BRASIL

Brasil es una república federal de régimen presidencialista (Constitución de 1988, confirmada por referéndum en 1993), formada por la unión indisoluble de tres niveles autónomos de gobierno (Título III): el federal (denominado Unión), el de los estados y el municipal. En el marco de la gobernanza multinivel brasileña, los municipios son entidades federales que mantienen relaciones autónomas tanto con los estados como con la Unión. Los estados federados y el Distrito Federal tienen sus propias constituciones, que no pueden contradecir la Constitución de 1988. Ni la Unión ni los gobiernos de los estados pueden prohibir la actuación de los municipios.

La Constitución establece la división de poderes en una tripartición flexible. El poder judicial se organiza a nivel federal en forma de condados que abarcan varios municipios o partes de municipios más grandes. Los estados también tienen su propio sistema judicial, salvo en casos especiales de justicia laboral, electoral, militar y federal. Tanto el poder ejecutivo como el legislativo se organizan de forma independiente en todos los niveles de gobierno. El Presidente, los gobernadores de los estados y los alcaldes son elegidos por sufragio universal como jefes de sus respectivos gobiernos para mandatos de cuatro años. Las elecciones se celebran cada dos años: las últimas municipales tuvieron lugar en 2020 y las próximas federales y estatales en octubre de 2022. Mientras que las cámaras legislativas estatales y municipales son unicamerales, el Congreso Nacional es bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Los 81 senadores son elegidos para un mandato de ocho años, a través de distritos estatales de 3 senadores por estado. Cada cuatro años se renueva parte del Senado. La Cámara de Representantes está compuesta por 513 miembros elegidos sobre la misma base. El número de representantes se calcula principalmente en función de la población.

En 2003 se creó el Ministerio de Ciudades como órgano coordinador de las políticas e inversiones urbanas, fruto del Estatuto de la Ciudad aprobado en 2001. Además, en 2004 se crearon el Consejo Nacional de Ciudades y la Conferencia Nacional de Ciudades, con el objetivo de formular políticas urbanas en coordinación con la sociedad civil. El Ministerio de las Ciudades orientó la implementación de Consejos de Ciudades en cada estado (más de 20 en 2014), como órganos consultivos colegiados permanentes de dicho Ministerio, contribuyendo a la formulación de políticas inclusivas multinivel, a la implementación y al monitoreo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Existen estructuras similares que promueven la participación social y federativa en diferentes temas como Salud, Seguridad Pública o Agua y Saneamiento. El Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFAZ) es un mecanismo específico de coordinación entre la Unión y los gobiernos de los estados y distritos federales.

Además, dos instituciones privadas y sin ánimo de lucro representan a los gobiernos locales y defienden sus intereses en el Congreso Nacional y el Gobierno Federal: laConfederación Nacional de Municipios (Confederação Nacional dos Municípios) y elFrente Nacional de Alcaldes (Frente Nacional dos Prefeitos). Entre los gobiernos estatales, la cooperación se encuentra en el Comité de Secretarios de Finanzas de los Estados (Comsefaz) - dedicado exclusivamente a cuestiones de finanzas públicas - y elConsorcio Nordeste (Consórcio Nordeste) - con amplios objetivos de desarrollo, como las compras conjuntas y la implementación integrada de políticas públicas.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
5 570municipios (municípios)		26 estados (estados) 1 Distrito Federal (Distrito Federal)
Tamaño promedio municipal: 38 298 hab.
5 570		27	5 597

DESCRIPCIÓN GENERAL: Brasil está formado por la unión de 26 estados federales, el Distrito Federal y 5.570 municipios (incluyendo el distrito estatal Fernando de Noronha y Brasilia, que es a la vez Distrito Federal y gobierno local). Según la Constitución de 1988, no hay jerarquía entre estas entidades. El Distrito Federal no puede dividirse en municipios y tiene características comunes a los estados y a los municipios. Está estructurado en regiones administrativas. El resto del país se divide a su vez en otras cinco regiones administrativas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur). Además, la Unión es responsable de la demarcación y protección de las tierras patrimoniales tanto indígenas como quilombolas.

La isla de Fernando de Noronha es el único distrito estatal bajo la tutela del Estado de Pernambuco. La Constitución de 1988 extinguió este territorio federal y lo reincorporó como parte del Estado de Pernambuco (Art. 15). La Constitución también estableció (Art. 20) las islas oceánicas, las playas y los terrenos de la Marina (estos últimos cubren casi el 20% de la superficie de la isla) como propiedad del gobierno central, pero en 2002 se firmó un acuerdo para que el Estado de Pernambuco administrara estas tierras de la Unión. En 2022, el gobierno federal inició una disputa en el Tribunal Supremo sobre la isla de Fernando de Noronha, argumentando que el archipiélago es de propiedad federal y que el Estado de Pernambuco no está cumpliendo el antiguo contrato.

NIVEL REGIONAL: La población brasileña se concentra en la región Sudeste, con el 42% de los habitantes del país viviendo en el 10,8% del territorio. En cambio, la región Norte, con el 45% de la superficie, concentra menos del 9% de la población.

Los niveles de desigualdad regional en Brasil se encuentran entre los más altos del mundo, aunque han disminuido en las últimas décadas. En 2017, el IDH dentro de los estados osciló entre 0,850 (muy alto) en el Distrito Federal y 0,683 (medio) en Alagoas. Cuatro estados aparecen con IDH medio, 20 estados con IDH alto y tres con IDH muy alto. El Distrito Federal y los estados de Río de Janeiro y São Paulo son los más densamente poblados, mientras que los estados menos densamente poblados son Roraima, Amazonas y Mato Grosso.

NIVEL MUNICIPAL: Los municipios están dotados de personalidad jurídica y cierta autonomía administrativa, siendo las unidades autónomas más pequeñas de la Federación. El Estatuto de la Ciudad de 2001 establece directrices para que los gobiernos municipales y todas las partes interesadas promuevan la función social del suelo, la planificación territorial integrada y la gestión democrática de la ciudad. En 2013 se crearon cinco nuevos municipios. En agosto de 2015 se presentó un proyecto de ley que renueva el procedimiento de creación, fusión y desmembración de municipios, que fue aprobado en una comisión especial de la Cámara de Diputados en marzo de 2018. Desde entonces, está a la espera de la votación de todos los diputados para su aprobación definitiva, teniendo en cuenta que el presidente tiene poder de veto sobre el tema.

Existen grandes discrepancias geográficas y de población. En 2021, el 57,7% de la población brasileña vivía en el 5,9% de los municipios, que son aquellos con más de 100.000 habitantes, y 17 municipios tenían más de un millón de habitantes. Las mayores ciudades, según las estimaciones del IBGE para julio de 2021, son: São Paulo (12,4 millones); Río de Janeiro (6,8); Brasilia (3,1); Salvador (2,9); Fortaleza (2,7); y Belo Horizonte (2,5).

COOPERACIÓN HORIZONTAL: El Estatuto de Metrópolis de 2015 establece normas constitucionales para la creación de áreas metropolitanas por parte de los gobiernos estatales. Tras su creación, las áreas metropolitanas deben formular un plan de desarrollo urbano integrado (PDUI) en un plazo de tres años. En 2021, había 74 regiones metropolitanas formalmente establecidas por ley y 8 regiones metropolitanas o bien completaron y pasaron a aprobar la ley correspondiente o estaban en proceso de completar el PDUI (Vitória, Rio Cuiabá Valley Santos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador y São Luiz). La Unión es responsable de establecer las tres regiones de desarrollo integrado, que son regiones metropolitanas que se superponen a las fronteras estatales.

Los consorcios intermunicipales fueron establecidos por la Ley Federal Nº11.107/2005 como acuerdos institucionales voluntarios formados con el propósito de llevar a cabo "funciones públicas de interés común". Según el Observatorio de Consorcios Públicos, en 2021 había 601 consorcios públicos, que abarcaban un total de 4 723 municipios (casi el 85% de los gobiernos locales de Brasil). Las funciones de gobierno más comunes desempeñadas por estos acuerdos son la salud (328), la recogida y eliminación de residuos (230) y la protección del medio ambiente (213). Ocho estados también participan en consorcios en cooperación con los municipios.

Las constituciones estatales y las leyes orgánicas municipales detallan las competencias de sus respectivas jurisdicciones dentro del marco general establecido por la Constitución de 1998. La Unión se encarga exclusivamente de las funciones de interés nacional, mientras que las funciones de interés local son competencias exclusivas de los municipios. Los estados son responsables de las funciones públicas de interés regional, que incluyen las funciones que no pueden ser asumidas por los municipios y las delegadas por la Unión. Entre ellas se encuentran el transporte, la gestión del agua o el orden y la seguridad públicos. Por último, hay funciones de interés común que comparten todos los niveles de gobierno, como la sanidad, la educación, la seguridad social, el bienestar, la agricultura y la distribución de alimentos, el saneamiento y la vivienda. El Estatuto de la Ciudad amplía la normativa constitucional sobre política urbana. Una serie de leyes federales se basan en el Estatuto de la Ciudad para mejorar la prestación de servicios (por ejemplo, las asociaciones público-privadas y la política nacional de saneamiento (Leyes Federales nº 11.079 y 11.445 de 2004 y 2007)). Desde 2015, el Estatuto Metropolitano aclara la asignación de responsabilidades compartidas de interés común entre las ciudades y los estados bajo un mecanismo coordinado y prevé la participación de la sociedad civil en el establecimiento y seguimiento del PDUI.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración y explotación de servicios generales; Explotación y mantenimiento de edificios e instalaciones públicas; Servicios administrativos	Administración y explotación de servicios generales; Explotación y mantenimiento de edificios e instalaciones públicas; Servicios administrativos
2. Orden público y seguridad	Administración y mando de la policía militar y de los bomberos; Operaciones de la policía civil, administración del sistema penitenciario; Control del tráfico por carretera.	Guardia civil municipal; Servicios de emergencia (compartidos)
3. Asuntos económicos/transporte	Agricultura y desarrollo rural; Desarrollo económico regional y apoyo a las empresas locales y al espíritu empresarial; Turismo regional; Puertos; Gestión y mantenimiento de autopistas y carreteras estatales; Gestión del transporte intermunicipal.	Mantenimiento de vías urbanas; Transporte urbano; Turismo local; Mantenimiento de proyectos de construcción
4. 4. Protección del medio ambiente	Licencias medioambientales (compartidas); Educación medioambiental (compartida); Protección, conservación y restauración de los recursos naturales regionales	Licencias medioambientales (compartidas); Educación medioambiental (compartida); Protección y preservación de la fauna y la flora; Parques y zonas verdes en los municipios; Recogida y eliminación de residuos
5. Vivienda y servicios comunitarios	Suministro y tratamiento de agua y saneamiento básico (compartidos); Producción de energía (cuando lo delegue el gobierno federal); Ordenación del territorio metropolitano; Construcción de viviendas y mejora de los asentamientos (compartidos).	Suministro y tratamiento de agua y saneamiento básico (compartido); Alumbrado público; Mantenimiento de calles y pavimentación urbana, limpieza viaria; Desarrollo urbano y planificación del uso del suelo; Construcción de viviendas y mejora de asentamientos (compartido)
6. Salud	Servicios hospitalarios; Atención sanitaria preventiva; Servicios sanitarios secundarios y terciarios	Atención sanitaria básica y prestación de servicios, Funcionamiento y administración de unidades sanitarias (compartidas dentro del Sistema Único de Salud)
7. Cultura y ocio	Museos regionales; Bibliotecas, Actividades culturales y conservación del patrimonio	Instalaciones deportivas; Bibliotecas; Museos municipales; Apoyo a las actividades culturales de las comunidades; Exposiciones municipales; Producción teatral y musical
8. Educación	Educación secundaria y superior; Apoyo a la administración municipal de la educación básica	Administración de jardines de infancia; centros de educación preescolar y básica
9. 9. Protección social	Protección social (compartida); Apoyo a la prestación municipal de servicios asistenciales	Política Municipal de Asistencia Social como parte integrante del Sistema Unificado de Asistencia Social (SUAS)

Alcancede los datos financieros: Estados; Distrito Federal y 5 570 municipios

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Constitución de 1988 especifica las competencias tributarias (arts. 145 a 162) de todos los entes de la Federación, sus respectivas asignaciones obligatorias de gasto (arts. 21 a 32) y los regímenes de reparto de ingresos (arts. 157 a 159). En los años noventa, Brasil adoptó una Ley de Responsabilidad Fiscal para controlar las deudas y los gastos de personal del Estado y los municipios, así como para regular la planificación presupuestaria, los informes fiscales y los procedimientos de transparencia. Tras algunos años de déficits presupuestarios recurrentes, Brasil ha adoptado políticas fiscales más contractivas desde 2015. En 2016, se aprobó una Enmienda Constitucional que dio lugar a un nuevo régimen fiscal, instituyendo un techo de gasto en los gastos primarios del gobierno central durante veinte años y revisando la asignación mínima requerida en sanidad y educación. La ley de techo de gasto excluía de su cálculo los gastos extraordinarios, lo que permitía al gobierno central implementar medidas contra la crisis COVID-19, incluyendo transferencias fiscales para los gobiernos subnacionales. En 2021, la ley fue modificada, lo que dio lugar a un límite de gasto más elevado en 2022. Además, el aumento de los niveles de endeudamiento a nivel subnacional (especialmente en el caso de los gobiernos estatales) en los últimos años ha llevado a la adopción de Leyes Complementarias (nº 156/16, 159/17 y 178/2021) con el objetivo de renegociar los flujos de pago de la deuda con el gobierno central y adoptar mecanismos para restablecer los superávits primarios de los estados insolventes.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gastos totales	3319	1886	1433	22.4%	12.7%	9.7%	44.4%	25.3%	19.2%	100%	100%	100%
Incl. gastos corrientes	3128	1816	1313	21.1%	12.2%	8.8%	43.5%	25.2%	18.2%	94.3%	96.3%	91.6%
Gastos de personal	1350	682	668	9.1%	4.6%	4.5%	69.2%	35.0%	34.2%	40.7%	36.2%	46.6%
Consumo intermedio	656	236	420	4.4%	1.6%	2.8%	84.0%	30.3%	53.8%	19.8%	12.5%	29.3%
Gastos sociales	537	415	122	3.6%	2.8%	0.8%	15.5%	12.0%	3.5%	16.2%	22.0%	8.5%
Subvenciones y transferencias corrientes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos financieros	82	72	10	0.6%	0.5%	0.1%	8.9%	7.8%	1.1%	2.5%	3.8%	0.7%
Otros	503	410	93	3.4%	2.8%	0.6%	N/A	N/A	N/A	15.2%	21.7%	6.5%
Incl. gastos de capital	191	70	120	1.3%	0.5%	0.8%	70.9%	26.2%	44.8%	5.8%	3.7%	8.4%
Transferencias de capital	14	11	2	0.1%	0.1%	0.0%	23.4%	19.4%	4.0%	0.4%	0.6%	0.2%
Inversión directa (o FBCF)	177	59	118	1.2%	0.4%	0.8%	83.9%	28.0%	56.0%	5.3%	3.1%	8.3%

GASTOS: En el AF 2020, el gasto realizado a nivel subnacional correspondió al 22,4% del PIB, un aumento del 1,2% respecto a 2019 debido a la crisis COVID-19 - la combinación del aumento del gasto en salud y la desaceleración económica. Los gobiernos subnacionales representaron el 44,4% del gasto público. Tanto los estados como los municipios son importantes agentes sociales y económicos, y representan una gran parte del gasto público (25,3% y 19,2%, respectivamente). Los presupuestos subnacionales se destinan principalmente a gastos de personal, debido a que se centran en funciones intensivas en mano de obra (principalmente seguridad, educación y sanidad) y a los regímenes especiales de pensiones de los funcionarios de seguridad y educación. En 2020, los gastos de personal representaron el 35% del gasto total del Estado, y el 34,2% en el caso de las administraciones locales. El gasto del Estado disminuyó un 0,64% de 2010 a 2020, reflejando diferentes tendencias en sus componentes. El pago de intereses disminuyó un 1%, causado por la combinación de la renegociación de sus deudas con el Gobierno central, en 2016, y la reducción de los tipos de interés de la deuda pública brasileña (el nuevo índice de la deuda renegociada). Por otro lado, de 2010 a 2020, las prestaciones sociales de los empleadores (pensiones de los funcionarios públicos) aumentaron un 1%, lo que se explica principalmente por la jubilación anticipada de los funcionarios de seguridad y educación. El gasto total de las administraciones locales en porcentaje del PIB aumentó un 1,6%, impulsado principalmente por el aumento del gasto de personal y de las pensiones de los funcionarios. Ello fue consecuencia del proceso de descentralización iniciado a mediados de los noventa, centrado en la ejecución de los servicios sociales básicos (educación y sanidad) por los municipios.

INVERSIÓN DIRECTA: Por el contrario, sólo el 5,3% del gasto de los gobiernos subnacionales se destinó a inversiones directas en 2020, lo que representa el 1,2% del PIB. No obstante, los gobiernos subnacionales representaron cerca del 84% de la inversión directa de las administraciones públicas. En las últimas dos décadas, la inversión pública total en Brasil ha estado por debajo de la media de los países latinoamericanos y de los promedios de los grupos de renta, lo que se ha traducido en un stock de capital mucho menor.

En la última década, las inversiones directas de los Estados en porcentaje del PIB disminuyeron un 0,7%, debido al escaso dinamismo de los ingresos y al aumento de los gastos de personal y obligatorios. En el caso de los municipios, la FBCF en porcentaje del PIB se mantuvo relativamente estable, disminuyendo sólo un 0,1%, lo que refleja su mejor situación financiera.

Gasto de las administraciones subnacionales, estatales y locales por clasificación funcional
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total por función económica	3326	1885	1440	22.4%	12.7%	9.7%	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%
1. Servicios públicos generales	659	379	280	4.4%	2.6%	1.9%	7.2%	4.2%	3.1%	19.8%	20.1%	19.4%
2. Defensa	2	1	1	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.0%	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%
3. Orden público y seguridad	355	344	11	2.4%	2.3%	0.1%	68.8%	66.7%	2.1%	10.7%	18.2%	0.8%
4. Asuntos económicos/transporte	237	100	137	1.6%	0.7%	0.9%	64.1%	27.0%	37.1%	7.1%	5.3%	9.5%
5. 5. Protección del medio ambiente	61	10	52	0.4%	0.1%	0.4%	86.1%	13.4%	72.8%	1.8%	0.5%	3.6%
6. Vivienda y servicios comunitarios	77	13	64	0.5%	0.1%	0.4%	60.1%	10.4%	49.7%	2.3%	0.7%	4.4%
7. Salud	760	263	497	5.1%	1.8%	3.3%	65.7%	22.8%	42.9%	22.8%	14.0%	34.5%
8. Ocio, cultura y religión	26	12	14	0.2%	0.1%	0.1%	68.2%	30.6%	37.7%	0.8%	0.6%	1.0%
9. Educación	488	237	251	3.3%	1.6%	1.7%	60.3%	29.3%	31.0%	14.7%	12.6%	17.4%
10. 10. Protección social	661	527	134	4.5%	3.6%	0.9%	18.6%	14.9%	3.8%	19.9%	28.0%	9.3%

Para los Estados, las mayores líneas de gasto fueron la protección social (28% del gasto total de los Estados, compuesto principalmente por las pensiones de los funcionarios), los servicios públicos generales (20,1%), la seguridad y el orden público (18,2%) y la sanidad (14,0%). El gasto municipal también refleja el reparto de responsabilidades y pone de manifiesto el efecto de la crisis de Covid sobre la demanda de servicios sanitarios básicos: sanidad (34,5%), educación (17,4%) y servicios públicos generales (19,4%). En 2020, el gasto municipal en protección del medio ambiente alcanzó el 72,8Gasto de los GSN según la clasificación económica en % del gasto del gobierno general en la misma categoría, lo que refleja el protagonismo de los gobiernos locales en la gestión de residuos, mientras que a nivel estatal, el gasto en seguridad y orden supuso el 66,7Gasto de los GSN según la clasificación económica en % del gasto del gobierno general en la misma categoría.

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% administraciones públicas			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	3422	1923	1499	23.1%	13.0%	10.1%	59.5%	33.5%	26.1%	100.0%	100.0%	100.0%
Ingresos fiscales	1490	1199	292	10.1%	8.1%	2.0%	43.6%	35.1%	8.5%	43.6%	62.4%	19.5%
Donaciones y subvenciones	1533	481	1052	10.3%	3.2%	7.1%	-	-	-	44.8%	25.0%	70.2%
Tarifas y tasas	112	66	46	0.8%	0.4%	0.3%	-	-	-	3.3%	3.4%	3.1%
Ingresos provenientes de los activos	41	12	28	0.3%	0.1%	0.2%	-	-	-	1.2%	0.6%	1.9%
Otros ingresos	246	165	81	1.7%	1.1%	0.5%	-	-	-	7.2%	8.6%	5.4%

DESCRIPCIÓN GENERAL: La Constitución asigna competencias exclusivas a cada una de las tres esferas de gobierno, y los impuestos importantes sobre bienes y servicios se asignan a los niveles subnacionales de gobierno, con autonomía para el establecimiento de las tasas. El texto constitucional también detalla los regímenes de reparto de ingresos, garantizando que el 47% de los impuestos federales importantes pasen a los niveles subnacionales, alcanzando el 2,7% del PIB en 2020. En la mayoría de las partes, las subvenciones no están asignadas, aunque la Constitución Federal garantiza que cada nivel de gobierno invierta una cantidad mínima del presupuesto público (incluidos los ingresos por subvenciones) en sectores prioritarios, como la sanidad (25% para los estados y municipios) y la educación (12% para los estados y 15% para los municipios).

Los ingresos subnacionales crecieron un 2,8% del PIB entre 2010 y 2020, cerrando el periodo en el 23,1% del PIB. Se trata de una combinación del aumento de las subvenciones corrientes en un 1,9% del PIB y de la recaudación tributaria en un 0,7% del PIB. La composición de los ingresos propios y las subvenciones es muy diferente para los estados y los municipios. Las administraciones locales dependen en gran medida de las transferencias (70,2% de sus ingresos totales en 2020), mientras que los estados dependen mucho más de los ingresos fiscales (62,4% de su presupuesto en 2020).

INGRESOS FISCALES: En 2020, los ingresos fiscales subnacionales ascendieron al 10,1% del PIB, de los cuales el 8,1% correspondió a los impuestos recaudados por los estados y el 2,0% a los impuestos recaudados a nivel municipal. En el periodo 2010-2020, los municipios brasileños experimentaron un crecimiento del 0,4 del PIB% en la recaudación de sus impuestos, mientras que los impuestos estatales aumentaron un 0,3% del PIB. A nivel estatal, la fuente de ingresos más importante es el impuesto sobre la circulación de bienes y servicios (ICMS), que representó el 86% de sus ingresos fiscales en 2020. Los estados también recaudan un impuesto sobre la propiedad de vehículos de motor (IPVA), que junto con el ICMS, se comparten con los gobiernos locales en un 50 y 25% respectivamente. A nivel municipal, los dos principales impuestos son el impuesto sobre los servicios (ISS) - 47,8% de los ingresos fiscales locales en 2020 - y el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (IPTU) - 32,5% de la recaudación fiscal

AYUDAS Y SUBVENCIONES: Las ayudas y subvenciones pueden dividirse en dos tipos principales: transferencias obligatorias y transferencias voluntarias. La Constitución Federal de 1988 aumentó la participación subnacional en los impuestos federales e implantó el sistema de transferencias sanitarias para financiar el Sistema Único de Salud (SUS). A mediados de los noventa, el gobierno central reforzó la descentralización de los servicios sanitarios y educativos y creó el Fondo de Educación Básica (Fundeb) para financiar la prestación local de estos servicios. La mayoría de las subvenciones se reparten según normas constitucionales no discrecionales. En el año fiscal 2019, por ejemplo, más del 95% de las subvenciones recibidas por los gobiernos subnacionales eran obligatorias y se asignaban según fórmulas establecidas en la Constitución o en leyes.

Las transferencias voluntarias se realizan sobre la base de acuerdos de proyecto, ajustes u otros instrumentos similares, con el fin de realizar obras y/o servicios de interés común. Dichas transferencias pueden adoptar la forma de ayudas de cooperación o asistencia financiera al margen de los mandatos legales o constitucionales o las destinadas al Sistema Único de Salud. Las transferencias obligatorias están determinadas por la Constitución y se componen principalmente de una parte de los ingresos del Gobierno central.

La parte percibida de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades representa una fuente de financiación fundamental para los presupuestos subnacionales. El Fondo de Participación de los Estados (procedente del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre bienes industrializados) es la principal transferencia intergubernamental para los estados. Las subvenciones disminuyeron un 0,24% del PIB entre 2010 y 2019, pero aumentaron un 0,48% del PIB de 2019 a 2020, alcanzando el 3,07% del PIB en 2020, debido a las transferencias de emergencia relacionadas con la crisis COVID. Los principales mecanismos de reparto de ingresos para los gobiernos locales son el Fondo de Participación de los Municipios (también procedente de los impuestos del Gobierno central); la participación municipal del 25% del IVA de los estados (el 75% de los cuales se distribuyen en función del valor añadido en cada municipio); y la participación del 50% del impuesto sobre bienes inmuebles de los vehículos (asignada a las ciudades donde se matriculan los coches). El fondo de educación básica (Fundeb) y las transferencias sanitarias (SUS) son también importantes fuentes de ingresos para algunos gobiernos locales. Las transferencias intergubernamentales a los municipios crecieron del 5,6% del PIB en 2010 al 6,1% del PIB en 2019, lo que refleja su fuerte posición en la Federación Brasileña desde la Constitución de 1988. En 2020, la cantidad alcanzó el 7,1% del PIB debido al aumento de las transferencias relacionadas con la salud y la caída del PIB.

Los 3 Fondos Regionales de Financiación supervisados por el Ministerio de Integración Nacional y gestionados por los Consejos Deliberantes Regionales de Superintendencia y los Bancos Regionales están previstos en la Constitución (artículo 159). Establece que el 3% de la recaudación de los impuestos sobre la renta (IR) y sobre los bienes industrializados (IPI) se destine a apoyar préstamos a los sectores privados de las regiones administrativas Norte, Nordeste y Centro-Oeste, incluidos algunos municipios de los estados de Minas Gerais y Santa Catarina.

OTROS INGRESOS: En el AF 2020, los aranceles y tasas correspondieron al 3,3% de los ingresos subnacionales, constituyendo el 3,4% de los presupuestos estatales y el 3,1% de los municipales, respectivamente. Las tasas pueden ser creadas por las tres esferas de gobierno. A nivel municipal, las tasas más importantes comprenden los derechos de licencia, las tasas relacionadas con el alumbrado público y las tasas de limpieza. En 2020, los estados también recibieron cánones procedentes de la explotación de recursos naturales (petróleo -incluido el presal-, gas, minerales y agua). Además, tanto los estados como los municipios recibieron rendimientos de la inversión, rentas y dividendos pagados sobre propiedades públicas y empresas controladas por el Estado. Al igual que en el caso de los impuestos, los gobiernos subnacionales tienen autonomía para fijar el tipo/valor de las tarifas, pero el poder de crearlas está limitado por la Constitución.

Normas presupuestarias y deuda de las administraciones subnacionales, estatales y locales
2020	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Total deuda pendiente	2754	2268	486	18.6%	15.3%	3.3%	16.9%	14.0%	3.0%	100.0%	82.4%	17.6%	-	-	-
Deuda financiera	2065	1872	193	13.9%	12.6%	1.3%	13.4%	12.1%	1.3%	100.0%	90.6%	9.4%	100.0%	90.6%	9.4%
Dinero legal y depósitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos / obligaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos	2065	1872	193	13.9%	12.6%	1.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	689	396	293	4.6%	2.7%	2.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGLAS FISCALES: La Constitución Federal de 1988 establece la "regla de oro", que prohíbe financiar gastos corrientes con recursos prestados. Tras varios impagos por parte de gobiernos subnacionales y renegociaciones de deuda a lo largo de los años 80 y 90, el gobierno federal creó un sistema de control de la deuda en el que los gobiernos subnacionales tienen que comprometerse a un Programa de Ajuste Fiscal (PAF) a cambio del rescate. Además, tras la crisis de 1998, en 2000 se promulgó una Ley de Responsabilidad Fiscal que imponía limitaciones al endeudamiento y a los gastos de personal de los estados y municipios, y regulaba la planificación presupuestaria, los informes fiscales y los procedimientos de transparencia en los tres niveles de gobierno (sólo el gobierno central estaba exento de un techo de deuda). En 2014-2015, la recesión económica del país combinada con la rigidez del gasto afectó gravemente a las finanzas de los estados, lo que dio lugar a una nueva ronda de renegociaciones de la deuda que, en algunos casos, exigió la aplicación de topes de gasto corriente y otras medidas de consolidación fiscal. Asimismo, en 2017 se reformuló el PAF para que sus objetivos y regulaciones se alinearan con los de la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

DEUDA: El PAF y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) establecen límites máximos de deuda para los estados (200% de los ingresos corrientes netos) y los municipios (120% de los ingresos corrientes netos). La mayor parte de la deuda de los estados es con el gobierno central. En el marco actual, los gobiernos subnacionales no pueden emitir bonos, pero pueden obtener préstamos de bancos y organizaciones internacionales. El gobierno central emite garantías para asegurar tipos significativamente más bajos. En caso de impago de esos préstamos por parte de los gobiernos subnacionales, el gobierno central puede realizar transferencias constitucionales.

Tras más de 10 años (2001-2013) de reducción de la deuda de los gobiernos subnacionales en aproximadamente un 10% del PIB, causada por una combinación de superávits primarios y un sólido crecimiento económico, la flexibilización de los requisitos de endeudamiento y la recesión económica interna que empezó a afectar a los ingresos en 2014 provocaron un aumento del endeudamiento. Los niveles de endeudamiento subnacional alcanzaron el 15,3% del PIB para los estados y el 3,3% para los municipios en 2020. Esto llevó a la creación del Régimen de Recuperación Fiscal para los estados en crisis fiscal, constituido principalmente por la reprogramación de los reembolsos de deuda a cambio de medidas de austeridad. Goiás y Río de Janeiro fueron los dos únicos estados que se acogieron al Régimen de Recuperación Fiscal.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En respuesta a la pandemia, el gobierno federal creó el 25 de marzo de 2020 el Comité Nacional de Coordinación de la lucha contra el COVID-19 para debatir la aplicación de medidas y ayudar a la coordinación con otros poderes (legislativo y judicial) y niveles de gobierno. El Comité está compuesto por el presidente de la Federación, del Senado y de la Cámara de Diputados. También participa un representante del poder judicial en calidad de observador.

Los mecanismos y el marco legal existentes influyeron en la respuesta del país a la pandemia. La Constitución define la prestación de servicios de salud pública como una competencia compartida entre los gobiernos federal y subnacionales y atribuye al gobierno central la responsabilidad de la edición de normas generales (art. 24). También establece la descentralización y la participación como uno de los principales principios que rigen el Sistema Único de Salud (SUS). Esta participación de los gobiernos subnacionales en la toma de decisiones nacionales sobre política sanitaria es posible a través de una serie de consejos (secretarios de salud (Conass), departamentos de salud de los municipios (Conasems), delegados de los estados (Conares)) y de las Comisiones Bipartitas (CIB, de estados y gobiernos locales) y Tripartitas (CIT, con los tres niveles juntos).

Incluso con la existencia de instituciones de cooperación federativa, una serie de conflictos sobre el papel del sector público en la respuesta a la crisis dificultó la coordinación de las políticas. Uno de los principales bloqueos se produjo en el caso de las medidas de distanciamiento social, cuando el gobierno central editó normas (Ley 13.979, en febrero/2020, y MP n. 926, en marzo/2020) para otorgar al presidente el poder exclusivo de definir las actividades esenciales que quedarían exentas del cierre. El conflicto fue llevado a la Corte Suprema, que, en marzo de 2020, falló a favor de la competencia de los estados y gobiernos locales sobre esas decisiones. La adquisición de vacunas fue otro tema de conflicto. En este caso, las grandes compras realizadas por el gobierno federal entre enero y marzo de 2021, y su distribución a los estados y municipios, que eran los responsables de administrar las vacunas, zanjaron el conflicto. La estructura existente y la experiencia acumulada con el Plan Nacional de Inmunización (PNI) fueron decisivas para facilitar la coordinación de políticas en el área. El PNI, creado en 1973, presenta un historial de integración de los tres niveles de gobierno para planificar, regular y ejecutar programas de vacunación a gran escala en el vasto territorio brasileño. Estos factores ayudaron a Brasil a alcanzar más del 70% de la población totalmente vacunada a finales de 2021, según datos del Ministerio de Salud.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Los gobiernos subnacionales tuvieron dificultades para aplicar medidas económicas y sociales debido a su limitado espacio fiscal antes de la crisis y al impacto inmediato de la recesión en las finanzas públicas. Además, los gobiernos subnacionales no son los principales niveles de gobierno responsables de la asistencia social. En este contexto, los gastos de asistencia social aumentaron un 0,02% del PIB (del 0,03% al 0,05%) tanto en los estados como en los gobiernos locales. El Estado de São Paulo, por ejemplo, que representa el 32% del PIB de Brasil, instituyó transferencias de efectivo a las familias vulnerables que dependían de las comidas escolares (0,005% del PIB en 2020) y préstamos subvencionados para las empresas afectadas (2.300 millones de reales en préstamos, o el 0,03% del PIB en 2020). Los estados y municipios también instituyeron transferencias de emergencia a las familias vulnerables y aplazamientos en el impuesto sobre la circulación de bienes y servicios (ICMS), el impuesto sobre la propiedad de vehículos de motor (IPVA) y el impuesto sobre la propiedad urbana (IPTU).

El Congreso Nacional tuvo un papel destacado en la discusión de las acciones para hacer en relación a la crisis, aprobando leyes para adoptar importantes ayudas financieras a particulares (como las transferencias de emergencia a las familias, de aproximadamente el 4% del PIB), estados y municipios (0,8% del PIB). El gobierno central también participó en las medidas para aliviar las finanzas subnacionales y suspendió los pagos de deuda e intereses con el Tesoro y los bancos federales.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: Los ingresos del Estado se vieron afectados inmediatamente, ya que el ICMS, su principal ingreso fiscal, disminuyó un 20% en el^2º trimestre de 2020 en comparación con 2019. A finales de 2020, la recaudación fiscal se recuperó a niveles similares de 2019 debido a la inflación y al aumento de los precios del petróleo (el ICMS solo había disminuido un 1,5% a finales de 2020). Durante la crisis, los estados tuvieron que hacer frente al impacto de la demanda sobre el gasto en salud, ya que son responsables de los servicios de mediana complejidad, lo que llevó a un aumento del 14,6% de los gastos estatales en salud en 2020. La educación se movió en sentido contrario, y el cierre de escuelas se tradujo en un descenso del gasto del 8%. Aunque el gasto en personal es rígido, las horas extra de trabajo y los gastos auxiliares relacionados con el funcionamiento de las escuelas se redujeron significativamente. En 2020, el gasto primario total se mantuvo estable en valores reales y creció un 0,4% del PIB debido a la retracción de la actividad económica.

La recaudación tributaria de los municipios siguió la misma tendencia, con una fuerte caída en el^2º trimestre de 2020, cuando el impuesto sobre los servicios (ISS) disminuyó un 20% y el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (IPTU) un 21%. Al final del año fiscal, ambos impuestos presentaron una caída más suave del 4% y del 1,7% para el ISS y el IPTU, respectivamente. Las finanzas de los gobiernos locales también se vieron afectadas por la elevada demanda de gastos en salud, ya que los municipios son responsables de los servicios de baja complejidad. Sus gastos en salud aumentaron un 8% en 2020, mientras que los gastos en educación disminuyeron un 13%. El gasto primario total en 2020 creció un 5% en términos reales y hasta un 0,8% del PIB.

Los efectos de la crisis sobre los ingresos subnacionales en el^2º trimestre de 2020 llevaron a negociar transferencias extraordinarias del Gobierno central por valor del 0,8% del PIB, repartidas a partes iguales entre los Estados y las Administraciones locales.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El gobierno central puso en marcha medidas de emergencia para hacer en relación a la crisis, como la ayuda a las familias vulnerables, el programa de mantenimiento del empleo, las operaciones de garantía de crédito, las transferencias a los gobiernos subnacionales y la suspensión de pagos de la deuda de los estados. Estas políticas temporales se debatieron principalmente entre el gobierno central y el Congreso. La Cámara de Diputados y el Senado se convirtieron en el principal lugar de participación subnacional en la elaboración y aplicación de las políticas económicas y sociales. Algunos estados y municipios también aplicaron transferencias a las familias afectadas y aplazamientos de impuestos, de acuerdo con sus propios planes de emergencia.