provincial	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración de todos los servicios provinciales; Coordinación y supervisión de los gobiernos municipales	Regulación y control de las actividades locales, incluida la regulación del uso del suelo de acuerdo con las leyes provinciales, licencias comerciales
2. Orden público y seguridad	Protección contra incendios (compartida); Justicia y policía (compartidas)	Asistencia a la población en riesgo; Protección contra incendios (compartida)
3. Asuntos económicos/transporte	Promoción económica; Desarrollo de clusters; Promoción y financiación de servicios económicos; Electricidad; Carreteras interprovinciales; Transporte público (compartido)	Planificación urbana; Zonificación del suelo; Infraestructura urbana; Construcción y mantenimiento de carreteras; Mercados y cementerios; Transporte público y regulación de las vías públicas; Turismo; Gestión del patrimonio y de los lugares históricos (compartidos)
4. Protección del medio ambiente	Gestión de los recursos naturales; Alcantarillado (compartido)	Plazas públicas y zonas verdes; Gestión de residuos; Regulación de la contaminación; Alcantarillado (compartido)
5. Vivienda y servicios comunitarios	Gestión del agua (compartida)	Alumbrado público; Gestión del agua (compartida)
6. Salud	Sanidad (compartida)	Asistencia sanitaria primaria (compartida); Prevención sanitaria (compartida)
7. Cultura y ocio		Deporte
8. Educación	Enseñanza secundaria, incluida la formación profesional y técnica; Enseñanza terciaria (compartida)	Educación primaria
9. Protección social	Subsidios de desempleo (compartidos)	Subsidios de desempleo (compartidos)

Alcancede los datos financieros: Provincias y Ciudad Capital de Buenos Aires a nivel provincial, y municipios y otras formas de gobiernos locales a nivel local.

Ministerio de Economía

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: Argentina es uno de los países más descentralizados del continente americano. Los gobiernos subnacionales están fuertemente involucrados en el diseño e implementación de políticas públicas y en la provisión de servicios públicos. Además del artículo 14 de la Constitución Federal, la ley nº 23.458 de 1988 y la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2017 regulan las relaciones fiscales intergubernamentales entre las provincias, los municipios y el gobierno federal. El consejo legislativo local supervisa todos los actos del gobierno local, incluido el proceso de planificación presupuestaria, que a su vez es supervisado por la oficina de auditoría a nivel provincial. La secretaría federal de asuntos municipales también supervisa el trabajo de los municipios.

Los ingresos de los gobiernos subnacionales abarcan generalmente los impuestos de fuente propia, las transferencias fiscales del gobierno federal y las regalías sobre los recursos naturales. Sin embargo, el nivel de descentralización de los ingresos de Argentina es muy inferior al de la descentralización de los gastos, y las asimetrías fiscales de los ingresos y los gastos entre los municipios se suman a los retos de los desequilibrios horizontales, debidos a las disparidades regionales. La recaudación de impuestos está muy concentrada en el nivel federal, y las disparidades económicas y sociales entre provincias hacen que la asignación de competencias fiscales a los gobiernos subnacionales sea un reto importante. De ahí que los gobiernos subnacionales sigan dependiendo en gran medida de las transferencias fiscales para cumplir con sus obligaciones de gasto, y que los gobiernos provinciales recurran al endeudamiento.

En 2017, las provincias argentinas (excepto San Luis) ratificaron un Consenso Fiscal con la intención de armonizar las estructuras impositivas entre las distintas jurisdicciones. En los años siguientes, y a medida que se profundizaron las circunstancias económicas adversas, se firmaron nuevos Consensos Fiscales (2018, 2019 y 2020), introduciendo una serie de modificaciones, suspensiones y eliminaciones a los compromisos asumidos inicialmente. El 10 de junio de 2021, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020, que autorizó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal III de 2017 y otras medidas relacionadas con la actividad de intermediación financiera, incluyendo la adecuación de los regímenes de recaudación, los mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de créditos y del impuesto automotor.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total	4 355	3 644	711	21.0%	17.6%	3.4%	48.7%	40.7%	8.0%	100%	100%	100%
Incl. gastos corrientes	3 989	3 331	658	19.2%	16.0%	3.2%	47.7%	39.8%	7.9%	91.6%	91.4%	92.6%
Gastos de personal	2 044	1 633	411	9.8%	7.9%	1.9%	94.3%	75.3%	19.0%	37.5%	44.8%	-
Consumo intermedio	516	320	195	2.5%	1.5%	1.0%	-	-	-	7.4%	8.8%	-
Gastos sociales	479	479	0	2.3%	2.3%	0.0%	-	-	-	11.0%	13.2%	-
Subvenciones y transferencias corrientes	841	792	49	4.1%	3.8%	0.3%	-	-	-	18.2%	21.8%	-
Gastos financieros	109	106	3	0.5%	0.5%	0.0%	-	-	-	2.4%	2.9%	-
Otros	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	0.0%	0.0%	-
Incl. gastos de capital	366	313	53	1.8%	1.5%	0.3%	63.8%	54.6%	9.2%	8.4%	8.6%	7.4%
Transferencias de capital	118	69	49	0.6%	0.3%	0.3%	50.9%	29.9%	21.0%	2.7%	1.9%	6.8%
Inversión directa (o FBCF)	248	244	4	1.2%	1.2%	0.0%	72.6%	71.3%	1.3%	5.7%	6.7%	0.6%

GASTOS: En 2020, el gasto público subnacional en Argentina representará el 21% del PIB y el 48,7% del gasto público, por encima de la media de la OCDE para los países federales (20,6% del PIB y 43,5% del gasto público en 2020).

En Argentina, los gobiernos subnacionales son grandes empleadores, ya que el gasto de personal representó más del 94,3% del gasto público de personal y el 37,5% del gasto total de los gobiernos subnacionales en 2020. Entre otras partidas de gasto corriente, las subvenciones y transferencias ocuparon el segundo lugar y alcanzaron el 18,2% del gasto total de los gobiernos subnacionales. En concreto, el gasto del gobierno estatal representó el 40,7% del gasto público total y el 17,6% del PIB, mientras que el gasto municipal sólo alcanzó el 8% del gasto público y el 3,4% del PIB en 2020. El gasto de capital representó el 8,4% del gasto subnacional en 2020 (5,7% para la inversión directa) y es realizado principalmente por las provincias, que son responsables del 85,6% del gasto de capital del gobierno subnacional.

INVERSIÓN DIRECTA: En Argentina, la inversión de los gobiernos subnacionales representa la mayor parte de la inversión pública total, realizando el 72,6% de la inversión pública total en 2020. La mayor parte de la inversión es realizada por las provincias, que realizaron el 71,3% de la inversión pública total en 2020, en relación a los municipios (1,3%).

Se ha producido un descenso de la inversión de los gobiernos subnacionales en los últimos años, ya que la proporción de la inversión de los gobiernos subnacionales en el gasto total de inversión pública se redujo en 3,5 puntos porcentuales en 2020 en comparación con 2016. En el sector energético, que representa un gran sector en Argentina, el gobierno central tiene el control sobre los precios y las cuotas de los biocombustibles y está desalentando la inversión en varias provincias (por ejemplo, C-rdoba). Las provincias también carecen de planes integrales de infraestructuras y de estrategias de desarrollo regional alineadas con las políticas nacionales de infraestructuras, así como de coordinación con las autoridades locales. El margen de maniobra para invertir, sobre todo en infraestructuras, se ve especialmente reducido por los elevados costes de funcionamiento (salarios del sector público, pensiones, pago de intereses) y el limitado acceso a fuentes de financiación externas. La mayoría de los municipios tienen poco o ningún poder en relación con las grandes obras de infraestructura emprendidas por los organismos nacionales en sus jurisdicciones.

Los gobiernos subnacionales pueden recurrir a las asociaciones público-privadas (APP) para financiar inversiones. Una nueva ley, aprobada en noviembre de 2016, estableció un nuevo marco jurídico para las APP, buscando esencialmente permitir una colaboración equilibrada y previsible entre los sectores público y privado. La ley también ofrece una definición amplia de la CPP, que no se circunscribe a los proyectos de infraestructuras ni a un determinado tipo de contrato (por ejemplo, se incluyen la construcción, el suministro, el mantenimiento, la gestión y/o la explotación de proyectos) y permite a las provincias y a los municipios firmar contratos de CPP.

Gasto de las administraciones subnacionales, estatales y locales por clasificación funcional
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total por función económica	4 355	3 644	711	21.0%	17.5%	3.4%	-	-	-	100%	100%	100%
1. Servicios públicos generales	988	811	177	4.8%	3.9%	0.9%	86.2%	72.2%	14.0%	25.1%	25.0%	25.2%
2. Defensa	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-
3. Orden público y seguridad	362	354	8	1.7%	1.7%	0.0%	72.0%	70.4%	1.6%	8.3%	1.1%	9.7%
4. Asuntos económicos/transporte	394	341	53	1.9%	1.6%	0.3%	29.0%	23.6%	5.4%	6.6%	7.5%	6.4%
5. Protección del medio ambiente	52	26	26	0.2%	0.1%	0.1%	46.6%	23.2%	23.5%	1.2%	3.7%	0.7%
6. Vivienda y servicios comunitarios	349	99	250	1.7%	0.5%	1.2%	-	-	-	8.0%	35.2%	2.7%
7. Salud	503	414	89	2.4%	2.0%	0.4%	37.5%	30.9%	6.6%	11.6%	12.5%	11.4%
8. Ocio, cultura y religión	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-
9. Educación	983	944	39	4.7%	4.5%	0.2%	91.3%	87.6%	3.6%	22.6%	5.5%	25.9%
10. Protección social	722	654	68	3.5%	3.2%	0.3%	21.7%	19.7%	2.0%	16.6%	9.5%	18.0%

Desde la crisis financiera argentina de 2001, los municipios de varias provincias han emprendido gastos relacionados con la conservación del medio ambiente, programas económicos y sociales, así como la aplicación de políticas en favor de los grupos minoritarios. Sin embargo, el grueso del gasto se realiza a nivel provincial.

Las principales áreas de gasto a nivel provincial en 2020 incluyen la educación (4,5% del PIB y 87,6% del gasto total en educación), los servicios públicos generales (3,9% del PIB y 72,2% del gasto total de las administraciones públicas en este sector), así como la asistencia social (3,2% del PIB y 19,7% del gasto total en protección social) y la sanidad (2,0% del PIB y 30,9% del gasto total en sanidad). La pandemia de COVID-19 provocó un importante incremento del gasto sanitario subnacional, que aumentó un 39% entre 2019 y 2020 en términos nominales (con una inflación del 36%).

La infraestructura económica y los gastos relacionados con la seguridad social y la pobreza corren a cargo conjuntamente de los gobiernos federal y provincial, y las provincias y la CABA son las principales responsables de la financiación de la construcción y el mantenimiento de las carreteras, así como de la compra de equipos para las inversiones en ferrocarriles y otros proyectos de infraestructura.

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	-	3 593	-	-	17.3%	-	-	43.7%	-	-	100%	-
Ingresos fiscales	-	2 728	-	-	13.1%	-	-	56.1%	-	-	75.9%	-
Donaciones y subvenciones	-	282	-	-	1.4%	-	-	-	-	-	7.9%	-
Tarifas y tasas	-	17	-	-	0.1%	-	-	-	-	-	0.5%	-
Ingresos provenientes de los activos	-	38	-	-	0.2%	-	-	-	-	-	1.0%	-
Otros ingresos	-	528	-	-	2.5%	-	-	-	-	-	14.7%	-

DESCRIPCIÓN GENERAL: Las fuentes de ingresos de los gobiernos subnacionales incluyen impuestos, transferencias intergubernamentales del gobierno federal, aranceles y tasas, rentas de la propiedad y algunas otras pequeñas fuentes de ingresos. Según la legislación vigente, los gobiernos provinciales son el único nivel de gobierno autorizado a gravar directamente a sus residentes. Los impuestos indirectos pueden ser establecidos por el gobierno federal o por las autoridades provinciales. El gobierno federal ha conservado el derecho exclusivo de gravar el comercio exterior. Sin embargo, el gobierno federal puede constitucionalmente establecer impuestos directos en Òcircunstancias especialesÓ. Inicialmente, durante el siglo^XIX y principios del^XX, el gobierno federal se centró principalmente en aumentar los impuestos sobre el comercio internacional. La Gran Depresión (1929-1930) indujo una fuerte disminución de los ingresos federales, lo que llevó al gobierno federal a evocar las Òcircunstancias especialesÓ y a empezar a recaudar los impuestos que antes se asignaban a las provincias. Al mismo tiempo, las provincias tuvieron que delegar en el gobierno federal la administración de algunos de los impuestos más esenciales (incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades, el impuesto sobre el consumo y el impuesto sobre el patrimonio). Esta delegación persiste hoy en día. Las provincias también recaudaban los ingresos procedentes de la explotación de los recursos naturales (por ejemplo, cánones, impuestos específicos y aranceles).

Otras fuentes principales de ingresos para los gobiernos subnacionales son las transferencias por Coparticipación Federal de los ingresos del país, así como la recaudación de impuestos municipales. La coparticipación consiste en que una parte de los fondos fiscales recaudados por el gobierno nacional se distribuye entre las provincias en tiempo real. Es decir, a medida que se recauda diariamente, la administración central realiza transferencias automáticas a las provincias. La finalidad del régimen, que tiene rango constitucional, es distribuir los ingresos fiscales entre las provincias, dada la transferencia de las competencias recaudatorias de éstas al gobierno nacional, con el objetivo de evitar la doble imposición. Por lo tanto, en la práctica, no todas las jurisdicciones aportan lo mismo al Tesoro, ni reciben la misma proporción de lo que contribuyen a la economía.

A nivel municipal, los ingresos también proceden de las tasas por la prestación de servicios. Las provincias pueden conceder competencias fiscales a sus municipios, aunque son muy limitadas y dependen de la categoría del municipio y de las leyes de reparto de impuestos de la provincia. En algunas provincias, los gobiernos locales se limitan a gravar los vehículos y las propiedades urbanas.

En 2020, los ingresos provinciales representaron el 43,7% de los ingresos públicos totales, más de 6 puntos porcentuales más que en 2016 (los datos de ingresos fiscales a nivel municipal no son públicos desde 2017). Los ingresos fiscales provinciales representaron la mayor parte y se situaron en el 75,9% de los ingresos provinciales totales, el 56,1% de los ingresos fiscales públicos totales y el 13,1% del PIB.

INGRESOS FISCALES: Los ingresos fiscales representaron la mayor parte de los ingresos provinciales en 2020, representando más de tres cuartas partes de los ingresos totales de los gobiernos provinciales y más de la mitad de los ingresos fiscales totales. Esto se explica por el hecho de que en el sistema contable argentino la categoría de ingresos tributarios comprende tanto los impuestos exclusivos como los impuestos compartidos determinados en régimen de coparticipación, que representan casi la mitad de los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales. En general, los municipios tienen poderes tributarios muy limitados, y sólo un pequeño número de municipios (C-rdoba, Chaco, Chubut, Formosa y Salta) están autorizados a recaudar impuestos. Estos impuestos están relacionados sobre todo con los servicios municipales, los vehículos, el impuesto sobre actividades económicas y medioambientales y el impuesto sobre bienes inmuebles.

El sistema fiscal es complejo, con más de 165 impuestos en 2020, según elInstituto Argentino de An‡lisis Fiscal, y un complicado sistema de exenciones cruzadas. Los impuestos indirectos son competencia de las autoridades nacionales y provinciales, y las provincias tienen el monopolio para establecer impuestos directos sobre sus respectivas poblaciones (el gobierno federal puede establecer impuestos directos en circunstancias especiales). Aunque los impuestos aplicados son muy similares en todas las provincias, su participación en los ingresos fiscales provinciales varía en función de una serie de criterios (por ejemplo, la población, la densidad empresarial, el tamaño de los centros urbanos, etc.).

A fines de 2017, el gobierno federal, las provincias (con excepción de San Luis) y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, con el objetivo de establecer una serie de lineamientos tendientes a armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de manera de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico, y promover políticas uniformes que permitan alcanzar ese objetivo común. En diciembre de 2018, se aprobó otra serie de leyes Ðpor consenso entre el gobierno federal y algunos gobiernos provincialesÐ que incluyen una serie de disposiciones fiscales (nº 27 467 y nº 27 469). Tras su ratificación a nivel provincial, el acuerdo aplazaría un año más la reducción del impuesto provincial sobre el timbre. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales firmaron en la última semana del año 2021 el consenso fiscal para 2022, declarando que este nuevo acuerdo permitirá aumentar la autonomía de las provincias y equilibrar el sistema fiscal en el territorio argentino. El "nuevo" Consenso Fiscal interrumpe la exigencia de reducción de la presión tributaria firmada en 2018 y habilita a las provincias a aumentar y crear nuevos impuestos. También habilita el restablecimiento de algunos impuestos locales, como el de sucesiones, y prevé la promoción de un mayor diálogo, un amplio programa federal de simplificación y coordinación tributaria, el fortalecimiento delRegistro Único Tributario (RUT) y alícuotas máximas para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos.

La principal fuente de ingresos fiscales de las provincias procede de su parte del impuesto sobre las ventas, que representó el 29% de los ingresos fiscales de las provincias en 2020 (3,8% del PIB). Los ingresos provinciales procedentes de los impuestos compartidos también incluyen una parte del impuesto sobre la renta (del que el 4% de los ingresos del impuesto sobre la renta se asigna a las provincias y una parte adicional se asigna a la provincia de Buenos Aires), el 6,3% del impuesto sobre los bienes personales (1% del PIB y 7,9% de los ingresos fiscales de las provincias) y los ingresos procedentes de los impuestos sobre el gas natural. Además, los impuestos propios de las provincias incluyen el impuesto sobre bienes inmuebles (3,1% de los ingresos fiscales provinciales y 0,4% del PIB), el impuesto sobre la renta bruta (29,1% de los ingresos fiscales provinciales y 3,8% del PIB), el impuesto sobre vehículos de motor (2,1% de los ingresos fiscales provinciales y 0,3% del PIB) y los impuestos sobre sellos y donaciones (2,9% de los ingresos fiscales provinciales y 0,4% del PIB).

La dependencia de las provincias argentinas de un impuesto sobre las ventas brutas (Impuesto a las Actividades Lucrativas) es antigua. Con la introducción de un IVA en 1975, las provincias acordaron eliminar el impuesto sobre las ventas y recibir una parte de los ingresos por IVA recaudados por el gobierno federal. Sin embargo, el impuesto sobre las ventasbrutas a nivel provincial se reintrodujo con otro nombre (Ingresos Brutos) en la década de 1980, cuando las autoridades provinciales registraron déficits considerables. En la década de 1990, el gobierno federal inició nuevos acuerdos fiscales con las provincias con el objetivo de reducir el impuesto sobre las ventas brutas. Las provincias acordaron eximir del impuesto a las actividades primarias, la industria manufacturera, la construcción y los servicios financieros, pero no todas cumplieron estos acuerdos. Además, aunque los acuerdos fiscales se abandonaron en la década de 2000, las autoridades provinciales reanudaron sus recaudaciones en los sectores anteriormente exentos. Aunque algunas provincias han reducido sus tipos para las pequeñas empresas o han proporcionado incentivos fiscales para la industrialización, siguen existiendo diferencias sustanciales en los tipos impositivos para actividades económicas similares entre provincias, especialmente en el sector manufacturero. Además, las autoridades regionales y locales suelen imponer requisitos adicionales a las empresas de otras provincias. En la provincia de Buenos Aires, los fabricantes de fuera de la provincia tienen un tipo del 3% frente al 0,57% de los fabricantes de la provincia; en C-rdoba, la diferencia es del 3,5% frente al 0,46%. Los regímenes de retención son también muy diferentes entre las provincias (más de 60 regímenes diferentes). El Convenio Multilateral firmado por las provincias es el mecanismo utilizado para distribuir entre las provincias las recaudaciones de los grandes contribuyentes con ventas en más de una jurisdicción.

Cada provincia y la mayoría de los gobiernos locales tienen su propio departamento o agencia de administración fiscal (centralizada o descentralizada). Algunas provincias acuerdan compartir información con la agencia tributaria federal, pero no se realizan auditorías conjuntas. El funcionamiento y el grado de autonomía administrativa pueden diferir considerablemente. Por ejemplo, en algunas provincias las autoridades fiscales están organizadas como oficinas independientes que deciden su propio presupuesto y dependen del Ministerio de Economía o Finanzas provincial, mientras que otras son sucursales administrativas o Direcciones provinciales, como en Santa Fe y Mendoza, dependientes de la unidad correspondiente del Ministerio de Economía o Finanzas.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Los acuerdos de transferencias intergubernamentales entre el gobierno federal y las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rigen por la Ley nº 25.548 deCoparticipación Federal de Impuestos de 1988, modificada en 2002. Esta ley estableció un régimen de equiparación entre el nivel federal y el provincial, financiado mediante la retención de un porcentaje determinado de los ingresos fiscales provinciales (el 64% del impuesto sobre la renta, el 89% de los ingresos por IVA, el 93,7% de los impuestos sobre los bienes personales, el 30% del impuesto sobre las transacciones financieras y el 30% del impuesto sobre el trabajo autónomo). Además, se utilizan subvenciones en bloque a nivel nacional para financiar los fondos provinciales (por ejemplo, el Fondo de Energía, el Fondo de Vivienda y el Fondo de Carreteras).

En 2020, las transferencias representaban el 7,9% de los ingresos totales de las provincias y el 1,4% del PIB. En conjunto, el 89% de las subvenciones del gobierno federal son corrientes, frente al 11% de las subvenciones de capital.

La ley nº 25.548 fija los porcentajes de financiación asignados a cada provincia, aunque no especifica las partes que deben transferirse a los municipios. Según la Ley deCoparticipación, y con muy pocas excepciones (por ejemplo, los impuestos sobre el comercio internacional), los impuestos recaudados por el gobierno federal forman un fondo común (Masa Coparticipable). La distribución primaria de este fondo común se establece de la siguiente manera: 42,3% al gobierno federal, 54,7% a repartir entre todas las provincias, y 2% a dividir entre ciertas provincias para compensar las pérdidas causadas por acuerdos de coparticipación anteriores (1,57% a Buenos Aires, 0,14% a Chubut, 0,14% a Neuquén, 0,14% a Santa Cruz). El 1% restante constituye un fondo especial dedicado a las provincias que deben hacer en relación a contingencias imprevistas (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional). De la parte del fondo común asignada a todas las provincias, cada una de ellas recibe una parte fija establecida por la ley. Cada provincia determina la composición y distribución de estos ingresos a los municipios en función de los ingresos disponibles provinciales. En 2016, las transferencias a los municipios representaron el 17% de sus ingresos totales. Hasta 2015, el Gobierno retenía el 15% de los ingresos fiscales totales sujetos al régimen de coparticipación para financiar el sistema de seguridad social. En 2015, este acuerdo fue derogado para las provincias de C-rdoba, San Luis y Santa Fe, y el gobierno federal tuvo que devolver los fondos. Además, elFondo Federal Solidario, creado en 2009 en el marco de la Ley de Coparticipación y financiado con el 30% de los impuestos a las exportaciones de soja, asignó fondos para gastos de infraestructura a provincias y municipios.

A diferencia de los mecanismos de reparto o igualación fiscal de otros países, los coeficientes de igualación no están relacionados ni con las características exógenas observables de las provincias (geográficas, demográficas, socioeconómicas) ni con las necesidades o planes de gasto provinciales. No existen límites a la cantidad absoluta de recursos que puede recibir una provincia ni a la parte de sus ingresos que puede proceder del gobierno federal. Además, cualquier acuerdo para modificar la fórmula y reasignar fondos de una provincia a otra requiere la unanimidad de todas las partes implicadas, lo que ha resultado difícil de conseguir hasta ahora.

OTROS INGRESOS: Las otras fuentes de ingresos difieren de un municipio a otro y dependen de la normativa provincial. De forma más general, incluyen los alquileres de propiedades, las licencias comerciales o las tasas y cánones cobrados por los servicios públicos, como el alumbrado, los servicios de saneamiento, seguridad e higiene, los permisos de construcción, la limpieza de las calles, etc.

Además, las provincias ricas en recursos también reciben importantes cantidades de fondos procedentes de los cánones de explotación de los recursos naturales (por ejemplo, minería, electricidad, petróleo crudo y gas natural). Las tasas sobre la explotación de los recursos naturales varían según las provincias, que acordaron tasas diferentes en negociaciones bilaterales con empresas privadas para otorgar concesiones. El régimen de pago de cánones está determinado por la ley nº 17319 de 1967, que establece procedimientos estándar para la movilización de ingresos sobre los recursos naturales, y es aplicable a todas las provincias. Sin embargo, esta fuente de ingresos es muy volátil y está sujeta a la variación de los precios internacionales. En algunos casos, los cánones son recaudados por las autoridades federales y luego transferidos a las unidades provinciales donde tiene lugar la producción según los criterios de devolución.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales, estatales y locales
2020	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública general			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Deuda pendiente total	-	126	-	-	0.6%	-	-	8.3%	-	-	100%	-	-	-	-
Deuda financiera	-	96	-	-	0.5%	-	-	7.5%	-	-	76.3%	-	-	100%	-
Dinero legal y depósitos	-	0	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-
Bonos/Títulos de deuda	-	38	-	-	0.2%	-	-	5.2%	-	-	30.2%	-	-	39.6%	-
Préstamos	-	58	-	-	0.3%	-	-	23.8%	-	-	46.1%	-	-	60.4%	-
Seguros, pensiones	-	0	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	30	-	-	0.1%	-	-	12.5%	-	-	23.7%	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Las normas fiscales se establecen en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) adoptada en 1999 y modificada sucesivamente en 2001, 2004 y 2017. Se exigió a todas las jurisdicciones que mantuvieran presupuestos equilibrados (excluidas las inversiones en infraestructuras sociales y económicas básicas y los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales) y que elaboraran programas fiscales anuales en los que se establecieran determinadas políticas fiscales. En 2000, se creó un Consejo de Responsabilidad Fiscal para supervisar la aplicación de las normas e imponer sanciones por incumplimiento, que iban desde la divulgación pública hasta la retención parcial de las transferencias presupuestarias. Sin embargo, la eficacia del control fiscal fue relativamente escasa debido a la falta de independencia del Consejo. En 2009, en plena crisis financiera, y dado que los gobiernos nacionales y provinciales no eran capaces de cumplir los requisitos de responsabilidad fiscal, la FRL se suspendió de facto y el control de la responsabilidad fiscal perdió gran parte de su transparencia.

Desde 2012 hasta 2016, se realizaron mejoras internas para mejorar el acceso y la fiabilidad de la información, y en 2017, el gobierno federal y las provincias acordaron una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. La nueva ley limita el aumento de los empleados públicos a nivel provincial con el crecimiento de la población, y compromete a las provincias a mantener el gasto corriente primario no salarial plano en términos reales.

DEUDA: Argentina es uno de los países más descentralizados de América Latina en términos de endeudamiento fiscal subnacional, ya que los gobiernos subnacionales en Argentina, y las provincias y la CABA en particular, tienden a utilizar la deuda para financiar muchos de los gastos públicos que tienen asignados. A las provincias se les conceden derechos de endeudamiento a través de la constitución federal, y la deuda provincial está sujeta a las legislaturas provinciales, mientras que la deuda municipal está sujeta a las legislaturas municipales. Como resultado, el gobierno federal de Argentina tiene medios limitados para interferir en el endeudamiento subnacional, excepto en el caso de los préstamos extranjeros que necesitan la aprobación del Congreso. Durante la década de 1980-1990, la mayor parte del endeudamiento subnacional se canalizó a través de los bancos provinciales, lo que dio lugar a un nivel de deuda insostenible, que agravó la crisis financiera de 1999. Cuando la crisis remitió, sobre todo gracias al alivio de la deuda pública de las provincias, y se reanudó el endeudamiento subnacional, en 1999 se aprobó una Ley de Solvencia Fiscal a nivel nacional. Se animó a las provincias a aprobar leyes similares por su cuenta.

En 2004, el Congreso aprobó la ley nº 25917, que establecía nuevas medidas de responsabilidad fiscal y transparencia que limitaban los niveles de endeudamiento provincial dentro de las jurisdicciones provinciales al 15% de los recursos corrientes netos de los municipios (una vez deducidas las transferencias de participación en los ingresos a los municipios). En el caso de los empréstitos internos, para los que se utilizan como garantía las transferencias intergubernamentales, los préstamos se registran en el Ministerio de Economía y en elBanco de la Naci-n. Este último tiene autoridad para deducir cualquier pago de deuda sobre préstamos garantizados de la cantidad asignada como transferencias intergubernamentales. El Ministerio de Economía debe autorizar todos los préstamos provinciales que utilicen fondos de coparticipación como garantía. En 2010, el gobierno nacional reestructuró casi toda la deuda provincial dentro delFondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Esta medida preventiva condujo a una reducción del nivel de deuda subnacional a partir de 2003. En 2020, la deuda pendiente total de las administraciones provinciales alcanzó el 0,6% del PIB. La deuda de los gobiernos provinciales estaba compuesta en su mayor parte por préstamos (60,4%) y bonos y títulos de deuda (39,6%).

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En Argentina, el primer caso de COVID-19 se confirmó el 3 de marzo de 2020 en Buenos Aires. A partir del 12 de marzo, se cerraron las fronteras internacionales. El presidente Alberto Fernández decretó elAislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de la población hasta el 31 de marzo. Durante este periodo, los movimientos de la población estuvieron limitados, excepto para las personas que trabajaban en la sanidad, la seguridad, las fuerzas armadas y la producción y distribución de alimentos. Se creó un fondo especial de aproximadamente 15 millones de dólares para dotar a los hospitales y laboratorios públicos del equipamiento esencial para la atención de los pacientes, y para crear hospitales de campaña en las principales ciudades y en el gran suburbio de Buenos Aires. Se designó al Ministerio de Salud como autoridad responsable de la aplicación del plan de emergencia sanitaria.

Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios fueron encargados de aplicar las disposiciones de la ASPO, como delegados del gobierno federal. En la práctica, las provincias se alinearon con las medidas de restricción del gobierno federal. También aplicaron el cierre de las fronteras provinciales. Un día después del anuncio hecho por el gobierno federal del cierre de fronteras, múltiples provincias, de forma autónoma, tomaron medidas restrictivas para intentar detener la transmisión del COVID-19. La Provincia de Jujuy ordenó la suspensión de clases, deportes, eventos sociales, culturales y religiosos, y servicios de la administración pública. La Provincia de Chaco ordenó la cuarentena obligatoria de toda la población. Otras provincias como Mendoza, Salta, Santa Fe y Misiones también tomaron medidas, aunque inicialmente menos restrictivas, para reducir el movimiento de personas.

A partir del 12 de abril, el gobierno federal decidió ajustar las medidas restrictivas a nivel local, en función de la evolución del número de casos. Como resultado, en varias provincias sólo se reanudaron ciertas actividades del sector público y privado (principalmente bancarias), así como las actividades escolares. Más tarde, en junio de 2020, las restricciones se relajaron en gran medida para todos los argentinos: se introdujo el proceso de Distancia Social Preventiva y Obligatoria (DISPO), que permitió la reapertura de ciertos comercios y autorizó a la población a salir a la calle en las zonas donde se cumplían dos criterios: (i) que el sistema sanitario local dispusiera de plazas suficientes para acoger a los enfermos y (ii) una circulación débil del virus. En septiembre de 2020, casi todo el país funcionaba bajo este régimen de semiclandestinidad, con diferentes grados de restricción en cada provincia.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: El gobierno federal adoptó una serie de medidas para contrarrestar la emergencia económica derivada de la pandemia. Inicialmente aumentó la inversión pública en infraestructuras en un 0,5% del PIB e implementó un primer pago de emergencia único de ARS 10 000 (USD 146) para las personas de bajos ingresos afectadas, incluidos los jubilados. Además, se amplió una línea de crédito para impulsar el sector de la construcción residencial a través del programa ÒPROCREARÓ, que representaba en aquel momento el 0,03% del PIB. El gobierno federal también permitió el aplazamiento de impuestos para los sectores del ocio (cines y teatros y restaurantes), el transporte de pasajeros y la hostelería.

Algunas provincias también aplicaron medidas adicionales a las del gobierno federal. La Provincia de Buenos Aires estableció transferencias directas a los municipios más afectados por el cierre de la actividad económica, equivalentes a aproximadamente 8 millones de dólares; implementó un programa de preservación del empleo, con pago de salarios, en todos los sectores afectados por el cierre de la actividad, equivalente a aproximadamente 4 millones de dólares; e incorporó 1.500 camas terapéuticas y 1.221 respiradores para su sistema de salud. En la Provincia de Córdoba, se estableció un régimen excepcional para las facilidades de pago de impuestos, sus actualizaciones, recargos, intereses, multas y/u otros, por los cuales existían deudas con el Fisco Provincial.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO SUBNACIONAL: En 2020, la pandemia del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en las finanzas públicas del gobierno federal y de las provincias, impidiendo que los acuerdos fiscales de 2017 se cumplieran en su totalidad. A nivel nacional, en un contexto de emergencia sanitaria y crisis económica, el sector Público Nacional registró un déficit primario equivalente al 6,5% del PBI y un déficit financiero del 8,5% del PBI. Esta dinámica de profundización del déficit público se debió tanto al deterioro de los ingresos como al aumento del gasto.

En cuanto a las finanzas públicas provinciales, paradójicamente, la pandemia tuvo un efecto favorable sobre el saldo presupuestario. En 2020, 17 de las 24 provincias argentinas registraron superávit fiscal y, en conjunto, cerraron con un superávit fiscal de 0,2% del PBI, lo que indica una mejora respecto de 2019. La explicación se debe a que, si bien es cierto que la recaudación en todos los niveles de gobierno se vio afectada por la cuarentena durante la etapa inicial de la pandemia del COVID-19, las provincias pudieron compensar la caída de la recaudación provincial con la ayuda del gobierno nacional. Los ingresos corrientes de las provincias cayeron en 2020 un 0,9% con respecto a 2019. En particular, los ingresos fiscales disminuyeron en general un 0,8%, siendo los ingresos fiscales provinciales los más afectados (-3,6%). Además, todas las demás fuentes de ingresos cayeron en 2020, a excepción de las transferencias corrientes que aumentaron un 89%.

Por otra parte, los gastos corrientes disminuyeron un 1,5% entre 2019 y 2020, y en particular la remuneración de los asalariados (principal área de gasto de las provincias) que bajó un 1,7%. Las transferencias corrientes aumentaron un 6,4%. En cuanto a los gastos de capital, disminuyeron un 19,9%, siendo la inversión directa la más afectada (-30,6%).

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: A partir de marzo de 2020 se pusieron en marcha una serie de medidas de recuperación a nivel federal. En general, el gobierno federal creó una serie de programas con el objetivo de aumentar la inversión interna, por un importe total de 77 270 millones de ARS (aproximadamente 700 millones de USD). Algunos de los programas más importantes son el programa Argentina Construye (250 millones de USD), que financia viviendas residenciales, y que han sido implementados por gobiernos nacionales, subnacionales y organizaciones sociales; el "Programa de apoyo crítico y directo a la agricultura familiar, campesina e indígena", que provee insumos y herramientas a personas o comunidades inscriptas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar; el "Programa nacional de reactivación y finalización de proyectos de construcción", que se suma al programa de crédito a la vivienda "Plan Procrear" (250 millones de USD), brinda apoyo a los proyectos de construcción que se interrumpieron a causa de la pandemia; y el Programa ÒPreviajeÓ (135 millones de USD), que subsidia créditos para cubrir el 50% de los gastos de turismo de los residentes nacionales. Las medidas de recuperación se centran específicamente en la digitalización, lo que corresponde al aumento del importe total del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), destinado a apoyar los Proyectos de Desarrollo Empresarial para la transformación digital.