CABO VERDE

La actual Constitución de Cabo Verde fue adoptada en 1980 y revisada en 1992, 1995, 1999 y 2010. La tercera revisión de la Constitución (Ley 1/99 de 23 de noviembre de 1999) reconoce el carácter unitario del Estado y la autonomía de los gobiernos locales, así como una democracia pluralista con interdependencia entre los distintos niveles de poder. Organiza un sistema político próximo a un régimen parlamentario. El presidente de la República, elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años, no es el jefe del gobierno. Esta función la desempeña un primer ministro, líder de la mayoría parlamentaria.

El poder legislativo lo ejerce un parlamento unicameral, llamado Asamblea Nacional, compuesto por 72 diputados de 13 circunscripciones. La Asamblea Nacional es elegida para un mandato de cinco años. Las últimas elecciones legislativas y presidenciales se celebraron el 18 de abril y el 18 de octubre de 2021, respectivamente.

El régimen jurídico de la descentralización se rige por la Ley 134/IV/95, que define la autonomía administrativa (artículo 2) y financiera (artículo 3) de las autoridades locales. En 2010, el gobierno aprobó la Ley Marco de Descentralización 69/VII/2010.

Los municipios dependen del Ministerio de Reforma del Estado, Administración Pública y Gobierno Local. Están agrupados en la Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV o Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde). Las últimas elecciones municipales se celebraron el 25 de octubre de 2020, eligiendo alcaldes y concejales para los consejos municipales y alcaldes y asambleístas para las asambleas municipales.

Desde la década de 1990, el país ha experimentado importantes reformas en las políticas, las fuerzas de seguridad y la economía, con repercusiones a nivel municipal. En 2019, el país ocupó^{el 2º puesto} de 54 países africanos en el Índice Mo Ibrahim de Gobernanza Africana (73,1); el^2º en el Índice de Seguridad y Estado de Derecho (76,2); el^6º en el Índice de Desarrollo Humano (67,0) y^{el 2º} en el Índice de Bases para las Oportunidades Económicas (72,8).

En el marco del Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2017-2021 (PEDS o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável), el Programa para la Mejora de la Competitividad del Sector Privado y el Desarrollo de la Economía Local, apoyado por el Banco Africano de Desarrollo, pide que se reduzcan los índices de dependencia municipal de las transferencias del Estado y recomienda la elaboración de planes estratégicos municipales. También debería revisarse el corpus legislativo sobre descentralización. Está prevista la revisión de la Ley de Financiación Municipal de 2005, así como de la Ley del Estatuto de los Municipios y de la Ley Marco de Descentralización. Para introducir un nuevo nivel (las regiones) entre el gobierno central y los municipios, se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Regionalización que fue aprobado en términos generales en 2018, pero aún no ha sido aprobado en términos específicos.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
municipios (municípios/concelhos)
Tamaño municipal medio: 25 272 hab.
22			22

[1] Nombre y número de entidades submunicipales:
32 parroquias (freguesias)

DESCRIPCIÓN GENERAL; La organización territorial del Estado se inspira en la de Portugal, teniendo en cuenta las especificidades de un país archipielágico. El país tiene un único nivel de gobierno subnacional, formado por municipios, parroquias (freguesias) y asentamientos (povoados) o barrios.

NIVEL MUNICIPAL: Los municipios se crearon tras la adopción de la Constitución de la República en 1992. Desde 2005, Cabo Verde está dividido en 22 municipios y 32 parroquias (freguesias).

Los municipios están repartidos en nueve islas habitadas (de las 10 islas del país). La isla de Santiago, la más poblada, tiene nueve municipios, mientras que cinco islas sólo tienen un municipio (São Vicente, Maio, Boa Vista, Sal y Brava), otra tiene dos municipios (São Nicolau) y dos islas (Santo Antão y Fogo) tienen tres municipios.

En el futuro, se espera un amplio consenso del gobierno con los demás partidos políticos, las instituciones de la sociedad civil y las asociaciones a favor de la regionalización, con el fin de crear entes supramunicipales, es decir, convertir cada isla en una región administrativa, a excepción de la isla de Santiago donde se constituirán dos regiones (Santiago Norte y Santiago Sur).

El consejo (conselho) es la circunscripción administrativa en la que se organizan los poderes del Estado a nivel de los servicios desconcentrados de los ministerios, pero también el poder local a nivel de las colectividades locales (municipios). Esta circunscripción electoral es también el marco de referencia para las elecciones legislativas.

Mediante la Ley 134/IV/95 sobre el Estatuto de los Municipios, el Estado transfirió ciertas prerrogativas y competencias a los municipios, en particular en los siguientes ámbitos: saneamiento, planificación, desarrollo rural, salud, vivienda, suelo, transporte, educación, promoción social, cultura, deportes, turismo, medio ambiente, comercio interior, protección civil, empleo y formación profesional, policía e inversiones municipales. La transferencia de competencias a los municipios no siempre ha ido acompañada de la transferencia de los recursos (financieros, materiales y humanos) necesarios para el ejercicio de las competencias transferidas.

Un nuevo Estatuto de los Municipios está previsto desde 2018 y pretende actualizar la organización y el funcionamiento de los municipios y sus asociaciones, así como el marco de competencias. En el PEDS I (2017-2021), el objetivo estratégico es la descentralización (y no la delegación) de las funciones clave. En este contexto, los municipios serán responsables de la planificación y ejecución de los Planes Estratégicos Municipales de Desarrollo Sostenible (PEMDS o Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável), que se integrarán en el marco general previsto en el PEDS II (2022-2026) en fase de elaboración. A finales de 2021, los 22 municipios ya habían elaborado sus PEMDS con el apoyo del PNUD, de los cuales 20 están aprobados por sus respectivas asambleas municipales.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Servicios administrativos (certificados de matrimonio/nacimiento, declaraciones, registros, etc.); Edificios y equipamientos públicos.
2. Orden público y seguridad	Construcción y gestión del servicio de protección civil; Gestión de las playas de baño [compartida]; Policía municipal [compartida]; Señalización urbana.
3. Asuntos económicos/transporte	Ferias y mercados de productos locales; Vías municipales; Parques públicos; Transporte urbano; Turismo local; Fomento de la instalación y el funcionamiento de unidades de producción agrícola, artesanal o industrial.
4. Protección del medio ambiente	Protección y preservación de la naturaleza y del patrimonio paisajístico y urbano municipal [compartido]; Parques urbanos y espacios verdes; Gestión de residuos; Limpieza viaria.
5. Vivienda y servicios comunitarios	Construcción de viviendas sociales; Toponimia; Suministro de agua potable [compartido]; Alumbrado público; Planificación urbana; Política de vivienda.
6. Salud	Construcción de unidades sanitarias básicas; Gestión sanitaria a nivel local; Salud preventiva [compartido].
7. Cultura y ocio	Construcción de instalaciones deportivas; Promoción y fomento del deporte; Bibliotecas; Museos locales; Protección y conservación del patrimonio histórico, cultural, natural y artístico de interés municipal.
8. Educación	Construcción y gestión de infraestructuras para la educación preescolar y primaria [compartida]; Organización del transporte escolar.
9. Protección social	Protección social de la infancia y la juventud; Servicios de apoyo a la familia; Apoyo a grupos vulnerables. [compartido]

Alcance de los datos financieros: Municipios

Cuenta General del Estado 2020

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Ley 79/VI/2005, de 5 de septiembre de 2005, de Régimen Financiero de las Entidades Locales (conocida como Ley de Haciendas Locales) define las normas y la forma en que cada municipio debe gestionar sus ingresos, puede contraer deudas y recibir transferencias del gobierno central.

A pesar de los importantes cambios introducidos en la estructura de gastos e ingresos desde la década de 1990, la capacidad de autofinanciación de los municipios sigue siendo limitada. Los municipios luchan por ampliar su base impositiva y siguen dependiendo en gran medida de las transferencias del gobierno central.

En 2020, el gobierno nacional anunció una propuesta de nueva Ley de Financiación Municipal, que se presentará a la Asamblea Nacional, y que debería mejorar el marco de generación de ingresos, aclarar la distribución de los recursos públicos entre el Estado y los municipios y perfeccionar los criterios de distribución del Fondo de Financiación Municipal (FFM o Fundo de Financiamento Municipal), la principal herramienta nacional de financiación de la descentralización. Además, se distribuyen a los municipios otros fondos como el Fondo de Turismo (FT o Fundo do Turismo) y el Fondo de Medio Ambiente (FA o Fundo do Ambiente), cuyos criterios se establecen en las resoluciones 107/2017 y 108/2017 de 25 de septiembre. El Programa de Recualificación, Rehabilitación y Accesibilidad (PRRA o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades) también ha dotado a los municipios de recursos específicos, según la resolución 65/2018. Para mejorar la recaudación de los ingresos relacionados con la propiedad, se está preparando una nueva ley sobre el Impuesto Único sobre el Patrimonio (IUP o Imposto Único sobre o Património).

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	343	5.4%	14.6%	100.0%
Incl. gastos corrientes	202	3.2%	9.6%	58.8%
Gastos de personal	129	2.0%	11.2%	37.7%
Consumo intermedio	29	0.5%	6.9%	8.6%
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	3	0.0%	1.1%	0.8%
Gastos financieros	10	0.2%	5.4%	2.9%
Otros	30	0.5%	40.1%	8.8%
Incl. gastos de capital	141	2.2%	55.3%	41.2%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	141	2.2%	61.1%	41.2%

GASTOS: En 2020, el 58,8% de los gastos de los municipios son gastos corrientes. Los gastos de personal representan cerca del 38% de los gastos totales y más del 60% de los gastos corrientes (un aumento de 10,4 puntos porcentuales en comparación con 2018); es la mayor partida de gastos. Seis municipios representan el 64,4% del total de los gastos de funcionamiento: la capital Praia (23,5%), Sal (11,3%), São Vicente (11,2%), Santa Catarina (7,1%), Porto Novo (6,0%) y Santa Cruz (5,3%).

El gasto corriente total de los municipios supone el 9,6% del gasto corriente total a nivel nacional y representa el 3,2% del PIB.

INVERSIÓN DIRECTA: El agua y el saneamiento, la vivienda, la mejora urbana y las infraestructuras son las áreas que concentran la mayor parte de la inversión de capital, apoyada por la autofinanciación municipal, las transferencias del gobierno central y a través de préstamos bancarios. Se trata de áreas a las que los municipios siempre han destinado una mayor inversión y que están alineadas con los ODS, concretamente con los Objetivos 3, 6, 11 y 17. Representan más de la mitad de los gastos de capital nacionales (61,1%) y el 2,2% del PIB.

Los Planes Estratégicos Municipales para el Desarrollo Sostenible, en marcha desde 2019, abarcan cinco áreas de inversión: Gobernanza y Descentralización, Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente y Riesgos, Desarrollo Social e Igualdad de Género. De estas áreas destacan algunos programas de inversión Modernización de la función pública; Participación de la sociedad civil; Modernización de la agricultura, la ganadería y la pesca; Turismo sostenible; Empleo y espíritu empresarial; Agua y saneamiento; Mejora urbana; Vivienda; Salud, educación y deportes; Empoderamiento de la mujer e Igualdad para todos.

El Decreto Ley 63/2015 (que actualiza el DL 46/2005) se refiere a las asociaciones público-privadas (APP) como una Unidad de Acompañamiento del Sector Empresarial del Estado (UASE o Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado) dentro del Ministerio de Finanzas, que gestiona estas asociaciones. A nivel nacional existen ejemplos de APP a largo plazo con las empresas: Águas do Porto Novo (en 2008), Cabeólica (en 2010) y Águas e Energia de Boa Vista (en 2010). A nivel municipal, los casos son raros pero han existido, por ejemplo en el sector del medio ambiente y el saneamiento hasta hace poco - es el caso de la empresa SALIMPA en el municipio de Sal.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	345	5.5%	20.1%	100.0%
Ingresos fiscales	47	0.7%	3.2%	13.6%
Donaciones y subvenciones	199	3.2%	-	57.8%
Tarifas y tasas	-	-	-	-
Ingresos provenientes de los activos	48	0.8%	-	13.8%
Otros ingresos	51	0.8%	-	14.8%

DESCRIPCIÓN GENERAL: La Ley 79/VI/2005 de 5 de septiembre, conocida como Ley de Finanzas Locales, regula la financiación de los municipios y se encuentra actualmente en proceso de actualización. Los ingresos de los municipios proceden de impuestos, transferencias y otros ingresos, en términos de ingresos corrientes, e incluyen también activos no financieros y financieros, en términos de ingresos de capital. En relación con los ingresos corrientes, éstos tienen una relación con los gastos de personal, es decir, según el apartado 3 del artículo de dicha ley, los gastos de personal no deben superar el 50% de los ingresos corrientes.

Los ingresos totales de los municipios representan alrededor del 6% del PIB. Se trata de un porcentaje que sigue siendo bajo, pero que sin embargo ha aumentado ligeramente desde principios de la década (era del 3,6% en 2011 y del 4,7% en 2016). El 70,8% de los ingresos totales municipales son generados por seis municipios (de los 22 del país), en el siguiente orden de importancia: la capital Praia (26,4%), Sal (12,9%), São Vicente (10,9%), Santa Catarina (8%), Porto Novo (6,6%) y Santa Cruz (6%).

En cuanto a las transferencias del Estado, en el marco del Programa PRRA (Resolución 65/2018 actualizada por la Resolución 61/2019), se establecen Contratos Programa con los municipios para la ejecución de proyectos específicos. La firma de los contratos permite la transferencia de un primer tramo quedando el resto para ser transferido tras la presentación de un informe técnico y financiero. Desde 2018, se han transferido a los municipios a través de la PRRA cerca de 1.830 millones de escudos, lo que representa el 1,1% del PIB. El mismo procedimiento se adopta en las transferencias de los Fondos de Turismo y Medio Ambiente.

INGRESOS FISCALES: Los impuestos representan el 13,6% del total de ingresos subnacionales y siguen siendo los mayores ingresos corrientes recaudados en los municipios de Praia (la capital del país), Sal (la isla más turística del país) y São Vicente (la isla más cultural), representando el 69% del total de impuestos. Existen dos categorías de impuestos recaudados por los municipios: (i) el impuesto sobre bienes inmuebles (IUP o Imposto Único sobre o Património) y el impuesto de circulación de vehículos de motor (ICVA o Imposto de Circulação de Veículos Automóveis); y (ii) el impuesto sobre la renta (IUR o Imposto Único sobre os Rendimentos) y el impuesto de timbre (IS o Imposto Selo). Los impuestos de la categoría (i) no se comparten con el gobierno central, es decir, son 100% municipales. Los impuestos de la categoría (ii) no son propiedad de los municipios, es decir, los municipios sólo sirven de intermediarios para recibir los impuestos y remitirlos al gobierno central.

Dentro de los impuestos, de la categoría (i), el IUP es el que más ingresos genera en todos los municipios. En 2016, el IUP representó el 95% del total de impuestos. Para mejorar la recaudación de ingresos relacionados con la propiedad, se está preparando una nueva ley sobre el IUP.

Aunque el importe de los impuestos ha disminuido en el primer año de la pandemia COVID-19 (-11,9% en comparación con 2019), los contribuyentes locales demostraron un sentido de ciudadanía en un esfuerzo por cumplir con su obligación fiscal, incluso en un año atípico en el que sus ingresos, en particular para los que trabajan en el sector privado, se redujeron debido a los despidos, así como los que no recibieron ningún ingreso para cumplir con su obligación, principalmente en lo que respecta al pago del IUP.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Con aproximadamente el 58% del total de los ingresos subnacionales, las donaciones y subvencionesrepresentan una parte importante de los recursos de los municipios. Esta categoría de ingresos ha fluctuado en los últimos diez años, pero en general los municipios siguen siendo muy dependientes del gobierno central, a menudo debido a que la mayoría de ellos no recaudan todos los impuestos previstos por la ley. Se calcula que esta dependencia alcanza el 60%. En 2020, el porcentaje de ayudas y subvenciones es inferior al de los dos años anteriores (63,5% en 2019 y 59,9% en 2018) debido a la prudencia en el contexto de la situación y al brote de la pandemia COVID-19. No se dispone de datos sobre el desglose de las subvenciones entre subvenciones corrientes y de capital.

Las transferencias a los municipios se asignan principalmente a través del Fondo de Financiación Municipal (FFM o Fundo de Financiamento Municipal). El importe del FFM asignado a los municipios es el 10% del valor de los impuestos recaudados por el Estado en el año antepenúltimo al que se refiere el presupuesto, según el artículo 10 de la Ley de Financiación Local. El FFM proporciona más del 90% de las subvenciones del gobierno central a los municipios. El FFM se compone de dos fondos, el Fondo Municipal Común (FMC o Fundo Municipal Comum), que representa el 75% del fondo total, y el Fondo de Solidaridad Municipal (FSM o Fundo de Solidariedade Municipal), que representa el 25% restante. La fórmula de distribución del FMC es la siguiente: El 20% de los fondos se distribuye a partes iguales entre los municipios, el 50% se basa en la población, el 15% en el porcentaje de niños y el 15% en la superficie del municipio. Desde 2016 este tipo de transferencia ha ido en aumento, lo que demuestra el crecimiento de los ingresos del Estado, derivados del crecimiento económico anterior a la pandemia. El FFM asignado a los municipios es utilizado de forma autónoma por los propios municipios en gastos corrientes, sin necesidad de justificación ante el gobierno central. Cerca del 53,2% del FFM se destina a 6 de los 22 municipios: la capital Praia (15%), Santa Catarina (11%), São Vicente (9%) y Santa Cruz (7%), Porto Novo (5,7%) y São Filipe (5,5%). Los importes totales del FFM transferidos a los municipios en 2020 se situaron en torno al 2,3% del PIB.

Los municipios pueden beneficiarse de otras subvenciones, concretamente en el marco de "contratos programa" para financiar infraestructuras, y también pueden recibir aportaciones de instituciones públicas internacionales.

Asimismo, desde 2016, el Gobierno central ha establecido una asociación especial con los municipios en cumplimiento de los principios de complementariedad y subsidiariedad que se ha materializado, en términos de transferencia de recursos financieros, en la asignación del 50% del Fondo de Turismo y del 60% del Fondo de Medio Ambiente. Esta asociación también incluye el Programa PRRA que también ha dotado a los municipios de recursos asignados y cuya distribución se realiza según la Resolución nº65/2018 de 10 de julio.

En 2020, el país recibió importantes transferencias internacionales para Proyectos de Inversión Pública (PIP) en beneficio de los municipios, procedentes de donantes mundiales como: República de China, Luxemburgo, PNUD, Naciones Unidas, Fondo Mundial para el Medio Ambiente, OMS, Portugal y la Unión Europea; por un importe de 3.400 millones de escudos, lo que representa el 21,9% del PIB total.

OTROS INGRESOS: Los datos relativos a las tarifas y tasas no se evidencian en la Cuenta General del Estado, sin embargo están presentes de forma detallada en las Cuentas de Gestión Municipal no publicadas. Este tipo de ingresos es competencia de los municipios: éstos tienen autoridad para proponer los reglamentos y las tasas de las tarifas y cánones municipales, que deben ser aprobados por la asamblea municipal y se actualizan cada cierto tiempo.

Los ingresos procedentes de activos representan alrededor del 14% de los ingresos municipales totales en 2020. Los ingresos procedentes del patrimonio constituyen una parte importante de los ingresos de la mayoría de los municipios. Incluye los ingresos procedentes del suelo, la vivienda, los edificios y otros alquileres y rentas de la propiedad. Este tipo de ingresos está regulado por los municipios, es decir, se encuentra bajo la autonomía financiera de los gobiernos locales. Los ingresos patrimoniales pasaron de 1 042 millones de escudos en 2018 a 1 232 millones en 2019, y aumentaron a 1 241 millones en 2020, lo que representa el 0,8% del PIB.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
2020	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	28	0.4%	0.3%	100.0%	-
Deuda financiera	28	0.4%	0.3%	-	100.0%
Dinero legal y depósitos	-	-	-	-	-
Bonos/Títulos de deuda	-	-	-	-	-
Préstamos	28	0.4%	0.3%	-	-
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: La Ley de Finanzas Locales (79/VI/2005) permite a los gobiernos locales endeudarse en los mercados financieros nacionales para financiar inversiones locales. El endeudamiento en los mercados financieros internacionales requiere la aprobación del gobierno. Según el artículo 8 (10) (a) de la ley, los gastos globales del servicio de la deuda municipal, que son la suma de la amortización del principal pendiente y los pagos de intereses, no deben superar el 15% de los ingresos corrientes. La ley establece normas para la ejecución y el seguimiento de los presupuestos municipales. Además, los presupuestos están sujetos a la clasificación presupuestaria definida por el Decreto Ley 37/2011 y a las normas que rigen la contabilidad pública municipal. Hasta el momento, no existe un límite máximo de endeudamiento municipal en relación con la deuda del país.

DEUDA: En 2020, los municipios (17 de los 22 existentes en el país) se endeudaron en 723 millones de escudos (15,5 millones de dólares PPA), lo que supone una variación del -12,6% con respecto a 2019. El importe de los préstamos representa el 9,3% del total de los ingresos municipales, lo que supone un aumento de 4,3 puntos porcentuales en un periodo de cuatro años. El valor de la deuda corresponde al 0,4% del PIB y al 0,3% de la deuda nacional. Los municipios que más deuda contrajeron fueron los de Praia (la capital del país) y Sal (la isla más turística del país), que representan el 58,2% de la deuda total (+18,2 puntos porcentuales respecto a 2019).

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En Cabo Verde se elaboró un Plan Nacional de Contingencia (PNC o Plano Nacional de Contingência) para que la gestión de la crisis estuviera guiada por un enfoque multisectorial y multidisciplinar, y cuyas actividades se desarrollaron a nivel central y a nivel de las Regiones Sanitarias y las Delegaciones de Salud. La PNC también sirvió de base para que cada municipio, así como las diferentes instituciones, elaboraran sus propios planes de contingencia.

Se creó a nivel nacional un Equipo Técnico de Intervención Rápida (ETNIR o Equipa Técnica de Intervenção Rápida) encargado de movilizar las estructuras sanitarias del país, actuar en materia de prevención, coordinar la información entre los diferentes niveles sanitarios e integrar a los diferentes sectores/instituciones públicas y privadas. Se instituyó la vigilancia sanitaria y el triaje en los municipios con puertos y aeropuertos internacionales; se puso a disposición de cada isla una ambulancia para garantizar el transporte de los casos sospechosos o enfermos; los hospitales regionales y centrales debían garantizar la disponibilidad de un espacio para el aislamiento y se pidió a las oficinas sanitarias locales que colaboraran en la formación y el suministro de equipos de protección individual (EPI) para los técnicos implicados en la prevención y la respuesta a los casos sospechosos. Se realizaron ejercicios periódicos de simulación a nivel de las regiones sanitarias y de los municipios, para poner a prueba y mejorar los procedimientos operativos estándar, la gestión de los casos sospechosos, la recogida y el envío de muestras a los laboratorios y el uso correcto de los EPI.

Bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP o Instituto Nacional de Saúde Pública) en enlace con la Dirección Nacional de Salud Pública (DNS o Direção Nacional de Saúde Pública), también se llevó a cabo un Plan de Comunicación de Riesgos para ayudar a proteger la salud pública durante la respuesta temprana a las emergencias de salud pública. Para mitigar los riesgos de transmisión, también se creó la Vigilancia Epidemiológica (VE). La implicación de la comunidad consistió en la notificación de casos sospechosos a través de contactos telefónicos y electrónicos puestos a disposición por el DNS. A través de una red nacional de laboratorios, las muestras fueron diagnosticadas en coordinación con el Laboratorio de Virología del INSP.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: El gobierno central adoptó las siguientes medidas sociales: pago de una Renta de Inserción Social de Emergencia a las familias en situación de extrema pobreza y ayuda alimentaria a los hogares en situación de extrema pobreza con niños en el sistema educativo o familias en riesgo alimentario. En cuanto a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, garantizó la estabilidad de las existencias y los precios de los alimentos básicos mediante la Resolución 80/2020. También se condonaron deudas a las familias de las clases 1 y 2 del Catastro Social Unificado.

El gobierno central aprobó los Decretos-Ley 38/2020, 45/2020 y 65/2020 para proteger los créditos de los hogares, las empresas, los municipios, las instituciones privadas de solidaridad social, las asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades de la economía social. Prestó apoyo a las empresas para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación y mantener los puestos de trabajo con la aprobación de las Leyes 83/IX/2020, 97/IX/2020 y 103/IX/2020. Mediante la Ley 88/IX/2020, concedió incentivos para la producción de productos necesarios para responder a la pandemia, así como para la importación de bienes, equipos y materiales con exención de aranceles y del IVA.

Los municipios también han tratado de dar prioridad a la protección de la vida, la salud de las personas, la defensa de la empleabilidad y la satisfacción de las necesidades básicas de los más vulnerables. Para apoyarlo, el gobierno central proporcionó a los municipios en la lucha contra el COVID-19 un total de 108,3 millones de escudos (~ 2,4 millones de dólares).

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: La ejecución presupuestaria de los municipios se vio claramente afectada por el estado de emergencia a finales de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y por el proceso electoral para designar a los nuevos órganos políticos municipales. El COVID-19 debilitó la economía del país, socavó la seguridad sanitaria, laboral y alimentaria y aumentó la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas o dependientes de la economía informal. Como consecuencia de ello, los municipios se enfrentaron a limitaciones en la movilización y recaudación de ingresos, en los gastos corrientes (sobre todo las tasas obligatorias para algunos municipios) y en los gastos de capital, concretamente los de los Programas de Inversión Municipal (PIM).

En el primer año de la pandemia (2020), los ingresos aumentaron hasta el 5,5% del PIB (desde el 5,2% en 2019), los gastos corrientes disminuyeron del 5,5% en 2019 al 5,4% del PIB y los gastos de inversión disminuyeron del 1,9% en 2019 al 0,6% del PIB, aunque el importe de las transferencias aumentó en porcentaje del PIB del 2,9% al 3,2%.

El municipio de Sal, destino favorito de los turistas que visitan Cabo Verde en busca de sol y playa, fue el más penalizado por la crisis. Por ejemplo, en 2019, hubo 0,82 millones de turistas en el país, de los que el 45,4% (0,37 millones) fueron a Sal, una cifra que cayó a 0,1 millones en 2020, lo que corresponde a un descenso del 77,7%.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El gobierno central ha estado trabajando en un Plan Nacional de Respuesta, Recuperación y Promoción de la Economía para el periodo julio 2020-enero 2022. El plan tiene como objetivo responder a la crisis y orientar las medidas públicas de recuperación tras la crisis. La Evaluación Socioeconómica COVID-19 en Cabo Verde propone aprovechar las nuevas oportunidades para construir un futuro más sostenible e integrador. Se sugiere una agenda de recuperación a medio plazo que destaca: (1) llevar a cabo reformas para estimular nuevas inversiones, mejorar el entorno empresarial y diversificar la economía, en particular en el sector turístico; (2) reducir la vulnerabilidad de la economía a los choques externos, a través de un enfoque en el crecimiento sostenible, concretamente en el fortalecimiento del sistema de Salud, Educación, Protección Civil, Empleo, Medio Ambiente, Gobernanza y Derechos Humanos; (3) invertir en resiliencia mediante el fortalecimiento de la producción alimentaria y ganadera y la adopción de sistemas universales y sostenibles en materia de salud, y (4) posicionar al país como un centro digital regional.