BOLIVIA

La Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en 2009 por referéndum, define a Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, dividido en cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente (jefe de Estado), el vicepresidente y los ministros de Estado. El presidente y el vicepresidente son elegidos por sufragio universal y ejercen un mandato de cinco años. Ambos pueden ser reelegidos una sola vez. La Asamblea Legislativa Plurinacional está presidida por el vicepresidente. Se compone de dos cámaras: la cámara de senadores con 36 miembros (cuatro representantes de cada departamento) y la cámara de diputados con 130 miembros (la mitad elegidos por sufragio directo y la otra mitad elegidos indirectamente a partir de una lista encabezada por el candidato a la presidencia). El poder judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, sus tribunales y la jurisdicción indígena originaria campesina. La máxima autoridad electoral es el Tribunal Supremo Electoral, compuesto por siete miembros, elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Bolivia es un país unitario organizado en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos (CPE Art. 269). Además, la Constitución reconoce cuatro tipos de gobiernos autónomos en su organización política: departamentales, municipales, regionales y territorios indígenas originarios campesinos. En este marco, existen 9 Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD o Gobiernos Autónomos Departamentales), 337 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM o Gobiernos Autónomos Municipales), 3 Autoridades Autónomas Indígena Originarias Campesinas (AIOC o Autonomías Indígenas Originarias Campesinas) y 1 Gobierno Autónomo Regional.

El proceso de descentralización se inició en 1994 con la Ley de Participación Popular, que reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular integrando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la vida jurídica, política y económica del país (Ley 1551 Art.1). En 2010, esta ley fue reemplazada por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 031, "Andrés Ibáñez", destinada a regular los regímenes autonómicos y las bases de la organización territorial del Estado. Esta ley establece los parámetros que rigen la organización territorial. Así, determina que los territorios indígena originario campesinos son pueblos y naciones que existieron antes de la invasión o colonización y constituyen una unidad sociopolítica, habiéndose desarrollado históricamente, con su propia organización, cultura, instituciones, derecho, rituales, religión, idioma y otras características comunes e integrales (Ley 031 Art. 6 III). Sin embargo, estos territorios sólo adquieren este estatus tras haber cumplido el procedimiento establecido en los artículos 393 a 404 de la CPE. El proceso comienza con una solicitud para convertirse en Autoridad Autónoma Indígena Originaria Campesina (AIOC) en la que se presentan pruebas de ascendencia y verificación de unidad económica, cultural e institucional. El siguiente paso es la elaboración de un estatuto de autonomía para su aprobación definitiva mediante referéndum.

Por otro lado, la ley establece que un Gobierno Regional Autónomo debe promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción a través de la regulación de políticas públicas departamentales (Ley 031 Art 7). La creación y conformación de nuevas unidades territoriales debe ser aprobada por ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actualmente existen tres Autoridades Indígenas Originarias Campesinas: Charagua Iyambe en el departamento de Santa Cruz, Uru Chipaya en Oruro, Raqaypampa en el departamento de Cochabamba y un Gobierno Autónomo Regional: Gran Chaco. 6 comunidades indígenas tienen Declaración Plena de Constitucionalidad (es decir, presentaron sus estatutos al Tribunal Constitucional Plurinacional y la población los aprobó en referéndum), pero sus estatutos están actualmente en proceso de aprobación.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
337 gobiernos autónomos municipales (gobiernos autónomos municipales) 3 autonomías indígenas originario campesinas (autonomías indígenas originario campesinas)	gobierno autónomo regional Gobierno autónomo regional (Gran Chaco)	departamentales autónomos gobiernos Gobiernos autónomos departamentales
Tamaño municipal medio: 34 226 hab.
340	1	9	350

DESCRIPCIÓN GENERAL: Bolivia está dividida administrativa y políticamente en nueve departamentos, una región y 340 municipios, tres de los cuales son comunidades indígenas originarias campesinas.

NIVEL REGIONAL: Los gobiernos departamentales autónomos están encabezados por una Asamblea departamental y un órgano ejecutivo presidido por un gobernador encargado de la ejecución (CPE Art. 277 y Ley 031 Art. 30). La Asamblea está compuesta por miembros elegidos por sufragio universal, miembros elegidos por representación proporcional y miembros elegidos por las comunidades indígenas originarias campesinas residentes en el departamento. El órgano ejecutivo, incluido el gobernador, es elegido por sufragio universal para un mandato de cinco años. Los nueve departamentos se dividen a su vez en 112 provincias que no constituyen gobiernos autónomos y son administradas por un subgobernador nombrado por el gobernador del departamento respectivo.

NIVEL INTERMEDIO: Las autonomías regionales corresponden a varias provincias o municipios con continuidad geográfica que atraviesan las fronteras departamentales y comparten la misma cultura, lengua, historia, ecología y/o ecosistemas. Una región constituye un área de planificación y gestión y está gobernada por una asamblea regional y un órgano ejecutivo nombrado por la asamblea regional y responsable de la ejecución de la planificación y la gestión (CPE Art. 281). Los miembros de la asamblea regional son elegidos en igual número por cada municipio junto con las listas de candidatos a concejales municipales. Las regiones disponen de escaños en la Asamblea departamental. Éstos se asignan a miembros elegidos por las comunidades indígenas originarias campesinas que viven en los municipios de la región (Ley 031 Art. 34). Hasta la fecha, sólo existe una región, la del Gran Chaco en el departamento de Tarija, que se independizó mediante referéndum en 2009.

NIVEL MUNICIPAL: Todos los municipios existentes en el país y los que se creen de acuerdo a ley tienen la condición de gobiernos autónomos municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo (Ley 031 Art. 33). La Carta Orgánica Municipal es la norma mediante la cual se regula el ejercicio de la autoridad del gobierno autónomo municipal, aunque su elaboración es facultativa. Los gobiernos autónomos municipales están integrados por un concejo municipal y un órgano ejecutivo, que es presidido por el alcalde elegido por sufragio universal (CPE Art. 283 y Ley 031 Art. 34). Los concejales municipales son elegidos cada cinco años en una votación separada de la del alcalde. El número de concejales varía entre 5 y 11 en función del tamaño del municipio. Además, algunos escaños se asignan mediante un sistema de listas de representación proporcional. Los gobiernos municipales autónomos se clasifican en 4 grupos según el tamaño de su población: Municipios A, con una población inferior a 5.000 habitantes; Municipios B, con una población entre 5.001 y 15.000 habitantes; Municipios C, con una población entre 15.001 y 50.000 habitantes; y Municipios D, que corresponden a municipios con más de 50.001 habitantes. Según el censo de 2012, los cuatro municipios con mayor población son las ciudades de Santa Cruz de la Sierra (1,5 millones de habitantes), El Alto (0,9 millones), Nuestra Señora de La Paz (0,8 millones) y Cochabamba (0,6 millones).

Por último, la Constitución boliviana reconoce a las comunidades indígenas originarias campesinas como autogobiernos que pueden ejercer la autodeterminación de acuerdo con sus normas y procedimientos y de conformidad con la Constitución (CPE Art. 290).

COOPERACIÓN HORIZONTAL: Dos o más municipios vecinos pueden fusionarse o asumir responsabilidades conjuntas comprometiendo los recursos necesarios. Los municipios de menos de 5.000 habitantes deben asociarse para acceder a los recursos de la coparticipación fiscal. En las áreas metropolitanas, la asociación de dos o más municipios se considera un instrumento de planificación. La ley también considera a los distritos municipales, definidos como unidades administrativas integradas a nivel territorial, dependientes del gobierno municipal, dentro de los cuales deben elaborarse planes de desarrollo humano sostenible (Ley 2028 de Municipalidades,1999 actualizada 2011, Art. 155-168).

La Constitución establece cuatro tipos de responsabilidades: soberanas, exclusivas, concurrentes y compartidas (CPE Art. 297). Las responsabilidades soberanas, es decir, aquellas cuya legislación, regulación y ejecución no se transfieren ni delegan, están reservadas al gobierno central. Las responsabilidades exclusivas determinadas por un único nivel de gobierno pueden transferirse a otros niveles de gobierno (por ejemplo, la gestión de residuos puede transferirse al nivel municipal). Las competencias concurrentes corresponden simultáneamente al gobierno central y a otros niveles de gobierno (por ejemplo, la construcción de carreteras comunitarias). Las competencias compartidas son aquellas cuya legislación básica corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuya legislación complementaria corresponde a los gobiernos subnacionales (por ejemplo, la creación o modificación de impuestos de los gobiernos subnacionales). A los gobiernos autónomos municipales también se les asignan competencias que van más allá de la prestación de servicios básicos como la educación y los servicios sanitarios, aunque la transferencia formal de responsabilidades aún no se ha producido. En cuanto a los gobiernos autónomos regionales, una vez constituidos, se les otorgan las competencias que se les transfieren o delegan (CPE Art. 301) sin especificación previa, estando éstas relacionadas con el objetivo de su creación.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Redactar su estatuto, recopilar y proporcionar estadísticas departamentales, conceder personalidad jurídica a las organizaciones sociales que desarrollan actividades en el departamento, crear y administrar impuestos, elaborar planes de ordenación y uso del territorio.	Redactar la Carta Orgánica Municipal, recopilar y proporcionar estadísticas municipales, creación y administración de impuestos y tasas, expropiación de bienes inmuebles de su jurisdicción por razones de interés público municipal, administración de fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos; convenios de asociación con otros municipios; planificación del desarrollo municipal.
2. Orden público y seguridad	Planes, programas y proyectos departamentales de seguridad civil. Prestar apoyo a las fuerzas policiales y a los centros penitenciarios. Seguridad ciudadana. Creación de órganos de conciliación ciudadana. Protección de cuencas de drenaje.	Planes, programas y proyectos de seguridad civil. Proporcionar apoyo a las fuerzas policiales y a las prisiones (responsabilidad compartida con el nivel departamental). Establecer y regular la policía municipal. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios a nivel municipal.
3. Asuntos económicos/transporte	Promoción y administración de proyectos hidráulicos, energéticos, de irrigación, de generación de energía y de transporte en sistemas aislados. Administración de puertos fluviales. Planificación, diseño, construcción, mantenimiento y administración de carreteras. Construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias. Transporte interprovincial terrestre, ferroviario y fluvial. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos. Servicios de sanidad y seguridad agrícola. Empresas públicas departamentales. Participación en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el territorio departamental. Elaboración y ejecución de planes departamentales de desarrollo económico y social. Promoción de la inversión privada en el departamento.	Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de caminos vecinales en coordinación con las comunidades indígenas originarias campesinas. Transporte urbano, registro vehicular, planificación y educación vial, administración y control del tránsito urbano. Proyectos de infraestructura productiva (compartida). Empresas públicas municipales. Sistemas de micro riego en coordinación con las comunidades indígenas. Participación en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con entidades nacionales del sector. Políticas locales de turismo.
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente y de la fauna. Control de la contaminación medioambiental. Conservación de suelos y recursos forestales. Administración de proyectos de tratamiento de agua potable y residuos sólidos con fuentes alternativas y renovables.	Protección del medio ambiente y de los recursos naturales, de la fauna salvaje y de los animales domésticos. Cuidado de las áreas protegidas municipales. Gestión de proyectos de energías alternativas y renovables. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
5. Vivienda y servicios comunitarios	Ordenación territorial departamentalElectrificación urbana y ruralVivienda y vivienda social.	Planes y registros de uso del suelo. Distribución de agua potable. Alumbrado público. Saneamiento urbano, gestión y tratamiento de residuos sólidos Infraestructuras y obras de interés público. Desarrollo urbano. Aprobación de las tasas correspondientes en su jurisdicción.
6. Salud	Gestión del sistema sanitario. Construcción de infraestructuras y dotación de equipos. Suministro de material médico a los hospitales.	Construcción de infraestructuras y dotación de equipos y suministros médicos para las ciudades. Controles de salud alimentaria humana y animal
7. Cultura y ocio	Promoción del deporte. Promoción y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, material e inmaterial del departamento. Vigilancia del patrimonio artístico y arquitectónico.	Promoción del deporte (compartido). Promoción y conservación del patrimonio municipal cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible. Promoción de la cultura y de las actividades artísticas. Espectáculos públicos y juegos recreativos. Publicidad urbana.
8. Educación	Gestión del sistema educativo. Construcción de infraestructuras escolares. Servicios básicos y suministro de material educativo.	Construcción de infraestructuras escolares. Servicios básicos y suministro de material escolar y alimentos.
9. Protección social	Promoción y aplicación de proyectos y políticas para niños, adolescentes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.	Control de la calidad y la salud en la producción, el transporte y la venta de productos alimentarios. Promoción y aplicación de proyectos y políticas para niños, adolescentes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.

Alcancede los datos financieros: Municipios y departamentos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: La Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos subnacionales en la administración de los fondos subnacionales y garantiza que dichos fondos no se centralizarán en el Tesoro Nacional (Art. 340). Sin embargo, también estipula que todas las responsabilidades transferidas a los gobiernos subnacionales deben ir necesariamente acompañadas de la identificación de fuentes de ingresos para su financiación. Así, se establece que los presupuestos subnacionales serán elaborados por cada gobierno subnacional (Art. 321 y 340); pero el gobierno central es el encargado de determinar la formulación del presupuesto y establece el límite máximo de gasto para los gobiernos subnacionales (Ley 031).

La financiación subnacional en Bolivia está regulada por la Constitución y la Ley 154 de Clasificación y Definición de Tributos y Reglamento para la Creación y/o Modificación de Tributos de los Gobiernos Subnacionales. Los gobiernos subnacionales tienen la potestad de aprobar, modificar o derogar los tributos de su jurisdicción (Art. 299 y Art. 323).

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	683	8.3%	22.5%	100.0%
Incl. gastos corrientes	360	4.4%	14.1%	52.7%
Gastos de personal	139	1.7%	11.6%	20.3%
Consumo intermedio	24	0.3%	7.5%	3.5%
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	41	0.5%	4.7%	5.9%
Gastos financieros	10	0.1%	12.0%	1.4%
Otros	148	0.1%	-	21.6%
Incl. gastos de capital	324	3.9%	66.5%	47.3%
Transferencias de capital	15	0.2%	-	2.2%
Inversión directa (o FBCF)	308	3.7%	64.5%	45.1%

GASTOS: En 2020, el gasto total del gobierno subnacional ascendió al 22,5% del gasto público total, lo que representa el 8,3% del PIB. Los gastos de capital tuvieron la mayor incidencia, representando el 66,5% del gasto total de capital del gobierno general -23,4% a nivel departamental y 43,1% a nivel municipal. Sin embargo, este gasto corresponde en la mayoría de los casos a proyectos financiados por transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), es decir, recursos del gobierno central o préstamos de organismos internacionales bajo supervisión del gobierno central.

En 2020, tanto los gastos corrientes como los de capital disminuyeron debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la disminución de los gastos de capital fue mucho mayor, lo que modificó la estructura del gasto. En 2020, los gastos de capital representaron el 47,3% del gasto total de los gobiernos subnacionales, en relación a más del 50% en periodos anteriores (casi el 70% en 2016).

En 2020, los gastos de personal representaron alrededor del 40% de los gastos corrientes de los gobiernos subnacionales y algo más del 20% de sus gastos totales.

INVERSIÓN DIRECTA: Con un 45,1% del gasto total, la inversión directa representó la mayor partida de gasto de los gobiernos subnacionales en 2020. Sin embargo, en el contexto de la crisis COVID-19, también fue el gasto que registró el mayor descenso. Así, la inversión departamental disminuyó un 41,4% respecto al año anterior y la de los municipios un 47,0%. Los departamentos sólo ejecutaron el 76,9% de lo presupuestado y los municipios el 77,2%. Las áreas económicas donde se produjeron los principales retrasos en la ejecución fueron la inversión pública en transporte, urbanismo y vivienda. La pavimentación y asfaltado de carreteras, el asfaltado de calles, y la construcción de terminales de autobuses y viviendas, fueron aplazados y están parcialmente programados para 2022.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
2020 - GG no consolidado	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	803	9.7%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	157	1.9%	36.8%	19.6%
2. Defensa	-	-	-	-
3. Orden público y seguridad	11	0.1%	36.3%	1.4%
4. Asuntos económicos/transporte	175	2.1%	64.2%	21.8%
5. Protección del medio ambiente	21	0.3%	78.7%	2.6%
6. Vivienda y servicios comunitarios	29	0.4%	78.3%	3.6%
7. Salud	286	3.5%	71.6%	35.6%
8. Ocio, cultura y religión	15	0.2%	11.9%	1.9%
9. Educación	49	0.6%	41.2%	6.1%
10. Protección social	61	0.7%	94.5%	7.5%

En 2020, el gasto de los gobiernos subnacionales por clasificación funcional se concentró en sanidad y asuntos económicos, con un 35,6% y un 21,8% del gasto subnacional total respectivamente. El gasto en sanidad es el área que registró un mayor incremento en respuesta a la pandemia. Los problemas de consolidación no permiten establecer porcentajes fiables del gasto subnacional en relación con el gasto público total por clasificación funcional. Sin embargo, cabe señalar que, dentro del gasto público total, el gasto en protección medioambiental, vivienda y servicios comunitarios, sanidad y protección social siguió siendo el principal foco de atención del gasto de los gobiernos subnacionales.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	671	8.1%	34.3%	100.0%
Ingresos fiscales	386	4.7%	36.1%	57.6%
Donaciones y subvenciones	122	1.5%	-	18.2%
Tarifas y tasas	45	0.5%	-	6.7%
Ingresos provenientes de los activos	79	1.0%	-	11.7%
Otros ingresos	39	0.5%	-	5.9%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Los gobiernos subnacionales de Bolivia financian sus gastos principalmente a través de los impuestos recaudados a nivel nacional que se transfieren directamente a los municipios y departamentos, y de las regalías (compensación económica obligatoria a favor de los departamentos productores por la explotación de sus recursos naturales no renovables). Los principales impuestos transferidos a los gobiernos subnacionales incluyen el impuesto sobre los hidrocarburos y los impuestos de coparticipación como el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre las transferencias y el impuesto sobre la renta de las sociedades. Los municipios también recaudan sus propios ingresos fiscales que, en la mayoría de los casos, apenas representan el 20% de sus ingresos.

INGRESOS FISCALES: En 2020, los ingresos fiscales representaron el 4,7% del PIB y el 57,6% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales. De este porcentaje, más del 80% correspondió a transferencias realizadas por el gobierno central, siendo la más importante el impuesto al valor agregado (que representa el 24,1% del total de ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales). El principal ingreso tributario de los gobiernos subnacionales es el impuesto a la propiedad, que representa el 19% del total de ingresos subnacionales, lo que significa que cada habitante contribuye con un promedio de 74 USD PPA por año. El municipio que más ingresos recaudó en 2020 fue La Paz (sede del gobierno), seguido de Santa Cruz (el municipio más poblado). El gobierno municipal de La Paz concedió un descuento del 10% como incentivo por el pronto pago de los impuestos municipales en 2019 y entre el 18% y el 28% para 2020.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Las donaciones y subvencionesrepresentan el 18,2% del total de los ingresos de los gobiernos subnacionales. Estos ingresos son transferencias de capital del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y transferencias del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), que pueden consistir en ingresos del gobierno central o en préstamos y donaciones de organismos internacionales y países. En 2020, el departamento de Cochabamba fue el que recibió la mayor cantidad de ingresos por transferencias de capital.

OTROS INGRESOS: Los otros ingresos incluyen los ingresos de explotación procedentes de la venta de bienes y servicios gestionados por los gobiernos subnacionales, los ingresos financieros y otros ingresos no fiscales. Estos otros ingresos representan alrededor del 25% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
2020	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	259	3.1%	5.4%	100.0%	-
Deuda financiera	259	3.1%	7.7%	100.0%	100.0%
Dinero legal y depósitos	99	-	-	38.4%	38.4%
Bonos/Títulos de deuda	4	-	-	1.6%	1.6%
Préstamos	156	-	-	60.0%	60.0%
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Los presupuestos de los gobiernos subnacionales se rigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de los gobiernos municipales y departamentales y el presupuesto general del gobierno. Los gobiernos subnacionales deben garantizar la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo y deben mantener todos sus recursos financieros en cuentas corrientes fiscales. Los gobiernos locales y regionales deben aprobar sus presupuestos de acuerdo con el principio de equilibrio presupuestario y están sujetos a los topes fiscales globales establecidos de acuerdo con el marco tributario determinado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Ley 031 Art 114).

DEUDA: En 2020, la deuda viva total de las administraciones subnacionales representaba el 3,1% del PIB y el 5,4% de la deuda pública total.

La Ley 2042 de Administración Presupuestaria establece las normas generales que rigen el proceso de administración presupuestaria para cada ejercicio fiscal (Ley 2042 Art 1). El artículo 35 de esta ley establece que las entidades públicas autónomas deben sujetarse a los siguientes límites de endeudamiento: (i) el monto comprometido anualmente para el servicio de la deuda, o SD, (amortización de capital, intereses y comisiones) no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes recaudados en el ejercicio fiscal anterior; (ii) el valor presente de la deuda total, o VP, no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes recurrentes recaudados en el ejercicio fiscal anterior; y (iii) actualmente la ley prohíbe la contratación de deuda no concesional salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Hacienda y Crédito Público.

Entre 2013 y 2019, los gobiernos departamentales mantuvieron sus niveles de deuda por debajo del límite; sin embargo, en 2020 el Departamento de Chuquisaca superó el VP del 20% de los ingresos corrientes. En cuanto al servicio de la deuda, el Departamento de Pando se encuentra en el límite del 20% de los ingresos corrientes del año anterior. Dentro de los municipios, en 2020, 5 municipios superaron el límite del VP, y 7 municipios superaron el límite del SD.

Gran parte de la deuda corresponde a préstamos internos del gobierno central y fondos de desarrollo. El único gobierno subnacional que emitió bonos es la ciudad de La Paz en 2018. Las Autoridades Indígenas no emitieron deuda, mientras que el Gobierno Regional del Gran Chaco solicitó el registro para operaciones de crédito público en 2019 con el fin de contraer deuda con el FNDR.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS : La crisis pandémica del COVID-19 generó efectos adversos en todos los niveles de gobierno del mundo. Bolivia no fue la excepción. El primer caso confirmado de COVID-19 se produjo el 11 de marzo de 2020 y el 21 de marzo se declaró una política nacional de confinamiento estricto. La cuarentena rígida duró 5 meses hasta el 31 de agosto de 2020, cuando se estableció una fase de "cuarentena dinámica y condicional". En esta nueva fase, los gobiernos departamentales y municipales se encargaron de definir las medidas para suavizar las restricciones de movilidad en función del número de infecciones confirmadas. Aunque las nuevas medidas fueron determinadas por los gobiernos subnacionales, el gobierno central propuso una estrategia de confinamiento según los índices de riesgo determinados por el Ministerio de Salud.

El 8 de abril de 2020, mediante la Resolución Ministerial 0193, el Ministerio de Salud creó el Comité Científico Nacional del COVID-19 para asesorar en temas críticos, el desarrollo de protocolos para especialidades médicas y la generación de normas como las guías oficiales del Ministerio de Salud para el manejo del coronavirus. El Comité está integrado por los presidentes de las Sociedades Científicas que forman parte del Colegio Médico de Bolivia y otras instituciones, como el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos, y representantes de las universidades públicas y privadas, haciendo un total de casi 40 instituciones. También forman parte de este comité delegados de las diferentes direcciones técnicas del Ministerio de Salud, bajo la presidencia del Viceministro de Salud y Promoción.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Las medidas de emergencia para luchar contra la crisis pandémica fueron establecidas por el gobierno central, que introdujo medidas económicas nacionales como el aplazamiento del pago de créditos en el sistema financiero, la prórroga del pago de impuestos y medidas sociales para transferir recursos a la población sin ingresos regulares.

A nivel subnacional, las medidas se centraron en la asignación de recursos para equipos médicos y suministros médicos para hospitales, la compra de trajes de bioseguridad, mascarillas, lavandería, limpieza y fumigación de calles y mercados, entre otros. Algunos municipios también proporcionaron paquetes de alimentos a las familias más vulnerables. Además, los gobiernos subnacionales se encargaron de la adquisición de pruebas rápidas y de la distribución de botiquines básicos.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES: Desde 2014, los gobiernos subnacionales presentan déficits en sus balances debido a la disminución de los ingresos, principalmente por la menor recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH o Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Aunque los gobiernos subnacionales siguieron presentando déficits fiscales en 2020, el déficit fue inferior a la media de los años anteriores.

Los ingresos fueron inferiores a los del año anterior, debido principalmente a la desaceleración económica y a la disminución de la actividad económica. Los departamentos experimentaron reducciones principalmente en los ingresos patrimoniales (regalías) y en los ingresos fiscales (predominantemente impuestos sobre los hidrocarburos). Además, los municipios mostraron reducciones debidas principalmente a la caída de las transferencias del nivel central por la reducción de la recaudación de los impuestos de coparticipación. En 2020 se aplicaron medidas fiscales para reducir el impacto de la pandemia, como prórrogas, aplazamientos, exenciones, liberaciones, reducción del tipo básico, reconocimiento excepcional de créditos fiscales y deducciones en el impuesto de sociedades. Estas medidas, junto con la recesión económica, provocaron una fuerte caída de los ingresos. Sin embargo, a través de la Ley 1307 se reasignó un mayor porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a municipios, departamentos y universidades públicas para enfrentar la emergencia, y se transfirieron recursos adicionales a través de la Ley 1293 de Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por Coronavirus (COVID-19).

Los gastos adicionales de los gobiernos subnacionales en respuesta al COVID-19 se destinaron a la compra de bienes y servicios. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales gastaron un total de 806 millones de bolívares (14,8% del gasto departamental total) y 328 millones de bolívares (2,1% del gasto municipal total) respectivamente en 2020 para prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Los principales gastos de los gobiernos subnacionales se destinaron a equipos médicos y de laboratorio y a la compra de suministros médicos. En general, los gastos corrientes disminuyeron tanto en los gobiernos departamentales como en los municipales, debido principalmente a la reducción de los gastos en servicios personales, servicios no personales y bienes de consumo por el cese de actividades. Los gastos de capital registraron el mayor descenso como consecuencia de la paralización de los proyectos de inversión pública.

PLANES DE ESTIMULO ECONÓMICO Y SOCIAL: A partir del ejercicio fiscal 2021 se iniciaron políticas centradas en el gasto de los hogares y la inversión pública como paquete de estímulo económico. Para incentivar el gasto de los hogares como primera medida de reactivación, se creó el "Bono contra el Hambre" de Bs 1 000 (~USD 380 PPA) para las personas que no tuvieron ingresos fijos en el año anterior, además de la devolución parcial o total de los aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones ( AFP). La devolución era total sólo si el ingreso ahorrado en la cuenta de la AFP era menor a Bs 10 000 (~USD 3 800 PPP), de lo contrario era del 15% del monto ahorrado hasta un máximo de Bs 15 000 (~USD 5 700 PPP).

En cuanto a la inversión pública, se continuaron los proyectos que habían quedado en suspenso y se iniciaron otros nuevos con el objetivo de alcanzar unas tasas medias de crecimiento del 5,1% en los próximos cinco años (Plan de Desarrollo Económico y Social, 2021-2025).