MÉXICO

México, oficialmente los "Estados Unidos Mexicanos", es una república democrática representativa presidencialista federal multipartidista, compuesta por 32 entidades federativas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 1917 y revisada varias veces desde entonces, define el sistema federal.

A nivel federal, el jefe del poder ejecutivo es el Presidente de la República, elegido directamente para un mandato de seis años, que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. El parlamento bicameral, el Congreso de la Unión, está compuesto por una cámara alta, el Senado (Cámara de Senadores), y una cámara baja, la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados), con 500 miembros elegidos para mandatos de tres años. Los gobiernos estatales están representados en el Senado. Se eligen dos senadores por cada estado según el principio de mayoría relativa y se asigna un senador por cada estado según el principio de primera minoría. Los 128 senadores son elegidos para mandatos de seis años, coincidentes con el mandato del Presidente de México.

El país está dividido en estados y municipios. Los estados se definen en la Constitución como libres, soberanos, autónomos e independientes entre sí. Cada estado tiene su propia constitución y puede promulgar sus propias leyes, siempre que no contradigan la constitución nacional. También tienen su propio poder judicial, así como códigos civil y penal. La división de poderes en los estados es similar a la del ámbito nacional, pero con una asamblea legislativa unicameral, es decir, elCongreso del Estado, que se compone de diputados, elegidos por sufragio universal para un mandato de tres años. El gobernador o gobernadores del estado (excepto el de la Ciudad de México, que tiene un jefe de gobierno) es elegido directamente por sufragio universal para un mandato único de seis años como jefe del poder ejecutivo.

A nivel local, la autonomía municipal fue reconocida por las reformas constitucionales de 1983 y 1993. Ahora está consagrada en el artículo 115 de la Constitución federal, así como en las constituciones y legislaciones de cada estado. Cada municipio está dirigido por un alcalde (presidente municipal) elegido por sufragio universal directo, con el apoyo del consejo municipal (ayuntamientos). El consejo municipal está formado por un cabildo (presidente) con un síndico y varios regidores. Los concejales son elegidos cada tres años, mientras que el mandato del alcalde puede variar de un estado a otro.

México ha experimentado varias fases de federalización y descentralización. El país se constituyó como gobierno federal en 1857, pero los acuerdos fiscales promulgados en las décadas de 1920 y 1930 -y el ascenso del Partido Revolucionario Institucional- orientaron al país hacia un modelo político y fiscal altamente centralizado. Luego, en la década de 1980, una serie de reformas volvieron a poner el tema de la descentralización en la agenda. En primer lugar, la introducción delSistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en 1980 reorganizó todo el sistema fiscal intergubernamental. Le siguieron cambios constitucionales en 1983 que descentralizaron aún más las funciones y los recursos hacia los gobiernos subnacionales. En este sentido, se transfirieron nuevas responsabilidades a los estados, como la educación básica en 1992 y la sanidad en 1996. En 1998 se llevó a cabo una importante reforma del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para reforzar la descentralización fiscal. Casi 10 años después, en 2007, una nueva reforma fiscal dotó a los estados de más competencias tributarias y simplificó las fórmulas de reparto de las transferencias federales. Durante la presente década, se introdujeron importantes cambios en el sistema mexicano de gobernanza multinivel, relacionados con la elección de gobernadores, diputados estatales, concejales municipales y alcaldes, y con el estatus jurídico del Distrito Federal de México.

Desde 2014 (año en que se reformó el código electoral), se permite a los cargos electos ejercer mandatos consecutivos por primera vez desde el establecimiento de la democracia en México. El Instituto Nacional Electoral coordina la alineación de las elecciones estatales y locales con las elecciones federales para la presidencia y el Congreso. A finales de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma electoral para que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y en el único organismo electoral encargado de organizar las elecciones a nivel estatal y federal. La reforma también incluye la reducción de consejeros electorales de once a siete, así como la eliminación de los llamados legisladores plurinominales, es decir, los 200 diputados (de un total de 500) que son electos mediante un sistema electoral proporcional en cada distrito, a diferencia de los 300 diputados que son electos mediante un sistema uninominal mayoritario.

La coordinación vertical entre los distintos niveles de gobierno está garantizada por el Parlamento, en particular a través del papel del Senado. Sin embargo, el poder del Senado sigue siendo limitado: su consentimiento no es necesario para la aprobación de las leyes federales y no puede vetar las leyes federales. Además, las dos cámaras no tienen el mismo poder sobre los debates presupuestarios: los ingresos son aprobados por ambas cámaras, mientras que los gastos sólo los aprueba la Cámara de Diputados. Existen pocos otros mecanismos de coordinación vertical. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dentro de laSecretaría de Gobernación (SEGOB), tiene como objetivo coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno para diseñar e implementar políticas públicas y programas que fortalezcan las relaciones intergubernamentales y contribuyan al desarrollo de los estados y municipios. Proporciona asesoría técnica a los gobiernos locales, capacitación a los servidores públicos locales y sirve como fuente de información sobre finanzas municipales. También existen numerosos consejos sectoriales impuestos por leyes sectoriales (sanidad, educación, deporte, etc.) en los que participan representantes de la federación y de los estados.

A nivel estatal, la coordinación horizontal tiene lugar a través de laConferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Este foro de gobernadores se encarga de definir una agenda común, fomentar el diálogo y fortalecer el pacto federal. A nivel local, laConferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) sirve como foro nacional de diálogo entre municipios y agrupa a las tres principales asociaciones municipales del país: laAsociación Nacional de Alcaldes (ANAC); laFederación Nacional de Municipios de México (FENAMM); y laAsociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL ESTATAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
2 481municipios		32 Estados (estados)
Tamaño promedio municipal 51 968
2 481		32	2 513

DESCRIPCIÓN GENERAL: México es un país federal que incluye 32 entidades federativas y 2 481 municipios. Tras la transformación del Distrito Federal de México en una entidad autónoma en 2016, las 16delegaciones del nuevo Estado se convirtieron en municipios en julio de 2018, fecha de las elecciones locales.

NIVEL ESTATAL: El nivel superior de gobierno subnacional en México está formado por 32 estados. La Ciudad de México (también llamada CDMX), anteriormente considerada un Distrito Federal, se convirtió en el estado ^número 32 de la federación en enero de 2016. La Ciudad de México tiene su propia constitución, promulgada en 2017, y ahora goza de autonomía en cuanto a su estructura política y administrativa. Su poder ejecutivo lo ejerce el jefe de gobierno, que es elegido por sufragio universal, mientras que el poder legislativo está en manos del Congreso de la Ciudad de México.

Los estados mexicanos son muy diversos. Mientras que la población media ronda los 4,03 millones de habitantes (en 2020), el estado menos poblado cuenta con 732.000 habitantes (Colima) y el más poblado con 16,99 millones de habitantes (Estado de México). El PIB per cápita en Ciudad de México -la segunda región más rica del país después de Campeche (donde los recursos naturales contribuyen significativamente a la economía)- fue más de siete veces superior al de Chiapas en 2019. Incluso cuando se excluyen las regiones ricas en recursos como Campeche o Tabasco, las disparidades económicas regionales en México siguen siendo mayores que en cualquier otro país de la OCDE.

NIVEL MUNICIPAL: El nivel inferior de gobierno subnacional en México comprende 2 481municipios, incluidas las 16delegaciones de Ciudad de México. Los municipios varían enormemente en términos de tamaño y capacidad, y en particular de capacidad de personal. La mayor diferencia se da entre los municipios rurales y los urbanos (de los que hay 236), siendo estos últimos los que concentran la mayor parte de la población. La urbanización en la mayoría de los estados despegó durante las décadas de 1960 y 1970, aunque sigue habiendo algunos estados con bajos niveles de urbanización. El tamaño medio de los municipios mexicanos se encuentra entre los mayores de la OCDE (más de 50.000 habitantes en relación a los 10.331 de media en la OCDE). El tamaño medio (15 044 habitantes) también es grande en comparación internacional. En 2020, sólo el 22% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes (frente al 41% en la OCDE), mientras que el 44% tiene más de 20.000 habitantes (frente al 33% en la OCDE). Sin embargo, esta situación es bastante común en América Latina, donde los municipios son bastante grandes por término medio.

Los grandes municipios se subdividen en entidades submunicipales más pequeñas (aproximadamente 200.000 a partir de 2020), denominadaslocalidades urbanas o rurales. Aunque pueden tener unapresidencia y un consejo auxiliares (presidencia auxiliar y junta auxiliar), no son entidades autónomas sino que dependen del municipio en el que se encuentran. Algunos municipios también cuentan con una administración interna denominada delegaciones , cuyos dirigentes son nombrados por el presidente municipal.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: Los municipios tienen derecho a asociarse intermunicipalmente desde 1999. Alrededor de una cuarta parte de los municipios han formalizado acuerdos intermunicipales para la prestación conjunta de servicios públicos como el agua y el alcantarillado, la seguridad pública y el transporte público.

Además, existen en total 39 zonas metropolitanas de más de 500.000 habitantes en México. Cuentan con el 54% de la población nacional (en línea con la media de la OCDE del 60%) y representan el 63% del PIB nacional. La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) es la principal norma que rige la gestión de las zonas metropolitanas en México desde mediados de los años setenta. Proporciona la base jurídica para el establecimiento de instituciones de cooperación intermunicipal e interregional y permite la creación de agencias metropolitanas y comisiones metropolitanas urbanas de cooperación y coordinación, que son acuerdos de coordinación política y financiera entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

La mayoría de las zonas metropolitanas de México se rigen por acuerdos metropolitanos. Se crearon en respuesta a los incentivos financieros del gobierno federal, que desde 2008 asigna fondos especiales a través del Fondo Metropolitano para las zonas metropolitanas oficialmente reconocidas (con un "Consejo de Desarrollo Metropolitano"). Algunas áreas metropolitanas cuentan con comisiones metropolitanas que incluyen a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en general. Los estados también pueden participar en la promoción de acuerdos de gobernanza metropolitana, como es el caso del estado de Jalisco con la zona metropolitana de Guadalajara, o el estado de Nuevo León con la zona metropolitana de Monterrey.

El artículo 124 de la Constitución establece que: "Las facultades que esta Constitución no otorga expresamente a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados". Sin embargo, la realidad es más compleja y las facultades se definen y dividen de la siguiente manera: facultades otorgadas a la federación (dinero, relaciones exteriores, defensa, impuestos, política macroeconómica, investigación y desarrollo, control de los recursos naturales, etc.), facultades otorgadas a los estados de manera explícita o tácita, facultades prohibidas a la federación, facultades prohibidas tanto de manera absoluta (art. 117) como relativa (art. 118) a los estados; facultades coincidentes, facultades coexistentes, facultades de ayuda y, por último, facultades otorgadas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En vista de ello, las atribuciones de la federación parecen considerablemente vastas. La asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en México es borrosa, lo que da lugar a un solapamiento entre las responsabilidades federales y estatales. Esto plantea varios retos de gobernanza multinivel.

Los estados tienen competencias compartidas con el gobierno federal en varios ámbitos, como la educación primaria desde 1992 y la sanidad desde 1996. Otras responsabilidades compartidas con el gobierno federal incluyen la lucha contra la pobreza, la protección social y la gestión del agua (desde 1983), así como en el ámbito de los asuntos económicos. Los estados tienen un papel predominante en la ordenación del territorio, la coordinación territorial de las zonas urbanas, el transporte regional, los asuntos municipales, etc.

En el caso de los municipios, la Constitución define explícitamente sus funciones y poderes. La Constitución les otorga responsabilidades relacionadas con asuntos locales, incluida la prestación de servicios públicos como carreteras y transportes locales, planificación y desarrollo urbanos, seguridad pública y servicios públicos. Los municipios son responsables conjuntamente, con los gobiernos federal y estatal, de los edificios escolares y de la aplicación de programas sociales, y la Constitución les permite desarrollar, adoptar y gestionar planes de zonificación y de desarrollo urbano municipal. Los municipios pueden delegar algunas responsabilidades a los estados federados mediante acuerdo (por ejemplo, agua, urbanismo, carreteras, recaudación de impuestos).

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	A nivel estatal	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración )	Supervisión de los asuntos municipales	Permisos de construcción, catastros
2. Orden público y seguridad	Orden público y seguridad del Estado (policía estatal y especial)	Orden y seguridad locales (policía municipal); Incendios de emergencia
3. Asuntos económicos/transporte	Carreteras (carreteras estatales, desarrollo de carreteras rurales, mantenimiento de carreteras secundarias federales); Transporte y tránsito regionales; Algunos aeropuertos; Agricultura, desarrollo rural y turismo (compartidos); Asuntos económicos y políticas industriales (compartidos)	Carreteras locales y transporte público; Tránsito municipal; Mercados locales; Mataderos; Ferias locales
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente (compartida); Parques nacionales (compartida); Normas medioambientales estatales propias	Gestión de residuos; Drenaje; Aguas residuales; Público Parques y jardines; Protección del medio ambiente (compartida); Parques locales; Permisos de uso local
5. Vivienda y servicios comunitarios	Ordenación del territorio; Gestión del agua y cofinanciación de las infraestructuras hídricas (compartidas)	Planes de desarrollo urbano; Distribución de agua; Alumbrado público; Cementerios
6. Salud	Atención sanitaria (compartida): organización y funcionamiento de los servicios sanitarios para la población no asegurada; Atención primaria para los pobres rurales y urbanos; Servicios sanitarios; Administración y mantenimiento de hospitales para la atención primaria; Atención preventiva y reproductiva
7. Cultura y ocio	Cultura (bibliotecas públicas) y ocio	Cultura y ocio; Exposiciones y festivales locales; Mantenimiento de monumentos
8. Educación	Educación primaria y secundaria (compartida); Universidades estatales; Programas de educación de adultos; Educación indígena y especial; Programas de comedor escolar	Construcción y mantenimiento de edificios escolares (compartidos)
9. Protección social	Alivio de la pobreza (compartido); Protección social (compartida), incluida la ayuda alimentaria a los pobres	Ejecución de programas de infraestructura social (compartidos)

Alcancede los datos financieros: A nivel regional, los estados, incluida la Ciudad de México; a nivel municipal, los municipios.

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: A pesar de su estructura federal y del fuerte proceso de descentralización, México sigue siendo un país centralizado en muchos aspectos, y la descentralización a nivel local es muy limitada. Grandes áreas de gasto son delegadas y controladas por el gobierno federal, que toma la mayoría de las decisiones estratégicas relativas al desarrollo del país.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), creado en 1980, define y regula las relaciones fiscales intergubernamentales del país. Bajo este sistema, los estados aceptan ceder parte de sus competencias fiscales a la federación, a través de un Convenio de Coordinación con el gobierno federal. A cambio, reciben una parte de los impuestos federales. La Ley de Coordinación Fiscal, así como las Leyes de Deuda Pública General y de Contabilidad General del Estado, establecen el marco de las finanzas subnacionales. La Ley de Coordinación Fiscal de 1997 determina la distribución del Fondo General de Participaciones entre los 32 estados y los municipios, basándose en varios criterios. Fue revisada en 2007 y 2013 para reforzar la descentralización fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal también creó la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, que incluye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de Hacienda de los gobiernos de los estados. La ley exige que la Reunión se reúna al menos una vez al año para estudiar cómo mejorar el sistema nacional de coordinación fiscal. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), creado en 1998, también proporciona análisis no partidistas y oportunos al Congreso sobre las finanzas públicas, incluidas las transferencias intergubernamentales del presupuesto federal a los estados.

En 2014-2015, una nueva reforma fiscal, parte del Pacto Por México, tuvo como objetivo mejorar el sistema tributario, fortalecer el marco de responsabilidad fiscal y revisar las reglas para la deuda de estados y municipios. Posteriormente, una reforma constitucional de 2015 otorgó al gobierno federal la obligación de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas del país, incluidos sus estados y municipios, así como la Ciudad de México. Con esta modificación constitucional, México estableció laLey de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Este marco legislativo y reglamentario pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales, promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas subnacionales, así como contribuir a reducir los costos en la contratación de deuda. Sin embargo, dado que la crisis COVID-19 ha planteado retos para las finanzas públicas subnacionales, el gobierno federal ha realizado recientemente ajustes a la ley para aumentar la flexibilidad, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de sus gobiernos subnacionales.

Gasto público subnacional, estatal y local por clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Gasto total	2 466	2 068	398	13.1%	11.0%	2.1%	43.0%	36.1%	6.9%	100%	100%	100%
Incl. gastos corrientes	2 130	1 828	302	11.3%	9.7%	1.6%	42.0%	36.0%	6.0%	86.4%	88.4%	75.9%
Gastos de personal	1 123	973	150	6.0%	5.2%	0.8%	64.8%	56.1%	8.7%	45.6%	47.1%	37.8%
Consumo intermedio	354	248	106	1.9%	1.3%	0.6%	55.5%	39.0%	16.5%	14.4%	12.0%	26.5%
Gastos sociales	9	8	1	0.1%	0.1%	0.0%	1.4%	1.3%	0.1%	0.4%	0.4%	0.2%
Subvenciones y transferencias corrientes	596	554	42	3.2%	3.0%	0.2%	40.0%	37.2%	2.8%	24.2%	26.8%	10.6%
Gastos financieros	31	31	0	0.2%	0.2%	0.0%	5.7%	5.6%	0.1%	1.3%	1.5%	0.1%
Otros	15	13	2	0.1%	0.1%	0.0%	66.1%	54.7%	11.4%	0.6%	0.6%	0.7%
Incl. gastos de capital	336	240	96	1.8%	1.3%	0.5%	51.6%	36.9%	14.7%	13.6%	11.6%	24.1%
Transferencias de capital	112	112	0	0.6%	0.6%	0.0%	33.9%	33.9%	0.0%	4.5%	5.4%	0.0%
Inversión directa (o FBCF)	225	128	97	1.2%	0.7%	0.5%	69.7%	39.9%	29.8%	9.1%	6.2%	24.1%

GASTOS: Los gobiernos subnacionales de México son responsables de una parte significativa del gasto público en comparación con sus limitados ingresos de origen propio y su escasa autonomía fiscal. La participación de los gobiernos subnacionales en el gasto público total aumentó bruscamente del 10% del gasto público en 1990 al 50,6% en 2013, para luego disminuir hasta alcanzar el 43% en 2020 (a la par con la media de la OCDE para los países federales del 43,5%). La proporción del gasto de los gobiernos subnacionales mexicanos en el PIB está por debajo de la media de la OCDE para los países federales (13,1% en relación a 20,6%), y los municipios en particular tienen un papel bastante limitado en el gasto: el 84% del gasto de los gobiernos subnacionales procederá de los gobiernos estatales en 2020, frente al 16% del nivel municipal, y la proporción del gasto municipal en el gasto público total (6,9%) está entre las más bajas de los países federales de la OCDE.

La mayor parte del gasto de los gobiernos subnacionales se destina a gastos de personal. Los gobiernos subnacionales son empleadores públicos clave a nivel nacional y son responsables del 64,8% del gasto público en personal. Este es especialmente el caso de los estados, que representan el 56,1% del gasto público total en personal, mientras que los municipios representan menos del 8,7%. Los gastos de personal representaron el 47% de los gastos totales de los estados, una cifra elevada en comparación internacional. Por último, en 2020 se produjo un aumento significativo del gasto en subvenciones y transferencias directas de los estados (del 2,3% del PIB en 2015 al 3%), debido a las medidas económicas ante la crisis sanitaria.

INVERSIÓN DIRECTA: Los gobiernos subnacionales mexicanos representan una gran parte de la inversión pública total (69,7%), por encima de la media de la OCDE para los países federales (61,5% en 2020). En 2020, los gobiernos estatales fueron responsables del 57% de la inversión de los gobiernos subnacionales, frente al 43% de los municipios. Sin embargo, la inversión directa representa una parte mucho mayor del gasto local para los municipios (24,1% del gasto municipal) que para los gobiernos estatales (6,2% del gasto estatal). El solapamiento de competencias entre los tres niveles de gobierno socava la eficacia de la inversión pública. De hecho, las inversiones a escala metropolitana y municipal se deciden a menudo a nivel estatal, por lo que muchos proyectos de los gobiernos locales quedan descartados. Debido a los desequilibrios fiscales verticales, los estados han contraído importantes cantidades de deuda subnacional en los últimos años para financiar las inversiones públicas y las infraestructuras.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México señala que se fomentará la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y se establecerá un marco de certidumbre jurídica, transparencia y reglas claras. El gobierno federal también anunció que respetará los contratos de licitación o concesión firmados por administraciones anteriores, a menos que se demuestre que se obtuvieron mediante prácticas corruptas. Existen algunos proyectos regionales de infraestructura financiados a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), principalmente en el sector del transporte, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico. A partir de 2007, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso en marcha el Programa para la Promoción de Asociaciones Público-Privadas en los Estados Mexicanos (PIAPPEM), que hasta 2015 se dedicó a apoyar a las entidades subnacionales de México para crear las condiciones que les permitieran desarrollar iniciativas de inversión mediante APP. En octubre de 2015, el PIAPPEM evolucionó a PIAPPEM A.C., un centro de estudios autónomo con personalidad jurídica propia.

Por último, algunas iniciativas locales de inversión destacan por el uso de bonos verdes para el desarrollo de infraestructuras ecológicas. Por ejemplo, Ciudad de México emitió bonos verdes por valor de 50 millones de dólares en 2017 para financiar su Programa de Acción Climática 2014-2020, que incluye inversiones en nuevas líneas de transporte rápido (autobús) y un proyecto de alumbrado público LED.

ⓘ No se dispone de datos detallados sobre este país

Los estados mexicanos realizan la mayor parte del gasto subnacional (83,9%) en comparación con los municipios, y son responsables de las principales áreas de gasto, como la sanidad y la educación. La mayor parte de los fondos asignados a estos sectores proceden de transferencias del gobierno federal, calculadas a partir de presupuestos anteriores, y se destinan principalmente a gastos corrientes y de personal. Por lo tanto, la remuneración del personal constituye el 90% del gasto de los estados en educación. En el sector sanitario, los gobiernos estatales también contribuyen a la financiación de los hospitales públicos, junto con el gobierno federal, y destinan el 50% de los recursos totales del programa nacional de seguro de enfermedad (Seguro Popular, aprobado en 2004).Estos recursosse destinan al pago de salarios, a la compra de productos farmacéuticos y a la externalización de servicios.

El gasto municipal (16% del gasto total de los gobiernos subnacionales) es mucho más limitado y se concentra en la prestación de servicios locales, el equipamiento local y el mantenimiento de los edificios escolares.

Ingresos de las administraciones subnacionales, estatales y locales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante			% PIB			% gobierno general			% gobierno subnacional, estatal y local
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Ingresos totales	2 482	2 072	410	13.2%	11.0%	2.2%	60.0%	50.1%	9.9%	100%	100%	100%
Ingresos fiscales	183	127	56	1%	0.7%	0.3%	6.4%	4.4%	2.0%	7.4%	6.1%	13.7%
Donaciones y subvenciones	2 289	1 938	351	12.2%	10.3%	1.9%	-	-	-	92.2%	93.5%	85.4%
Tarifas y tasas	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
Ingresos provenientes de los activos	11	7	4	0.06%	0.04%	0.02%	-	-	-	0.4%	0.3%	0.9%
Otros ingresos	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0 %	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: El Sistema de Coordinación Fiscal determina el esquema de financiación intergubernamental y establece los tipos de recursos propios que pueden recaudar los gobiernos estatales y municipales. Los recursos de los gobiernos subnacionales comprenden las transferencias asignadas, los ingresos fiscales y otros ingresos propios.

Las subvenciones son la principal fuente de ingresos de los gobiernos subnacionales mexicanos, tanto de los estados como de los municipios (92,2% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales en 2020, la proporción más alta entre los países de la OCDE), mientras que la proporción de los impuestos en los ingresos de los gobiernos subnacionales es de las más bajas de todos los países de la OCDE (excepto Estonia, Lituania y la República Eslovaca), lo que refleja un fuerte desequilibrio fiscal. Los gobiernos municipales, que reciben transferencias de los niveles estatal y federal, sólo pueden recaudar impuestos menores y pequeñas tasas. La reforma fiscal de 2013 modificó las directrices sobre el Fondo de Transferencia para los Municipios (FFM) para animar a los municipios a aumentar la recaudación de impuestos sobre la propiedad de forma más eficiente. Esto debe hacerse en colaboración con los estados utilizando las economías de escala y las capacidades de recaudación de impuestos existentes en los estados. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 de México indica que no habrá aumentos de impuestos "en términos reales" tanto a nivel federal como local, para no incrementar la carga fiscal sobre la clase media y no afectar el crecimiento económico.

INGRESOSFISCALES: México tiene la menor participación de los ingresos fiscales en los ingresos de los gobiernos subnacionales y en el PIB dentro de los países federales de la OCDE, muy por debajo de los promedios (45.8% de los ingresos de los gobiernos subnacionales y 9.3% del PIB en promedio). También tiene la menor participación de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales en los ingresos fiscales públicos dentro de los países federales de la OCDE (frente al 44,5% en las federaciones de la OCDE de media).

Las reformas aprobadas en 2007 y 2013 introdujeron nuevos impuestos para los estados, transfirieron la potestad del impuesto sobre vehículos y aumentaron los incentivos para que los gobiernos subnacionales incrementaran los ingresos fiscales. Se permitió a los estados, y más tarde a los municipios, gravar con el impuesto sobre la renta las nóminas de su personal administrativo. Sin embargo, los estados y los municipios son reacios a utilizar su poder tributario. Los gobiernos subnacionales son autónomos a la hora de fijar sus propios tipos impositivos y bases en el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos y el impuesto sobre nóminas. Los municipios pueden proponer cambios en los tipos o las bases o la introducción de nuevos impuestos, pero para ello necesitan la aprobación del congreso estatal. El 26 de octubre de 2021, el Congreso de la Unión aprobó diversas enmiendas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley Federal de Ingresos. Aunque las enmiendas no proponen la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los tipos de los ya existentes, sí incorporan medidas que aumentan la base impositiva. Además, en 2021, se presentaron a la Hacienda Pública de varios estados del país varias reformas fiscales importantes, la mayoría de las cuales entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2022, en general para aumentar la base impositiva, en particular con respecto a las actividades digitales y para producir incentivos más ecológicos.

La principal fuente de ingresos fiscales de los estados procede del impuesto sobre nóminas. El tipo impositivo del impuesto sobre nóminas varía del 1% al 3% en el estado de México. Le siguen el impuesto sobre vehículos de motor (16% de los ingresos fiscales estatales), una parte del impuesto sobre bienes inmuebles (11,5%) y un impuesto sobre transacciones financieras y de capital y sobre la adquisición de bienes inmuebles (6,7%). Otros impuestos menores para los gobiernos estatales incluyen un impuesto sobre el alojamiento, un impuesto sobre las actividades industriales y un impuesto sobre el juego. Las tasas de recaudación varían de un estado a otro y pueden verse obstaculizadas por los altos niveles de informalidad, la escasa capacidad institucional unida a una base impositiva reducida y los bajos tipos de los impuestos y tasas. Debido a las bajas tasas de recaudación, algunos estados tienen un margen importante para aumentar sus ingresos fiscales.

Los municipios obtienen la mayor parte de sus ingresos fiscales delimpuesto sobre bienesinmuebles (impuesto predial), aplicado sobre el valor catastral de la tierra y los edificios. La Constitución establece que los municipios son los encargados de administrar el catastro, recaudar el impuesto, vigilar su cumplimiento e imponer sanciones. Sin embargo, también permite a los municipios delegar en los estados algunas de las funciones relacionadas con la administración del impuesto sobre bienes inmuebles, y muchos municipios han optado por permitir que los estados mantengan el control del catastro. De media, el impuesto sobre bienes inmuebles representa el 5,2% de los ingresos totales de los municipios mexicanos. Sin embargo, en la práctica sólo Ciudad de México y algunos otros grandes municipios recaudan efectivamente el impuesto predial, debido a la escasa aplicación en la actualización de catastros y planes de desarrollo urbano en otros municipios. El impuesto predial recaudado tanto por los estados como por los municipios representa sólo el 0,19% del PIB, uno de los niveles más bajos de la OCDE, y por debajo de la media de la OCDE del 1,0% del PIB en 2020. En un esfuerzo por mejorar la recaudación fiscal, la ley de Federalismo Fiscal de 2014 introdujo un incentivo para los municipios que transfieran la administración del impuesto sobre bienes inmuebles al gobierno estatal, en forma de acceso a fondos especiales de transferencia (para municipios y para estados).

Otros ingresos fiscales de los municipios incluyen una parte del impuesto sobre transacciones financieras y de capital (24,6% de los ingresos municipales), un impuesto sobre espectáculos públicos, un impuesto sobre loterías y un impuesto sobre actividades comerciales.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Bajo el sistema de coordinación fiscal, los estados acuerdan ceder parte de sus potestades tributarias (sobre la renta, el consumo, la producción y los servicios) a la federación a cambio de aportaciones de los fondos federales. Como resultado, los estados y municipios mexicanos dependen en gran medida de las transferencias federales, muy por encima de la media de los países federales de la OCDE (35,3% en 2020). Por lo tanto, el sistema de transferencias intergubernamentales combina transferencias de reparto de ingresos (no asignadas) (participaciones), un sinfín de transferencias asignadas (aportaciones) y transferencias de contrapartida para proyectos cofinanciados (convenios). Tanto las participaciones como las aportaciones representan alrededor del 80% del total de las transferencias federales (27% del presupuesto federal).

Una ley de reforma de las finanzas públicas aprobada en 2007 introdujo una serie de cambios en las fórmulas de asignación de las transferencias. De acuerdo con el esquema de subvenciones de reparto de ingresos, denominadoFondo General de Participaciones, el 20% de los ingresos fiscales federales se asignará a los estados como transferencias incondicionales basadas en diferentes criterios demográficos, fiscales y compensatorios, que se definen en la Ley de Coordinación Fiscal (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación). A continuación, los estados deben transferir el 20% del Fondo a los municipios, para que lo redistribuyan según criterios locales con una discrecionalidad sustancial (véase más adelante).

La segunda categoría más importante de transferencias está formada por las aportaciones (ramo 33), que incluyen fondos destinados a financiar la educación básica, los servicios sanitarios, la seguridad pública y la formación profesional y de adultos. Entre los ocho fondos que integran estas transferencias, el Fondo de Infraestructura Social (FAIS) tiene una misión de "igualación" que busca mejorar los servicios en los estados y municipios más pobres. Se asigna a los distintos gobiernos subnacionales en función de indicadores de pobreza multidimensionales. Sin embargo, estas transferencias siguen siendo, a menudo, imprevisibles y sólo una pequeña parte se queda a nivel de los gobiernos estatales (el 12% del FAIS en 2022), lo que puede conducir a un aumento de las disparidades entre regiones, en particular en términos de calidad del sistema sanitario. Del mismo modo, las dificultades en la recaudación de impuestos a nivel federal pueden provocar retrasos en las transferencias a los gobiernos estatales y, por tanto, una infrautilización de los recursos. Por último, los estados también reciben transferencias de contrapartida de los ministerios y organismos federales para proyectos cofinanciados (convenios).

En general, la mayoría de las transferencias a los estados proceden de fondos asignados (aproximadamente el 62% de las transferencias), lo que limita su autonomía y la de los gobiernos municipales de su jurisdicción. Las transferencias no asignadas (28%) son muy volátiles. En cuanto al hecho de que las transferencias no asignadas pueden estar sujetas a variaciones debidas a la situación económica a nivel nacional, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) también se utiliza para mitigar dichas fluctuaciones y proporcionar ingresos adicionales a las entidades federativas cuando las subvenciones de los gobiernos federales se reducen en épocas de tensión fiscal.

A nivel local, desde 2007, además de su parte del 20% del FGP, los municipios reciben, a través de los estados, una parte adicional de los ingresos federales a través delFondo de Fomento Municipal. Éste se asigna en función de la recaudación del impuesto municipal sobre bienes inmuebles de uso residencial y de las tarifas del agua. También reciben subvenciones asignadas y no asignadas de su estado.

La financiación del gobierno federal para las áreas metropolitanas se canaliza a través de unFondo Metropolitano. Los recursos del Fondo no están destinados a fines específicos y generalmente se gastan en inversiones en infraestructura de transporte, mantenimiento y ampliación de alcantarillado y parques, etc. Para que el Fondo sea operativo, se requiere la creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano que reciba los fondos.

OTROS INGRESOS: Otras fuentes de ingresos percibidos por los gobiernos subnacionales mexicanos comprenden las tasas por servicios como el registro civil, el registro público de la propiedad, los certificados, las licencias y permisos de construcción y las tasas por servicios de agua. En conjunto, generan relativamente pocos ingresos para los municipios. Otras fuentes de ingresos son las multas, las sanciones y las donaciones.

Varios estados están considerando el uso de tasas por congestión para aumentar los ingresos locales destinados a proyectos de infraestructuras y, al mismo tiempo, hacer en relación a los problemas de tráfico y medioambientales. En el estado de Tamaulipas se introdujo la obligación de pagar por los servicios de prevención y control de la contaminación ambiental, en particular el cobro por el registro como generador de residuos de manejo especial y por la actualización del registro como generador de residuos de manejo especial. En general, los ingresos derivados de los servicios públicos locales y las rentas de la propiedad son muy limitados y están muy por debajo de los promedios de la OCDE.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales, estatales y locales
2020	Dólares PPA / inh.			% PIB			% deuda pública general			% Deuda SNG			% Deuda financiera SNG
-	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local	SNG	Estado	Local
Deuda pendiente total	462	405	57	2.5%	2.2%	0.3%	14.6%	12.8%	1.8%	100%	100%	100%	-	-	-
Deuda financiera	462	405	57	2.5%	2.2%	0.3%	43.4%	38.1%	5.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinero legal y depósitos	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bonos/Títulos de deuda	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Préstamos	462	405	57	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seguros, pensiones	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-
Otras cuentas por pagar	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-

REGLAS FISCALES: La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRF), aprobada en 2013, fortaleció la regla fiscal de México mediante la construcción de una regla de balance estructural más sólida al añadir un tope de gasto corriente a las reglas fiscales anteriores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue facultada para auditar a los gobiernos subnacionales en 2012. Sin embargo, la ASF tiene escasos poderes de ejecución y una capacidad limitada para aplicar sanciones. En mayo de 2015, el Congreso mexicano aprobó una serie de reformas en materia de gobernanza para mejorar la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia del sector público, que dieron lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Las reformas también proporcionaron una base legislativa para un Sistema Nacionalde Fiscalización (SNF). El sistema de auditoría mexicano para el gobierno subnacional es complejo en comparación con el enfoque de "auditoría única" de otros países. También existen riesgos de solapamiento y los resultados de la ASF son limitados.

En 2022, la última reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas introdujo el concepto de "gastos y costos de contratación" con el objetivo de reforzar la transparencia de las finanzas públicas subnacionales al realizar inversiones. Bajo este nuevo concepto, las entidades públicas subnacionales sólo podrán destinar hasta el 0.15% del monto de financiamiento para cubrir gastos y costos relacionados con la contratación y obligaciones derivadas de esquemas de asociación público-privada.

DEUDA: Según fuentes nacionales, los niveles de deuda de los estados y municipios eran bajos en 2020 como proporción del PIB y de la deuda pública total, muy por debajo de la media de la OCDE (27,9% y 20,2%, respectivamente) y de la media de la OCDE para los países federales (36,6% y 26,5%). La Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios de 2016 introdujo cambios constitucionales para imponer controles más estrictos de la deuda de los gobiernos subnacionales (entre 2008 y 2013, la tasa media de crecimiento real de la deuda subnacional fue del 14,5% anual), basados en los niveles de ingresos y deuda, y creó un sistema de alertas, así como un registro único de la deuda para supervisar la deuda de los gobiernos subnacionales. En función de la categoría asignada a su deuda ("sostenible", "en revisión" o "elevada"), el nivel de deuda anual de cada gobierno subnacional está ahora limitado a un porcentaje de los ingresos de que dispone.

Los gobiernos subnacionales mexicanos sólo pueden endeudarse para financiar inversiones productivas (la "regla de oro"). Tienen acceso a cuatro fuentes de financiación a largo plazo: los bancos comerciales privados, el banco nacional de desarrollo, los préstamos garantizados por ingresos propios o basados en transferencias futuras y los bonos emitidos en el mercado mexicano de valores. Tras la pandemia del COVID-19, en 2020, el gobierno federal introdujo una modificación a la ley que permite a los gobiernos estatales reestructurar la financiación (es decir, incurrir en un saldo presupuestario negativo) sin necesidad de autorización de la legislatura local en caso de situaciones extraordinarias o emergencias sanitarias, con el fin de reactivar la economía del país. La reforma promueve la inversión en infraestructura y fortalece las finanzas públicas locales en tiempos de crisis, al obligar a los gobiernos subnacionales a hacer un registro público de su endeudamiento. Además, se establece un control de gestión financiera para concentrar de manera centralizada la información sobre ingresos, egresos, gasto de deuda pública e inversión en proyectos de infraestructura de los estados.

El Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024 señala que durante este periodo no se debe recurrir al endeudamiento para financiar gastos por ningún concepto y que los recursos destinados a financiar los programas sociales provendrán de lo que se ahorre por el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, dispendio de recursos y robo de combustibles.

Toda la deuda de los gobiernos subnacionales está compuesta por préstamos crediticios y se distribuye de forma heterogénea entre todos los gobiernos subnacionales. En junio de 2020, la deuda de la Ciudad de México se estimaba en un 60% de su PIB. Mientras que todos los municipios representan aproximadamente el 12% del total de la deuda subnacional, los gobiernos estatales representan el 88% del total de la deuda de los gobiernos subnacionales.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: Cuando el COVID-18 fue detectado por primera vez en México en marzo de 2020, el gobierno federal implementó un "Programa Nacional de Distancia Saludable", que comenzó el 23 de marzo y terminó el 30 de mayo de 2020. Durante ese periodo ocurrió el primer y único bloqueo nacional del país, que suspendió todas las actividades no esenciales, así como la educación presencial. A partir del 1 de junio de 2020, un sistema de alerta "semáforo", que asigna un nivel de riesgo a cada una de las 32 entidades, sustituyó al bloqueo nacional. Bajo este sistema, las autoridades federales estimaron los riesgos semanalmente, basándose en un conjunto de indicadores, e informaron al público y a los gobiernos estatales, que implementaron las medidas de salud pública correspondientes.

Sin embargo, dada la falta de coordinación y orientación entre el gobierno federal y las entidades federadas, numerosos gobiernos subnacionales tuvieron que tomar sus propias medidas, en muchos casos aplicando planes estatales para hacer en relación a la pandemia, en lugar de medidas federales. La mayoría de las entidades federativas activaron números de emergencia para proporcionar asistencia continua e información sobre el COVID-19 a la población. En los estados de Chihuahua, Nuevo León y Querétaro se diseñaron aplicaciones para informar, registrar y canalizar a las personas con síntomas o ya infectadas. En Ciudad de México, el sistema "SMS COVID-19" ayudó a identificar posibles casos (agudos o graves) de coronavirus.

Los diferentes gobiernos estatales aplicaron medidas, de acuerdo o a veces en divergencia con las directrices del gobierno federal. En algunos casos, los gobiernos estatales rompieron con la política del gobierno federal y siguieron su propio enfoque para gestionar la pandemia. En Jalisco y Michoacán, por ejemplo, se aplicó un confinamiento obligatorio más prolongado, así como penas de prisión por no llevar mascarillas y la instalación de retenes policiales. Cabe destacar que el estado de Jalisco convocó a su Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica en enero de 2020 y cerró escuelas y canceló eventos masivos antes de que las autoridades nacionales emitieran órdenes generales.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Del 11 de marzo al 31 de julio de 2020, los 32 gobiernos estatales del país anunciaron 629 instrumentos de política acumulados, cada uno diferenciado por indicadores como transparencia, cobertura, alcance y pertinencia, a disposición de los gobiernos subnacionales. En promedio, se estima que se movilizaron 20 instrumentos por estado, siendo la respuesta de Zacatecas la más completa en relación con las respuestas de los demás gobiernos estatales. Zacatecas anunció la movilización de 50 instrumentos en un corto periodo de tiempo (de los cuales 40 eran completamente nuevos) centrados en su mayoría en la asistencia social a poblaciones marginadas.

Los instrumentos del gobierno estatal se dirigieron en su mayoría a apoyar al sector empresarial (pequeño, mediano o grande) y, en segundo lugar, a la creciente población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. El estado de Jalisco, con el Plan Jalisco COVID-19, buscó apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con recursos para la adquisición de artículos de primera necesidad, como equipo médico básico, alimentos, material de limpieza e higiene, ropa, colchones y ropa de cama, hasta por un monto de 200 000 MXN (aproximadamente 10 000 USD). El Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con 14 alcaldías, implementó el programa Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna), que consistió en la emisión de facturas que funcionaron como vales para comprar frutas, verduras y otro tipo de productos en comercios locales. En menor medida, 19 gobiernos estatales y 16 municipios anunciaron medidas de apoyo a la población económicamente activa dentro del mercado informal y formal.

A nivel federal, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un fondo cautelar de apoyo a las finanzas de los gobiernos subnacionales. Para las entidades afectadas, representa una fuente de ingresos adicionales cuando la administración se ve obligada a reducir sus subvenciones en tiempos de tensión presupuestaria. Se nutre de los ingresos del petróleo y de las aportaciones federales, que cayeron bruscamente en 2020. El gobierno federal adoptó algunas medidas adicionales para aliviar la presión fiscal sobre los gobiernos estatales y los municipios, como las transferencias federales y el cambio de algunas normativas para aumentar las posibilidades de financiación en los mercados financieros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: En términos agregados, las finanzas subnacionales no se vieron muy afectadas por la pandemia. Mientras que los ingresos subnacionales agregados se mantuvieron estables entre 2019 y 2020, los gastos sólo aumentaron un 1%. El aumento de la deuda subnacional agregada fue del orden del 2%, en términos reales. Sin embargo, al examinar las entidades federales y los municipios individualmente, se observan algunas diferencias significativas en cuanto a los efectos de la pandemia.

Las entidades estatales registraron un descenso del 1% en sus ingresos en 2020, impulsado por una caída del 6% en los ingresos fiscales y del 29% en los ingresos patrimoniales. Las transferencias, principal fuente de financiación, se mantuvieron estables, preservando en gran medida el presupuesto de las entidades estatales. En cuanto a los gastos, se observa una caída de los gastos de capital (-9%), con una disminución de las inversiones directas del 7% entre 2019 y 2020. En cuanto a los gastos corrientes, los gastos sociales son los que más aumentaron (+117%), pero representan una parte relativamente pequeña de los gastos totales de las entidades federadas. Ante este panorama, las entidades federadas recurrieron a préstamos, generando un aumento de la deuda del 3% en 2020.

A nivel municipal, los ayuntamientos registraron un aumento de sus ingresos del 8% en 2020, impulsado principalmente por el crecimiento del 9% de las subvenciones y, en menor medida, por el aumento del 5% de los ingresos fiscales. Los gastos municipales también crecieron en 2020, del orden del 5%, impulsados tanto por los gastos corrientes (+6%) como por los gastos de capital (+2%). Dentro de los gastos corrientes, los aumentos más notables corresponden a la remuneración de los asalariados (+8%), los consumos intermedios (+6%) y las transferencias corrientes (+5%). Por su parte, la inversión directa municipal registró un ligero aumento del 2%. Ante este escenario, la deuda municipal se contrajo en 2020, registrando una caída del 8%.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Elproyecto de presupuesto del Estado federal para 2021 (Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PPEF) estimaba el gasto en inversión pública en unos 830 millones de MXN (unos 42 millones de USD). Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: El 85% (707,7 millones de MXN, unos 35 millones de USD) corresponde a inversiones materiales; el 2% (14,4 millones de MXN, unos 730.000 USD) son subvenciones para estados y municipios, servicios sociales y también para el sector privado; y el 13% restante (107,2 millones de MXN, unos 5 millones de USD) se destina a otros proyectos de inversión. Las inversiones previstas incluyen operaciones de renovación urbana, así como proyectos de construcción, como el aeropuerto General Felipe Ángeles (ya iniciado), carreteras y la línea ferroviaria interurbana entre Ciudad de México y Toluca.

En 2021, la Ciudad de México creó un programa integrado de ayuda de emergencia y recuperación económica en el contexto de la crisis COVID-19. El objetivo es inyectar 500 millones de MXN (unos 25 millones de USD) en el Fondo de Desarrollo Social para poder conceder 50.000 créditos de 10.000 MXN a microempresas.