ANGOLA

Según su Constitución, aprobada en 2010 y revisada por última vez en 2021, Angola es una república y un Estado unitario con un sistema presidencial. El gobierno angoleño está formado por tres poderes separados: legislativo, ejecutivo y judicial. El presidente, "la persona que encabeza la lista nacional del partido político o coalición de partidos políticos más votada en las elecciones generales" (Art. 109), es el jefe del Estado y del poder ejecutivo, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas angoleñas. Estas tres funciones confieren al presidente angoleño un gran poder político, que incluye la responsabilidad de nombrar y la posibilidad de destituir a todos los ministros, gobernadores provinciales, así como a todos los jueces del sistema judicial. Desde el punto de vista legislativo, la Asamblea Nacional angoleña es un parlamento unicameral de miembros elegidos por "sufragio universal y periódico por los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años".

La Constitución de la República de Angola (CRA) establece que "la administración pública se estructurará sobre la base de los principios de simplificación administrativa" (Art. 199). La descentralización administrativa se ha convertido en un tema importante dentro de la sociedad civil angoleña. La CRA establece que Angola "respetará los principios de autonomía de los órganos locales de poder y de desconcentración y descentralización administrativa" (Art. 8).

A nivel local, compuesto por provincias y municipios, el gobierno se estructura en base al principio de desconcentración política y administrativa, y de simplificación de los procesos administrativos. (CRA, Art. 213; Ley Nº. 15/16 de 12 de septiembre de 2016; Decreto Presidencial Nº. 202/19 de 25 de junio de 2019). La CRA reconoce el "derecho y la capacidad efectiva de las autoridades locales de gestionar y dictar reglamentos para los asuntos públicos locales" (Art. 214). También reconoce a las autoridades tradicionales y otras formas específicas de participación ciudadana" (Art. 213), pero aún no se han publicado leyes que regulen estos principios.

En mayo de 2018, el Consejo de Ministros angoleño aprobó un paquete legislativo con proyectos de Ley Orgánica sobre la Organización y Funcionamiento de las Autoridades Locales (Autarquias Locais), Elecciones Locales, Finanzas Locales y Transferencia, Atribuciones y Competencias a las Autoridades Locales, cuyo objetivo es profundizar en la descentralización y la autonomía de los gobiernos subnacionales. Además de aprobar estos seis proyectos de ley, el Consejo encargó al Ministerio de Administración Territorial y Reforma del Estado la realización de una consulta pública sobre la legislación. En octubre de 2019, el Parlamento angoleño convirtió en ley la legislación (Ley Nº. 27/19), que establecía los principios y normas para la organización de las autoridades locales autónomas (autarquias locais).

La CRA define las autarquias locais como órganos territoriales corporativos elegidos que representan a las respectivas poblaciones locales. Mientras que los actuales administradores municipales son nombrados por el gobernador de su provincia, los presidentes de las autarquias locais serán elegidos libremente por la población local.

Aunque están previstas para 2020, todavía no se han organizado las elecciones locales para elegir a los primeros representantes de las autarquias locais, incluido el presidente. Según el marco jurídico actual, en Angola los gobiernos subnacionales no tienen ningún poder legislativo, lo que les hace completamente dependientes de la Asamblea Nacional para todas las políticas y programas. Las administraciones municipales siguen siendo muy dependientes financieramente del Tesoro Nacional y de las delegaciones provinciales del Ministerio de Finanzas.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel municipal [1]	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
164 municipios (municípios)		18 provincias (províncias)
Tamaño medio de los municipios 200 404 habitantes
164		18	182

[1] Nombre y número de entidades submunicipales:
518 municipios
44 distritos urbanos

DESCRIPCIÓN GENERAL: Angola está "organizada territorialmente en provincias y, posteriormente, en municipios". Los municipios se subdividen encomunas rurales (comunas) y distritos urbanos en las ciudades. Angola también cuenta con niveles administrativos submunicipales, que incluyen las aldeas y los barrios (bairros), cuya definición es competencia del poder ejecutivo o del ministro de Administración Territorial, por delegación del presidente (Ley 15/16 de 12 de septiembre de 2016).

Angola está dividida en 18 provincias y 164 municipios, estos últimos comprenden 518 comunas y 44 distritos urbanos. La Ley 18/16 de 17 de octubre de 2016 modificó la división política y administrativa de la provincia de Luanda, capital de Angola, ampliando la superficie de la provincia y cambiando el estatus de algunas localidades.

NIVEL REGIONAL: Los gobernadores provinciales son nombrados actualmente por el presidente de la república, ante quien son responsables política e institucionalmente. Son responsables del nombramiento y la destitución de los administradores municipales y los administradores municipales adjuntos (Decreto Presidencial 202/19). Por lo tanto, todos los gobernadores provinciales están afiliados al actual partido político gobernante.

En 2021, el presidente angoleño abrió un proceso de consulta pública (Decreto Presidencial 104/21) sobre la alteración de la división político-administrativa de cinco provincias: Cuando Cubango, Lunda Norte, Moxico, Malanje y Uíge. Las tres primeras son geográficamente grandes pero tienen poca población. Debido a la asignación de 5 escaños parlamentarios por provincia, la nueva propuesta desplazará aún más el peso político de los votantes individuales hacia las regiones más remotas del país y las alejará de las zonas urbanizadas de alta densidad. La consulta a los ciudadanos incluyó la definición del número de nuevas provincias resultantes del cambio en la división político-administrativa de los municipios, el establecimiento de hitos fronterizos entre provincias, la denominación de las provincias, así como la definición de las capitales provinciales. De momento, los resultados aún no se han publicado.

NIVEL MUNICIPAL: A nivel municipal, el administrador municipal es el representante del gobierno central y es nombrado por el gobernador provincial. Los funcionarios de la administración pública son nombrados políticamente o contratados a través de una solicitud de empleo regular del gobierno. En 2020 se creó la Escuela Nacional de Administración y Políticas Públicas (ENAPP) como Entidad Única de Contratación de Personal de la Administración Central del Estado. La ENAPP gestionará la realización de concursos públicos para la admisión de empleados en la Administración Pública. El Gobierno pretende garantizar la despolitización de los nombramientos e introducir la objetividad y la imparcialidad en la contratación pública de funcionarios (Decreto Presidencial N 207/20).

La puesta en marcha de las autarquias locais no sólo afectará a la forma en que se forman los órganos de gobierno local, sino también a su funcionamiento. De hecho, los principales administradores de las autarquias locais, incluidos los miembros de la asamblea del consejo, la cámara y el presidente, ya no serán designados políticamente por miembros del gobierno central, sino elegidos localmente por el pueblo.

Las recientes políticas de descentralización pretenden transferir responsabilidades de los niveles central y provincial a los municipales. Como señalan la organización no gubernamental ADRA - Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (Acción para el Desarrollo Rural y el Medio Ambiente ) y UNICEF, "los retrasos en la aplicación pueden atribuirse a la reticencia de algunos niveles superiores de gobierno a renunciar a su autoridad, así como a la existencia de algunos solapamientos innecesarios y duplicaciones de responsabilidades que provocan retrasos y gastos inútiles".

Según el Decreto Presidencial 20/18 de 29 de enero de 2018, los gobernadores provinciales son responsables de la planificación y gestión de la educación y la enseñanza, la sanidad, la energía, el transporte y las vías de comunicación, la ordenación del territorio y el urbanismo, la construcción, conservación y mantenimiento de carreteras, el medio ambiente, el agua y el saneamiento básico, la promoción del desarrollo integrado, el patrimonio, la ciencia, la cultura y el turismo, la acción social, el tiempo libre y el deporte.

El nuevo marco legal sobre autarquias locais asigna 15 tareas y competencias principales a los gobiernos municipales, que van desde la energía, el transporte y las comunicaciones, la educación y la sanidad hasta la protección civil.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Edificios e instalaciones públicas; Supervisión de institutos públicos y empresas importantes	Edificios e instalaciones públicas
2. Orden público y seguridad	Apoyo al gobierno central para garantizar la seguridad pública	Policía municipal; Defensa civil
3. Asuntos económicos/transporte	Promoción y orientación del desarrollo socioeconómico	Promoción del desarrollo económico; Energía
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente; Saneamiento
5. Vivienda y servicios comunitarios	Planificación provincial	Planificación municipal y urbana; Provisión de viviendas
6. Salud		Asistencia sanitaria primaria (centros médicos)
7. Cultura y ocio		Instalaciones deportivas; Instalaciones culturales y científicas
8. Educación	Escuelas primarias	Escuelas primarias y secundarias
9. Protección social	Apoyo social	Promoción del desarrollo social

Alcance de los datos financieros: municipios

Ministerio de Finanzas

Disponibilidad de datos financieros: Baja

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Baja

INTRODUCCIÓN GENERAL: Tres decretos presidenciales emitidos en 2018 definen el marco fiscal subnacional y la relación con el gobierno central: Decreto Presidencial 40/18 de 9 de febrero, Decreto Presidencial 47/18 de 14 de febrero y Decreto Presidencial 89/18 de 9 de abril.

Angola tiene un control muy centralizado de todo el gasto público. Sin embargo, la Ley 27/19 de 25 de septiembre de 2019, al tiempo que establece los principios y normas de organización y funcionamiento de las autoridades locales, descentraliza aún más las responsabilidades fiscales y otorga a las autoridades locales una mayor autonomía para recaudar impuestos locales.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	94	1.5%	3.7%	100.0%
Incl. gastos corrientes	-	-	-	-
Gastos de personal	-	-	-	-
Consumo intermedio	-	-	-	-
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Incl. gastos de capital	-	-	-	-
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	-	-	-	-

GASTOS: En 2020, el gasto municipal total ascendió a 94 USD PPA/habitante, lo que representa el 1,5% del PIB y el 3,7% del gasto público total.

Los gastos municipales han aumentado ligeramente en los últimos años, en torno a un 15% entre 2017 y 2020, y se espera que aumenten una media del 10% en términos nominales en 2021 con respecto a 2020, según las estimaciones presupuestarias actuales. Sin embargo, se mantienen estables como porcentaje del PIB, e incluso están disminuyendo como porcentaje del gasto público total.

INVERSIÓN DIRECTA: Las administraciones municipales están adquiriendo progresivamente más responsabilidad para supervisar los proyectos y programas de inversión local, así como la responsabilidad de elaborar programas locales específicos. En 2019, el Gobierno aprobó el Plan Integrado de Intervención en Municipios (PIIM) destinado a financiar las acciones de Inversión Pública (PIP), los Gastos de Apoyo al Desarrollo (GAD) y las Actividades Básicas (Act). El PIIM faculta a los 164 municipios a poner en marcha diversos programas sociales y de infraestructuras para frenar el éxodo rural y promover un crecimiento económico, social y regional más integrador. En 2020, el PIIM movilizó 60 735 millones de KZ (381 millones de USD PPA o 11,6 USD PPA/habitante) para financiar proyectos de desarrollo local.

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El Presupuesto General del Estado angoleño divide los gastos del país en cuatro grupos diferentes, a saber: gastos por naturaleza económica (categoría), gastos por función económica, gastos por localización y gastos por programa. Alrededor del 16% del presupuesto general del Estado se asigna a los territorios. Aunque no se dispone del desglose de los gastos subnacionales por categorías funcionales, sí se dispone de cierta información sobre su distribución geográfica: en 2020, el grueso de los gastos territoriales se centró en la provincia de Luanda (23,1% de los gastos territoriales), seguida de Bié (14,5%), Cuanza Norte (9,1%), Malange (6,5%), Cabinda (6,0%) y Benguela (5,9%). La provincia de Cunene tuvo la asignación presupuestaria más baja para el año 2020 (1,7%), seguida de Lunda Sul (1,8%) y Cuando Cubango (1,9%).

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DESCRIPCIÓN GENERAL: El marco financiero de Angola está gestionado por el Ministerio de Finanzas, cuya misión es proponer, conducir, ejecutar y evaluar la política de finanzas públicas, así como aplicar las políticas de inversión pública. A través de la Administración General Tributaria (AGT), el gobierno central recauda ingresos para el Estado y garantiza el control aduanero. Algunos de los impuestos recaudados por la AGT son compartidos entre los gobiernos municipales y el gobierno central.

Los gobiernos subnacionales tienen una autonomía limitada sobre la financiación local, a pesar de las recientes medidas para devolver la autoridad financiera a los gobiernos locales.

INGRESOS FISCALES: Los ingresos de los gobiernos subnacionales proceden tanto de los ingresos fiscales compartidos (impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto de sociedades del grupo B, impuesto sobre bienes inmuebles, etc.) como de tasas municipales de diversa índole (tasa por el uso de bienes públicos, conexión a la red de alcantarillado, tasas de enterramiento, tasa de tasación por cada proyecto de construcción de cualquier tipo, etc.).

Según el Decreto Presidencial 40/18, el 70% del impuesto sobre la renta de las personas físicas; el 70% del impuesto sobre la renta de los asalariados; el 50% del impuesto de sociedades B; el 70% del impuesto sobre la propiedad urbana; y el 100% del impuesto sobre las ventas (excepto el impuesto sobre las ventas recaudado sobre las importaciones) corresponden a las administraciones municipales.

Desde 2018, las administraciones locales disponen de nuevas competencias para administrar y recaudar los impuestos y tasas de varios servicios prestados por las administraciones locales, mejorando así sus ingresos. El Ministerio de Finanzas creó el "Portal do Munícipe'' para facilitar la recaudación digital de estos impuestos y tasas y garantizar la devolución de los ingresos recaudados por los servicios públicos prestados por las administraciones locales a las propias administraciones locales.

El nuevo Código del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2020 (Ley 20/20 de 9 de julio) prevé la recaudación de impuestos sobre los edificios urbanos y rurales y otras formas de bienes inmuebles. Se espera que las autoridades locales cooperen en la evaluación del valor de todos los edificios situados en su jurisdicción y envíen la información a la Administración Tributaria. Los impuestos sobre la propiedad gravan tanto el valor como los ingresos de los edificios, así como una tasa sobre las transferencias de dichas propiedades. En cuanto al impuesto recurrente sobre el valor de los edificios, para las propiedades con un valor de hasta 5 000 000 KZ, (~ 30 000 USD PPA) se aplica un tipo impositivo del 0,1%; cuando el valor de la propiedad es superior a 6 000 000 KZ, (~ 38 000 USD PPA) el tipo es del 0,5%. Para los impuestos sobre los terrenos reservados para la construcción, se aplica un tipo impositivo del 0,6%; para los edificios arrendados, un tipo impositivo del 25%; y para la transferencia de bienes inmuebles, un tipo impositivo del 2%. Los gobiernos subnacionales no tienen poder legislativo, por lo que el tipo impositivo se fija a nivel del gobierno central.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: El Decreto Presidencial 40/18, promulgado en 2018, determina que un porcentaje de los ingresos locales se canalice hacia un Fondo de Apoyo Municipal, cuya misión es redistribuir los ingresos para reducir las asimetrías municipales. El porcentaje de la contribución municipal al fondo es definido anualmente tanto por el Ministerio de Finanzas como por el Ministerio de Administración Territorial y Reforma del Estado.

Una innovación significativa en 2019 ha sido la publicación de la legislación nacional (Decreto Presidencial 234/19 de 22 de julio) sobre presupuestos participativos (PP), que asigna el valor anual de 25 000 000 KZ (~ 157 000 USD PPP) a cada municipio para implementar los presupuestos participativos en su jurisdicción.

En Angola, el Presupuesto Participativo se divide en Presupuesto Ciudadano y Presupuesto Participativo de la Administración Municipal. Por un lado, el Presupuesto Ciudadano es la cantidad de dinero que el jefe del poder ejecutivo asigna al Presupuesto de la Administración Municipal a través del Presupuesto General anual del Estado. El Presupuesto Ciudadano comprende las siguientes fases: presentación, análisis y aprobación de propuestas. Este dinero sirve para financiar proyectos seleccionados libremente por los ciudadanos locales. Por otro lado, el Presupuesto Participativo de la Administración Municipal es el presupuesto cuyo proceso de elaboración y aprobación se desarrolla con la participación de los ciudadanos. Este tipo de presupuesto comprende tres fases diferentes facilitadas por las administraciones municipales y en las que participan los ciudadanos locales. Las fases son: a) el estudio de prioridades; b) la elaboración de propuestas; y c) la aprobación final de las propuestas. El país comenzó a aplicar el PB en 2021 y 2022. Estos recursos se utilizan principalmente para financiar inversiones de capital.

OTROS INGRESOS: Según el Decreto Presidencial 40/18, las fuentes adicionales de ingresos para los gobiernos subnacionales de Angola pueden incluir las siguientes tasas: tasas de publicidad, mercados, tiendas, ferias; tasas de licencias para actividades en terrenos rurales, agrícolas o forestales, registro y licencia de animales domésticos y otros animales, higiene pública, así como tasas sobre actividades relacionadas con el tráfico, como el aparcamiento y el permiso de conducir.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: En Angola, sólo la Asamblea Nacional y, en muchos casos, el presidente tienen poder para promulgar leyes que modifiquen las normas fiscales. Los gobiernos subnacionales se rigen por las mismas normas presupuestarias y contables que el gobierno central. Los presupuestos de los gobiernos subnacionales se asignan a través del Presupuesto Nacional, que suele incluir una sección en la que se describe el presupuesto asignado a los gobiernos provinciales y a los proyectos locales por los diferentes ministerios.

El nuevo Régimen Financiero Local del Portal do Municipe pretende sustituir en el futuro a la Cuenta Única del Tesoro, dando a los municipios más autoridad sobre el sistema financiero local.

DEUDA: Actualmente, el Ministerio de Finanzas supervisa todos los contratos de empréstito, ya sean internacionales o nacionales, y gestiona la deuda nacional. Los gobiernos subnacionales no tienen autoridad para contraer deuda. En el futuro, las autarquías locales elegidas deberían tener una mayor autonomía financiera y poder emitir instrumentos de deuda, como bonos municipales, si lo aprueba la autoridad ejecutiva central.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Tras la confirmación de los primeros casos positivos de COVID-19, el 21 de marzo de 2020, el presidente creó la Comisión Multisectorial para la Prevención y la Lucha contra el COVID-19 para gestionar y coordinar las actividades de los diferentes organismos y servicios del Estado en torno a la contención de la pandemia de COVID-19. La Comisión está coordinada por los ministros de Estado y Jefe del Área de Seguridad y Social junto con otros diez ministros, entre ellos el ministro de Sanidad y el ministro de Administración Territorial.

En 2020 se emitieron más de ocho decretos presidenciales para gestionar la crisis. El 25 de marzo de 2020, el presidente declaró el estado de emergencia nacional durante 15 días, una medida que fue revisada, ampliada y finalmente suspendida con el paso del tiempo. El 26 de marzo de 2020, se aprobó el Decreto Presidencial 82/20 para definir las medidas excepcionales y temporales para prevenir y controlar la propagación de la pandemia en todo el país. El decreto impuso algunas restricciones a la libertad de movimiento de las personas, prohibiendo temporalmente la circulación y permanencia de personas en las vías públicas, salvo para los desplazamientos necesarios y urgentes. El decreto también estableció una cuarentena sanitaria nacional y provincial que prohibía la entrada y salida del país por cualquier medio, con excepción de la entrada y salida de bienes y servicios esenciales, la ayuda humanitaria y la entrada y salida de pacientes en caso de extrema necesidad y urgencia. La cuarentena provincial prohibía la circulación interprovincial. Para garantizar el cumplimiento por parte de la población, se autorizó el uso de los Órganos de Defensa y Seguridad, incluidas las fuerzas del Ejército Nacional y la Policía. Se encargó al Ministerio de Sanidad que creara las condiciones para la requisa civil de nuevos médicos y enfermeras y su posterior incorporación para ayudar a gestionar la crisis.

A diferencia de países federales africanos como Nigeria, la gestión de la crisis del COVID-19 en Angola estuvo muy centralizada en torno a la Comisión Multisectorial, lo que hizo que todas las provincias dependieran de las órdenes de Luanda. Los gobiernos subnacionales estaban obligados a ayudar a hacer cumplir no sólo la cuarentena provincial, sino también la nacional, especialmente en las provincias fronterizas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: El Decreto Presidencial 98/20 del 9 de abril aprobó las "Medidas inmediatas para paliar los efectos económicos y financieros negativos" causados por la pandemia. Se adoptaron diversas medidas de apoyo a las empresas, entre ellas la prórroga hasta el 29 de mayo de 2020 del plazo para la liquidación definitiva de las obligaciones declarativas del impuesto industrial para determinadas empresas. Además, se ordenó al Fondo de Apoyo al Desarrollo Agrario (FADA), al Banco de Desarrollo de Angola (BDA) y al Fondo Activo de Capital de Riesgo (FACRA) que pusieran a disposición líneas de crédito para financiar diversas actividades, como las explotaciones familiares, las compras a operadores comerciales y la distribución de una serie de productos agrícolas nacionales, financiar las compras de las cooperativas familiares y de los pequeños y medianos empresarios agrícolas.

Por otro lado, se han tomado medidas de ayuda para los hogares y el sector informal de la economía. El Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer ha puesto a disposición recursos por un total de 315 millones de kz (~ 2 millones de dólares PPA) para iniciar la primera fase del Programa de Transferencia Social de Efectivo en mayo de 2020 para 1,6 millones de familias vulnerables. Los gobiernos provinciales desarrollaron campañas de distribución de bienes básicos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Se prohibió a las empresas de distribución de agua y electricidad cortar el suministro de agua y energía a los clientes con dificultades para pagar sus facturas a partir de abril de 2020.

La oficina de UNICEF en Angola desempeñó un papel importante en la aplicación de las medidas de emergencia. Desarrolló e implementó un plan de respuesta alineado con el Plan Estratégico Mundial de Respuesta Humanitaria (SRP) 2020 de la OMS, los Planes de Preparación y Respuesta de los países y el llamamiento COVID-19 de Acción Humanitaria para la Infancia 2020 de UNICEF. La organización se ha dirigido a más de 700.000 personas, centrándose en la coordinación; la comunicación de riesgos y el compromiso de la comunidad; la prevención y el control de infecciones; la continuidad de la atención sanitaria y nutricional; el acceso continuo a los servicios (educación y protección de la infancia); y la política social (transferencia de efectivo y remisión a los servicios sociales).

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO SUBNACIONAL: En 2020, el gobierno de Angola reconoció que el efecto de la pandemia del COVID-19 se dejó sentir en todas las esferas de la sociedad angoleña, desde el Estado hasta las familias. La caída de los precios internacionales del petróleo debida a la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la economía del país, ya que el petróleo y sus derivados siguen representando más del 60% de los ingresos fiscales del país y más del 90% de sus exportaciones. Los efectos económicos sobre la macroeconomía angoleña también obligaron al gobierno central a revisar y ajustar el Presupuesto General del Estado 2020, la financiación pública y el gasto a la nueva realidad económica, con efectos en cadena sobre la financiación subnacional.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: En mayo de 2020, Angola lanzó "KWENDA", también conocido como "Programa de Fortalecimiento de la Protección Social - Transferencias Monetarias Sociales", para distribuir 420 millones de dólares (actuales) a un total de 1,6 millones de familias en situación de vulnerabilidad en los 164 municipios de Angola, mediante la atribución de una renta mensual de 8.500 KZ. El programa está coordinado por el Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer y ejecutado por el Fondo de Apoyo Social (FAS), que pondrá en marcha la iniciativa a lo largo de tres años en cuatro fases diferenciadas: Transferencias Monetarias Sociales; Inclusión Productiva; Municipalización de la Acción Social y, por último, refuerzo del Registro Social Único.

Del presupuesto de 420 millones de dólares, 320 millones proceden del Banco Mundial y el resto del Tesoro Nacional angoleño. En enero de 2022, se habían asignado unos 23 millones de USD a los hogares; se habían efectuado 314.000 transferencias de efectivo, de las que el 59,1% se habían realizado a mujeres; 17.000 personas de los sectores de la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, la costura, los mototaxis y otras actividades se benefician actualmente del programa.