SIERRA LEONA

Sierra Leona es una república constitucional unitaria con un sistema parlamentario unicameral. Según la Constitución de 1991, el presidente es a la vez el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El presidente nombra un gabinete con la aprobación de los miembros del parlamento (MP). Los miembros del parlamento no pueden ocupar cargos simultáneamente en el gabinete. El presidente es elegido por sufragio universal para un máximo de dos mandatos consecutivos de cinco años. El poder legislativo recae en el parlamento, compuesto por 146 miembros, con mandatos de cinco años. De ellos, 132 miembros son elegidos directamente mediante un sistema de mayoría simple (first-past-the-post) entre los distritos, y los escaños restantes están reservados a los jefes supremos elegidos a través del colegio electoral de los consejos de jefatura de los distritos. Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar en marzo de 2018.

La actual Constitución de 1991 no prevé la devolución de funciones a los gobiernos subnacionales. En 2004, tras un periodo en el que los gobiernos subnacionales habían estado abolidos desde 1972, el país se embarcó en un programa de descentralización a escala nacional. Se aprobó la Ley de Gobiernos Locales (LGA 2004), alentada por los donantes internacionales comprometidos con la gobernanza tras el conflicto, que volvió a crear los consejos locales. La norma reconocía el "sistema dual" de consejos locales a nivel municipal y consejos de jefaturas a nivel submunicipal, e incluía disposiciones transitorias (2004-2008) sobre la descentralización y las jefaturas, hacia la amalgama de los niveles subnacionales y la devolución de funciones. Sin embargo, las ambigüedades estructurales han provocado tensiones entre los consejos locales y las jefaturas y desafíos al proceso de descentralización, dando lugar a ineficiencias y luchas de poder. En 2011, el gobierno restableció el cargo de oficial de distrito como representante principal del gobierno nacional para mejorar la relación de éste con las autoridades tradicionales (consejos de jefaturas, que pasaron de 149 a 190) y la coordinación de las funciones no transferidas de otros ministerios con los consejos locales a nivel de distrito. En 2016, el Comité de Revisión Constitucional recomendó la inclusión de un capítulo sobre gobierno local y descentralización en la Constitución.

En virtud de la LGA 2004, se ha otorgado a una secretaría de descentralización, dependiente del Ministerio de Administración Local y Desarrollo Rural (MLGRD), la responsabilidad de aplicar las reformas de descentralización. También se creó la Comisión de Servicios de la Administración Local (LGSC) en cumplimiento del artículo 35 de la LGA 2004. La Comisión se encarga de prestar apoyo a los ayuntamientos en materia de regulación, gestión del rendimiento y funciones directivas, con el fin de establecer sistemas eficaces de recursos humanos a nivel subnacional, y de regular la función pública de los ayuntamientos. Se creó un departamento de finanzas de los gobiernos locales dentro del Ministerio de Finanzas para gestionar las transferencias y la rendición de cuentas. Por último, se ha creado un comité interministerial (CIM) sobre descentralización como máximo órgano político nacional en este ámbito, presidido por el vicepresidente de Sierra Leona e integrado por cuatro representantes de los consejos locales (normalmente alcaldes). Arbitra entre los consejos locales y las administraciones provinciales, los ministerios, los departamentos y los organismos gubernamentales.

La Política Nacional de Descentralización de 2010 se actualizó en 2020 con el objetivo de alinear mejor el papel de los ayuntamientos con el plan nacional de desarrollo a medio plazo del país para 2019-2023 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
15 consejos de distrito 6 consejos municipales 1 consejo municipal
Tamaño medio de los municipios: 362 590 habitantes
22			22

[1] Nombre y número de entidades submunicipales:
190 jefaturas

DESCRIPCIÓN GENERAL: Sierra Leona reconoce un único nivel de autogobierno local, el distrito. Desde 2018 existen 22 consejos locales, formados por seis consejos de ciudad y un consejo municipal en zonas urbanas, y 15 consejos de distrito en zonas predominantemente rurales.

En términos de organización administrativa, el país está dividido en cuatro provincias (las provincias del Norte, del Noroeste, del Sur y del Este) y una región conocida como la Zona Occidental. Los límites de los consejos locales están delimitados dentro de las provincias. La Zona Occidental está gobernada por un consejo rural y el consejo municipal de Freetown, la capital del país.

Hasta ahora, las elecciones locales se celebraban cada cuatro años - las últimas tuvieron lugar en marzo de 2018. Según la Política de Descentralización revisada de 2020, las elecciones a los consejos locales se celebrarán ahora cada cinco años. Las próximas elecciones a los consejos locales tendrán lugar en 2023.

NIVEL MUNICIPAL: Antes de su desactivación en 1972, varias leyes establecían la tipología de los consejos locales de Sierra Leona, que incluían los consejos de distrito urbano, de distrito, de pueblo, de municipio y de ciudad. Sin embargo, incluso con la desactivación de los gobiernos locales, los ayuntamientos siguieron existiendo de facto.

En 2004, se restablecieron los consejos locales. En 2006, a través del Reglamento del Gobierno Local (Asunción de Funciones) (Instrumento Estatutario nº 13 de noviembre de 2004), el estatus de los pueblos y de Freetown se convirtió en el de ciudad/municipio. Esta innovación se incluyó en la AGL mediante una enmienda de 2017. Además, varias localidades de Sierra Leona están designadas como pueblos. Éstas se refieren, generalmente, a asentamientos más grandes dentro de los distritos y no se corresponden con las circunscripciones electorales.

Desde 2008, los jefes de los consejos locales son alcaldes (consejo de ciudad) y presidentes (consejo de distrito), elegidos por sufragio universal directo. Los tenientes de alcalde son elegidos indirectamente por los concejales locales, que a su vez son elegidos por sufragio universal en cada distrito.

Los distritos se dividen en jefaturas. Las 190 jefaturas son el nivel administrativo más bajo. Según el reglamento, las jefaturas están subordinadas a los consejos locales.

A nivel nacional, hay 446 distritos electorales, según una enmienda de 2017 al Reglamento de Distritos (Delimitación de Límites). Todos los consejos de distrito y de ciudad incluyen consejeros jefes supremos, elegidos por los jefes supremos del distrito. Además, los jefes supremos son miembros de los comités de barrio del consejo local de su jefatura. En 2017, el Reglamento de las Provincias (Divisiones Administrativas) dio lugar a un proceso de desamalgamación y al aumento de 145 a 190 consejos de jefatura.

Los cambios clave de la Política de Descentralización 2020 revisada y de la Ley de Administración Local 2004 (en revisión) incluyen un mayor nivel de cualificación exigido para ocupar el puesto de presidente de consejo local y salarios más altos para dicho puesto, la despolitización de los puestos de presidentes y alcaldes, la reestructuración de las jerarquías de los consejos locales y la creación de distritos en el municipio de Freetown. También se incluyeron en la política de descentralización revisada propuestas para crear ascensos para los administradores jefe de los consejos, con vistas a aumentar la motivación, mejorar la transparencia y la eficacia del personal.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La AGL 2004 reactivó los comités provinciales de coordinación. Estos órganos se encargan de coordinar las actividades de los consejos locales de cada provincia. El alcalde y el presidente de cada consejo local de la provincia forman parte del comité con derecho a voto; también participan los administradores jefe de los consejos locales, lo que garantiza que los consejos locales colaboren en la ejecución de programas conjuntos en los que tengan interés, y revisen y coordinen la prestación de servicios públicos en la provincia.

Como aplicación de la LGA 2004, el Reglamento del Gobierno Local (Asunción de Funciones) (Instrumento Estatutario nº 13 de noviembre de 2004) pretendía guiar la devolución de 80 funciones políticas a los consejos locales hasta 2008. A pesar de los retrasos en la devolución de funciones, 71 de las 80 funciones previstas para la devolución han sido parcial o totalmente traspasadas de unos 17 ministerios, departamentos y agencias diferentes. Otras 17 funciones del gobierno central fueron traspasadas a los consejos locales a principios de 2019.

Además, se reactivó el consejo interministerial para coordinar las decisiones estratégicas sobre la descentralización, con un compromiso renovado del gobierno nacional de profundizar en la descentralización, en particular en la planificación estratégica local, la expedición de permisos de construcción y la preparación de planes de uso del suelo, así como la planificación y el control de la construcción, entre otras responsabilidades. En este marco de descentralización, la responsabilidad de muchos servicios sociales básicos se ha transferido a los consejos locales. Los consejos de jefatura pueden recaudar ingresos fiscales locales en nombre del gobierno nacional, pero no tienen ninguna responsabilidad funcional (Ley de Jefatura de 2009). Sin embargo, la pandemia del COVID-19 perturbó el proceso a todos los niveles.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Registro del estado civil, celebración e inscripción de matrimonios civiles, registro de nacimientos y defunciones; catastros y mantenimiento del derecho consuetudinario (en zonas con un sistema de jefatura suprema)
2. Orden público y seguridad	Protección contra incendios (compartida con el gobierno nacional) y lucha contra incendios básica; protección civil (exclusivamente los servicios de libertad condicional del gobierno local); programa de control y prevención de drogas (compartido con el gobierno nacional).
3. Asuntos económicos/transporte	Concesión de licencias para pequeñas canoas y sus artes de pesca; establecimiento y gestión de estanques piscícolas y lagos interiores; servicios de extensión agrícola (cultivos y animales); mantenimiento de carreteras e infraestructuras viarias urbanas (compartido con el gobierno nacional); desarrollo económico local, turismo (compartido con el gobierno nacional).
4. Protección del medio ambiente	Saneamiento y gestión de residuos sólidos; plantación de árboles (compartida con el gobierno nacional); educación y sensibilización sobre cuestiones medioambientales, protección del consumidor, mataderos.
5. Vivienda y servicios comunitarios	Gestión del agua; suministro de equipos locales de megafonía; planes estratégicos locales; expedición de permisos de construcción; museos locales
6. Salud	Salud primaria y secundaria (prestación de servicios sanitarios, promoción de la salud, control y prevención de la drogadicción); hospitalaria (incluida la adquisición de medicamentos tanto para las unidades sanitarias periféricas como para los hospitales de distrito -compartida con el gobierno nacional-); protección de la salud (incluida la educación sobre cuestiones medioambientales, de prevención de incendios y de salud pública, el acceso al agua potable y la calidad y seguridad de los alimentos).
7. Cultura y ocio	Mantenimiento y gestión de instalaciones culturales (museos y bibliotecas); deportivas y de ocio
8. Educación	Enseñanza primaria (escolarización) y secundaria (compartida con el gobierno nacional); supervisores escolares
9. Protección social	Servicios de atención a la infancia y bienestar familiar; defensa del género y la infancia (compartida con el gobierno nacional); cuestiones de discapacidad; organizaciones de base comunitaria

Alcance de los datos financieros: 18 de los 22 ayuntamientos, lo que representa alrededor del 85% del total de gastos e ingresos de los ayuntamientos

Ministerio de Finanzas

Disponibilidad de datos financieros: Baja

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Baja

INTRODUCCIÓN GENERAL: En Sierra Leona, la descentralización fiscal se llevó a cabo en el marco del Comité de Finanzas de los Gobiernos Locales (CFGL) de conformidad con la Sección 52 de la Ley de Gobiernos Locales (LGA 2004). La gran mayoría de los gastos relativos a la remuneración de los empleados y a la financiación de las infraestructuras sigue realizándose a nivel del gobierno central. Éstos son identificables en el presupuesto nacional y en las cuentas financieras presentadas al parlamento.

Los consejos locales tienen autonomía financiera para recaudar impuestos y tasas. Sin embargo, este poder se ha visto cuestionado por una asignación poco clara de responsabilidades con las jefaturas.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	9	0.5%	2.1%	100.0%
Incl. gastos corrientes	6	0.3%	2.1%	67.8%
Gastos de personal	2	0.1%	1.3%	-
Consumo intermedio	-	-	-	-
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Incl. gastos de capital	3	0.2%	2.3%	32.2%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	-	-	-	-

GASTOS: En 2020, se disponía de los estados financieros auditados de 18 de los 22 consejos locales (excluidos el Consejo de Distrito de Kailahun; los Consejos de Ciudad y Distrito de Kenema; y el Consejo de Distrito de Kono). El gasto total de estos 18 consejos locales (que puede estimarse en torno al 85% del gasto total del gobierno subnacional) ascendió a 213.400 millones de le (74 millones de dólares PPA o 9 dólares PPA por habitante), lo que representa el 2,1% del gasto público total y el 0,5% del PIB. Esto representa una disminución del 4% con respecto a 2019 (cuando ascendió a 222.300 millones de Le).

La mayoría de los ayuntamientos tuvieron malos resultados financieros en 2019, con déficits fiscales negativos. Sin embargo, en el año fiscal 2020, la mayoría de los ayuntamientos lograron alcanzar saldos fiscales excedentarios: entre ellos, el distrito de Bo (1.100 millones de lei), la ciudad de Kono New Sembehun (842 millones de lei), la ciudad de Bo (1.500 millones de lei), el distrito de Bombali (3.900 millones de lei) y el ayuntamiento de Freetown (34.900 millones de lei). Sin embargo, cuatro ayuntamientos registraron saldos fiscales negativos en 2020.

Los salarios de los alcaldes, los presidentes y sus adjuntos están incluidos en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional para 2020 indica un aumento (con respecto a 2019) de las remuneraciones del personal de base y de los consejeros de los consejos locales, jefes supremos, jefes regentes, portavoces de jefaturas y jefes tribales de la zona occidental.

INVERSIÓN DIRECTA: Los ayuntamientos tienen un papel muy limitado en la inversión directa. Pueden invertir en infraestructuras públicas locales (por ejemplo, mercados, mataderos) principalmente a través de la subvención para el desarrollo del gobierno local proporcionada por el gobierno central con el apoyo de socios externos.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

Existen mecanismos para recopilar y consolidar los datos financieros de los gobiernos subnacionales a nivel nacional, pero son parciales e irregulares. A nivel nacional, la mayor parte del gasto público se destina a la educación, con un 21,4% del presupuesto discrecional total para apoyar a las escuelas básicas y secundarias, seguida de los asuntos económicos y el transporte, y la sanidad. Este presupuesto incluye la educación primaria y secundaria, que son responsabilidades compartidas de los ayuntamientos y el gobierno nacional.

En 2020, la sanidad representa el mayor sector transferido a los ayuntamientos, en particular para la atención sanitaria primaria y los servicios sanitarios secundarios (hospitales de distrito), que representan el 31% del total de las transferencias a los ayuntamientos. Los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria y la educación ocupan el segundo y tercer lugar, con un 7% y un 6,6% de las transferencias a los consejos locales, respectivamente.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	10	0.6%	3.0%	100.0%
Ingresos fiscales	3	0.2%	1.3%	29.9%
Donaciones y subvenciones	7	0.4%	-	64.7%
Tarifas y tasas	0.5	0.0%	-	4.8%
Ingresos provenientes de los activos	-	-	-	-
Otros ingresos	0	0.0%	-	0.6%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Con 82 millones de dólares PPA, o 10 dólares PPA por habitante, los ingresos de los ayuntamientos representaron el 3% de los ingresos públicos totales y el 0,6% del PIB nacional en 2020. Los ingresos de los ayuntamientos proceden principalmente de tres fuentes: los ingresos propios, las subvenciones por funciones delegadas y las transferencias por servicios delegados de los ministerios, departamentos y agencias gubernamentales.

Según la LGA 2004 (subsección 4 de la sección 45), los ayuntamientos tienen autoridad para recaudar impuestos locales, impuestos sobre la propiedad, licencias, tasas y cánones, una parte de los ingresos mineros, intereses y dividendos. Siguen dependiendo en gran medida de las subvenciones del gobierno central para las funciones transferidas. Existen varios retos relacionados con cuestiones de transparencia y rendición de cuentas y retrasos en la contabilidad. Además, existe en general una falta de capacidad institucional para movilizar y generar ingresos a nivel local, con grandes disparidades entre los consejos municipales/de ciudad y de distrito en todo el país.

INGRESOS FISCALES:En 2020,los ingresos fiscales representan algo menos del 30% de los ingresos de los ayuntamientos. Existen tres legislaciones que regulan la recaudación de impuestos. Tras la desactivación de los consejos locales en 1972, la Ley de Impuestos Locales de 1975 estableció que debían ser recaudados por una "autoridad local" (a menudo, consejos de jefatura), mientras que el gobierno central determinaría el precepto fiscal. La LGA de 2004 restableció la autonomía de los consejos locales para fijar los tipos impositivos locales, mientras que los consejos de jefatura deben recaudarlos y remitirlos a los consejos locales. De ahí la complejidad de la relación entre ambas entidades. Además, la LGA 2004 no derogó la Ley de Impuestos Locales. Paralelamente, las jefaturas obtuvieron más poderes fiscales propios, para recaudar ingresos en nombre del gobierno nacional, (según la Ley de Jefaturas de 2009, consagrada posteriormente en la Política de Jefaturas y Administración Tradicional de 2011). Esto da lugar a un marco fiscal difuso, sobre todo en los consejos de distrito, donde el poder de los consejeros de las jefaturas es significativo y donde pueden influir en su parte de la recaudación fiscal.

Los impuestos locales proceden de cinco fuentes principales: el impuesto local (de capitación), las cuotas de mercado, los impuestos sobre la propiedad, las licencias comerciales y otras multas y gravámenes. Parte de esta financiación procede del sector minero: los impuestos recaudados están asignados, se basan en fórmulas y se transfieren desde el gobierno central.

La Ley de Administración Local de 2004 faculta a los ayuntamientos para recaudar anualmente impuestos sobre la propiedad. De media, en 2020, los ingresos por impuestos sobre la propiedad representarán el 66% de los ingresos fiscales y el 20% de los ingresos totales de los ayuntamientos. En 2020, en el ayuntamiento de Freetown, representará el 74% de los ingresos fiscales de la ciudad y el 41% de sus ingresos totales. La ley otorga a los ayuntamientos la capacidad de fijar sus propios tipos impositivos locales. Sin embargo, los esfuerzos de reforma se han visto obstaculizados en repetidas ocasiones, en gran medida por la falta de un liderazgo político comprometido. La mayoría de los ayuntamientos son capaces de generar una cantidad significativa de ingresos procedentes del impuesto sobre bienes inmuebles a pesar de los problemas, como la escasa existencia de catastros inmobiliarios. En cambio, la base del impuesto sobre bienes inmuebles en las zonas rurales es mucho menor y existe una fuerte oposición pública contra este impuesto en las zonas rurales, por lo que los ayuntamientos rurales son muy reacios a recaudarlo. En 2020, el gobierno nacional exigió a los ayuntamientos que pusieran en marcha la automatización de los sistemas de catastro inmobiliario en las ciudades y los municipios para facilitar la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. Con ello se pretende reducir gradualmente su dependencia de las transferencias del gobierno central.

SUBVENCIONESY AYUDAS: En 2020, las subvenciones y ayudas directas representaron el 64,7% de los ingresos de los ayuntamientos. Según la LGA 2004, las transferencias anuales del gobierno central a los ayuntamientos deben ser equitativas y justas. En cumplimiento de los requisitos de la ley, 26 fórmulas de transferencia para la distribución horizontal conforman un complejo sistema de transferencias basado en las necesidades de gasto de los ayuntamientos, la disponibilidad de infraestructuras y la capacidad de recaudación de ingresos.

Existen tres categorías principales de subvenciones concedidas por el gobierno central a los ayuntamientos e identificables en el presupuesto nacional: la subvención administrativa, las subvenciones para funciones transferidas y la subvención para el desarrollo de los gobiernos locales. Los ayuntamientos también pueden tener acceso a subvenciones de socios externos, como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo.

El componente de subvención administrativa aumentó en el presupuesto nacional de 2020. Por ejemplo, en el presupuesto nacional 2020, la remuneración total de los alcaldes/presidentes pasó de 601,9 millones de leuros anuales a 4.490 millones. Del mismo modo, la remuneración de los tenientes de alcalde/presidentes pasó de 575,5 millones de lei a 3.170 millones de lei. La subvención administrativa incluye un apoyo a los comités de barrio. Este apoyo pretende servir de incentivo básico y contribuir al coste operativo de los comités de barrio para reforzar la participación ciudadana.

La subvención para las funciones transferidas está regulada por la disposición de la sección 46, subsección 2 de la Ley de Gobierno Local de 2004. En ella se establece que los ayuntamientos deben recibir subvenciones asignadas para cada función transferida (por ejemplo, sanidad, educación, agricultura, agua rural, bienestar social, etc.). Esto constituye el grueso de los recursos totales de que disponen los consejos locales para su funcionamiento y mantenimiento, así como para su participación en los planes de desarrollo. La subvención también incluye una subvención en bloque incondicional.

La subvención para el desarrollo del gobierno local proporciona fondos discrecionales a los ayuntamientos para infraestructuras públicas locales y el desarrollo sectorial del gobierno local. Creada en 2004, está financiada por el gobierno nacional y los socios para el desarrollo y apoya la participación de los ayuntamientos en el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (2019-2023) o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ayuntamientos son libres de utilizar estos fondos en función de sus prioridades cada año.

OTROS INGRESOS. Otros ingresos, incluidos los aranceles y las tasas, representaron algo más del 5% de los ingresos totales de los ayuntamientos en 2020. La LGA 2004 otorga tanto a los ayuntamientos como a los consejos de jefatura competencias para recaudar tarifas y tasas, que incluyen los servicios prestados por el ayuntamiento (incluida la recogida de basuras), las cuotas de mercado, el registro de empresas y las licencias/tasas y tasas. Además, los consejos locales también pueden recaudar ingresos de actividades económicas como la pesca, la madera, los ingresos de la minería y la extracción de arena (u otros materiales de construcción) en su jurisdicción. También pueden recibir intereses y dividendos, y cualquier otro ingreso debido al gobierno pero asignado a los consejos locales por el ministro responsable de las finanzas mediante instrumentos legales.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: La Ley de Gobiernos Locales de 2004 incluye varias disposiciones relativas a la gestión financiera de los gobiernos locales. La sección 52 prevé la creación de un comité de finanzas del gobierno local a nivel nacional, para asesorar y hacer un seguimiento de la asignación de subvenciones. La sección 81 de la parte IX sobre cuentas y auditorías establece que "cada consejo local llevará libros de contabilidad adecuados y registros apropiados en relación con las cuentas y, dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio financiero, preparará un estado de sus cuentas finales de conformidad con los reglamentos financieros existentes". Además, los estados financieros y las cuentas de los ayuntamientos deben enviarse a un auditor en un plazo de seis meses tras el cierre del ejercicio financiero. Por último, las secciones 103 a 107 de la parte XV sobre transparencia, responsabilidad y participación incluyen varias medidas para combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión financiera local, como la necesidad de que los ayuntamientos realicen inventarios anuales de bienes, documenten todos los ingresos en recibos impresos o coloquen informes financieros en tablones de anuncios en cada distrito.

DEUDA: Según la LGA de 2004, el Ministerio de Finanzas (en particular, el Departamento de Finanzas de los Gobiernos Locales) y el Ministerio de Gobiernos Locales deben proporcionar autorización (directrices políticas) y garantías para que los ayuntamientos se endeuden. Esto es posible y está permitido, pero nunca ha ocurrido en la práctica. No se dispone de datos sobre la deuda de los gobiernos subnacionales.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Sierra Leona empezó a introducir las medidas de precaución COVID-19 muchas semanas antes de que se registrara el primer caso, el 31 de marzo de 2020. La infraestructura de gestión de COVID-19 se estableció a nivel nacional, y casi todas las decisiones se tomaron a este nivel. Las medidas iniciales del gobierno incluyeron la prohibición de todas las reuniones públicas de más de 100 personas, restricciones en los viajes al extranjero (hacia y desde) y una cuarentena obligatoria para las personas sospechosas de haber contraído el virus o los viajeros procedentes de países con casos locales de transmisión del COVID-19 superiores a 50. Inmediatamente después del brote se declaró el bloqueo, se intensificaron las restricciones a los viajes y se introdujo un amplio programa de pruebas que exigía un alto nivel de cumplimiento social por parte de la población. Otras medidas incluyeron la imposición de toques de queda y una restricción de los viajes entre distritos.

Se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para hacer frente directamente a la enfermedad con el apoyo de un comité interministerial que se creó para dirigir todos los asuntos relacionados con la política sobre el COVID-19. Se mejoró el sistema de comunicación de riesgos del país sobre el COVID-19 y se crearon tres laboratorios de salud pública como parte de los esfuerzos para reforzar la capacidad de diagnóstico en el país.

La pandemia ha tenido efectos negativos sobre las perspectivas de crecimiento de Sierra Leona. Mientras que se preveía que la economía se contraería en tan sólo unos meses antes del brote, del 5,4% en 2019 al 4,2% en 2020, el PIB real descendió un 2,2%, lo que revirtió algunos de los avances anteriores en la reducción de la pobreza, sobre todo en Freetown, donde el impacto ha sido grave. El declive provocó una caída de la actividad empresarial al disminuir los ingresos de los hogares y dificultar el funcionamiento de las PYME y otras empresas debido a la menor demanda y a la modificación de los patrones de consumo. Para muchas empresas, esto condujo a la adopción de medidas de reducción de costes, como el despido temporal de trabajadores.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: En Sierra Leona, los gobiernos municipales y locales han tenido un poder de decisión limitado en lo que respecta a la respuesta al COVID-19. Por lo tanto, su papel se centró en la contención de la enfermedad y en las medidas de protección social, que a veces llevaron a cabo con ONG o grupos comunitarios locales.

En Freetown, una medida clave durante el bloqueo fue la entrega de paquetes de alimentos de emergencia a los residentes vulnerables que vivían en asentamientos informales. Esta medida fue fundamental en vista de los problemas de inseguridad alimentaria a los que condujeron las medidas restrictivas utilizadas para contener la enfermedad. La medida se complementó con una iniciativa de agricultura urbana que consistió en apoyar a individuos y grupos de jóvenes para que cultivaran sus propias verduras. En 2021, el Banco Mundial, con contribuciones de la Comisión Europea, proporcionó apoyo a los medios de subsistencia en forma de una transferencia única de efectivo a 29.000 hogares y al sector informal.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: A nivel subnacional, las restricciones de viaje y otras medidas socioeconómicas provocaron interrupciones en las cadenas de suministro nacionales, lo que provocó una caída de los ingresos nacionales. El colapso de los negocios no sólo provocó una disminución de los ingresos, sino también el agotamiento de los ahorros, ya que los hogares luchaban por asegurarse la comida diaria. Esto afectó a los medios de subsistencia de los hogares más pobres y vulnerables, que dependen de fuentes de ingresos inestables e inseguras. Otras personas gravemente afectadas fueron las que dependen en gran medida de las remesas para su sustento diario.

En este contexto, los gobiernos subnacionales experimentaron graves carencias presupuestarias y pérdidas de ingresos, lo que limitó su capacidad para prestar servicios y garantizar la productividad de la economía de la ciudad. Las repercusiones se vieron agravadas por los problemas de acceso al mercado urbano de los productos agrícolas locales, que no sólo provocaron inseguridad alimentaria, sino también un pequeño aumento de la pobreza.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Con la pandemia desvaneciéndose poco a poco, el gobierno se ha embarcado en una serie de medidas de recuperación que implican la mejora del entorno empresarial (dando prioridad a los sectores del turismo, el comercio, el transporte y la manufactura) y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno como parte de su Programa de Respuesta Económica de Acción Rápida (QAERP). Esto incluye medidas para reducir la carga de los hogares que se han enfrentado a mayores dificultades, pero también la creación de oportunidades de empleo para las personas que habían trabajado en los márgenes de la economía y que ahora son las más afectadas por la pandemia.

Las medidas específicas incluyen la provisión de transferencias de efectivo a los grupos vulnerables (y a algunos otros que perdieron sus empleos debido a la COVID-19), al tiempo que se conceden préstamos en condiciones favorables y/o aplazamientos de impuestos a las empresas locales, e incluso se solicita la condonación de la deuda al FMI y a otros organismos bilaterales y multilaterales para evitar una crisis de la deuda. Estas acciones pretenden evitar que se agraven aún más las penurias y la inseguridad alimentaria de la población. Otras acciones incluyen la ampliación de la prestación de servicios sociales a las comunidades y el establecimiento de un sistema más eficaz y práctico de redes de seguridad social y programas de protección social que den prioridad a los grupos pobres y vulnerables.